El Cabildo de Gran Canaria ha puesto sobre la mesa un mensaje claro al Gobierno central: la planificación eléctrica estatal debe alinearse con la estrategia insular basada en energías renovables y almacenamiento, y no al revés. La corporación insular considera que el modelo diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica para las islas no peninsulares se ha quedado desfasado y podría hipotecar durante décadas el futuro energético de la isla.
En una comparecencia pública, el presidente Antonio Morales advirtió de que no se trata de un debate meramente técnico, sino de decisiones que afectarán al precio, la seguridad de suministro y la forma en que se produce y gestiona la energía en Gran Canaria. A su juicio, la propuesta del Estado apuesta por más generación térmica rígida en lugar de aprovechar el potencial renovable ya existente y el que está por llegar.
Una licitación estatal que choca con el modelo energético insular
El origen del choque está en la concurrencia competitiva que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica para autorizar 302 megavatios adicionales de potencia térmica en Gran Canaria de aquí a 2028. Esta licitación, pensada para reforzar la seguridad de suministro en los sistemas eléctricos aislados, se orienta a la instalación de nuevas centrales térmicas de gran tamaño.
Para el Cabildo, el enfoque del concurso parte de un esquema propio de sistemas con poca penetración renovable y escasas soluciones de flexibilidad. Es decir, responde a una realidad que podría haber tenido sentido hace años, cuando la prioridad casi exclusiva era garantizar el suministro a cualquier coste, pero que encaja mal con el escenario actual de la isla.
Morales subrayó que Gran Canaria ha logrado en los últimos años un avance notable en energías limpias y dispone de margen para seguir incrementando su cuota. El problema principal ya no es la falta de generación, sino la incapacidad del sistema para gestionar correctamente la energía renovable disponible en cada momento del día.
Según los datos que maneja la corporación insular, en determinados periodos se ha llegado a verter más del 20 % de la energía renovable producida porque la red no puede absorberla. Mientras tanto, continúan funcionando grupos fósiles, con el consiguiente aumento de emisiones y de costes, lo que a ojos del Cabildo supone una contradicción evidente en plena transición energética.
Otro aspecto que preocupa al gobierno insular es la escasa concreción territorial del concurso. La potencia se asigna al sistema eléctrico de Gran Canaria sin determinar con claridad los emplazamientos, lo que, según Morales, abre la puerta a nuevas instalaciones térmicas en zonas sensibles como el puerto de Las Palmas y áreas colindantes a la capital, algo que el Cabildo descarta de plano.
Seguridad de suministro sí, pero con otro modelo de generación
El Cabildo reconoce que el sistema eléctrico de la isla arrastra un problema real de seguridad de suministro, agravado por la antigüedad de buena parte de las centrales existentes. Morales recordó que la generación actual depende en gran medida de plantas térmicas con entre 30 y 40 años a sus espaldas, lo que se traduce en más averías, menor eficiencia y un funcionamiento al límite del margen de seguridad.
La fragilidad del sistema queda en evidencia cuando se producen incidentes graves, como los ceros energéticos que han afectado a otras islas. Gran Canaria carece de un “colchón” de generación que pueda activarse de forma inmediata si se produce una caída total del suministro, lo que obliga a buscar soluciones de respaldo.
En este contexto, se han adoptado dos decisiones diferenciadas. Por un lado, se ha planteado un refuerzo de emergencia mediante tres instalaciones de respaldo distribuidas en el norte, el sur y la zona del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, incluyendo un buque flotante capaz de generar electricidad. Estas plantas solo entrarían en servicio, según el Cabildo, en caso de un apagón total.
Sobre este refuerzo puntual, la corporación insular no ha mostrado objeciones de fondo, al considerarlo un “parche” para situaciones extremas y no una solución estructural que marque la evolución del sistema eléctrico. Sin embargo, sí ha pedido que se planifique con transparencia y que se limite estrictamente a la función de respaldo ante eventos extraordinarios.
La controversia aparece con la segunda decisión: la incorporación estructural de 302 MW nuevos de potencia térmica contemplada en la concurrencia estatal. Desde la óptica de Gran Canaria, esta ampliación fijaría un parque de generación fósil sobredimensionado y poco compatible con una isla que quiere avanzar hacia un modelo de baja emisión de carbono y dificultaría sustituir combustibles fósiles.
Centrales rígidas, menos almacenamiento y más vertidos renovables
Uno de los argumentos clave del Cabildo es que los grupos contemplados por el Ministerio son centrales grandes, poco flexibles y con mínimos técnicos elevados. Esto significa, en la práctica, que no pueden apagarse o modularse con facilidad aunque haya abundante producción eólica o solar en determinados momentos del día.
Morales lo resumió con una idea sencilla: son instalaciones diseñadas para funcionar de manera continua, pensadas para un modelo de generación fósil predominante. En lugar de ayudar a integrar más renovables, perpetúan un esquema en el que el gasóleo o el fuel siguen marcando el ritmo del sistema, relegando a la energía limpia a un papel secundario y prescindible cuando sobra.
Esta rigidez operativa reduce el papel que puede jugar el almacenamiento energético. Si el sistema basa su seguridad en tener centrales térmicas siempre encendidas, el almacenamiento deja de ser imprescindible desde el punto de vista operativo y, en consecuencia, resulta menos atractivo desde el punto de vista económico para los inversores.
El Cabildo advierte de que se genera así un círculo vicioso: menos flexibilidad implica menos almacenamiento, y menos almacenamiento limita la integración futura de renovables. La consecuencia es un sistema que sigue expulsando energía limpia —que se vierte a la red sin aprovecharse— mientras se mantiene la dependencia de los combustibles fósiles.
Además, la incertidumbre creada en torno a la planificación térmica está afectando a las decisiones de las empresas. Según la corporación insular, el actual planteamiento frena inversiones en proyectos renovables que requieren un marco estable y una señal clara de que la prioridad en la isla pasa por las energías limpias y las tecnologías de almacenamiento.
El papel del almacenamiento y el salto hacia un sistema flexible
Frente al modelo propuesto por el Estado, el Cabildo defiende que, en un territorio insular como Gran Canaria, el almacenamiento no puede considerarse un complemento ni una tecnología futurista, sino una pieza central del sistema. Su función es absorber los excedentes renovables cuando hay más producción de la que la red puede gestionar y devolver esa energía cuando baja el viento o cae la radiación solar.
Morales destacó que el salto hacia un sistema más flexible pasa por apostar de forma decidida por instalaciones de almacenamiento y por una generación capaz de modularse en función de la disponibilidad de recursos renovables. De lo contrario, la isla corre el riesgo de estancarse en un modelo pensado para otra época.
En este marco cobra especial relevancia la central hidroeléctrica de bombeo de Salto de Chira, que el Cabildo considera un elemento estructural para el futuro energético de la isla. Este proyecto está llamado a actuar como gran batería insular, permitiendo almacenar energía en horas de alta producción renovable y liberarla durante los picos de demanda o cuando la generación eólica y solar sea insuficiente.
La corporación insular sostiene que el desarrollo de Salto de Chira y de otras soluciones de almacenamiento va en la línea de la estrategia europea de integración masiva de renovables, que prioriza la flexibilidad, la digitalización de la red y la gestión inteligente de la demanda frente a la simple instalación de más potencia térmica convencional.
En paralelo, el Cabildo insiste en que la normativa propia de Gran Canaria en materia de energías limpias marca un rumbo claro hacia un modelo de generación distribuida y baja en carbono. Cualquier planificación estatal que no tenga en cuenta esa hoja de ruta, advierte, generará conflictos institucionales y sociales y retrasará la modernización del sistema eléctrico insular.
Líneas rojas del Cabildo y petición de revisión al Ministerio
La preocupación del gobierno insular no se limita al diseño técnico del concurso, sino también a sus implicaciones territoriales y sociales. Morales ha sido tajante al señalar que Gran Canaria no aceptará nuevas centrales térmicas en el entorno de la capital, ni en el puerto ni en las zonas próximas a la ciudad, donde se concentran buena parte de la población y de las actividades económicas.
Esta posición, según el Cabildo, no responde a un rechazo genérico a la generación energética, sino a la defensa de un modelo compatible con la planificación urbana, la calidad del aire y las expectativas de desarrollo sostenible de la isla. La corporación recuerda que ya se ha opuesto en el pasado a instalaciones similares planteadas en áreas sensibles y que su postura es coherente con esa trayectoria.
El Consejo Insular de la Energía, junto con el presidente y los responsables de Energía y Clima, ha trasladado oficialmente al Ministerio la necesidad de revisar el planteamiento de la concurrencia antes de su resolución definitiva. Lo que se pide no es paralizar la mejora de la seguridad de suministro, sino ajustar el modelo a la realidad renovable actual de Gran Canaria.
Entre las reclamaciones figuran introducir criterios explícitos de flexibilidad y almacenamiento, reorientar el diseño hacia tecnologías más modulables, y clarificar con transparencia las posibles ubicaciones de nuevas infraestructuras. El Cabildo advierte de que, si se mantiene la propuesta tal como está, se generará una fuerte contestación social y un rechazo institucional que solo servirá para retrasar la adopción de soluciones eficaces.
El mensaje que Gran Canaria lanza a Madrid se resume en la idea de que la isla quiere seguir siendo un territorio de referencia en energías renovables, pero necesita un sistema eléctrico que acompañe esa ambición. A juicio de la corporación, reforzar la seguridad de suministro es compatible con acelerar la transición energética; el punto de fricción está en cómo se diseña ese refuerzo y qué tecnologías se priorizan.
Con un parque térmico envejecido, un potencial renovable en expansión y proyectos de almacenamiento estratégico como Salto de Chira en el horizonte, la isla defiende que ha llegado el momento de apostar por un sistema eléctrico más flexible, inteligente y orientado al aprovechamiento máximo de la energía limpia. De la revisión de esta concurrencia y de la capacidad de diálogo entre administraciones dependerá, en buena medida, que Gran Canaria consolide su apuesta por las renovables sin renunciar a la seguridad y estabilidad de su suministro eléctrico.
