El nuevo convenio para la gestión de la biomasa en las fajas o franjas secundarias en Galicia ha dado un paso más con la constitución y refuerzo de su comisión de seguimiento y la adhesión progresiva de concellos de todo el territorio. Tras los grandes incendios de los últimos años, la Xunta ha apostado por un sistema público más sólido de limpieza de vegetación en las zonas próximas a los núcleos de población.
Este marco de colaboración, firmado entre la Consellería de Medio Rural y la empresa pública Seaga, está pensado para que los ayuntamientos y los propietarios de fincas cumplan con las obligaciones legales de desbroce y mantenimiento de la biomasa, especialmente en áreas declaradas de riesgo de incendio. El acuerdo introduce más recursos, más apoyo a los municipios pequeños y una estructura de gobernanza en la que los concellos pasan a tener un papel más directo.
Una comisión de seguimiento con representación municipal
La comisión de seguimiento del nuevo convenio, presidida por el director general de Defensa del Monte, Manuel Francisco, ha incorporado recientemente a cuatro ayuntamientos gallegos que actuarán como representantes provinciales. Se trata de Carballo, Friol, O Pereiro de Aguiar y A Estrada, seleccionados entre las primeras solicitudes de adhesión recibidas.
Estos municipios fueron escogidos por ser los concellos con mayor superficie incluida en faja secundaria en cada una de las provincias, es decir, en las zonas más cercanas a los núcleos habitados donde la limpieza de la biomasa resulta especialmente crítica. De esta forma, los ayuntamientos con más carga de gestión en este ámbito tendrán voz directa en las deliberaciones y en la toma de decisiones sobre la aplicación práctica del convenio.
La presencia de estos cuatro concellos en la comisión pretende integrar e implicar aún más a los entes locales en la planificación de las actuaciones y en el seguimiento de los resultados. De ahora en adelante, formarán parte estable de este órgano, aportando su experiencia y trasladando las necesidades que detecten sobre el terreno.
En paralelo, la Xunta mantiene abierto el proceso de adhesión al convenio para el resto de municipios gallegos. Según los últimos datos, 131 ayuntamientos se han sumado ya al acuerdo, lo que supone más de un tercio del total de concellos de Galicia, pese a que la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) decidió no firmarlo de manera conjunta. Estos datos encajan con la tendencia reflejada en la actualidad de la biomasa en España y su expansión a nivel local.
Un sistema público de gestión de la biomasa con más recursos
El objetivo central del convenio es consolidar un sistema público de gestión de la biomasa en las franjas secundarias, que permita apoyar de manera efectiva a los municipios y a los titulares de terrenos en la limpieza de la vegetación alrededor de viviendas y núcleos de población. Estas franjas de seguridad actúan como cortafuegos y son clave en la prevención de incendios forestales de gran impacto.
Una de las principales novedades de este marco es el aumento notable del presupuesto anual destinado a estas tareas. La dotación se ha duplicado hasta alcanzar los 25 millones de euros al año, incluyendo un fondo específico para limpieza de fajas o franjas secundarias con 10 millones de euros por anualidad. Con esta inyección de recursos, la Consellería de Medio Rural busca garantizar que las labores de limpieza de fajas o franjas secundarias puedan realizarse con mayor amplitud y frecuencia.
El convenio introduce además un refuerzo del apoyo a los ayuntamientos de menor tamaño, en particular a aquellos con menos de 10.000 habitantes. En estos casos, la Xunta puede asumir la competencia de ordenar la ejecución subsidiaria de los trabajos de gestión de biomasa cuando los propietarios no cumplan con sus obligaciones, aliviando así la carga administrativa y operativa de los concellos rurales. Este tipo de medidas se complementan con experiencias de redes locales como la puesta en marcha de redes de calor con biomasa en municipios gallegos.
Otro aspecto relevante es la agilización de las ejecuciones subsidiarias en zonas de alto riesgo de incendio. La normativa presupuestaria de 2026 prevé mecanismos para que, si los titulares de las parcelas no hacen los desbroces obligatorios, la Administración pueda intervenir con más rapidez y eficacia, evitando que la acumulación de vegetación se convierta en un factor de peligro durante la campaña de incendios. Estas medidas plantean también debates sobre las ventajas y desventajas de la gestión pública de la biomasa y su aplicación práctica.
Más parroquias priorizadas y servicios de Seaga a menor coste
El acuerdo entre Medio Rural y Seaga amplía de forma significativa el listado de parroquias priorizadas, aquellas en las que se concentra un mayor riesgo y en las que se ofrecen condiciones ventajosas para la gestión de la biomasa. En estas zonas, los titulares de las fincas pueden contratar los servicios de Seaga a un coste reducido. La ampliación de parroquias guarda relación con la consolidación de infraestructuras y centros vinculados a la biomasa, como el impulso de centros de biomasa en zonas rurales.
Con el nuevo convenio, el número de parroquias priorizadas pasa de 157 en 2025 a 276 en 2026, lo que supone casi duplicar el ámbito territorial en el que se aplican estas medidas reforzadas. Este incremento busca cubrir más áreas especialmente sensibles, donde la combinación de vegetación, orografía y presencia de viviendas hace imprescindible una actuación continuada.
Al amparo del convenio, las entidades locales reciben también apoyo para revisar, modificar o elaborar sus planes municipales de prevención de incendios. Además, Medio Rural y Seaga colaboran en la realización de inspecciones y en la tramitación de notificaciones a los propietarios que deban efectuar desbroces o trabajos de limpieza en sus parcelas. Estas tareas se insertan en un marco más amplio de retos y proyectos sobre la biomasa en España, recogidos en análisis sectoriales.
El texto recoge igualmente la posibilidad de que Seaga ejecute trabajos subsidiarios de gestión de biomasa fuera de las parroquias priorizadas, con un límite de hasta 10 hectáreas por ayuntamiento y año. A esto se suma la limpieza de hasta 12 kilómetros de vías municipales de titularidad local, actuando sobre el dominio público y reduciendo la vegetación que puede servir de combustible en caso de incendio.
Adhesión de concellos y posición de la Fegamp
La implantación del convenio ha venido marcada por un debate institucional entre la Xunta y la Fegamp. Tras la actualización del acuerdo y la ampliación de la inversión hasta los 25 millones de euros anuales, la federación de municipios decidió no firmar el texto, al considerar que no se recogían algunas de sus principales demandas. El contexto de estos desacuerdos se enmarca en los retos y conflictos que plantea la biomasa en distintos territorios.
Entre las peticiones de la Fegamp figuraba que la ejecución subsidiaria por parte de la Xunta se ampliase a concellos de hasta 15.000 habitantes, en lugar de limitarse a los de menos de 10.000, y que fuese también la Administración autonómica la que asumiese en su totalidad el procedimiento sancionador derivado de los incumplimientos de los propietarios.
Pese a la ausencia de un acuerdo marco con la Fegamp, el convenio salió adelante y se está formalizando de forma individual con cada ayuntamiento. De momento, 131 concellos han decidido adherirse, atraídos por el paquete de apoyo técnico, económico y operativo que ofrece Medio Rural, así como por la cobertura que supone contar con un sistema público de gestión de la biomasa en su territorio. Ejemplos de impulso económico y operativo pueden verse en iniciativas municipales y empresariales del sector.
Los ayuntamientos que deseen sumarse únicamente tienen que manifestar su voluntad de adhesión, sin necesidad de negociar condiciones adicionales. A partir de ahí, pasan a formar parte de la red de municipios que se benefician del convenio y pueden solicitar las actuaciones previstas en función de sus necesidades y prioridades.
El caso de Laracha: colaboración continuada con Medio Rural y Seaga
Entre los concellos que ya han formalizado su participación destaca el Ayuntamiento de Laracha, que ha renovado el convenio de colaboración con la Consellería de Medio Rural y Seaga para facilitar la gestión de la biomasa en las fajas secundarias de su término municipal. El objetivo principal es prevenir incendios forestales en las zonas próximas a los núcleos de población, donde la acumulación de matorral y restos vegetales puede suponer un riesgo elevado.
En virtud de este acuerdo, la Xunta y Seaga ofrecen a Laracha apoyo técnico, económico y operativo para la ejecución de trabajos de desbroce cuando sea necesaria la intervención subsidiaria por incumplimiento de los propietarios. También se contemplan actuaciones reforzadas en parroquias priorizadas y la limpieza anual de hasta 12 kilómetros de vías municipales, centrada en el dominio público de titularidad local. Estas acciones se complementan con la puesta en marcha y operación de plantas y centros de biomasa que facilitan la gestión territorial.
Por su parte, el Ayuntamiento de Laracha asume el compromiso de identificar a las personas responsables de las parcelas incluidas en las fajas secundarias, así como de tramitar las comunicaciones y notificaciones necesarias para que los titulares cumplan con sus deberes de gestión de biomasa. Esta coordinación entre administración local y autonómica busca agilizar los procedimientos y evitar retrasos en las intervenciones.
El convenio en Laracha tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029, con la posibilidad de ser prorrogado si las partes lo consideran oportuno. De este modo, el municipio garantiza una planificación a medio plazo de las actuaciones de limpieza, algo especialmente relevante en un contexto de veranos cada vez más secos y con mayor riesgo de incendios.
Casos como el de Laracha ilustran cómo los concellos pueden aprovechar la estructura del convenio para reforzar sus políticas locales de prevención, multiplicando su capacidad de actuación gracias a los recursos técnicos y económicos que aporta la Xunta a través de Seaga.
En conjunto, el nuevo convenio de la biomasa en Galicia se configura como una herramienta clave para la gestión del territorio y la reducción del riesgo de incendios en las zonas habitadas. Con más presupuesto, más parroquias priorizadas y una mayor implicación de los ayuntamientos en la comisión de seguimiento, el acuerdo pretende que la limpieza de las franjas de seguridad deje de ser un eslabón débil en la cadena de prevención y pase a convertirse en una política estructural, sostenida en el tiempo y respaldada por un sistema público de apoyo a nivel autonómico y local.
