La contaminación por nitratos de origen agrario se ha convertido en uno de los frentes ambientales más delicados para varias comunidades autónomas. En Galicia, la Xunta ha decidido pasar a la acción con una medida cautelar que afecta directamente a la ganadería intensiva en la cuenca del río Limia, en Ourense. La Consellería do Medio Rural acaba de actualizar su proyecto de decreto contra estos vertidos, incorporando una moratoria expresa para nuevas explotaciones o ampliaciones de las existentes en las zonas donde el agua ya presenta síntomas claros de deterioro.
Esta decisión no surge de la nada. Llega después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en una sentencia histórica por la contaminación del embalse de As Conchas, ratificada por el Supremo, condenara a la administración autonómica y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil por su inacción ante la degradación del embalse de As Conchas. La Justicia consideró vulnerados los derechos fundamentales de los vecinos por la proliferación de bacterias y vertidos procedentes de la actividad ganadera. Con este antecedente, el nuevo texto busca dar una respuesta administrativa que al menos frene la tendencia mientras se aclaran las responsabilidades.
Moratoria de dos años con excepciones tasadas
La medida central del decreto es una prohibición temporal que afecta a las explotaciones de porcino, bovino y avícola. Durante un máximo de dos años, no se concederán nuevas licencias ni autorizaciones para instalar granjas en las superficies cuya escorrentía desemboque en la cuenca del Limia. Tampoco se permitirá ampliar la capacidad productiva de las que ya funcionan, aunque sí se autorizarán reformas que no supongan un incremento del número de animales. La moratoria decaerá antes si la propia administración declara la zona como vulnerable a nitratos, caso en el que se pondrían en marcha los correspondientes planes de actuación.
No obstante, el texto contempla varios resquicios. Quedan fuera de la prohibición las explotaciones dedicadas al autoconsumo, así como las industriales que hubiesen solicitado una modificación antes del pasado 21 de septiembre. También se exceptúan las iniciativas promovidas por agricultores jóvenes, una decisión pensada para no frenar el relevo generacional en el rural gallego. La Xunta insiste en que la medida es provisional y que se levantará si se demuestra técnicamente que la contaminación ha dejado de tener un origen agrario significativo.
Diez puntos donde el origen agrario no convence
Mientras la Xunta aplica esta moratoria, también mantiene un pulso con el Ministerio para la Transición Ecológica. En las alegaciones que acaba de presentar, la administración autonómica cuestiona que en diez puntos de control recogidos en el informe estatal la información disponible permita atribuir la contaminación a fuentes agrarias. Los puntos se reparten por la Costa Ártabra, Coruña interior, Costa da Morte, Rías Baixas y Rías Baixas Sur, con localizaciones como Valdoviño, Abegondo, Melide, Santiso, Zas, Trazo, Cambados, Redondela, Vigo y Baiona.
Para la Xunta, el análisis de presiones debe ser concluyente antes de tomar medidas legales restrictivas. La declaración de una zona vulnerable exige acreditar que los nitratos de origen agrario tienen un peso significativo, y en estos diez casos consideran que no está suficientemente probado. Esa misma lógica es la que, en cambio, sí les ha llevado a admitir la moratoria en el Limia, donde los datos provisionales ya apuntan a esa causa. La oposición, con Greenpeace y los colectivos ecologistas a la cabeza, acusa al gobierno gallego de dilatar el problema, pero el plazo de alegaciones al decreto sigue abierto hasta el próximo 13 de octubre.
Todo este proceso se enmarca en el cumplimiento de la sentencia sobre As Conchas, donde la carga ganadera equivalente a entre 1,5 y 2 millones de personas contrasta con una población humana de solo 21.000 habitantes. La Xunta asegura que con esta actualización contribuye a ejecutar el fallo judicial, mientras las asociaciones ecologistas sostienen que todavía queda mucho por andar. La moratoria es un primer paso, pero no resuelve el problema de fondo: la necesidad de ajustar la fertilización a las capacidades reales del suelo y de controlar los vertidos.
En definitiva, Galicia ha movido ficha ante la falta de zonas vulnerables declaradas, algo que el Tribunal de Justicia de la UE ya ha reprochado a España en más de una ocasión. La medida, aunque temporal, supone un reconocimiento implícito de que el origen agrario de la contaminación en el Limia existe. Queda por ver si el decreto supera la tramitación completa o si, como ha ocurrido en otras ocasiones, la presión del sector consigue rebajarlo. Lo cierto es que el agua del embalse sigue ahí, con sus niveles de nitratos y fósforos, sin distinguir entre discursos políticos.