La adhesión masiva de los ayuntamientos gallegos al nuevo convenio de gestión de biomasa en fajas secundarias está marcando un punto de inflexión en la estrategia de prevención de incendios forestales en la comunidad. El acuerdo, firmado con la empresa pública Seaga, busca mejorar el mantenimiento de las franjas de protección alrededor de los núcleos de población y otras zonas sensibles.
Este impulso institucional llega acompañado de un aumento muy notable de recursos económicos y técnicos, así como de un refuerzo del apoyo a los concellos más pequeños y a los propietarios particulares. La combinación de financiación, planificación y actuaciones directas pretende reducir el riesgo de grandes incendios y facilitar que cada ayuntamiento pueda cumplir con sus obligaciones legales en materia de biomasa.
Alta participación municipal en el nuevo convenio
Un total de 238 ayuntamientos gallegos, lo que equivale aproximadamente al 76% de los 313 municipios de la comunidad, han solicitado ya su adhesión al nuevo convenio de gestión de biomasa en las fajas secundarias. La cifra evidencia una amplia aceptación del modelo propuesto por la Xunta de Galicia y la empresa pública Seaga.
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, puso en valor estos datos durante un encuentro celebrado en el Pazo de Quián, en Boqueixón (A Coruña), en el que participaron los jefes de servicio provinciales y los responsables de los 19 distritos forestales. Según explicó, esta alta participación municipal refleja que la prevención de incendios se percibe ya como una responsabilidad compartida y prioritaria.
Desde la Consellería se insiste en que el objetivo del convenio es facilitar que los concellos cumplan con la normativa sobre gestión de biomasa en las franjas de seguridad, al tiempo que se da apoyo técnico y operativo para llegar a más terreno y a más propietarios. De este modo, se pretende evitar que la falta de medios municipales derive en un mayor riesgo de incendios.
En este contexto, la adhesión al convenio no solo supone acceder a trabajos de desbroce y limpieza, sino también integrarse en una planificación coordinada a escala autonómica, donde se priorizan las zonas de mayor vulnerabilidad frente al fuego, principalmente en el entorno de núcleos habitados.
Aumento del presupuesto y creación de un fondo específico
Uno de los cambios más relevantes del nuevo convenio es el incremento del presupuesto anual hasta los 25 millones de euros, una cantidad sensiblemente superior a la de acuerdos anteriores en esta materia. Con este refuerzo financiero, la Xunta pretende dar una cobertura más amplia y continuada a las actuaciones sobre biomasa.
Dentro de este montante global se incluye un fondo específico de limpieza de fajas, dotado con 10 millones de euros por anualidad. Este fondo se reserva para atender las intervenciones directamente relacionadas con las franjas secundarias de protección, pieza clave para frenar la propagación del fuego desde el monte hacia las viviendas y otras infraestructuras.
La conselleira subrayó que este esfuerzo presupuestario responde a la idea de que invertir en prevención resulta más eficiente y menos costoso que afrontar los daños de los grandes incendios. El aumento de los recursos permitirá cubrir más superficie, llegar a más concellos y mejorar la frecuencia de los trabajos de mantenimiento.
Frente a convenios anteriores, este nuevo marco introduce condiciones más ventajosas para los ayuntamientos adheridos, tanto en términos económicos como de apoyo técnico. Así, se refuerza el papel de Seaga como herramienta de gestión directa sobre el terreno, actuando allí donde los municipios y los propietarios no pueden llegar por sí solos.
Apoyo a concellos pequeños, particulares y ejecuciones subsidiarias
Uno de los ejes del acuerdo es el refuerzo del apoyo a los municipios de menos de 10.000 habitantes, que a menudo cuentan con menos personal y recursos para organizar la gestión de la biomasa. Para estos concellos, el convenio se plantea como un instrumento práctico para cumplir la normativa sin quedar desbordados.
Además, el texto del acuerdo también pone el foco en los propietarios particulares de terrenos, ofreciéndoles la posibilidad de encargar los desbroces y limpiezas a Seaga en determinadas zonas priorizadas. De este modo, quienes no pueden afrontar por sí mismos estas tareas encuentran una vía más asequible y organizada para mantener sus fincas.
Otra de las claves del convenio es la intención de impulsar, de forma más ágil, las ejecuciones subsidiarias en áreas con riesgo de incendio cuando los titulares de los terrenos no cumplen con sus obligaciones legales de limpieza. En esos casos, la administración puede asumir temporalmente la actuación y repercutir después el coste, evitando que la falta de gestión acabe poniendo en peligro al conjunto de la población.
Para facilitar esta dinámica, Seaga prestará ayuda a los municipios adheridos no solo en los trabajos sobre el terreno, sino también en la revisión, modificación o elaboración de los planes municipales de prevención. Asimismo, se ofrece apoyo para realizar inspecciones, localizar parcelas incumplidoras y notificar debidamente a sus titulares.
Más parroquias priorizadas y servicios adicionales de limpieza
El nuevo convenio amplía de forma considerable el número de parroquias catalogadas como priorizadas, que pasan de 157 a 276. Estas áreas se consideran especialmente sensibles por su exposición al riesgo de incendio o por la cercanía de viviendas y otras edificaciones que podrían verse afectadas.
En estas parroquias priorizadas, los particulares disponen de la opción de contratar directamente a Seaga para los trabajos de desbroce, a un precio fijado en 420 euros por hectárea. Este importe pretende ser una referencia clara y estable, que facilite la planificación de las tareas por parte de los propietarios.
Al margen de estas zonas preferentes, el convenio mantiene la posibilidad de que Seaga realice ejecuciones subsidiarias de hasta 10 hectáreas por ayuntamiento y año fuera de las parroquias priorizadas. Se trata de una herramienta adicional para actuar en puntos especialmente conflictivos o desatendidos.
El acuerdo también incorpora la opción de llevar a cabo la limpieza de hasta 12 kilómetros de vías municipales, una medida relevante para mantener despejados los márgenes de carreteras locales, caminos y accesos que a menudo funcionan como líneas de defensa y como rutas de evacuación o entrada de medios de extinción.
Primeros lotes de trabajo y alcance de las actuaciones
Al inicio del año se formalizaron ya los primeros 12 lotes de trabajo en el marco de este convenio, con un importe conjunto de 6 millones de euros, IVA incluido. Estos contratos permitirán intervenir en cerca de 1.900 hectáreas de terreno, una superficie significativa si se tiene en cuenta su carácter estratégico.
Según los datos facilitados por la Consellería do Medio Rural, con estos lotes se prevé actuar en más de 37.000 parcelas, repartidas por los distintos ayuntamientos que se sumen al acuerdo. El enfoque es llegar a muchas fincas de tamaño reducido, pero situadas en enclaves clave para romper la continuidad del combustible vegetal.
Estas primeras intervenciones servirán también para poner a prueba la operatividad del nuevo modelo y ajustar, si es necesario, los procedimientos de coordinación entre Xunta, concellos, Seaga y propietarios. La experiencia acumulada en esta fase inicial ayudará a planificar mejor las campañas de los próximos años.
Con este despliegue, Galicia se sitúa en una línea de trabajo que encaja con las recomendaciones europeas sobre gestión preventiva de incendios, basadas en la reducción de combustible en zonas de interfaz urbano-forestal y en la cooperación entre administraciones y ciudadanía. Aunque el convenio se centra en el ámbito autonómico, su filosofía es similar a la de otros programas europeos orientados a mitigar el impacto del cambio climático en los bosques.
Todo este paquete de medidas —desde la adhesión mayoritaria de los ayuntamientos hasta el aumento del presupuesto, la ampliación de parroquias priorizadas y la puesta en marcha de los primeros lotes de trabajo— dibuja un escenario en el que la gestión de la biomasa en fajas secundarias gana peso como herramienta clave para proteger a la población y al territorio frente a los incendios forestales, reforzando la prevención y facilitando que tanto administraciones como propietarios puedan cumplir con sus responsabilidades de manera más sencilla y coordinada.
