El crecimiento exponencial de la demanda mundial de litio, impulsado por el auge de las baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético, ha puesto el foco sobre la necesidad de técnicas de extracción de litio ecológica que reduzcan su impacto ambiental. La competencia por el conocido como «oro blanco», vital para la transición energética, afecta a regiones tan sensibles como los salares del desierto de Atacama y los humedales altoandinos de Argentina, Chile y Bolivia.
Las nuevas tecnologías y los debates en torno a la minería ecológica enfrentan oportunidades y desafíos: por un lado, prometen mejoras en eficiencia y reducción del uso de recursos; por otro, generan preocupaciones por sus efectos en los ecosistemas y en el modo de vida de las comunidades locales. El litio se ha transformado en el epicentro de discusiones sobre justicia ambiental, preservación ecológica y progreso económico regional.
Innovaciones en la extracción directa de litio
Durante décadas, la obtención de litio ha requerido grandes extensiones de terreno y el uso intensivo de agua, principalmente a través de estanques de evaporación de salmuera. Este método tradicional, aunque eficiente en producción, ha sido fuertemente criticado por su huella hídrica y el estrés que provoca en acuíferos y humedales, comprometiendo la biodiversidad y las reservas naturales en zonas áridas.
Recientemente, empresas y centros de investigación han logrado importantes avances tecnológicos para lograr una extracción más ecológica. Un ejemplo es la extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés), que sustituye los largos procesos de evaporación por reactores y materiales absorbentes capaces de capturar hasta un 90% del litio en pocas semanas. Esta evolución permite reducir el consumo de agua, recircular hasta un 80% del líquido utilizado y minimizar el uso de productos químicos, acortando además los tiempos de procesamiento de meses a días.
Empresas presentes en el norte de Argentina ya están experimentando con esta tecnología, aunque reconocen que requiere altas inversiones iniciales y aún está ligada a la disponibilidad de agua en zonas tradicionalmente afectadas por la sequía. Además, la certificación como minería responsable y la aceptación social son retos pendientes, sobre todo dadas las demandas de transparencia y respeto ambiental de la sociedad civil.
Impactos ambientales y sociales: el caso de los ecosistemas andinos
El desarrollo de la minería de litio en humedales y salares altoandinos ha generado preocupación entre científicos, organizaciones medioambientales y pueblos originarios. Informes recientes subrayan que la extracción intensiva, sin evaluaciones de impacto acumulativo y planificación adecuada, ha afectado a manantiales, lagunas y pastizales, alterando profundamente la biodiversidad y las fuentes de agua locales. En regiones como el Salar del Hombre Muerto (Argentina), la sobreexplotación ha provocado la disminución de contenidos de agua y la degradación de vegas y bofedales.
Similares advertencias se han emitido en Chile y Bolivia, donde el bombeo intensivo de salmuera y la escasa recuperación natural de los acuíferos han sido señalados como responsables de daños ambientales irreversibles en salares protegidos, incluidos sitios Ramsar de importancia internacional. En muchos casos, los informes destacan que los procesos de autorización de nuevos proyectos no siempre contemplan consultas adecuadas a comunidades indígenas ni estudios completos sobre los efectos a largo plazo en el territorio y sus habitantes.
Los ecosistemas afectados cumplen funciones ecológicas clave como sumideros de carbono y reguladores hídricos, favoreciendo tanto la mitigación del cambio climático como la subsistencia y la cultura de las comunidades locales. La preservación de estos ecosistemas es clave para conciliar la transición energética con la justicia ambiental en el contexto global actual.
Monitoreo, estudios independientes y diálogo con las comunidades
Ante el incremento de la extracción de litio, han cobrado relevancia los estudios de impacto acumulativo integral y los planes de gestión participativa. En zonas como el Salar del Hombre Muerto, los gobiernos han encargado evaluaciones independientes para determinar el estado de los ecosistemas, anticipar la capacidad de recuperación de los acuíferos y definir estrategias de monitoreo continuo. Programas específicos abarcan variables meteorológicas, hidrológicas, de biodiversidad, patrimonio cultural y participación social, con el propósito de garantizar una toma de decisiones informada y precavida.
Las consultas y la integración de expertos con los saberes de las comunidades han permitido identificar tanto beneficios como riesgos de la actividad minera. En estos encuentros, se ha destacado la necesidad de fortalecer la transparencia, la participación comunitaria y el acceso público a la información técnica relevante.
Desde el ámbito social, la resistencia de pueblos originarios, especialmente en Atacama y el noroeste argentino, se ha traducido en demandas de consulta libre, previa e informada, así como en propuestas de restauración ecológica y respeto a los derechos colectivos sobre el agua y la tierra. La confianza entre actores públicos, privados y civiles exige procesos claros, responsables y respetuosos con la diversidad cultural y natural de la región.
La agenda internacional y los derechos humanos en el centro del debate
Organizaciones como la Alianza por los Humedales Andinos y posicionamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos subrayan que la transición energética debe construirse sobre bases sostenibles y respetuosas con los derechos humanos. La reciente Opinión Consultiva 32-25 recuerda la obligación de los Estados de proteger los ecosistemas estratégicos, garantizar la participación de las comunidades y evitar daños irreversibles a la naturaleza.
Las próximas cumbres internacionales, como la Convención Ramsar sobre humedales, abren oportunidades de revisión crítica de las políticas extractivas y de promoción de un uso racional de los recursos naturales. El reto está en que el avance tecnológico y el desarrollo económico no se den a costa de la biodiversidad y el tejido social de las regiones afectadas.
El impulso hacia una extracción ecológica de litio se perfila como una vía imprescindible para equilibrar la necesidad de recursos estratégicos y la responsabilidad ambiental y social. La innovación tecnológica, la participación comunitaria, el monitoreo independiente y el cumplimiento de normativas ambientales y de derechos humanos son esenciales para lograr una minería realmente sostenible.
