La controversia en torno al parque eólico proyectado en Labraza ha dado un giro tras la exigencia de paralización inmediata de las obras por parte del Concejo de la localidad y varias plataformas sociales. El arranque de los trabajos de acondicionamiento, anunciado por el Gobierno Vasco, coincide con el debate sobre el primer proyecto de este tipo en Euskadi en dos décadas, abriendo un pulso social y administrativo.
Las organizaciones vecinales han recordado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite dos recursos contra la autorización administrativa previa y el plan especial. Por ello piden que el Ayuntamiento de Oyón-Oion suspenda cualquier actividad vinculada al proyecto hasta que haya pronunciamiento judicial, y han convocado una jornada de solidaridad para el 13 de diciembre en Labraza.
Un proyecto estratégico y su promotor
El parque está impulsado por Aixeindar, sociedad de capital público-privado participada por Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía (EVE), con una inversión prevista de 59 millones de euros. Según lo comunicado, las primeras tareas de obra civil han sido adjudicadas a la empresa navarra Ecay, tras la obtención de las autorizaciones principales.
En su configuración, el parque contempla la instalación de ocho aerogeneradores con una altura aproximada de 200 metros (incluida la pala). Las obras iniciales se centran en la preparación del terreno y en las bases de cimentación, pasos habituales antes del montaje de los equipos.
- Promotor: Aixeindar (Iberdrola + EVE)
- Inversión estimada: 59 millones de euros
- Unidades previstas: 8 aerogeneradores
- Altura aproximada: en torno a 200 metros
Licencias y tramitación administrativa
El expediente cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental, la Autorización Administrativa, la Declaración de Utilidad Pública y la Declaración de Montes de Utilidad Pública, además de las licencias de obra de Oyón-Oion (Álava) y Aguilar de Codés (Navarra). Estos hitos administrativos han permitido el inicio de los trabajos preparatorios.
Desde el consistorio se ha señalado que la tramitación continúa por cauces ordinarios y que, ante el marco legal vigente, no habría alternativa distinta a continuar con los procedimientos ya en marcha. Las plataformas, por su parte, reclaman que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad y suspenda la actividad mientras el TSJPV revisa los recursos.
La posición del Concejo y las plataformas
El Concejo de Labraza y las plataformas Arabako Errioxa Bizirik, Arabako Mendiak Aske y Araba Bizirik demandan que se detengan las obras de forma inmediata hasta el fallo judicial. Sus portavoces sostienen que el proyecto compromete la calidad de vida local y piden un replanteamiento del despliegue renovable con mayor participación comunitaria.
En el terreno político, los colectivos han criticado cambios de criterio durante el proceso y atribuyen a las instituciones una excesiva prisa por culminar la tramitación. También señalan que el impulso al parque responde a intereses del sector energético, una lectura que las entidades promotoras no comparten y que enmarcan en la planificación energética de Euskadi.
Impactos ambientales alegados
Entre sus argumentos, las plataformas subrayan riesgos de deforestación por las obras, posibles afecciones a la avifauna y un efecto notable sobre el paisaje de la zona. También citan molestias por ruido y sombras parpadeantes vinculadas a la operación de los aerogeneradores, recordando que el entorno acumula otras infraestructuras energéticas.
Estas preocupaciones se suman al debate europeo sobre el equilibrio entre objetivos de descarbonización y protección de biodiversidad. En España, el despliegue de renovables avanza con marcos de evaluación ambiental y supervisión judicial, lo que sitúa a proyectos como el de Labraza bajo un escrutinio especialmente intenso.
Obras en marcha y próximos hitos
Según lo anunciado por el Gobierno Vasco, las labores iniciales de acondicionamiento del terreno han comenzado, centradas en accesos, explanaciones y preparación de cimentaciones. Cualquier avance relevante quedará condicionado por la evolución de los procedimientos en el TSJPV.
En el plano social, los agentes locales preparan una jornada de solidaridad en Labraza el 13 de diciembre, con actividades para visibilizar sus demandas. La expectativa ahora se orienta a los tiempos judiciales y a si el Ayuntamiento adopta medidas cautelares mientras se resuelven los recursos.
La situación combina el arranque de un proyecto considerado estratégico por sus promotores con la oposición organizada de colectivos vecinales. A falta de resoluciones judiciales, el foco está en el cumplimiento de las condiciones ambientales, la seguridad jurídica de la tramitación y el diálogo con el territorio para gestionar impactos y beneficios.
