España, al igual que muchos otros países, se enfrenta a un reto crucial: formar parte por completo de la transición energética y eliminar gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, los avances hacia este objetivo han sido desiguales, y los últimos gobiernos no han mostrado un firme compromiso con la reducción de estas fuentes de energía. Desde que finalizó el mandato del PSOE en 2008, el Partido Popular (PP), bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, ha liderado el gobierno con una política energética que ha sido objeto de críticas constantes por la falta de apoyo a las energías renovables.
La influencia de las subvenciones a combustibles fósiles
El problema principal radica en las subvenciones a los combustibles fósiles. Según el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), estas subvenciones, concedidas principalmente a centrales de carbón y gas a través de los denominados pagos por capacidad, han resultado excesivamente costosas. Estos pagos aseguran que las plantas térmicas que emplean combustibles fósiles permanezcan operativas como respaldo del sistema eléctrico cuando las energías renovables no son suficientes para cubrir la demanda energética. Según esta institución, el coste de estas subvenciones asciende a unos 1.000 millones de euros anuales, lo que se ha destacado como una prueba clara de que el país sigue apostando por métodos de producción de energía convencionales.
El mecanismo de los pagos por capacidad
Los pagos por capacidad fueron establecidos en España en 1997 y, en términos simples, su objetivo es garantizar un suministro eléctrico constante. Cuando las fuentes de energía renovable insuficientes o no disponibles, las plantas térmicas que utilizan carbón o gas natural suministran la energía necesaria. Sin embargo, este esquema ha sido criticado por perpetuar la dependencia de los combustibles fósiles. Estas plantas reciben subvenciones simplemente por estar disponibles, lo que desincentiva la modernización del sistema energético a favor de fuentes más limpias como la solar o la eólica.
Algunos expertos proponen alternativas a los pagos por capacidad, como la implementación de un sistema de subastas, donde los factores como la capacidad de interconexiones energéticas o el uso de baterías de almacenamiento puedan competir de manera más justa para satisfacer la demanda cuando no haya suficiente generación de renovables.
La necesidad de un mercado más transparente
El informe del Instituto de Economía Energética también subraya que es fundamental contar con un mercado eléctrico más transparente y un organismo regulador con mayor grado de autonomía. Este organismo debería encargarse de proporcionar señales más claras y precisas sobre los precios de la electricidad, que actualmente no reflejan de manera adecuada los costes reales del sistema, especialmente si se consideran las externalidades, como los efectos ambientales y sanitarios.
El compromiso de España con las energías renovables
A pesar de la crítica justificada por el lento avance en la transición energética, España ha asumido compromisos concretos en relación con el uso de energías renovables. Según los tratados internacionales y las políticas de la UE, el país se ha comprometido a que el 27% de la demanda energética sea cubierta por energías renovables para 2030 y, en el corto plazo, alcanzar un 20% en 2020. Sin embargo, para 2020 el consumo de energía renovable sigue estancado en el 17,3%. Aunque se han alcanzado ciertos progresos, el desafío sigue siendo inmenso.
Las políticas actuales no parecen estar alineadas completamente con estos objetivos. Las facilidades legales y el apoyo financiero al sector de los combustibles fósiles siguen superando con creces el apoyo a las renovables, lo que hace necesario reconsiderar por completo el marco normativo español.
Propuestas de mejora
De acuerdo con un informe del FMI, eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles para redirigir esos fondos a fuentes limpias es crucial no solo para combatir el cambio climático sino para asegurar un futuro económico más sostenible. En 2022, se calculó que los subsidios a los combustibles fósiles a nivel mundial ascendieron a siete billones de dólares (aproximadamente 6,5 billones de euros), representando el 7,1% del PIB global.
Los efectos del cambio climático, como olas de calor extremas o incendios forestales devastadores, son pruebas claras de la urgencia del cambio. La utilización de subvenciones en combustibles fósiles solo perpetúa estos problemas. Por tanto, para avanzar hacia un modelo energético más moderno, la revisión de los esquemas de apoyo al carbón, petróleo y gas natural es un paso indispensable.
Por último, debe subrayarse la recomendación del FMI de imponer impuestos correctivos, como una tasa al dióxido de carbono, que permitiría reducir las emisiones de este gas en un 34% para 2030, trayendo consigo una alineación con los objetivos del Acuerdo de París.
España y las ayudas a los combustibles fósiles
A nivel nacional, España sigue destinando ayudas a los combustibles fósiles. Según el FMI, en 2022 el país otorgó 11.500 millones de dólares en subsidios, una cifra que, aunque inferior a los 17.900 millones de 2020, sigue siendo considerablemente alta. El reto radica principalmente en las subvenciones implícitas, que no se reflejan en los precios de estos combustibles y que fomentan su consumo.
Propuestas de acción
- Adoptar un enfoque basado en subastas para maximizar la participación de tecnologías más limpias y competitivas.
- Redirigir las subvenciones hacia el desarrollo de infraestructuras renovables para reducir la dependencia del gas y el carbón.
- Incentivar la electrificación y el uso de baterías de almacenamiento para garantizar la seguridad del suministro eléctrico.
Con una aproximación integrada, España podría acelerar la transición energética de manera efectiva y cumplir con sus compromisos internacionales.