España ha cerrado 2025 con un ligero, pero significativo, aumento del 0,6% en sus emisiones de gases de efecto invernadero, hasta alrededor de 270 millones de toneladas de CO2 equivalente. El repunte llega después de varios años de altibajos y confirma que el país sigue sin encontrar una senda clara y sostenida de reducción de emisiones.
Pese a los avances en energías renovables, las cifras provisionales recopiladas por el Observatorio de la Sostenibilidad (OS) muestran que el recorte acumulado respecto a 1990 apenas alcanza el 5,8%, una brecha muy amplia frente a la meta del 32% de reducción para 2030 contemplada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En otras palabras, el ritmo actual está muy por debajo de lo que exigiría la emergencia climática y de lo que se ha comprometido España ante la Unión Europea.
Un balance de emisiones que no cuadra con los objetivos climáticos
Los datos manejados por el OS sitúan las emisiones de 2025 en torno a 270,04 millones de toneladas de CO2 equivalente, frente a las 286,7 millones registradas en 1990 y las 436,3 millones de 2005. En comparación con este último año, el descenso es del 38,1%, pero el foco de Bruselas y del PNIEC está puesto en el año base 1990, y ahí la evolución se queda corta.
Según los expertos del Observatorio, para alcanzar el objetivo del PNIEC sería necesario un ritmo de reducción anual cercano al 5% o incluso al 7% de forma continuada hasta 2030. En lugar de eso, la trayectoria de la última década ha sido errática: tras descensos en 2018, 2019 y el año excepcional de 2020, las emisiones repuntaron en 2021 y 2022, bajaron en 2023, se estancaron en 2024 y han vuelto a subir ligeramente en 2025.
El informe del OS califica estos resultados de “decepcionantes” en relación con los compromisos europeos y con el escenario de emergencia climática. A su juicio, España se está alejando, ejercicio tras ejercicio, de la senda compatible con el Acuerdo de París, a pesar de la retórica oficial en materia de clima.
Los autores recuerdan que, además, las cifras oficiales no incorporan todavía de forma sistemática varias fuentes de emisiones relevantes, lo que hace que la situación real sea aún más delicada de lo que reflejan los inventarios estándar.
El gran apagón de abril y el giro hacia el gas natural
Uno de los elementos centrales del informe es el llamado “gran apagón” de finales de abril de 2025, descrito como el mayor corte eléctrico registrado en Europa en décadas. Este incidente provocó un cambio abrupto en la gestión del sistema eléctrico peninsular y marcó un antes y un después en el uso de los combustibles fósiles.
Tras el apagón, la respuesta del regulador y del operador del sistema se orientó a reforzar la seguridad de suministro mediante los ciclos combinados de gas natural, en detrimento de la integración de energía eólica y solar fotovoltaica. El resultado fue un incremento notable de las emisiones del sector eléctrico y un encarecimiento del precio de la electricidad.
El Observatorio de la Sostenibilidad cifra el aumento de las emisiones del sector energético en 2,4 millones de toneladas, lo que supone un 9% más que en 2024. Dentro de este bloque, el sector eléctrico es el más afectado: sus emisiones alcanzaron en torno a 29,5 millones de toneladas de CO2 equivalente, también un 9% por encima del año anterior.
Los ciclos combinados de gas natural son el motor principal de este repunte. Según el informe, las emisiones asociadas a estas centrales crecieron un 26%, con 3,7 millones de toneladas adicionales. En términos de consumo, se estima que el uso de gas natural en el sistema peninsular aumentó del orden del 38% tras el apagón, mientras se desperdiciaban grandes volúmenes de energía renovable ya generada que no pudieron verterse a la red.
Varios expertos implicados en el estudio, como el economista José Santamarta, hablan de “medidas erráticas” por parte del operador y del regulador, que habrían optado por “quemar más gas” en lugar de desplegar soluciones técnicas más sofisticadas que permitieran aprovechar la producción eólica y fotovoltaica disponible.
Renovables al alza, pero infrautilizadas y sin suficiente almacenamiento
Paradójicamente, 2025 fue también un año de crecimiento de la generación solar fotovoltaica, que aumentó un 12% y consolidó esta tecnología entre las primeras fuentes del mix eléctrico español. La eólica y la hidráulica, por su parte, retrocedieron un 4%, mientras la nuclear cayó un 1% y la cogeneración un 6%.
Con datos provisionales, la energía eólica volvió a liderar la estructura de generación con alrededor del 22% de la producción total, seguida de la nuclear y de la fotovoltaica, ambas con cuotas cercanas al 19%. Los ciclos combinados rondaron el 17%, mientras que la hidráulica se situó en torno al 12% y la cogeneración cerca del 6%. El impulso de las renovables explica buena parte de esta transformación del mix.
El carbón, por otro lado, terminó de confirmar su papel residual en el sistema energético español. Su uso se redujo más de un 50% respecto a 2024, hasta representar alrededor del 0,6% de la generación eléctrica, muy lejos del peso que llegó a tener hace apenas una década. En términos de consumo de energía primaria, se calcula que el carbón cayó un 12% durante 2025.
Aunque el peso renovable en el mix se ha situado en torno al 56% según las estimaciones de Red Eléctrica, el informe del OS insiste en el alto nivel de desaprovechamiento de eólica y fotovoltaica durante el año. La ausencia de suficientes sistemas de almacenamiento —baterías y centrales de bombeo— y una gestión poco flexible de la red habrían obligado a “tirar” parte de la producción limpia en momentos de alta generación.
Las tecnologías de almacenamiento disponibles habrían permitido integrar del orden de 9,4 TWh de energía en el sistema, una cifra que el Observatorio considera aún insuficiente para absorber todo el potencial renovable actual y el que se prevé en los próximos años si se acelera el despliegue de instalaciones solares y eólicas.
Más petróleo y más transporte por carretera: el talón de Aquiles
El otro gran frente que explica el incremento de emisiones en 2025 es el aumento del consumo de productos petrolíferos, particularmente en el transporte. Hasta octubre, el uso de petróleo medido en Ktep subió alrededor de un 1%, mientras que el gas natural creció en torno a un 5%. El protagonismo del transporte por carretera sigue siendo uno de los factores clave.
Por tipos de combustible, el informe destaca el aumento de la gasolina en un 8%, el del gasóleo en un 3% y el del queroseno (empleado casi exclusivamente en aviación) en un 5%. También crecieron en torno al 5% otros derivados como lubricantes, asfaltos o coque, mientras que los gases licuados del petróleo (GLP) se desplomaron un 13%.
El transporte por carretera, tanto de mercancías como de pasajeros, siguió ganando peso en 2025 y consolidó su papel como uno de los sectores más difíciles de descarbonizar. El tren de mercancías apenas alcanza una cuota aproximada del 4%, lo que deja al camión como actor casi hegemónico en el movimiento de bienes dentro del país.
La penetración del vehículo eléctrico continúa siendo muy limitada, especialmente si se compara con potencias como China. A falta de un impulso mucho mayor a la movilidad eléctrica y a la transferencia de carga hacia el ferrocarril, la demanda de gasóleo y gasolina sigue creciendo y, con ella, las emisiones asociadas.
El consumo de energía primaria aumentó en total alrededor de un 2% en 2025, impulsado por el repunte del gas y del petróleo. Todo ello se produce en un contexto de crecimiento del PIB cercano al 2,9%, lo que, según el Observatorio, demuestra la dificultad de desvincular el crecimiento económico del uso intensivo de combustibles fósiles con las políticas actuales.
Turismo masivo, aviación y emisiones fuera del radar oficial
El año 2025 batió récords en el sector turístico. España recibió cerca de 100 millones de visitantes, que generaron más de 126.000 millones de euros de gasto hasta finales de noviembre, superando holgadamente el registro completo de 2024. Este dinamismo económico tiene, sin embargo, un fuerte impacto climático, especialmente a través de la aviación y el transporte marítimo asociados.
El informe del OS recuerda que las emisiones generadas por vuelos internacionales y por el tráfico marítimo —los llamados “búnkeres internacionales”— no se contabilizan adecuadamente en el sistema actual de inventarios. Si se incluyeran estas fuentes, el balance de emisiones de España en 2025 sería claramente más abultado. El papel del transporte marítimo es especialmente relevante en este punto.
Los expertos señalan que la combinación de turismo masivo, dependencia del transporte aéreo y falta de medidas contundentes para reducir la huella de carbono del sector está convirtiendo al turismo en uno de los factores clave en el estancamiento de la descarbonización.
Además, la fuerte presencia de combustibles fósiles en todos los eslabones de la cadena turística —desplazamientos, alojamiento, servicios— complica la transición hacia un modelo bajo en carbono si no se acometen reformas profundas y coordinadas entre administraciones y empresas.
Desde el Observatorio se advierte de que las políticas públicas siguen siendo, en muchos casos, contradictorias: se fomentan estrategias para aumentar el número de vuelos y de turistas, al tiempo que se proclaman objetivos ambiciosos de reducción de emisiones que, en la práctica, resultan difíciles de compatibilizar con este modelo de crecimiento.
Incendios, fenómenos extremos y un año marcado por el clima
El informe subraya que 2025 fue un año “crítico” desde el punto de vista climático para España, con una sucesión de fenómenos meteorológicos extremos que dejaron huella en todo el territorio. Las largas y repetidas olas de calor elevaron las temperaturas a valores insólitos en muchas zonas, agravando el riesgo de incendios y afectando al consumo energético.
De acuerdo con los datos del programa europeo Copernicus, en 2025 ardieron unas 400.000 hectáreas de superficie forestal en España. Los incendios liberaron al aire cerca de 19 millones de toneladas de CO2 equivalente, una cifra aproximadamente cuatro veces superior a la de años anteriores.
Estas emisiones, aunque no siempre se incluyen en los inventarios de la misma forma que las derivadas de los combustibles fósiles, tienen un peso nada desdeñable en el balance climático del país y ponen de relieve la fragilidad de los ecosistemas frente al calentamiento global.
El año también estuvo marcado por episodios de lluvias torrenciales e inundaciones en distintos puntos de la península, que afectaron a infraestructuras, viviendas y actividades económicas. El Observatorio interpreta este conjunto de fenómenos como una muestra palpable de cómo la ciudadanía española ya está viviendo los efectos del cambio climático en su día a día.
La coincidencia de un repunte de emisiones con un año cargado de impactos climáticos alimenta la preocupación de los expertos, que consideran que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.
Pobreza energética, vivienda y el frenazo del autoconsumo
Más allá de los grandes números del sistema energético, el informe pone el foco en las consecuencias sociales de la transición incompleta. El sector residencial sigue arrastrando importantes déficits en materia de eficiencia y rehabilitación de viviendas, lo que se traduce en elevadas tasas de pobreza energética.
El aumento de los precios de la vivienda y de la energía ha empujado a un número creciente de hogares a situaciones en las que resulta difícil mantener la casa a una temperatura adecuada o afrontar las facturas energéticas. España figura entre los países de la UE con indicadores más preocupantes en este ámbito.
El Observatorio critica que no se haya articulado un programa mucho más ambicioso de rehabilitación profunda del parque inmobiliario, capaz de reducir la demanda energética y mejorar el confort de los hogares. La falta de apoyo decidido a estas actuaciones, señalan, frena tanto los objetivos climáticos como la mejora del bienestar social.
En paralelo, el despliegue del autoconsumo fotovoltaico en tejados —especialmente en el sector residencial— se ha visto lastrado por trámites complejos y por un cierto parón en las nuevas instalaciones. Las comunidades energéticas, llamadas a jugar un papel clave en la democratización de la energía, se enfrentan todavía a una burocracia calificada de “infinita” por los autores del informe.
La comparación internacional resulta ilustrativa: países como Australia, California (EE. UU.) o Alemania acumulan decenas de gigavatios de autoconsumo en cubiertas, mientras que España, con un recurso solar mucho más favorable, apenas supera los nueve gigavatios instalados en este segmento, según las cifras recogidas por el OS.
Centros de datos y nuevas presiones sobre la demanda eléctrica
Otra de las alertas que lanza el Observatorio se refiere al crecimiento previsto de los centros de datos en España, especialmente en regiones como Aragón. Estas infraestructuras digitales de gran tamaño requerirán una cantidad muy elevada de electricidad, poniendo todavía más presión sobre el sistema eléctrico en los próximos años.
El director del OS, el ecólogo Fernando Prieto, teme que, si no se introducen cambios de calado, el aumento de la demanda se cubra en buena parte con gas natural, perpetuando la dependencia de este combustible y elevando tanto las emisiones como el precio de la luz.
Según Prieto, España no se está descarbonizando al ritmo que debería, que se situaría en un descenso anual de emisiones del entorno del 7%. En su opinión, hay reformas estructurales imprescindibles —desde la reorganización del mercado eléctrico hasta la electrificación masiva del transporte— que continúan posponiéndose.
El informe también apunta a políticas públicas contradictorias: mientras se presentan estrategias climáticas y objetivos de neutralidad en carbono, se mantienen o incluso se amplían planes que fomentan la aviación o el transporte por carretera, lo que dificulta cumplir las metas europeas de reducción para los sectores difusos y los sujetos al mercado europeo de carbono (ETS).
En este contexto, las previsiones europeas para España son exigentes: se espera un recorte del 26% en las emisiones de los sectores difusos y del 43% en los sectores ETS respecto a 2005. Las tendencias actuales, advierte el Observatorio, no apuntan a que estas metas vayan a alcanzarse sin un cambio de rumbo.
Presión política y críticas a la tibieza del Gobierno
Las conclusiones del informe del OS han tenido eco en el ámbito político. Desde formaciones ecologistas, como Alianza Verde, se ha reprochado al Gobierno una “tibieza” y “dejadez” en materia climática, subrayando que, frente a la crisis climática, no avanzar equivale a retroceder.
Su coordinador federal, Juantxo López de Uralde, sostiene que el aumento del 0,6% de las emisiones en 2025 refleja un “abandono” de la centralidad de las políticas verdes en la agenda gubernamental. A su juicio, durante la legislatura anterior se logró, con dificultades, empujar ciertas medidas, pero ahora percibe una “complacencia absoluta”.
Desde este espacio político se reclama más ambición y valentía para encarar la descarbonización, empezando por el transporte y continuando por una desinversión decidida en combustibles fósiles. Consideran que seguir financiando este tipo de infraestructuras y actividades supone alimentar un modelo que contribuye directamente al agravamiento del cambio climático.
Las críticas se enmarcan, además, en un contexto internacional de ola reaccionaria y auge del negacionismo climático, con referentes como el trumpismo y con una Unión Europea percibida como menos firme que en etapas anteriores en su tradicional liderazgo ambiental. Para los ecologistas, este entorno no debería servir de coartada para rebajar la ambición interna.
El Observatorio de la Sostenibilidad, por su parte, mantiene un tono más técnico, pero coincide en la idea de que el país se está alejando de los objetivos marcados y de que las actuales políticas no bastan para reconducir la trayectoria de emisiones en el tiempo disponible.
Con el cierre provisional de 2025, los datos del Observatorio dibujan un panorama en el que España ha aumentado ligeramente sus emisiones hasta rondar los 270 millones de toneladas de CO2 equivalente, ha reforzado el uso del gas natural y del petróleo, ha desaprovechado parte de su potencial renovable y sigue muy lejos del recorte del 32% comprometido para 2030 respecto a 1990; el desafío pasa ahora por transformar este diagnóstico en medidas concretas y sostenidas que permitan, por fin, alinear la realidad energética y económica del país con sus compromisos climáticos.
