Las amenazas provocadas por la desertificación en España no son una cuestión menor. Este proceso de degradación del suelo, vinculado tanto a factores climáticos como a la acción humana, afecta ya a la mayor parte del territorio y condiciona tanto el presente como el futuro de la economía y la biodiversidad nacional. En los últimos años, la administración ha puesto el foco en revertir esta tendencia apostando por nuevas estrategias de restauración ecológica y reorientando inversiones públicas hacia la conservación de los ecosistemas más vulnerables.
El contexto no invita al optimismo: cerca de tres cuartas partes del territorio español presentan condiciones que favorecen la desertificación. El cambio climático está elevando las temperaturas, aumentando la frecuencia e intensidad de las sequías y acelerando la evapotranspiración del suelo. Además, la presión sobre los recursos hídricos -en especial por el regadío agrícola- y la carencia de una gestión forestal adaptada son factores que contribuyen a la expansión de zonas áridas y semiáridas desde el sureste peninsular hasta regiones insulares como Canarias.
La desertificación en datos y sus causas principales
Los últimos estudios del CSIC y la Agencia Estatal de Meteorología no dejan lugar a dudas: la aridez avanza a ritmo constante. Según estimaciones oficiales, el 74% del territorio nacional está en riesgo y el 20% ya puede considerarse desertificado. En comunidades como Canarias, el fenómeno es especialmente grave: en apenas treinta años, el índice de aridez se ha reducido de 0,3 a 0,25, arrastrando a buena parte de la región a categorías cada vez más secas. Este problema afecta tanto a las zonas tradicionalmente áridas como a áreas que funcionaban como reservas hídricas hasta hace pocas décadas.
Las causas de la desertificación son complejas y van desde las alteraciones climáticas hasta las prácticas agrícolas intensivas, el abandono rural, la expansión urbana y la sobreexplotación de acuíferos. El regadío, por ejemplo, sigue creciendo y consume más del 80% del agua disponible en zonas áridas. Estos factores, si se combinan con la falta de gestión forestal activa y el incremento de incendios asociados a la acumulación de biomasa, agravan aún más el riesgo de pérdida de suelo fértil y de biodiversidad.
Inversiones públicas para frenar la degradación y restaurar los bosques
Ante este panorama preocupante, el Gobierno central ha aprobado una partida de 32 millones de euros destinada a restaurar masas forestales en situación de decaimiento o con alto riesgo de desertificación. Este presupuesto, canalizado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), será gestionado por las comunidades autónomas para ejecutar actuaciones prioritarias en los territorios más afectados.
Entre las regiones que recibirán apoyo específico destaca la Región de Murcia, que contará con 8,2 millones de euros para iniciativas de restauración forestal, prevención de incendios, tratamientos selvícolas y transformación hacia especies autóctonas mejor adaptadas al clima. Estas intervenciones también incluirán la mejora de infraestructuras forestales y la gestión de la vegetación combustible, con el objetivo de fortalecer la resiliencia ecológica y limitar los efectos de la sequía y las plagas.
Las principales líneas de actuación financiadas incluyen:
- Recuperación y mejora de la estructura de las masas forestales mediante tratamientos selvícolas.
- Fomento de especies vegetales autóctonas con mayor adaptabilidad hídrica.
- Prevención y control de plagas y enfermedades forestales.
- Gestión de la vegetación combustible para reducir el riesgo de grandes incendios.
- Restauración y acondicionamiento de pistas forestales y otros accesos.
Estas acciones serán aplicadas principalmente en montes públicos, respetando las directrices nacionales de conservación, y están alineadas con objetivos estructurales como la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 y el Plan Forestal Español 2022–2032.
Nuevas estrategias y retos para la gestión de los ecosistemas afectados
El Ministerio para la Transición Ecológica y las autoridades autonómicas trabajan en la implementación de estrategias integrales contra la desertificación. El enfoque incluye la restauración de áreas ya degradadas, la gestión sostenible de los recursos de la tierra y un uso más eficiente del agua. Se busca también promover un mosaico de usos agroforestales que recupere la funcionalidad ecológica de los paisajes, evite la sobreacumulación de biomasa susceptible de arder y refuerce la biodiversidad.
Asociaciones de propietarios forestales, investigadores y responsables de la gestión ambiental subrayan la necesidad de un modelo híbrido que combine el uso de cultivos agrícolas tradicionales, el pastoreo y la explotación racional de los montes. El abandono del campo y la falta de aprovechamiento sostenible de la madera o los productos del monte están detrás del aumento de la densidad arbórea y la acumulación de madera muerta, factores que aumentan el riesgo de incendios especialmente destructivos en regiones como la Comunidad Valenciana.
Los expertos coinciden en que la desertificación no solo es una amenaza ambiental, sino también económica y social. Sectores productivos como la agricultura, la ganadería y el turismo dependen directamente del equilibrio hídrico y ecológico. En las Islas Canarias, por ejemplo, la intensificación del proceso pone en jaque el futuro de la agricultura local y condiciona la sostenibilidad del principal motor económico insular: el turismo.
Impactos y respuestas a nivel global y nacional
El fenómeno de la desertificación tiene, además, repercusiones globales. Según la OCDE, la superficie terrestre afectada por sequías se ha duplicado desde 1900 y el 40% del planeta sufre ya un aumento en la intensidad y frecuencia de estos episodios. En España, las pérdidas económicas asociadas a la sequía y la degradación del suelo siguen en ascenso, con costes que se prevé que aumenten considerablemente en la próxima década si no se toman medidas firmes.
La integración de estrategias de prevención de la sequía, restauración de ecosistemas y uso eficiente del agua se presenta como una vía imprescindible para mantener la producción agrícola, asegurar la disponibilidad de agua y preservar servicios ecosistémicos esenciales. La inversión en resiliencia aporta beneficios económicos y ambientales a medio y largo plazo.
