El arbitraje internacional por los recortes a las energías renovables en España ha generado múltiples controversias legales y económicas a lo largo de los años. La sentencia emitida por el Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi) en la disputa entre España y el fondo ABN Amro (Eiser) fue una de las primeras y marcó precedentes importantes en la historia de estos litigios.
La sentencia fue contundente: España había violado el artículo 10 de la Carta de la Energía al alterar de manera radical el marco regulatorio que inicialmente ofrecía incentivos a las energías renovables, lo que provocó un perjuicio importante a los inversores. Como resultado, el tribunal condenó a España a pagar 128 millones de euros, aunque la cifra fue considerablemente inferior a los más de 300 millones exigidos inicialmente por los demandantes.
Contexto de los arbitrajes y recortes a las energías renovables
El conflicto relacionado con este arbitraje se remonta a las decisiones del gobierno español de recortar las primas de las energías renovables, una política que había sido fundamental para atraer inversiones en el sector en la primera década de los 2000. Empresas como Eiser realizaron importantes inversiones en plantas termosolares confiando en el marco regulatorio favorable implementado bajo el Real Decreto 661/2007.
Sin embargo, en el 2010, con el gobierno del PSOE, y luego en 2013 con el gobierno del PP, se llevaron a cabo importantes reformas que redujeron drásticamente las ayudas a las energías verdes, lo que provocó que muchos inversores internacionales optarán por demandar a España. Estas reformas fueron consideradas por los inversores como una violación de sus expectativas legítimas de rentabilidad, especialmente porque se basaban en cálculos que preveían cifras mucho más elevadas de beneficios.
El gobierno español, por su parte, ha defendido en múltiples ocasiones que la soberanía del Estado le da derecho a modificar las regulaciones cuando sea necesario, y ha argumentado que la reforma de 2013 fue esencial para corregir un déficit tarifario insostenible. A pesar de las disputas, los tribunales han reafirmado en varias ocasiones que el derecho soberano no puede aplicarse de manera que genere perjuicios desproporcionados a los inversores.
La magnitud de los arbitrajes en curso
Este arbitraje fue solo el principio de una serie de demandas. En la actualidad, según el Ciadi y otras fuentes internacionales, España enfrenta más de 52 arbitrajes en tribunales internacionales relacionados con los recortes a las energías renovables, lo que convierte al país en uno de los más demandados a nivel mundial, junto con Argentina, Rusia y Venezuela. La suma total de las demandas interpuestas supera los 10.000 millones de euros.
Hasta el momento, los tribunales internacionales han fallado a favor de los inversores en 25 de las 34 demandas resueltas, aunque en algunos casos España ha conseguido posteriormente anular los laudos, como ocurrió con el laudo de Eiser por valor de 128 millones de euros, que fue anulado por el Ciadi a raíz de un conflicto de intereses.
Otro ejemplo reciente incluye el caso de EBL, una compañía suiza que demandó a España por una indemnización de 175 millones de euros debido a la reforma de 2013. En este caso, el Ciadi falló a favor de España, argumentando que las reclamaciones eran improcedentes y obligando a los demandantes a cubrir los costos legales de España.
El futuro de los arbitrajes
A pesar de las victorias legales, España sigue enfrentando una gran cantidad de laudos pendientes de pago. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, de los 52 arbitrajes presentados, 34 laudos ya han sido dictados; de estos, tres han sido anulados, siete han sido ganados por España y en 25 se ha dado la razón a los inversores. Los servicios jurídicos del Estado han logrado reducir significativamente las compensaciones demandadas hasta un 84% de lo inicialmente solicitado.
Un factor clave en estas disputas ha sido el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo multilateral destinado a proteger las inversiones del sector energético, al que se han acogido la mayoría de los demandantes. Sin embargo, la validez de los arbitrajes basados en el TCE ha sido cuestionada después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara que estos arbitrajes eran incompatibles con el derecho comunitario en los casos de disputas intra-UE. Este hecho ha permitido a España anular algunos laudos emitidos, especialmente en tribunales suecos.
En diciembre de 2023, España tomó un paso adicional al anunciar su retirada del TCE, aunque el tratado estipula que las inversiones realizadas antes de su retiro estarán protegidas por 20 años más. Hasta la fecha, ninguna de las principales compensaciones decretadas en los arbitrajes contra el país ha sido abonada, en parte porque la Comisión Europea ordenó a España no pagar hasta que se determine si las primas constituyen ayudas de Estado ilegales.
Elecnor y su papel en las inversiones
Un actor importante en el desarrollo de la infraestructura renovable en España ha sido Elecnor, grupo empresarial que participa en estas demandas. Elecnor ha sido socio de Eiser en las inversiones relacionadas con las plantas termosolares que motivaron la demanda inicial de Eiser ante el Ciadi. Con más de 60 años en el sector de la energía y la infraestructura, Elecnor sigue siendo uno de los principales actores en proyectos de energías renovables tanto en España como a nivel internacional.
La diversificación de actividades de Elecnor a lo largo de los años ha permitido a la empresa seguir adelante, a pesar de los litigios y recortes retributivos en España. Con presencia en más de 50 países y una fuerte orientación hacia las energías renovables y nuevas tecnologías, Elecnor ha logrado mantenerse como uno de los grupos más influyentes en el sector energético global.
La reconfiguración del panorama energético en España, impulsada por las reformas legales y fiscales en el sector, junto a los litigios internacionales que aún siguen su curso, tiene importantes implicaciones para el futuro del país como destino de inversiones en energías limpias. Es probable que las disputas relacionadas con las reformas de 2010 y 2013 continúen en los tribunales por varios años más, con la posibilidad de que nuevos inversores decidan optar por la vía arbitral si no encuentran una solución a sus demandas por vías administrativas o judiciales en el país.