La futura Red Iberoamericana de Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastres empieza a tomar forma como uno de los proyectos más ambiciosos de cooperación en emergencias dentro del espacio iberoamericano. Impulsada de manera decidida por España y por distintos organismos regionales, la iniciativa pretende convertirse en una plataforma estable para coordinar mejor la prevención, la respuesta y la recuperación frente a catástrofes.
En un contexto en el que los desastres naturales y antrópicos son cada vez más frecuentes e intensos, los países iberoamericanos han optado por organizarse en red para compartir capacidades, lecciones aprendidas y recursos. La creación de esta estructura común busca dar un salto cualitativo en la forma de gestionar los riesgos, evitando que cada Estado tenga que afrontar en solitario episodios que superan con frecuencia sus medios nacionales.
Una plataforma permanente de cooperación iberoamericana
La Red nace con la vocación de ser un mecanismo integral y permanente de coordinación entre los sistemas nacionales de protección civil. La propuesta está promovida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), con un fuerte respaldo político de España.
Según ha subrayado la secretaria para la Cooperación Iberoamericana, Lorena Larios, la cooperación en este ámbito se sitúa en un “espacio fundamental” para construir soluciones conjuntas ante unos riesgos que afectan a los 22 países de la región. Compartir experiencias, resultados y herramientas se considera una pieza clave para que la Red repercuta de manera directa en la seguridad de las poblaciones iberoamericanas.
El diseño de la iniciativa contempla una estructura de gobernanza clara, capaz de facilitar la movilización de recursos y el intercambio de información especializada. La intención es evitar la dispersión de esfuerzos y articular un canal estable que permita reaccionar con rapidez ante emergencias de gran escala, reforzando la coordinación entre los países cuando más se necesita.
La Red aspira, además, a conectar con otras plataformas y marcos internacionales relacionados con el cambio climático, la gestión del agua o la reducción del riesgo de desastres, de forma que sus actuaciones sean complementarias y no se solapen con iniciativas ya existentes a nivel regional o subregional.
En este contexto, organismos como CEPREDENAC, Mercosur, la CEPAL, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres o la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europea participan como actores asesores y aliados técnicos, aportando su experiencia para orientar la nueva estructura.
España, al frente de la presidencia y la secretaría técnica provisionales
Una reunión internacional de alto nivel celebrada en Antigua (Guatemala) ha decidido que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior de España asuma tanto la presidencia como la secretaría técnica de la Red con carácter provisional. Esta designación, que se mantendrá hasta su instauración definitiva a finales de año, sitúa a España en el centro del proceso de constitución.
La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, será la encargada de liderar y representar de forma transitoria a este nuevo organismo intergubernamental. Su nombramiento se percibe como un reconocimiento al papel desempeñado por España en la gestión de emergencias y en la cooperación internacional en materia de reducción del riesgo de desastres.
Durante el encuentro, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, destacó que la principal fortaleza de la iniciativa radica en la unidad y en la cooperación sostenida entre países. A su juicio, el hecho de que España asuma la presidencia temporal constituye una “ocasión” para reafirmar el compromiso del país con la lucha frente a la emergencia climática y la mejora de la seguridad de la ciudadanía mediante la colaboración multilateral.
Barcones, por su parte, ha remarcado la relevancia de encabezar lo que describió como un reto exigente y una gran responsabilidad para España. En sus palabras, la Red permitirá ofrecer beneficios tangibles a todos los Estados implicados en un momento en el que los desastres impactan crecientemente en la vida diaria de millones de personas.
La delegación española desplazada a Guatemala, encabezada por Crisóstomo y Barcones, ha participado activamente en la negociación de los elementos básicos de la Red, desde el planteamiento político hasta los aspectos más operativos de su futura puesta en marcha.
Estructura de gobernanza y grupos de trabajo
Uno de los acuerdos más relevantes de la reunión de Antigua ha sido la creación de dos grupos de trabajo especializados, concebidos para perfilar la arquitectura institucional y el rumbo estratégico del nuevo mecanismo. El objetivo es presentar, en un plazo relativamente corto, propuestas sólidas que puedan ser validadas políticamente por los Estados participantes.
El primero de estos equipos se centrará en la gobernanza de la Red. Entre sus funciones figura la redacción de los estatutos, la definición del modelo de gobierno y la configuración de una comisión representativa y paritaria que garantice el equilibrio entre los distintos países. Esta comisión será la encargada de asegurar que la toma de decisiones responda a criterios de transparencia, eficacia y corresponsabilidad.
El segundo grupo abordará los lineamientos o alineamientos estratégicos. Su misión consistirá en establecer las prioridades de actuación de la Red y las áreas temáticas clave, siempre bajo principios de eficiencia y complementariedad. De esta manera se pretende evitar duplicidades con marcos existentes en la región y orientar los esfuerzos hacia lagunas reales en materia de coordinación y apoyo mutuo.
Ambos grupos desarrollarán gran parte de su trabajo a través de herramientas telemáticas, manteniendo un flujo constante de comunicación con la presidencia y la secretaría técnica provisionales que ostenta España. Esta fórmula permite involucrar a todos los países, sin importar la distancia, garantizando un proceso de elaboración participativo de los documentos fundacionales.
Una vez redactados los borradores de estatutos y de líneas de acción, se prevé que estos textos sean refinados y consensuados en reuniones específicas, con el propósito de llegar a la fase constitutiva con un amplio grado de acuerdo entre las partes.
Reuniones en Montevideo y primera sesión constitutiva en Madrid
El itinerario de trabajo acordado contempla que las próximas mesas técnicas presenciales se celebren en Montevideo (Uruguay). Estas sesiones servirán como escenario para debatir a fondo las propuestas elaboradas de manera telemática y cerrar los elementos clave de la estructura y el funcionamiento de la Red.
A partir de ese intercambio, se redactarán los documentos iniciales que sentarán los cimientos legales del nuevo organismo, incluyendo sus principios rectores, su esquema organizativo y los mecanismos de financiación que permitirán su operatividad a medio y largo plazo.
Estos trabajos desembocarán en un Plan de Acción que deberá someterse a aprobación en la primera reunión constitutiva de la Red, prevista en Madrid. Esta sesión tendrá lugar en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado, programada para los días 4 y 5 de noviembre, lo que confiere un claro respaldo político al proyecto.
La intención es que, antes de que finalice el año, la Red quede formalmente instaurada, con sus órganos de decisión definidos, sus líneas prioritarias aprobadas y un calendario de actividades inicial para empezar a operar en la práctica. De esta forma, se aspira a pasar rápidamente de los acuerdos sobre el papel a la implementación de acciones concretas en el terreno.
En paralelo, se prevé que los países vayan alineando sus estrategias nacionales de protección civil y gestión del riesgo con los compromisos que emanen de este nuevo marco iberoamericano, reforzando así la coherencia de las políticas públicas en la región.
Participación de los países iberoamericanos y organismos internacionales
La creación de la Red cuenta con la participación de 21 países iberoamericanos, a través de sus instituciones responsables de protección civil y reducción del riesgo de desastres. España actúa como impulsora, pero el proyecto se concibe desde la diversidad y la corresponsabilidad, con la premisa de que ningún país puede protegerse de manera aislada ante amenazas que a menudo tienen carácter transnacional.
Durante el encuentro de Antigua, distintas delegaciones hicieron hincapié en que la Red responde a una necesidad ampliamente compartida: disponer de una plataforma integral, estable y dotada de una arquitectura de gobernanza clara para coordinar la respuesta ante emergencias, algo de lo que el espacio iberoamericano carecía hasta ahora.
Además de los Estados, participan como socios y asesores técnicos múltiples organismos regionales y multilaterales, entre ellos CEPREDENAC, Mercosur, la CEPAL, la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europea. Su contribución permite que la Red se apoye en experiencias ya consolidadas en la región.
En este contexto, entidades como la Comisión Nacional de Emergencias y la Defensa Civil de República Dominicana han valorado positivamente el espacio de diálogo abierto, al considerarlo una oportunidad para reforzar sus propias estrategias nacionales de reducción del riesgo y avanzar hacia sistemas de gestión del riesgo de desastres más sólidos y resilientes.
También México se ha integrado en el mecanismo a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, destacando que su participación facilitará el acceso a canales de cooperación y a recursos para responder mejor a crisis tanto de origen natural como provocadas por la mano humana.
Objetivos estratégicos y alineación con marcos internacionales
Los Estados implicados han coincidido en que la Red debe articularse en torno a un enfoque integral de la gestión del riesgo, que abarque desde la anticipación y la prevención hasta la preparación, la respuesta y la recuperación. De este modo, no se limita a actuar cuando el desastre ya ha ocurrido, sino que apuesta por reducir la exposición y la vulnerabilidad de las comunidades.
Entre los objetivos centrales figura el fortalecimiento de la colaboración y la coordinación institucional entre países iberoamericanos, facilitando el acceso a fondos de cooperación que permitan movilizar recursos humanos, materiales y financieros cuando se producen emergencias de gran impacto.
Asimismo, la Red pretende promover la articulación con otras iniciativas vinculadas al cambio climático y a la gestión de recursos hídricos, ámbitos directamente conectados con el aumento de los riesgos de desastres en la región. Esta coordinación buscará maximizar sinergias y evitar que distintos programas trabajen de manera fragmentada sobre problemas muy similares.
El diseño de la Red tiene presente el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que establece como meta una reducción sustancial de los riesgos y de las pérdidas en vidas humanas, medios de subsistencia, salud, bienes económicos, sociales, culturales y ambientales. La nueva estructura iberoamericana se proyecta como una herramienta para avanzar en esas metas desde una perspectiva regional.
Los países participantes han expresado su voluntad de convertir la Red en un instrumento central de acción conjunta para la planificación, ejecución y seguimiento de políticas de reducción del riesgo, de forma que los compromisos adquiridos no se queden en declaraciones, sino que se reflejen en mejoras concretas sobre el terreno.
Reconocimiento al liderazgo español y retos de futuro
La decisión de situar a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias al frente de la presidencia y la secretaría técnica provisionales se interpreta como un reconocimiento internacional a la trayectoria de España en la gestión de emergencias y en la cooperación en este ámbito. La experiencia acumulada en incidentes complejos y en mecanismos europeos de respuesta ha sido uno de los argumentos para esta elección.
Responsables como Jorge Mijangos, director de Cooperación con América Latina y el Caribe de AECID, o Francisco Tierraseca, director de FIAP, han señalado que el propósito no es solo movilizar ayuda puntual, sino también compartir experiencia institucional y generar un “lenguaje operativo común” entre los sistemas de protección civil de la región.
Desde CAF, voces como la de Alicia Montalvo han insistido en que la Red permitirá optimizar la movilización de recursos financieros y técnicos, de forma que la cooperación llegue con mayor precisión a los lugares donde más se necesita y se logre un uso más eficiente de los fondos disponibles. Esto implicará también mejoras en capacidades logísticas, como el uso de medios aéreos con combustibles y tecnologías más sostenibles que faciliten la respuesta.
Los retos por delante no son menores: consolidar una estructura orgánica ágil, asegurar vías de financiación sostenibles, mantener el equilibrio entre países con capacidades muy distintas y garantizar que las decisiones se traduzcan en acciones coordinadas sobre el terreno. Todo ello en un contexto marcado por la emergencia climática y el aumento de eventos extremos que ponen a prueba los sistemas de protección civil.
Con la vista puesta en la sesión constitutiva de Madrid y en la puesta en marcha definitiva prevista antes de que finalice el año, la Red Iberoamericana de Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastres se perfila como un nuevo pilar de la cooperación regional, llamado a reforzar la prevención, la preparación y la respuesta frente a crisis que no entienden de fronteras y que exigen, cada vez más, soluciones compartidas entre Europa, América Latina y el Caribe.
