En los últimos días, el debate sobre cómo acercar el vehículo eléctrico a la población más desfavorecida ha cobrado relevancia en el Congreso de los Diputados. El grupo parlamentario Sumar ha registrado una proposición no de ley que pretende facilitar el acceso a coches eléctricos especialmente en zonas rurales, donde la movilidad es clave y los recursos económicos suelen ser más limitados.
La propuesta nace tras observar el éxito que está teniendo en Francia el llamado leasing social de vehículos eléctricos, sistema que ha conseguido que miles de ciudadanos con rentas medias y bajas puedan conducir un coche eléctrico mediante cuotas más bajas que las habituales del mercado.
Detalles de la iniciativa: enfoque rural y cuotas asequibles
La propuesta de Sumar aspira a que en España se desarrolle un modelo propio de arrendamiento social para vehículos eléctricos, con cuotas mensuales de entre 90 y 100 euros. El público objetivo incluye tanto hogares con menos recursos como microempresas y autónomos, poniendo especial énfasis en quienes residen fuera de las grandes ciudades y necesitan el coche como herramienta esencial para acceder al trabajo, la educación o la sanidad.
El programa propone una colaboración entre las distintas administraciones para diseñar la oferta de vehículos y fijar precios según las características de cada territorio. No se limitaría solo a particulares, sino que también acogería vehículos comerciales ligeros y furgonetas, siempre que se trate de modelos fabricados dentro de la Unión Europea.
Se estima que en España podrían beneficiarse unas 70.000 personas o unidades anualmente, en línea con el éxito del ejemplo francés, que ha duplicado su número de beneficiarios debido a la alta demanda ciudadana. Para acceder, habría que comprometerse a mantener el alquiler durante un período de al menos cuatro años.
Medidas complementarias para facilitar la transición
Una de las claves de la propuesta consiste en romper las barreras sociales que impiden a muchos acceder a un eléctrico. Para ello se sugiere que las ayudas públicas sean automáticas, ampliando su cobertura a vehículos de empresa y no solo a particulares. Además, Sumar pone el foco en aumentar la disponibilidad de puntos de recarga, sobre todo en el ámbito rural, y en unificar los sistemas de carga para facilitar su uso a cualquier usuario.
No menos importante es la intención de fomentar la fabricación nacional de eléctricos. Se busca promover la transformación del sector automovilístico español para dar mayor peso a los modelos electrificados fabricados en la UE, destinando recursos del Fondo Social para el Clima previsto por la normativa europea sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Promoción del «carsharing» y perspectiva europea
Otra novedad de la iniciativa es el impulso al carsharing en áreas rurales, idea que contempla acuerdos entre empresas y sindicatos con el objetivo de fomentar el uso compartido de vehículos eléctricos. Esta fórmula podría aliviar aún más los costes de movilidad para quienes viven lejos de núcleos urbanos.
La propuesta española llega después de que la Comisión Europea recomendase a los Estados miembros la creación de sistemas similares de leasing social, tanto para coches nuevos como de segunda mano, dirigidos especialmente a los colectivos más vulnerables. Estas medidas están integradas en los planes nacionales del Fondo Social para el Clima, un instrumento clave en la transición hacia una movilidad descarbonizada.
Respaldo político y perspectivas de aprobación
Aunque la proposición ha sido impulsada principalmente por diputados de Sumar y de partidos asociados como En Comú y Compromís, se da la circunstancia de que otros grupos en el Congreso también han presentado iniciativas parecidas para facilitar el acceso a vehículos de bajas emisiones. Este consenso podría acelerar el trámite parlamentario y allanar el camino para que el leasing social de eléctricos vea la luz en España en los próximos meses, aunque la puesta en marcha efectiva dependerá de la asignación presupuestaria y la transposición normativa europea.
Si la propuesta se aprueba, los primeros programas piloto podrían comenzar a lo largo del próximo año, acompañados de nuevas ayudas directas a la adquisición de coches eléctricos y una batería de medidas para reducir la brecha social y geográfica en el acceso a la movilidad sostenible.
La iniciativa refleja una apuesta por soluciones inclusivas que impulsen la electrificación del parque automovilístico y tengan en cuenta las necesidades de quienes tradicionalmente han quedado al margen de la transición ecológica.
