La eólica marina flotante ha dejado de ser una promesa a largo plazo para convertirse en un frente inmediato de debate y planificación en España. El impulso regulatorio del Gobierno central, la respuesta de la industria y las reservas del sector pesquero están configurando un escenario en el que la transición energética se juega buena parte de su credibilidad en el mar.
Mientras tanto, Galicia intenta consolidarse como uno de los territorios más activos en esta nueva etapa, con proyectos experimentales, una cadena de suministro ya internacionalizada y un intenso pulso político en torno al uso del espacio marítimo y al reparto de beneficios y riesgos.
Primera subasta de eólica marina flotante: bases y debate abierto
El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado una consulta pública previa para diseñar la orden que fijará las reglas del primer procedimiento de concurrencia competitiva para la eólica marina en España. Este paso, de carácter técnico pero con fuerte carga política, definirá elementos tan sensibles como las áreas marítimas a licitar, la potencia total, los plazos de ejecución y los criterios con los que se valorarán las ofertas.
La consulta se apoya en el Real Decreto 962/2024, que ordena la producción de electricidad renovable en instalaciones en el mar y articula un mecanismo único para asignar de forma simultánea tres piezas clave: el régimen económico, la reserva de capacidad de acceso a la red de transporte y la prioridad en la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
El Gobierno justifica este movimiento en el crecimiento acelerado de la eólica marina en Europa, con decenas de gigavatios ya operativos, y en la singularidad de la geografía española: la mayor parte de la plataforma continental es profunda, lo que obliga a recurrir casi exclusivamente a tecnología flotante, todavía menos madura que la cimentación fija pero con un potencial industrial considerable.
En la Hoja de Ruta de la eólica marina y las energías del mar se mantiene como horizonte de referencia la instalación de entre 1 y 3 GW de potencia eólica marina en 2030. La consulta pública servirá para afinar cómo se traduce ese rango en proyectos concretos, qué ritmo de despliegue se considera realista y qué papel jugarán las diferentes cuencas litorales. Para muchos actores, la velocidad del despliegue será determinante para no perder posicionamiento industrial.
Zonas, tamaños y criterios: el mapa de la eólica flotante en juego
El real decreto restringe el despliegue a las “zonas de alto potencial” definidas en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), aprobados en 2023. La consulta ministerial pregunta abiertamente qué áreas deberían entrar en la primera convocatoria y si conviene seleccionar varias zonas que compitan entre sí para diversificar riesgos y oportunidades.
En el sector se han barajado de forma reiterada Galicia, Cataluña y Canarias como las principales candidatas a albergar los primeros parques flotantes. Cada región combina condiciones de viento, profundidad, infraestructuras portuarias y tejido industrial distintos, lo que complica un diseño homogéneo y obliga a cierta flexibilidad regulatoria.
Otro punto delicado es el tamaño de los proyectos. El ministerio pide opinión sobre si es preferible concentrar la potencia en un solo gran parque en una zona concreta o repartir la capacidad en varios parques de menor tamaño. En el trasfondo, se cruzan dos objetivos: enviar señales claras a una cadena de suministro aún en construcción —astilleros, fabricantes de estructuras flotantes, puertos, empresas de servicios offshore— y evitar que megainiciativas demasiado ambiciosas queden bloqueadas por trabas técnicas, financieras o sociales.
La consulta también entra en el detalle de los criterios de valoración de las ofertas. Además del precio de la energía, el Ministerio plantea ponderar aspectos como la minimización del impacto ambiental, la aportación industrial y de empleo, la compatibilidad con otros usos del mar, el apoyo social e institucional y el componente de innovación tecnológica.
Como novedad relevante, el real decreto permite que los criterios no puramente económicos alcancen hasta un 30 % de la puntuación. El Gobierno subraya que este enfoque quiere alinearse con el marco europeo del Net-Zero Industry Act (NZIA), que anima a introducir exigencias vinculadas a conducta empresarial responsable, resiliencia, ciberseguridad o sostenibilidad en las subastas de renovables.
Rentabilidad, riesgos y horas a precio cero: el rompecabezas financiero
Más allá de la ubicación de los parques, el Ministerio para la Transición Ecológica quiere recabar propuestas para mejorar la bancabilidad de los proyectos y repartir mejor los riesgos. Entre las cuestiones abiertas figuran el plazo máximo para la puesta en marcha, la duración del régimen económico y la definición del llamado “plazo máximo de entrega” de energía.
Uno de los debates más técnicos, pero con impacto directo en las cuentas de los promotores, es la posible indexación del precio adjudicado a variables como el precio del acero o del cobre entre la adjudicación y la entrada en operación. Con una tecnología tan intensiva en materiales, la volatilidad de los costes en la cadena de suministro puede poner en jaque el cierre financiero de los parques.
El ministerio también abre la puerta a discutir fórmulas que reduzcan la exposición de la eólica marina flotante a las horas a precio cero en el mercado mayorista eléctrico. El aumento de capacidad renovable sin suficiente almacenamiento ni gestión de la demanda ha disparado este fenómeno en determinados momentos, lo que introduce incertidumbre sobre los ingresos reales de las nuevas plantas.
En paralelo, se plantean mecanismos de participación ciudadana en la financiación, de forma que una parte del capital y de los retornos pueda quedar vinculada a inversores locales o comunidades energéticas. La consulta también pregunta qué requisitos deberían ser obligatorios —y no solo criterios de mérito— en aspectos como el desmantelamiento de los parques al final de su vida útil, una cuestión cada vez más presente en el debate social. En este sentido se valoran propuestas recogidas en análisis más amplios sobre el sector, como el panorama global.
El procedimiento exige que las aportaciones se envíen mediante el formulario habilitado por la Administración, con límites de caracteres y la obligación de identificar al remitente. El propio ministerio advierte de que, salvo que se señale expresamente lo contrario, las respuestas podrán ser difundidas públicamente.
Galicia: plataformas experimentales y cadena de suministro en marcha
En este contexto estatal, Galicia se mueve por su cuenta para no perder terreno. La Xunta ha aprobado licitar el contrato para el diseño de una plataforma flotante experimental destinada a estudiar la producción y evacuación de energía en el mar. La instalación, con un presupuesto de 5,7 millones de euros, se ubicará en la zona experimental del Puerto Exterior de A Coruña, en Punta Langosteira, y se presenta como la primera de este tipo en España.
El prototipo servirá para monitorizar olas y mareas, además de probar soluciones técnicas vinculadas a la eólica flotante y otras energías marinas. La idea es generar datos y experiencia práctica que permitan calibrar el potencial real de estas tecnologías en condiciones atlánticas y reducir las incertidumbres antes del despliegue comercial.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado este ámbito como un “nicho que podemos explorar” y ha ligado el experimento a un futuro proceso de diálogo con el sector marítimo y pesquero. Al mismo tiempo, ha lamentado que el Gobierno central no autorizase en la misma zona una plataforma específica para ensayar prototipos de eólica flotante, pese a que Galicia disponía de 20 millones de euros en ayudas comprometidas para ese fin.
En el plano político, el Ejecutivo autonómico también ha decidido personarse ante el Tribunal Constitucional en el recurso del Gobierno central contra la normativa gallega de repotenciación eólica y la homologación automática de la discapacidad en casos de dependencia, dos cuestiones que, aunque no se vinculan directamente al mar, forman parte del contexto de fricción competencial en materia energética.
Desde la Xunta se defiende que la repotenciación de parques terrestres podría reducir el número de aerogeneradores en torno a un 80 % y, al mismo tiempo, aumentar la producción alrededor de un 40 % gracias a máquinas más modernas, un argumento que se utiliza como referencia de lo que podría ocurrir a futuro con las tecnologías flotantes en términos de eficiencia y ocupación del territorio.
Una industria gallega volcada en la eólica marina flotante
Sobre el terreno, la industria gallega ya ha dado varios pasos por delante de la normativa. Más de 180 empresas de la comunidad trabajan actualmente en proyectos de eólica marina a nivel internacional, generando en torno a 3.000 empleos directos y otros 2.000 indirectos. Esta actividad, concentrada en buena medida en estructuras flotantes y componentes offshore, ha situado a Galicia en el radar de los grandes desarrolladores europeos.
GOE-Asime, la patronal que agrupa a buena parte de este tejido, ha valorado de forma positiva la apertura de la consulta pública para la primera puja de eólica marina, aunque critica que el proceso llega con retraso respecto a otras geografías. Para la organización, se trata de un paso imprescindible para consolidar una industria que ya opera en mercados exteriores y aspira a captar una parte sustancial de los futuros pedidos en aguas españolas.
Según sus estimaciones, el nicho de la eólica marina y, en particular, de la eólica flotante puede generar alrededor de 5.000 nuevos empleos en la próxima década y actuar como tractor para unas 200 compañías, entre grandes grupos, pymes y proveedores especializados.
Galicia cuenta con empresas de referencia internacional como Navantia, Windar u Ocean Waves, pero también con una amplia cadena de valor distribuida, en la que figuran más de 60 compañías con una parte relevante de su facturación ya ligada a la eólica marina y otras 120 que colaboran de forma puntual en proyectos offshore.
La patronal subraya que, de las cinco únicas instalaciones flotantes actualmente desplegadas en aguas europeas, tres incorporan componentes gallegos, un dato que se utiliza como carta de presentación para reclamar un trato preferente en la planificación estatal y un calendario de subastas que dé estabilidad a las inversiones en curso.
El marco de subastas y el papel de la ingeniería naval
El anuncio del marco de subastas para la eólica marina en España también ha sido recibido con interés por el conjunto del sector marítimo-industrial. El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) interpreta la activación de este esquema como un “punto de inflexión” que aporta seguridad jurídica y permite transformar el potencial técnico e industrial acumulado en proyectos concretos.
Desde el Colegio se destaca que España combina experiencia en construcción naval, infraestructuras portuarias, servicios offshore y capacidades de ingeniería suficientes como para liderar a escala internacional la eólica marina flotante. Según distintos estudios sectoriales citados por la entidad, el despliegue de entre 1 y 3 GW de potencia podría movilizar hasta 10.000 millones de euros en cinco años y generar más de 40.000 empleos directos e indirectos.
La ingeniería naval reclama un papel central en todas las fases del ciclo de vida de los parques: desde el diseño de las plataformas flotantes y los sistemas de amarre, hasta la logística en puerto, el remolque e instalación en alta mar, la operación y el mantenimiento. Se insiste en que la eólica marina flotante es, en esencia, una industria marítima avanzada que exige conocimiento en hidrodinámica, estructuras, materiales y seguridad en entornos complejos.
El COIN defiende que la eólica marina forme parte de una estrategia energética de país, orientada a reforzar la soberanía energética, acelerar la descarbonización y consolidar a España como potencia marítima industrial en el siglo XXI. Para ello, reclama políticas coherentes de apoyo a la formación técnica, la planificación portuaria y la convivencia ordenada con otros usos del mar.
La visión de los ingenieros navales se alinea con la de buena parte de la industria en un punto: sin un calendario estable de subastas y objetivos claros a medio plazo, será difícil que los astilleros, talleres y proveedores asuman las inversiones necesarias en capacidad productiva, equipos y personal cualificado.
Conflicto con la pesca: caladeros en el centro del debate
Frente al entusiasmo industrial, el sector pesquero gallego observa el avance de la eólica marina flotante con una mezcla de preocupación y desconfianza. El impulso del Ministerio a las bases de la primera subasta ha desencadenado una reacción inmediata en las cofradías y organizaciones profesionales, que alertan del riesgo de ocupar caladeros históricos con infraestructuras energéticas.
La polémica se concentra sobre todo en el parque proyectado frente a las costas de A Coruña, que podría alcanzar una superficie en torno a 1.800 kilómetros cuadrados en una zona de intensa actividad pesquera. En esas aguas operan flotas de arrastre litoral, pincho y volanta de costa, con capturas de merluza, rape, cigala, xarda, pota o bonito, vitales para numerosos puertos gallegos.
Las organizaciones pesqueras sostienen que no se han completado aún los estudios científicos sobre el impacto de los parques flotantes en los ecosistemas y en la propia actividad pesquera. A su juicio, el Gobierno está acelerando los pasos previos a las subastas sin contar todavía con un diagnóstico robusto sobre las consecuencias ambientales y socioeconómicas.
Desde la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos se ha llegado a calificar la decisión de avanzar con la consulta como una “temeridad”, acusando a los promotores energéticos de marcar el ritmo político. El sector invoca el principio de precaución y advierte de que no descarta movilizaciones ni acudir a la vía judicial si el proceso continúa sin incorporar plenamente sus alegaciones.
Los representantes pesqueros insisten en que no se oponen a la eólica marina como concepto, pero reclaman que “se haga con datos, cautela y consenso”, y que el calendario de desarrollo responda a la ciencia y no exclusivamente a los intereses privados. Piden, además, que se valore de forma clara la pérdida de zonas de pesca y los posibles mecanismos de compensación.
Zonas prioritarias para la pesca y papel de la Xunta
Una de las principales demandas del sector es el establecimiento de zonas de uso prioritario para la pesca, algo que, según denuncian, no se recogió adecuadamente en el primer ciclo de los POEM. Estas áreas deberían incluir caladeros históricos, zonas de desove, áreas de cría con presencia de alevines y espacios de especial sensibilidad ecológica.
La idea es que, una vez delimitadas esas áreas de alto valor pesquero y ambiental, se analice si en el espacio restante existen ubicaciones donde el impacto de los parques flotantes sea asumible y compatible con la actividad tradicional. Es decir, dar la vuelta al planteamiento: primero asegurar la protección de ciertos espacios y solo después decidir dónde se podría desarrollar la eólica.
Desde la Xunta, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha dado por hecho que, en las condiciones actuales, habrá desarrollo de eólica marina en aguas gallegas, aunque los estudios no estén completamente finalizados. El Gobierno autonómico ha optado por reclamar que se aplique con rigor la ley de beneficios sociales y económicos, con compensaciones específicas para el sector pesquero y retornos tangibles para el territorio.
La Administración gallega subraya que en el Observatorio de la Eólica Marina están representadas tanto las empresas promotoras como las cofradías de pescadores, lo que, en teoría, debería facilitar un diálogo más estructurado. No obstante, las organizaciones del mar consideran que la mera presencia en estos foros no garantiza que sus propuestas se trasladen a las decisiones finales.
Entre tanto, el Ministerio ha solicitado aportaciones sobre cómo debería articularse el procedimiento de subasta, qué áreas se priorizarían, si conviene optar por un único gran parque o varios proyectos medianos y qué tipo de compromisos sociales y ambientales se exigirán a los adjudicatarios.
Equilibrar energía, empleo y medio marino
La irrupción de la turbina eólica flotante como pieza central de la estrategia marina española coloca al país ante un equilibrio complejo. Por un lado, existe una oportunidad clara de inversión, empleo y liderazgo tecnológico en una tecnología alineada con la geografía de sus costas y con una industria, especialmente en Galicia, que ya participa en proyectos internacionales.
Por otro, el despliegue de grandes parques flotantes en aguas de alto valor pesquero pone a prueba la capacidad de las administraciones para ordenar el espacio marítimo, escuchar a los sectores afectados y garantizar que la transición energética no se perciba como una imposición desde tierra firme.
El nuevo marco de subastas, la planificación de zonas de alto potencial, la apuesta gallega por plataformas experimentales y el peso creciente de la ingeniería naval en el diseño de soluciones flotantes dibujan un escenario en rápida evolución. El grado de consenso que se alcance en los próximos meses —y la solidez técnica de los estudios ambientales y socioeconómicos— será determinante para que la eólica marina flotante se consolide como palanca de descarbonización y no como un nuevo frente de conflicto en la costa.
