La provincia de Entre Ríos ha dado un paso importante en la gestión responsable de los envases vacíos de fitosanitarios, afianzando una política pública que pone el foco en la sostenibilidad del campo y la protección del entorno. Durante 2025, el sistema provincial de recogida y control de estos residuos logró cifras que marcan un antes y un después en el manejo de este tipo de materiales.
Según los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Económico, en 2025 se recuperaron 398.881 kilos de envases de fitosanitarios, lo que refleja un compromiso cada vez mayor del sector agropecuario con la economía circular y con el cumplimiento de la normativa ambiental. Este volumen no solo consolida una línea de trabajo sostenida en el tiempo, sino que también sitúa a Entre Ríos como referente en la gestión de residuos fitosanitarios dentro del contexto argentino y como ejemplo a seguir para otros territorios agrícolas, también en Europa, que afrontan retos similares de control y trazabilidad.
Un crecimiento sostenido en la recuperación de envases
Las cifras de recuperación de 2025 muestran una evolución muy marcada respecto a años anteriores. El volumen de casi 400.000 kilos supone un incremento del 57% frente a lo registrado en 2024, una subida que se considera muy significativa para un sistema que ya llevaba varios años en funcionamiento.
Si se compara con 2023, el avance es todavía más contundente: las autoridades provinciales hablan de un crecimiento del 108% en apenas dos ejercicios, un salto que evidencia que la red de recogida, fiscalización y tratamiento de envases vacíos está empezando a funcionar a pleno rendimiento. Este tipo de evolución es clave en territorios agrícolas, tanto en Argentina como en España o en otros países europeos, donde la gestión de envases de productos fitosanitarios se ha convertido en un tema central para evitar su reutilización indebida o su abandono en el medio natural.
El gobierno entrerriano interpreta este aumento no solo como un dato técnico, sino como una señal de que los productores van asumiendo de forma más clara que los envases vacíos son un residuo peligroso que requiere un circuito específico, con puntos de entrega autorizados y un tratamiento que reduzca al mínimo los riesgos para el suelo, el agua y la salud de las personas.
En este contexto, la provincia presenta un esquema que encaja con los estándares que también se están impulsando en la Unión Europea, como la estrategia de bioeconomía de la UE: sistemas de responsabilidad compartida, centros de almacenamiento especializados y un control más estricto del destino final de los residuos. Para las administraciones que operan en zonas rurales intensivas, este tipo de datos sirven de referencia a la hora de diseñar políticas de economía circular en el sector agrario.
El papel de la fiscalización y la Ley 27.279
El salto cuantitativo en la recuperación de envases no se explica solo por la voluntad de los productores: detrás hay un plan estratégico de fiscalización y control que ha reforzado la aplicación de la Ley Nacional 27.279, norma que regula la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios en Argentina.
En Entre Ríos, este marco legal se ha traducido en una coordinación estrecha con la Policía de Entre Ríos y con distintas áreas de seguridad especializadas en el ámbito rural. Más de 100 agentes de la Policía Vial y de la Dirección de Delitos Rurales (Abigeato) recibieron formación específica sobre la normativa, los procedimientos de control en ruta y la identificación de posibles movimientos irregulares de envases.
Gracias a estos operativos, las autoridades aseguran que se ha llegado prácticamente a eliminar el transporte y comercio ilegal de envases vacíos en las rutas provinciales. Esto significa, en la práctica, que los residuos deben circular por los canales formales y terminar en los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) autorizados, operados en este caso por la Asociación Campo Limpio, entidad que se encarga de recibir, clasificar y asegurar el destino adecuado de los envases.
La experiencia entrerriana conecta con debates similares en Europa, donde se insiste en la necesidad de contar con sistemas de trazabilidad y control policial o administrativo para impedir que los envases vacíos alimenten circuitos ilegales de reciclaje informal o queden dispersos en el territorio. El refuerzo de la inspección y las campañas de control en carretera son herramientas compartidas en muchas regiones que se enfrentan a problemáticas parecidas.
Desde la administración provincial se pone el acento en que la combinación de ley, formación y presencia activa en el territorio ha sido determinante para cambiar la dinámica de gestión de estos residuos, pasando de un enfoque reactivo a un modelo preventivo, planificado y con responsabilidades claras entre todos los actores implicados.
Cierre de acopios ilegales y sanciones históricas
El fortalecimiento del sistema oficial de recogida ha ido acompañado de una actuación firme frente a los acopios clandestinos de envases vacíos. Durante 2025 se llevaron a cabo operativos que culminaron en la clausura de, al menos, dos centros ilegales, ubicados en las dos principales cuencas fluviales de la provincia: la costa del Paraná y la costa del Uruguay.
Uno de los casos más llamativos fue el desmantelamiento de un establecimiento situado sobre la ruta nacional 12, en la zona de Aranguren, que llevaba más de diez años operando al margen de la normativa. Allí se almacenaban envases vacíos sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad ni de gestión ambiental, lo que suponía un riesgo evidente para el entorno y para las personas que circulaban o vivían en la zona.
Las autoridades provinciales impusieron a los responsables de este centro una multa superior a los 46 millones de pesos, una sanción calificada como histórica por su cuantía y por el mensaje que envía al conjunto del sector. Además de la penalización económica, se les obligó a ejecutar tareas de recomposición y/o remediación ambiental del predio afectado, con el objetivo de reducir el impacto acumulado por años de actividad clandestina.
Este tipo de actuaciones no solo busca castigar las conductas irregulares, sino también desincentivar la apertura de nuevos acopios informales y reforzar la idea de que la única vía aceptable para manejar los envases es el circuito autorizado. En países europeos donde se han detectado depósitos ilegales de residuos agrarios, las líneas de actuación van en la misma dirección: clausuras, sanciones ejemplares y exigencia de reparación del daño causado.
La estrategia de Entre Ríos demuestra que la combinación de controles en ruta, cierre de instalaciones clandestinas y sanciones significativas puede ser una herramienta eficaz para redirigir el flujo de residuos hacia sistemas oficiales de recogida y reciclaje, reduciendo los riesgos ambientales y los problemas asociados a la gestión informal.
Formación, territorio y economía circular en el sector agropecuario
Más allá del componente sancionador, el programa provincial se apoya de forma intensa en la formación y la sensibilización de los actores del territorio. La coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias, Gabriela Joubert, ha subrayado el trabajo desarrollado con municipios, comunas y juntas de gobierno de toda Entre Ríos, con los que se celebran jornadas, talleres y actividades de difusión.
En estas sesiones se explica en detalle el funcionamiento de la ley de gestión de envases vacíos de fitosanitarios y se hace especial hincapié en dos aspectos clave: la prohibición absoluta de reutilizar estos envases para cualquier fin y la prohibición de incinerarlos a cielo abierto o en instalaciones no preparadas. Ambas prácticas, todavía presentes de forma residual en entornos rurales de distintos países, implican riesgos graves tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente.
El enfoque del programa se enmarca en los principios de la economía circular aplicada a la agricultura, que busca recuperar materiales, reducir residuos y minimizar las emisiones procedentes de la gestión inadecuada de desechos. El objetivo es que el envase, una vez vacío, deje de ser un problema potencial y se convierta en un recurso que pueda reincorporarse al ciclo productivo a través de su tratamiento adecuado.
En paralelo, la articulación territorial con gobiernos locales permite adaptar el despliegue del sistema de recogida a las características de cada zona rural, facilitando que los productores tengan puntos de entrega relativamente cercanos y que no se vean tentados a optar por soluciones rápidas pero ilegales. Esta lógica de proximidad es igualmente relevante para regiones agrícolas europeas, donde la dispersión de explotaciones puede complicar el acceso a instalaciones especializadas.
El gobierno entrerriano, a través de este entramado de acciones formativas, de control y de trabajo conjunto con el sector, aspira a consolidar un modelo de gestión que integre la producción intensiva con la preservación del patrimonio natural, una línea de actuación que comparte con múltiples estrategias verdes vigentes en España y en otros países de la UE.
La experiencia de Entre Ríos muestra cómo un marco legal claro, acompañado de fiscalización efectiva, clausura de actividades ilegales, sanciones disuasorias y una fuerte apuesta por la formación y la cooperación territorial, puede traducirse en un aumento notable de la recuperación de envases de fitosanitarios y en una reducción de los riesgos ambientales. Para las administraciones y los sectores agrícolas de España y Europa que buscan mejorar sus sistemas de gestión de residuos agrarios, este caso ofrece pistas útiles sobre herramientas y líneas de trabajo que pueden adaptarse a sus propias realidades, siempre con la vista puesta en un campo más sostenible y seguro para las personas y los ecosistemas.
