La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de tumbar los permisos ambientales que permitían la reconversión de la central térmica de La Pereda ha sacudido el debate energético, ambiental y laboral en Asturias. El proyecto de Hunosa, llamado a ser uno de los emblemas de la transición energética en las cuencas mineras, queda ahora en suspenso a la espera de una nueva tramitación o del eventual recurso ante el Tribunal Supremo.
En medio de este escenario, se cruzan las exigencias de un mayor control sobre las emisiones y los residuos con la preocupación por el empleo y el futuro industrial de las comarcas mineras. Administraciones, sindicatos, ecologistas y la propia compañía estatal coinciden en un punto: la sentencia obliga a replantear los pasos dados hasta ahora y a hilar muy fino en la próxima fase.
Qué ha decidido exactamente el TSJA sobre La Pereda
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha anulado la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que autorizaban a Hunosa a transformar la central térmica de La Pereda, en Mieres, para operar con biomasa como combustible principal y combustible sólido recuperado (CSR) como secundario.
El tribunal entiende que la actuación no puede considerarse una mera adaptación de la vieja térmica de carbón, sino una nueva actividad de “coincineración de residuos”. Ese cambio de enfoque jurídico implica que el proyecto debe someterse a un régimen legal más exigente, de acuerdo con el Reglamento de Emisiones Industriales y con la normativa europea en materia de contaminación y residuos.
La sentencia recalca que la AAI y la DIA, tal y como estaban formuladas, no proporcionaban la información necesaria para evaluar con rigor el impacto real de las emisiones ni la gestión de los residuos. Aunque el TSJA da por buenos varios trámites formales del procedimiento, considera que aspectos sustanciales del proyecto no estaban suficientemente definidos.
El fallo, contra el que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, no invalida todos los pasos administrativos realizados, pero sí deja sin efecto los actos clave que permitían la reconversión de la planta bajo las condiciones autorizadas por el Principado.
Los puntos débiles del proyecto según el tribunal
El TSJA identifica varios flancos abiertos que, a su juicio, impiden considerar la autorización ajustada a derecho. Uno de ellos es la falta de definición técnica de la nueva caldera, cuya información no estaba cerrada en el momento de la evaluación de impacto ambiental. El tribunal entiende que sin esos datos es imposible valorar correctamente el comportamiento de la instalación y sus emisiones.
Otro elemento clave es la indeterminación, tanto cuantitativa como cualitativa, del combustible sólido recuperado (CSR). La propia autorización permitía márgenes muy amplios en el porcentaje de CSR respecto al total del combustible, lo que, según el fallo, genera un “inaceptable elemento de incertidumbre” sobre los contaminantes que se liberarían a la atmósfera.
Especialmente relevante es la cuestión de las cenizas y escorias procedentes de la combustión. La resolución judicial subraya que la cantidad prevista se incrementó hasta las 120.000 toneladas anuales, añadiendo 48.000 toneladas más a las 72.000 inicialmente contempladas, sin que se detallara con precisión cuál sería su destino final ni cómo se gestionaría su almacenamiento temporal.
El tribunal cuestiona que se remita de forma genérica a un “gestor autorizado” sin concretar procedimientos y métodos de gestión, y reprocha que no se evaluaran los posibles efectos sinérgicos con la escombrera de Pumardongo, que había quedado fuera de la autorización ambiental. Para los magistrados, esa exclusión impide valorar adecuadamente el impacto conjunto de la actividad.
A pesar de estas críticas, la sentencia aclara que no todos los trámites administrativos quedan anulados. Se ordena conservar aquellos actos que, aun con la corrección de los defectos detectados, se habrían mantenido en los mismos términos, algo que abre la puerta a una futura reconfiguración del expediente.
Un proyecto estratégico para Hunosa y las cuencas mineras
Desde la óptica de Hunosa, La Pereda es mucho más que una central eléctrica. La compañía pública insiste en que se trata de un proyecto estratégico para su futuro y para el empleo de casi 500 trabajadores, además de un pilar clave en la reactivación de las comarcas mineras en el marco de la transición justa.
La antigua central térmica, que dejó de quemar carbón a finales de 2024, está en pleno proceso de transformación para convertirse en una planta de biomasa de 50 megavatios (MW), llamada a ser la mayor instalación de este tipo en Asturias. Las obras, con una inversión estimada de más de 55 millones de euros, comenzaron la pasada primavera y se planteaban como la “columna vertebral” del Plan de Empresa de Hunosa.
Ese plan, que se negocia con los sindicatos y se encuentra en una fase avanzada, contempla a La Pereda como eje vertebrador del futuro de la compañía al menos hasta 2050. La central cuenta, además, con un régimen retributivo garantizado durante 20 años, logrado en la segunda subasta de energías renovables convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La previsión inicial era que la planta de biomasa entrase en operación en el primer semestre de 2027. Según las estimaciones difundidas por la propia empresa y los sindicatos, el proyecto permitiría sostener alrededor de 251 empleos: unos 51 puestos directos en la central y unos 200 indirectos vinculados a la gestión forestal y al tratamiento de la biomasa en el territorio.
Tras conocerse la sentencia, Hunosa ha señalado que está analizando en detalle el contenido del fallo y que su intención es aclarar “a la mayor brevedad posible” los aspectos cuestionados por el TSJA. La empresa recalca que, a juicio del tribunal, la mayoría de los procesos seguidos en la tramitación ambiental se consideran conformes a derecho y que el núcleo de las objeciones se concentra en tres puntos muy concretos de la autorización.
Reacciones políticas: críticas, apoyos y llamadas a depurar responsabilidades
La respuesta política a la anulación de los permisos ha sido inmediata y variada. Desde el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Mieres, gobernado por IU, ha mostrado su respaldo a la sentencia y ha recordado que siempre defendió el uso de biomasa, pero rechazando de forma expresa la quema de residuos en La Pereda. El Consistorio remarca que no tiene competencias directas sobre la autorización ambiental, y que sus alegaciones de 2021 ante el Principado no fueron tenidas en cuenta.
El gobierno local sostiene que el fallo obliga a Hunosa y a la Consejería competente a tramitar una nueva AAI, ajustada a la actividad real que se pretende desarrollar y con todos los detalles necesarios sobre toneladas y gestión de residuos. Reclama un proceso con “luz y taquígrafos”, sin atajos y con las máximas garantías en materia de salud pública, transparencia y control ambiental.
Desde el Ejecutivo autonómico, la Consejería de Movilidad y Medio Ambiente interpreta que la sentencia señala la necesidad de un mayor nivel de definición en algunos componentes técnicos y en la gestión de los residuos, pero subraya que el TSJA valida otros trámites realizados, que seguirían vigentes. El Principado se declara dispuesto a impulsar, dentro del marco legal, las actuaciones necesarias para salvaguardar el interés general.
En el plano político, la resolución judicial ha generado también reproches más duros. Dirigentes como Adrián Pumares, de Foro Asturias, sostienen que el Gobierno autonómico intentó presentar como simple modificación administrativa lo que, en realidad, sería un nuevo proyecto de coincineración de residuos, tramitado sin la transparencia y la participación pública exigibles.
Foro ha llegado a pedir la dimisión de antiguos consejeros de Industria ahora al frente de cargos públicos relevantes, como el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí. Según esta formación, la sentencia evidencia una gestión improvisada y carente de las garantías ambientales que demanda la normativa.
El movimiento ecologista y el debate sobre la incineración de residuos
La resolución del TSJA llega tras un largo pulso liderado por la Coordinadora Ecologista de Asturias y el Conceyu contra la incineración, que venían alertando de los riesgos de permitir la coincineración de residuos bajo el paraguas de una central de biomasa. El recurso contencioso-administrativo de estas organizaciones es el que finalmente ha sido estimado por el alto tribunal asturiano.
Portavoces ecologistas subrayan que el fallo deja claro que una térmica autorizada como tal no puede reconvertirse a la quema de residuos sin una tramitación específica propia de una incineradora, con exigencias mucho más estrictas. A su entender, si el proyecto pretende utilizar CSR de forma relevante, deberá someterse a la regulación correspondiente, con una definición precisa del tipo de residuos y de los sistemas de control de emisiones.
Colectivos como el Conceyu contra la incineración consideran que la obra de reconversión podría seguir adelante, pero la planta no podría entrar en servicio con el esquema actual, dado que el procedimiento ambiental “no vale” tal y como fue planteado. Reclaman que se resuelvan las lagunas sobre el destino de los residuos y el impacto sanitario y ambiental antes de permitir cualquier puesta en marcha.
Desde el ámbito institucional, voces como la del director general de Agenda 2030 del Gobierno asturiano, Juan Ponte (IU), han calificado la sentencia como una buena noticia y un éxito del tejido asociativo. Ponte vincula el caso de La Pereda con una política de residuos en Asturias que, en su opinión, está demasiado orientada a la incineración y reclama un giro decidido hacia la reducción, el reciclaje y la reutilización, reservando la quema como opción marginal.
Formaciones como Somos Asturies también han mostrado su satisfacción, insistiendo en que la incineración de residuos no debe ser la vía para la comunidad autónoma, independientemente del nombre o la etiqueta que se ponga al proyecto. En su discurso se combinan la defensa de la salud pública con la exigencia de alternativas de gestión de residuos más modernas y sostenibles.
Postura de los sindicatos y preocupación por el empleo
En el frente laboral, los principales sindicatos con presencia en Hunosa coinciden en que la sentencia introduce un serio contratiempo, pero recalcan que el proyecto de transformación de La Pereda sigue siendo imprescindible para el empleo y para el futuro de la empresa pública. Desde SOMA-FITAG-UGT y CCOO se advierte de retrasos en los plazos, aunque se descarta que el fallo suponga la desaparición definitiva del plan.
SOMA-FITAG-UGT considera que la anulación de la AAI y la DIA supone un obstáculo temporal que no debería utilizarse como excusa para paralizar la iniciativa. El sindicato reclama a Hunosa, a la SEPI y al Gobierno del Principado que aclaren con transparencia el alcance concreto de la sentencia y definan qué pasos piensan dar para reconducir la situación.
Para esta organización, el proyecto de La Pereda es “vital” para las cuencas mineras, tanto por los puestos de trabajo asociados directamente a la central como por el impulso que puede dar al sector forestal en Asturias. Reclaman además la presentación de un Plan de Futuro global para la compañía, donde la central figure como pieza clave.
Desde CCOO en Hunosa, su secretario general ha calificado el fallo como “un jarro de agua fría”, al entender que la empresa había cumplido los requerimientos de la Consejería y ya se habían iniciado las obras con todos los trámites aparentemente superados. El sindicato se muestra crítico con el hecho de que la propia administración que otorga las autorizaciones vea posteriormente cómo estas son anuladas por los tribunales.
En cualquier caso, CCOO mantiene una posición de cautela optimista: considera que el principal efecto de la sentencia será alargar los plazos y obligar a repetir o corregir parte de la tramitación ambiental, más que poner fin al proyecto en sí mismo. De ahí que insten a la empresa a mantener su apuesta por La Pereda como motor de empleo directo e indirecto en la región.
El papel del Ayuntamiento de Mieres y las exigencias de seguridad
El Ayuntamiento de Mieres ha querido dejar claro que su postura se mantiene invariable: apoyo a la biomasa sí, quema de residuos no. El gobierno local recuerda que esta posición ha quedado recogida en varias mociones plenarias y en las alegaciones remitidas en 2021 al Principado, donde se advertía de los riesgos de permitir CSR en la instalación.
Desde el Consistorio se insiste en que la prioridad absoluta es la salud pública y la transparencia. Reclaman que toda nueva autorización obligue a Hunosa a dotar a la central de La Pereda de la tecnología más avanzada, con sistemas de control ambiental robustos y capaces de ofrecer las mayores garantías posibles a la ciudadanía.
El municipio aspira a que la planta se convierta en una de las instalaciones más modernas de Europa en el ámbito de la biomasa, tanto por eficiencia energética como por sus estándares de seguridad y de protección del entorno. Por eso, se subraya que “no basta con cumplir la ley”, sino que debe irse más allá de los mínimos legales para generar confianza.
En su comunicado, el gobierno local defiende que la sentencia obliga a “no buscar atajos” y a afrontar una nueva tramitación con toda la información sobre toneladas de residuos, características del CSR y métodos de gestión perfectamente detallados. Solo así, sostienen, se podrá compaginar la actividad industrial con unas condiciones ambientales y sanitarias intachables.
El Ayuntamiento de Mieres pide, además, que se mantenga un diálogo permanente con la población y con todos los actores implicados, de manera que la transición energética en la zona se base en la participación ciudadana y en la máxima claridad informativa, evitando conflictos y desconfianzas futuras.
El escenario que se abre tras el pronunciamiento del TSJA coloca a La Pereda en un cruce de caminos en el que la transición energética, la gestión de residuos, la normativa europea y la protección del empleo se entrelazan. La anulación de la AAI y la DIA no descarta el proyecto, pero sí obliga a redibujarlo con mayor precisión técnica, más transparencia y un encaje normativo impecable; en ese equilibrio entre garantías ambientales y necesidad de reindustrialización se jugará el futuro de esta central y, en buena medida, el modelo de reconversión de las cuencas mineras asturianas.
