El antiguo banco público alemán WestLB es la última entidad en presentar una demanda contra el Reino de España ante el Ciadi (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) en relación con el recorte retributivo de las energías renovables que impuso el Gobierno del Partido Popular (PP). Este arbitraje se suma a una serie de conflictos similares que, en total, ya han superado las treinta demandas internacionales, producto de la incertidumbre generada por los cambios en las políticas energéticas de España.
Con este caso, ya se cuentan más de 30 arbitrajes contra nuestro país en distintos organismos internacionales. De estos, uno se ha presentado ante la Uncitral (Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional), tres ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, y 28 ante el propio Ciadi, bajo el amparo del Banco Mundial. Estos casos reflejan una creciente tensión legal entre inversores internacionales y el Estado español, a raíz de las drásticas reformas en el sector eléctrico llevadas a cabo principalmente en 2012 y 2013.
Desde la primera demanda en contra de las reformas del sector energético lanzadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero –hace ya seis años– hasta el presente día, España ha conseguido resolver solo tres arbitrajes. De estos, dos se resolvieron en Estocolmo, con resultado favorable para el Estado. Sin embargo, el laudo más reciente del Ciadi resultó favorable para los inversores del fondo británico Eiser, un golpe significativo para las arcas públicas españolas, que fueron condenadas al pago de 128 millones de euros en indemnizaciones.
Este caso particular sienta un precedente clave dentro de la jurisprudencia arbitral internacional, ya que, según el tribunal del Ciadi, los recortes realizados por España perjudicaron gravemente la rentabilidad de las inversiones de Eiser en varias plantas termosolares situadas en el sur del país.
Un sector en crisis: recortes sin compensación alguna
Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica), ha recalcado en repetidas ocasiones que hay una notable diferencia entre los laudos emitidos en Estocolmo y el laudo del Ciadi. Mientras que los casos de Estocolmo versaban sobre reformas aprobadas por el gobierno de Zapatero, el arbitraje del Ciadi se centró en la reforma energética del Partido Popular.
Esta distinción es importante porque, según Martínez-Aroca, el Gobierno de Zapatero compensó a los inversores con cinco años adicionales de retribución, lo que generó una compensación incluso superior a los recortes aplicados. No obstante, la administración de Mariano Rajoy no ofreció compensación alguna, pese a las drásticas reducciones en las primas otorgadas a inversiones en renovables, lo que generó una avalancha de denuncias por parte de estos inversores.
Este descontento refleja un problema mayor: España se ha convertido en uno de los tres países del mundo con más demandas por parte de inversores internacionales, en su mayoría relacionadas con los recortes en energías renovables. Según estimaciones, el peso económico de estas demandas podría ascender a más de 7.000 millones de euros si finalmente los inversores obtienen la razón en el resto de los arbitrajes pendientes.
Por su parte, Álvaro Nadal, el entonces ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha minimizado la importancia de estas demandas, afirmando que las indemnizaciones siempre serán inferiores a los ahorros generados por la polémica reforma del sistema eléctrico, que ha sido la fuente de todo este conflicto.
Tras la emisión del fallo del Ciadi a favor de Eiser, el Gobierno aprobó una ley que permite destinar el superávit del sistema eléctrico, que había acumulado 1.130 millones de euros desde 2014, al pago de las multas resultantes de los arbitrajes, incluidas las futuras. Esta decisión ha generado un nuevo malestar dentro del sector renovable, que ve cómo ese superávit, que debía ser utilizado para mejorar la sostenibilidad del sistema, se destina ahora a pagar indemnizaciones a inversores extranjeros.
Inversores españoles desprotegidos
Una de las paradojas más destacadas de esta situación es la desprotección en la que se encuentran los inversores nacionales. Mientras que los inversores internacionales han logrado recurrir a los tribunales de arbitraje, los inversores españoles se han visto limitados a recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo, ambos favorables al Gobierno en lo que respecta a los recortes. Esto ha generado una sensación de doble vara de medir, ya que los inversores extranjeros, mediante el acceso a tribunales como el Ciadi, han logrado compensaciones que los españoles no pueden obtener.
En este contexto, un grupo de inversores españoles presentó su caso ante el Defensor del Pueblo, quien recomendó al Gobierno que adoptara medidas para garantizar que los inversores nacionales no recibieran un trato peor que los extranjeros en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía, el cual ha sido el marco normativo utilizado por los inversores internacionales para presentar sus reclamaciones.
El Defensor del Pueblo no solo solicitó la igualdad de trato, sino que también instó al Gobierno a establecer mecanismos para compensar el sacrificio «singular» que el cambio retributivo ha causado a los inversores nacionales. Sin embargo, hasta el momento, no se han implementado medidas para paliar esta situación.
Arbitrajes internacionales: procesos largos y costosos
Los arbitrajes internacionales en torno a los recortes de las renovables no solo son procesos complejos, sino que también son extremadamente lentos. Para los casos relacionados con España, el Ciadi ha asignado tribunales para 27 de los 28 arbitrajes presentados, cada uno compuesto por un presidente y dos árbitros elegidos por ambas partes. Estos procesos no solo son extensos en el tiempo, sino también costosos para el país demandado. Por ejemplo, el arbitraje que condenó a España en favor de Eiser supuso un coste cercano a los 900.000 euros.
Estos costes no se limitan a las indemnizaciones que España deberá abonar si pierde los casos, sino que también incluyen los honorarios de los árbitros y el personal relacionado, lo que incrementa el coste total de cada proceso arbitral. Con más de 20 arbitrajes aún por resolver, el impacto financiero de estos litigios puede ser devastador si la mayoría resulta desfavorable para el Estado.
En resumen, España se enfrenta a una situación crítica en el ámbito de los arbitrajes internacionales. Con más de 7.000 millones en juego y con cada vez más laudos en contra, el Estado deberá reconsiderar su enfoque hacia las energías renovables y hacia las indemnizaciones. La presión internacional y la falta de mecanismos adecuados para proteger a los inversores nacionales generan un hándicap que podría tener un impacto económico significativo a medio y largo plazo.