El antiguo banco público alemán WestLB, ha sido la última entidad que ha presentado una demanda contra el Reino de España ante el Ciadi (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) por el recorte retributivo de las energías renovables llevado a cabo por el Gobierno del PP.
Con este, ya son más de 30 los arbitrajes contra nuestro país en distintos organismos internacionales por las demandas presentadas por inversores extranjeros en España: uno, ante Uncitral (Comisión de las Naciones Unidas); tres, ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, y 28 ante el Ciadi (Banco Muncial).
Desde la primera demanda, que fue presentada hace 6 años ya, en contra la reforma del sector llevada a cabo por el Gobierno de Zapatero hasta hoy, solo se han resuelto tres arbitrajes. Dos en Estocolmo, favorables a nuestro país, y uno en el Ciadi, el más reciente y tal como se comento en está página web, favorable al fondo de inversión Eiser.
El Ciadi condenó a España en mayo pasado a una multa de 128 millones de euros, más intereses, por los perjuicios que el recorte de primas provocó en sus tres plantas termosolares situadas en el sur de España.
Varios recortes sin compensación alguna
Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica), afirma que hay dos importantes matices que diferencia los dos laudos de la Corte de Estocolmo con el del Ciadi. «Por un lado, los casos de Estocolmo se referían a la reforma del sector aprobada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y el del Ciadi a la última reforma del PP.
Por otro, y es lo más importante, el Gobierno de Zapatero compensó los tres años de recortes con otros cinco años manteniendo la retribución, es decir, que la compensación fue superior a los recortes. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy no ha fijado ninguna compensación a sus elevadísimos recortes».
El señor Martínez añade que, El conflicto de las renovables ha situado a España como uno de los tres países del mundo con más demandas presentadas en su contra. Y lo que es más importante, el Estado podría tener que hacer frente a unas indemnizaciones que sumarían 7.000 millones si el resto de arbitrajes dan la razón a los inversores. «Esto dejaría a nuestro país con una imagen lamentable».
Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha dicho públicamente que estas indemnizaciones no le preocupan demasiado, ya que serán siempre inferiores al ahorro generado por la reforma del sector eléctrico.
Después del arbitraje del Ciadi que condena al Reino de España a una multa de 128 millones, el Gobierno ha aprobado una ley por la que el superávit del sistema eléctrico se utilizará para pagar tanto esa multa como otras futuras.
Esta decisión no gustó nada en el sector, tras doce años de déficit, el sistema había acumulado desde 2014 un superávit de unos 1.130 millones hasta 2016. Según varias organizaciones, «Utilizar el superávit del sector para pagar las indemnizaciones de los recortes, a inversores internacionales es lamentable».
Por otra parte, en este conflicto se da la grave paradoja de que los inversores españoles no pueden de momento recuperar las inversiones realizadas en las plantas de renovables porque tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo han dado la razón al Gobierno, mientras que los inversores extranjeros en esas mismas plantas sí pueden recibir indemnizaciones gracias a los arbitrajes internacionales (a los que solo pueden acudir las entidades foráneas).
El Defensor del Pueblo al rescate
Esta situación fue denunciada por un grupo de afectados ante el Defensor del Pueblo, quien recomendó al Gobierno «adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía.
Además, debe de establecer los mecanismos que se estime convenientes para compensar el sacrificio singular que el cambio retributivo implica para los inversores españoles«.
Ciadi
Sobre los arbitrajes internacionales cabe destacar que son procesos lentísimos y que sus resoluciones son definitivas. En el caso del Ciadi, 27 de los 28 casos ya tienen designado el correspondiente tribunal, formado por un presidente y dos árbitros, uno elegido por cada parte. Los tres son de países distintos y dispares. Los costes del último arbitraje del Ciadi, el que dio la razón a la británica Eiser, ascendieron a casi 900.000 euros, de los que 255.000 correspondieron al presidente del tribunal, el norteamericano John Crook, 163.000 euros al árbitro búlgaro Alexandrov, que defendía al demandante, y 114.000 al neozelandés McLachlan, que defendía los intereses del Reino de España.