El Ministerio para la TransiciĆ³n EcolĆ³gica y el Reto DemogrĆ”fico ha ordenado detener de manera cautelar las obras del parque eĆ³lico de El Escudo, en Cantabria, despuĆ©s de la presentaciĆ³n de varios recursos de alzada por parte de asociaciones ecologistas y colectivos vecinales. La decisiĆ³n, de carĆ”cter estrictamente administrativo, llega cuando el proyecto se encuentra en su fase final y solo restan por instalar unos pocos aerogeneradores.
Este macroproyecto renovable, impulsado por la empresa local Biocantaber con participaciĆ³n de Iberdrola Renovables, Ocyener y Banco Santander, se ha convertido en uno de los sĆmbolos del choque entre el despliegue de energĆas limpias y las denuncias por impactos ambientales en zonas sensibles. Mientras el Gobierno central pone el procedimiento en Ā«pausaĀ» para revisar los recursos, la promotora sostiene que todos los permisos siguen plenamente vigentes.
Una paralizaciĆ³n ordenada por el Ministerio tras recursos de alzada
SegĆŗn la documentaciĆ³n remitida al promotor, la orden de suspensiĆ³n parte de la SecretarĆa TĆ©cnica del Ministerio y se materializa a travĆ©s de la SubdirecciĆ³n General de Infraestructuras e IntegraciĆ³n del Sistema EnergĆ©tico, dependiente de la DirecciĆ³n General de PolĆtica EnergĆ©tica y Minas. El oficio, fechado el 20 de marzo, notifica a Biocantaber la paralizaciĆ³n de las obras de construcciĆ³n en todo el trazado del parque.
El Ministerio actĆŗa a raĆz de varios recursos de alzada presentados por asociaciones ecologistas contra un conjunto de resoluciones administrativas que amparan el proyecto. Entre ellas figuran la declaraciĆ³n de impacto ambiental, la autorizaciĆ³n administrativa previa, la autorizaciĆ³n de construcciĆ³n y otros permisos relacionados con las lĆneas elĆ©ctricas, la subestaciĆ³n y las modificaciones de potencia y nĆŗmero de aerogeneradores.
La DelegaciĆ³n del Gobierno en Cantabria ha confirmado que miembros de la Guardia Civil, acompaƱados por un tĆ©cnico del Ministerio, se desplazaron hasta el emplazamiento de El Escudo para comunicar formalmente la suspensiĆ³n de los trabajos. Desde ese momento, las obras quedaron detenidas en todos los frentes de actuaciĆ³n, sin que se hayan reanudado en los dĆas posteriores.
Fuentes gubernamentales insisten en que se trata de una medida cautelar, destinada a garantizar los derechos tanto de la empresa como de los colectivos recurrentes mientras el Ministerio analiza las solicitudes de suspensiĆ³n de la ejecutividad de las autorizaciones. La clave del conflicto jurĆdico reside en si esas autorizaciones estaban plenamente ejecutivas o no desde el inicio del proceso.
La informaciĆ³n oficial trasladada al promotor es, por ahora, limitada: no se detallan en el oficio quĆ© organizaciones concretas han presentado cada recurso ni el contenido pormenorizado de sus alegaciones, lo que ha generado malestar en la empresa, que reclama mayor claridad y rapidez en la tramitaciĆ³n.
Un proyecto eĆ³lico de gran tamaƱo en el sur de Cantabria
El parque eĆ³lico de El Escudo se ubica en el sur de Cantabria y afecta principalmente a los tĆ©rminos municipales de Luena, Campoo de Yuso, Molledo y San Miguel de Aguayo. SegĆŗn las distintas resoluciones y comunicaciones, el proyecto contempla la instalaciĆ³n de algo mĆ”s de una veintena de aerogeneradores, repartidos mayoritariamente entre Luena, Molledo y Campoo de Yuso, con un Ćŗnico molino previsto en Aguayo.
Cada aerogenerador de Biocantaber alcanza una altura aproximada de 150 metros, con palas de en torno a 68 metros, y una potencia unitaria cercana a los 4,2 megavatios. En conjunto, la instalaciĆ³n superarĆa los 100 MW de potencia instalada, con la previsiĆ³n de generar electricidad equivalente al consumo de decenas de miles de hogares cĆ”ntabros y evitar la emisiĆ³n de decenas de miles de toneladas de CO2 al aƱo.
La inversiĆ³n total anunciada para el complejo asciende a 120 millones de euros. La promotora ha remarcado que una parte relevante de ese presupuesto se ha adjudicado a empresas locales y que la fase de obras ha supuesto picos de hasta 200 empleos directos, ademĆ”s de la actividad inducida en la zona.
Las obras comenzaron a mediados de junio de 2024, tras casi dos dĆ©cadas sin nuevos parques eĆ³licos en operaciĆ³n en Cantabria. El Escudo se presentaba asĆ como el proyecto que retomarĆa el despliegue de la energĆa eĆ³lica en la comunidad, donde ya hay en tramitaciĆ³n otra media docena de polĆgonos de este tipo. La puesta en marcha se preveĆa para la primavera siguiente, con el objetivo de iniciar la producciĆ³n comercial de energĆa limpia en el segundo semestre.
La ComisiĆ³n Regional de OrdenaciĆ³n del Territorio y Urbanismo (CROTU) autorizĆ³ en 2023 la instalaciĆ³n del parque, abriendo la puerta a la etapa de construcciĆ³n. En paralelo, la AdministraciĆ³n autonĆ³mica ha ido dando luz verde en esta legislatura a varios proyectos eĆ³licos mĆ”s, en un contexto de fuerte debate social sobre el modelo de implantaciĆ³n de las renovables.
Posturas enfrentadas: la empresa y el Gobierno de Cantabria frente a los colectivos ecologistas
Desde Iberdrola y el conjunto de la sociedad promotora se subraya que el parque eĆ³lico de El Escudo cuenta con todos los permisos administrativos en vigor, incluida la declaraciĆ³n de impacto ambiental. La compaƱĆa recuerda que los tribunales han ido rechazando sucesivamente los distintos recursos que varias asociaciones han presentado contra el proyecto.
En este sentido, la promotora destaca que ha ganado Ā«todas las alegacionesĀ» en instancias como el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) e incluso ante el Tribunal Supremo, que han respaldado la legalidad de las autorizaciones. La suspensiĆ³n ordenada por el Ministerio, recalcan, no se debe a una carencia de permisos, sino a una peticiĆ³n expresa de la DelegaciĆ³n del Gobierno mientras se resuelven los recursos de alzada internos.
El Gobierno de Cantabria ha evitado implicarse directamente en el fondo del asunto, alegando que se trata de un proyecto de iniciativa privada cuya tramitaciĆ³n compete al Ministerio. No obstante, varios responsables autonĆ³micos han expresado pĆŗblicamente su sorpresa por la paralizaciĆ³n en un momento en el que la obra estĆ” prĆ”cticamente finalizada.
La presidenta cĆ”ntabra, MarĆa JosĆ© SĆ”enz de Buruaga (PP), ha defendido en numerosas ocasiones el parque de El Escudo, al que considera un sĆmbolo de progreso y sostenibilidad. En una visita al arranque de las obras llegĆ³ a agradecer a Iberdrola y al resto de socios su perseverancia para sacar adelante un proyecto que, segĆŗn sus palabras, ha tenido que superar un Ā«camino lleno de dificultadesĀ».
La mandataria regional se ha alineado con la empresa al reclamar que el Ministerio resuelva cuanto antes la situaciĆ³n, argumentando que se estĆ”n generando perjuicios econĆ³micos sobre una actuaciĆ³n que, en su opiniĆ³n, ya ha sido avalada judicialmente Ā«por tierra, mar y aireĀ». Otros miembros del Ejecutivo autonĆ³mico han criticado duramente la proliferaciĆ³n de recursos de asociaciones a las que acusan de oponerse sistemĆ”ticamente a cualquier gran infraestructura eĆ³lica.
Las crĆticas de los colectivos: impactos ambientales y posibles irregularidades
En el lado opuesto, Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria y otras asociaciones ecologistas llevan aƱos alertando de los impactos del polĆgono eĆ³lico de El Escudo. Para estos grupos, la paralizaciĆ³n actual es una victoria parcial, aunque insisten en que su objetivo es que el proyecto sea revisado en profundidad y, en su caso, anulado.
Estas organizaciones denuncian lo que califican como una Ā«sucesiĆ³n de irregularidadesĀ» en todo el procedimiento: desde inexactitudes en la localizaciĆ³n de infraestructuras hasta sondeos iniciales sin autorizaciĆ³n y obras ejecutadas sin los permisos adecuados, pasando por una evaluaciĆ³n ambiental que consideran insuficiente para una zona de alto valor ecolĆ³gico.
El Ć”rea sobre la que se asienta el parque forma parte de espacios protegidos por la Directiva HĆ”bitats de la UniĆ³n Europea. Los colectivos apuntan a la destrucciĆ³n de turberas, la eliminaciĆ³n de ejemplares de flora catalogada, la alteraciĆ³n de un corredor relevante para aves migratorias y la apertura y asfaltado de pistas de acceso para camiones, todo ello con un impacto paisajĆstico que definen como muy severo.
AdemĆ”s de los efectos sobre el medio natural, las plataformas vecinales seƱalan posibles impactos en el acuĆfero del Puerto de El Escudo, cuya capacidad de infiltraciĆ³n se habrĆa visto alterada por los movimientos de tierras y las nuevas infraestructuras. TambiĆ©n lamentan que, a su juicio, se hayan ignorado vestigios culturales y elementos patrimoniales que no habrĆan sido adecuadamente recogidos en los informes iniciales.
En su Ćŗltimo comunicado, estos colectivos han reclamado que los promotores del parque asuman la responsabilidad por lo que describen como un Ā«ecocidioĀ» en un enclave de gran valor natural y cultural. Al mismo tiempo, consideran que la decisiĆ³n del Ministerio de suspender la ejecutividad de las autorizaciones pone de manifiesto que existĆan dudas administrativas que no se habĆan aclarado hasta ahora.
Batalla jurĆdica y administrativa en torno a la ejecutividad de los permisos
El conflicto en torno a El Escudo no se limita al plano social y polĆtico, sino que se ha trasladado con intensidad al Ć”mbito jurĆdico y administrativo. Diversas asociaciones han acudido tanto a los tribunales como a la propia AdministraciĆ³n estatal para tratar de frenar el proyecto por distintas vĆas.
En el terreno judicial, el TSJ de Cantabria desestimĆ³ en abril de 2025 un recurso presentado por la AsociaciĆ³n para la Defensa del Sur de Cantabria contra la autorizaciĆ³n del parque en suelos no urbanizables. Ese fallo vino a reforzar la posiciĆ³n de la promotora, que ha ido acumulando resoluciones favorables en las diferentes instancias donde se han planteado impugnaciones.
Sin embargo, en el plano estrictamente administrativo la situaciĆ³n es mĆ”s compleja. La AsociaciĆ³n para la Defensa del Sur de Cantabria informĆ³ en su pĆ”gina web de que el 9 de marzo el Ministerio comunicĆ³ que la declaraciĆ³n de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas previa y de construcciĆ³n del polĆgono Ā«tienen suspendida su ejecutividad desde el inicioĀ«. En otras palabras, las autorizaciones existirĆan, pero no serĆan plenamente ejecutivas hasta que se resolvieran determinadas cuestiones.
Esta interpretaciĆ³n es frontalmente rechazada por Iberdrola y el resto de socios, que sostienen que la obra se ha venido ejecutando al amparo de permisos vĆ”lidos y con plena eficacia jurĆdica. Para la compaƱĆa, la suspensiĆ³n actual responde exclusivamente a una decisiĆ³n temporal de la DelegaciĆ³n del Gobierno a la espera de que el Ministerio se pronuncie sobre los recursos de alzada pendientes.
Lo que estĆ” en juego en esta controversia es la seguridad jurĆdica de los proyectos renovables de gran escala: si las autorizaciones pueden ver suspendida su ejecutividad por silencio administrativo o por defectos formales detectados a posteriori, los promotores advierten de que se aƱade un elemento de incertidumbre que complica la planificaciĆ³n de inversiones a largo plazo.
Por su parte, las asociaciones ecologistas defienden que el uso de figuras como la suspensiĆ³n de ejecutividad es una herramienta legĆtima para evitar daƱos irreversibles mientras se aclaran aspectos clave de la tramitaciĆ³n, sobre todo en entornos ambientales frĆ”giles. A su juicio, el caso de El Escudo demuestra que el actual sistema de control previo y evaluaciĆ³n ambiental puede ser insuficiente si no se aplica con el mĆ”ximo rigor.
Un proyecto emblemƔtico en el debate sobre renovables y territorio
El parque eĆ³lico de El Escudo se ha convertido en un caso emblemĆ”tico en Cantabria y, por extensiĆ³n, en el debate que atraviesa buena parte de EspaƱa sobre cĆ³mo desplegar las renovables sin generar fuertes conflictos territoriales. La comunidad autĆ³noma, que durante casi veinte aƱos apenas habĆa sumado nuevos aerogeneradores, ha reactivado en esta legislatura varios proyectos que han despertado un intenso rechazo social en algunas comarcas.
Para el Gobierno regional y los promotores, proyectos como el de El Escudo son una oportunidad econĆ³mica para dinamizar zonas rurales con problemas de despoblaciĆ³n, crear empleo durante la construcciĆ³n y la operaciĆ³n, y contribuir a los objetivos de descarbonizaciĆ³n y reducciĆ³n de emisiones fijados a nivel europeo. TambiĆ©n seƱalan que los molinos se sitĆŗan fuera de las zonas de exclusiĆ³n eĆ³lica establecidas por la normativa cĆ”ntabra.
En cambio, una parte de la poblaciĆ³n local y las organizaciones ecologistas entienden que se estĆ” pretendiendo concentrar un nĆŗmero desproporcionado de grandes infraestructuras energĆ©ticas en determinados valles y cordales, con un impacto acumulativo sobre el paisaje, la biodiversidad y los usos tradicionales del territorio. En este contexto, el parque de El Escudo se percibe como el primer gran test de hasta dĆ³nde se puede llegar.
La tensiĆ³n se ha traducido en manifestaciones, campaƱas informativas y recursos ante distintas administraciones. Mientras las instituciones autonĆ³micas han ido autorizando nuevos parques, los colectivos han respondido con alegaciones, informes alternativos y acciones judiciales. El caso de El Escudo condensa buena parte de ese pulso entre distintos modelos de desarrollo.
A la espera de que el Ministerio aclare el futuro inmediato de las obras, el proyecto permanece en un limbo administrativo. Lo que parecĆa un trĆ”mite casi final para poner en marcha los Ćŗltimos aerogeneradores se ha transformado en una nueva fase de incertidumbre que reabre interrogantes sobre la compatibilidad entre la aceleraciĆ³n de las renovables y la protecciĆ³n de los ecosistemas mĆ”s sensibles.
El episodio de El Escudo ilustra cĆ³mo la expansiĆ³n de la energĆa eĆ³lica en EspaƱa no solo depende de la tecnologĆa o de la financiaciĆ³n, sino tambiĆ©n de un encaje fino entre planificaciĆ³n territorial, garantĆas ambientales y participaciĆ³n social; en este caso, la decisiĆ³n ministerial de frenar unas obras casi terminadas vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de que los grandes proyectos renovables combinen seguridad jurĆdica, respeto al medio natural y diĆ”logo con las comunidades afectadas.
