El IVA de la electricidad y del gas natural volverá a situarse en el 21% a partir del 1 de junio, tras más de un año de tipos reducidos para amortiguar el impacto de la crisis energética ligada a la guerra en Irán. El cambio marcará un antes y un después en las facturas de millones de hogares y empresas, que verán cómo se desactiva una parte importante del llamado escudo fiscal.
Esta decisión llega en un momento en el que, paradójicamente, la energía se ha abaratado. Los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) muestran que la inflación se moderó en abril hasta el 3,2% interanual, gracias sobre todo al descenso de la electricidad y del gas natural. Precisamente esa mejora de precios es la que ha activado la cláusula que obliga a retirar las rebajas fiscales antes de lo previsto.
Por qué sube de nuevo el IVA de la luz y del gas al 21%
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha confirmado que a partir del 1 de junio se inicia la retirada de las medidas fiscales extraordinarias aplicadas sobre la electricidad y el gas natural. Esto implica que el IVA de la luz, del gas natural, de las briquetas, los pellets y la leña dejará de estar en un tipo reducido y pasará otra vez al 21%, el tipo general del impuesto.
La clave está en una cláusula de desactivación incluida en el último decreto anticrisis, aprobado en marzo como respuesta a la guerra en Irán. Ese texto fijaba que las rebajas fiscales podrían adelantarse si la subida de precios de determinados productos energéticos quedaba por debajo del 15% interanual. Según los últimos datos del IPC, la condición se cumple con creces en el caso de la electricidad y del gas natural.
En abril, la electricidad se abarató un 4,3% y el gas natural un 9,6% respecto al mismo mes del año anterior. Es decir, no solo han dejado de subir, sino que se encuentran con tasas negativas. Con estos números sobre la mesa, el Gobierno considera que el mercado energético ha recuperado suficiente normalidad como para empezar a retirar el escudo fiscal sobre estos suministros.
Fuentes de Economía insisten en que “la caída en los precios de la electricidad y del gas natural permiten iniciar la desactivación” de las rebajas sobre el IVA y el Impuesto Especial sobre la Electricidad. La lectura oficial es que las medidas han cumplido su objetivo de ganar tiempo y amortiguar el golpe inicial de la crisis, pero que no pueden mantenerse de forma indefinida sin tener en cuenta la evolución real de los precios y de las cuentas públicas.
Qué impuestos cambian exactamente a partir del 1 de junio
El movimiento del Gobierno no se limita al IVA. A partir del 1 de junio, se recupera también el tipo habitual del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que durante los meses más duros de la crisis quedó prácticamente neutralizado. Este tributo pasará del 0,5% que se venía aplicando a su nivel ordinario del 5%, encareciendo aún más el componente impositivo de la factura eléctrica.
En la práctica, el giro fiscal se concreta en tres grandes cambios para los suministros domésticos de energía:
- La electricidad deja atrás el IVA reducido y pasa de nuevo al 21%, con el Impuesto Especial sobre la Electricidad regresando al 5%.
- El gas natural vuelve también al tipo general del 21% de IVA, tras meses de aplicación de un tipo rebajado.
- Los biocombustibles sólidos de uso doméstico (briquetas, pellets y leña) recuperan igualmente el IVA del 21%, lo que encarecerá el coste de este tipo de calefacción.
Pese a este endurecimiento, el Ministerio mantiene algunas piezas del escudo hasta final de junio. Seguirá vigente la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica hasta el 30 de junio, lo que evita que otra figura fiscal acabe trasladándose a la factura a través del coste de generación. Es una especie de amortiguador parcial para el sistema, aunque no llega a compensar del todo la subida ligada al IVA.
Desde el Ejecutivo se recuerda que “el plan de respuesta ha supuesto una moderación cercana a un punto porcentual en la inflación general”. De hecho, según sus estimaciones, sin las medidas, la inflación de los carburantes habría rondado el 29% interanual, frente a una tasa efectiva mucho más contenida gracias a los descuentos fiscales en vigor.
Impacto en la factura: cuánto puede subir luz y gas en los hogares
La gran duda para cualquier consumidor es directa: ¿cuánto se notará este cambio en la factura de casa? Los analistas coinciden en que el efecto será inmediato desde junio, especialmente en los recibos de la luz. El regreso al IVA del 21% y al 5% del impuesto especial se traducirá en un incremento significativo del importe total, incluso aunque el precio del kilovatio hora en el mercado mayorista siga siendo relativamente bajo.
Las estimaciones que manejan distintos expertos del sector apuntan a que el recibo eléctrico medio podría encarecerse alrededor de un 15% en junio por el simple efecto fiscal. En términos prácticos, eso puede significar un sobrecoste de unos 8 o 9 euros mensuales para un hogar con un consumo medio, aunque la cifra exacta dependerá del contrato de cada usuario, de la potencia contratada y de sus hábitos de uso.
En el caso del gas natural, el impacto será algo menor pero igualmente visible. El retorno del IVA al 21% podría suponer un aumento en torno al 9%-10% en la factura de gas, según las primeras proyecciones del mercado. Al tratarse de un suministro muy estacional, el golpe puede ser más limitado en pleno verano, pero se hará notar con fuerza si los precios se mantienen cuando vuelva la temporada de calefacción.
Detrás de estas cifras hay una realidad estructural: el precio de la energía en el mercado mayorista solo explica una parte de lo que paga el cliente final. Diversos estudios cifran en torno al 40% el peso del coste de generación en la factura eléctrica doméstica, mientras que el resto se lo llevan peajes de red, cargos del sistema, márgenes comerciales e impuestos. Aunque la luz sea ahora más barata al por mayor gracias al peso de las renovables, el retorno de los tipos impositivos normales puede absorber buena parte de ese alivio.
Por eso, muchos consumidores pueden tener la sensación de que, a pesar de los titulares sobre el abaratamiento de la energía, la factura no baja al mismo ritmo. El fin de las rebajas fiscales refuerza esa percepción y deja de nuevo el foco en el debate sobre cómo se reparte el coste del sistema eléctrico entre energía, redes, cargos e impuestos.
La inflación se modera, pero no desaparece el problema de los precios
El contexto de esta decisión fiscal es la evolución reciente del IPC. En abril, el índice general se situó en el 3,2% interanual, dos décimas menos que en marzo. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y productos energéticos, bajó al 2,8%, confirmando una cierta relajación de las tensiones de fondo en la economía española.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la caída del precio de la electricidad y del gas natural ha sido uno de los principales factores que han permitido este alivio. También ayudó el comportamiento de los paquetes turísticos, que subieron menos que un año antes. En cambio, los carburantes volvieron a empujar al alza, con una inflación notable en gasóleos y gasolinas, condicionada por la incertidumbre geopolítica.
Este patrón no es homogéneo en todo el territorio. Comunidades como Madrid, Castilla y León o Castilla-La Mancha registran tasas de inflación por encima de la media estatal, mientras que otras, como Extremadura o Asturias, se mueven en niveles más contenidos. Aun así, en todas las autonomías los hogares siguen notando que el coste de la vida continúa aumentando, aunque algo más despacio que en los peores momentos de la crisis inflacionaria.
En el desglose por grupos de gasto, el transporte, la hostelería y algunos alimentos destacan como los capítulos que más presión ejercen sobre el bolsillo. Restaurantes, servicios de alojamiento, bebidas alcohólicas, tabaco, seguros y servicios financieros muestran incrementos interanuales superiores a la media. Aunque la subida en la cesta alimentaria se ha moderado, productos como ciertas hortalizas, legumbres verdes, huevos o pescado siguen con precios claramente elevados respecto al año anterior.
El Ministerio subraya que el “escudo renovable” y el paquete de medidas de respuesta han sido decisivos para evitar una inflación mucho más alta. De hecho, los cálculos oficiales apuntan a que las ayudas han reducido en más de 16 puntos porcentuales la inflación de los carburantes respecto al escenario teórico sin intervención, y han aportado cerca de un punto de moderación a la inflación general.
Carburantes, la gran excepción: continúan las rebajas fiscales
Mientras la luz y el gas vuelven a la fiscalidad ordinaria, los carburantes se convierten en la excepción que mantiene las ayudas al menos hasta el 30 de junio. El mismo decreto que permite retirar anticipadamente las rebajas sobre la electricidad y el gas establece que las medidas asociadas a gasolinas, gasóleos y biocarburantes solo podrán desactivarse cuando su variación interanual caiga por debajo del 15%.
Los datos de abril muestran que los “combustibles y lubricantes para vehículos personales” siguen por encima de ese umbral. El gasóleo, en particular, registra una inflación cercana al 28%, mientras que la gasolina se sitúa en tasas más moderadas, pero todavía significativas. Este comportamiento, muy ligado al precio internacional del petróleo y a la tensión en Oriente Próximo, ha llevado al Gobierno a prorrogar el paquete de alivio en los surtidores.
De esta forma, se mantiene el IVA reducido al 10% para gasolinas, gasóleos y biocarburantes, así como los tipos rebajados del Impuesto sobre Hidrocarburos y la devolución parcial del gasóleo profesional. El objetivo declarado es amortiguar el impacto sobre el transporte de mercancías y de viajeros, sectores especialmente sensibles a la escalada del crudo, y contener la transmisión de esos costes al resto de bienes y servicios de la economía.
El Ministerio de Economía insiste en que, sin estas ayudas, la inflación de los combustibles habría sido mucho más severa. La continuidad del apoyo fiscal se considera clave para evitar un nuevo repunte del IPC en un momento en el que el Banco Central Europeo trata de consolidar la senda de moderación de precios en toda la zona euro.
En cualquier caso, el horizonte para estas medidas es limitado. El propio decreto anticrisis fija el 30 de junio como fecha tope para el actual paquete de ayudas a carburantes, salvo que una nueva decisión del Consejo de Ministros prorrogue su vigencia o introduzca un diseño diferente. La evolución de los precios del petróleo y la situación geopolítica en las próximas semanas serán determinantes.
Qué ayudas permanecen activas para los hogares más vulnerables
A pesar del repliegue del escudo fiscal sobre luz y gas, el Gobierno ha optado por mantener varias medidas de apoyo dirigidas a colectivos especialmente expuestos al encarecimiento de la energía. La más relevante para los hogares con menos recursos es el bono social eléctrico, que seguirá con descuentos reforzados al menos hasta el 30 de junio.
En concreto, los consumidores vulnerables mantienen un descuento del 42,5% sobre la parte regulada de la factura de la luz, mientras que los considerados vulnerables severos se benefician de una rebaja del 57,5%. Estas ayudas funcionan como una especie de colchón para quienes tienen más dificultades para asumir el coste de la energía, y se han consolidado como una herramienta central en la política social del Ejecutivo en este ámbito.
Junto al bono social eléctrico, seguirán en marcha ayudas específicas para agricultores y transportistas, dos sectores especialmente afectados por el encarecimiento de la energía y de los combustibles. En su caso, se combinan bonificaciones fiscales, devoluciones parciales de impuestos y programas de apoyo directo con el fin de sostener su competitividad y evitar un traslado masivo de costes a la cadena de precios.
El Ministerio subraya que el contexto internacional continúa marcado por una fuerte incertidumbre, y que por ello se mantendrán “monitorizando la evolución de los precios” de la mano de los agentes sociales y los distintos sectores económicos. La idea es ajustar el nivel de protección en función de cómo evolucionen la inflación, el mercado energético y las tensiones geopolíticas en los próximos meses.
Al mismo tiempo, el repliegue gradual de las ayudas responde también a una preocupación presupuestaria. Las rebajas tributarias aplicadas sobre la energía implican una menor recaudación para el Estado, lo que condiciona el margen fiscal para otras políticas públicas. El Gobierno defiende que, una vez que los precios han empezado a moderarse, es razonable retirar parte del escudo para garantizar la sostenibilidad de las cuentas y poder concentrar el esfuerzo en los colectivos más vulnerables.
Con todas estas piezas sobre la mesa, los consumidores españoles afrontan el inicio del verano con un panorama mixto: la inflación general se relaja poco a poco, pero la normalización de los impuestos sobre luz y gas amenaza con comerse buena parte del respiro logrado. Mientras tanto, los carburantes seguirán contando con un apoyo extraordinario, al menos por unas semanas más, en un contexto internacional que sigue siendo cualquier cosa menos estable.
