El Gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, ha confirmado que el próximo 20 de julio presentará ante el Congreso un proyecto de ley para prohibir de forma definitiva la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking. La iniciativa, impulsada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, se fundamenta en la evidencia científica que señala los graves riesgos para el agua, los ecosistemas y la salud pública. El anuncio se produjo durante un acto en los municipios de Becerril y Curumaní, en el departamento del Cesar, donde se entregaron 2.494 paneles solares que transformarán la vida de más de 4.300 habitantes.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que la ley antifracking se radicará durante la instalación del nuevo periodo legislativo 2026-2030, con el respaldo de los congresistas del Pacto Histórico. Palma subrayó que la medida busca proteger el patrimonio ambiental del país y que el Ejecutivo hará todo lo posible para evitar que esta práctica ponga en riesgo los territorios. Además, recordó que anteriores gobiernos intentaron impulsar el fracking como solución energética, pero fracasaron. La propuesta llega en un momento de intenso debate, ya que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha manifestado su intención de explorar un modelo de «fracking responsable».
Proyectos solares en Becerril y Curumaní
La puesta en marcha de los sistemas solares en el Cesar forma parte de la estrategia de Transición Energética Justa. La inversión total asciende a 36.000 millones de pesos y permitirá generar 1.870 megavatios-hora (MWh) de energía limpia al año. Según datos oficiales, se evitará la emisión de 340 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) anualmente, y la infraestructura tiene una vida útil estimada de 25 años. Estos proyectos no solo proporcionan electricidad a comunidades históricamente excluidas, sino que también reducen las brechas sociales y fortalecen la participación local.
Durante el acto, el ministro Palma destacó que la democratización de la energía es una realidad que llega a los territorios más necesitados. A diferencia de administraciones anteriores, donde las soluciones energéticas eran aisladas y con escasa participación comunitaria, el modelo actual integra la planeación territorial, la financiación y la sostenibilidad. Los paneles solares instalados en Becerril y Curumaní son un ejemplo de cómo la transición energética puede transformar la vida de las personas.
Comunidades Energéticas: un balance nacional
Los proyectos del Cesar se enmarcan en la política de Comunidades Energéticas, una de las apuestas centrales del Gobierno saliente. A la fecha, Colombia cuenta con 848 comunidades energéticas implementadas, que benefician a 567.558 personas y atienden a 42.200 usuarios. La capacidad instalada suma 29,68 megavatios pico (MWp) y la inversión acumulada supera los 382.913 millones de pesos. Este modelo ha permitido llevar energía limpia tanto a Zonas No Interconectadas como al Sistema Interconectado Nacional, consolidando un sistema más justo y sostenible.
El ministro Palma también se refirió al proceso de empalme institucional con la administración entrante. Ante la decisión del nuevo Gobierno de no continuar con los espacios de articulación, la cartera minero-energética mantendrá abiertos los canales de información para que la ciudadanía conozca los avances y desafíos del sector. La transparencia en la gestión es un compromiso que el Ministerio seguirá cumpliendo hasta el último día.
Contexto político y debate sobre el fracking
La presentación de la ley antifracking se produce en un clima de fuerte controversia. Mientras el Gobierno de Petro defiende la prohibición total basándose en estudios científicos, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha planteado la posibilidad de desarrollar pilotos regulados con veeduría independiente. Gremios como Acolgen y Naturgas advierten sobre un posible déficit energético y abogan por evaluar alternativas para garantizar el abastecimiento de gas. Por su parte, organismos internacionales como el IPCC y la Agencia Internacional de Energía insisten en acelerar la reducción de combustibles fósiles.
El fracking, o fracturación hidráulica, consiste en inyectar agua, arena y aditivos a alta presión para extraer petróleo y gas de rocas profundas. Los expertos señalan que, aunque algunos riesgos pueden mitigarse, persisten preocupaciones sobre cómo el fracking puede afectar los recursos hídricos, el manejo de aguas residuales y la posible sismicidad inducida. La iniciativa legislativa busca zanjar el debate con una prohibición legal que proteja los recursos naturales del país.
Con la radicación del proyecto de ley el 20 de julio, el Gobierno de Gustavo Petro da un paso decisivo en su política de transición energética. La combinación de la prohibición del fracking con la expansión de energías limpias como la solar refleja una apuesta por un modelo más sostenible. Los resultados de las Comunidades Energéticas, con más de 848 iniciativas en marcha, demuestran que es posible avanzar hacia un sistema energético descentralizado y equitativo. El futuro del fracking en Colombia queda ahora en manos del nuevo Congreso, que deberá decidir si aprueba o no esta medida.
