El Ejecutivo ha dado luz verde a la venta de las acciones de cuatro empresas hidroeléctricas de referencia en la Patagonia, en un paso más de su agenda de desinversión estatal. La medida se formaliza en el Decreto 564/2025 y encomienda a ENARSA la preparación de un concurso público nacional e internacional que deberá activarse en un plazo máximo de 60 días.
Las instalaciones afectadas son Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Como autoridad de aplicación, el Ministerio de Economía fijará las reglas, el esquema de remuneración y los anexos técnicos del proceso, con el objetivo de asegurar continuidad del servicio y transparencia para los potenciales inversores.
Qué se decidió y qué activos se ponen en juego
El Gobierno autorizó a enajenar los paquetes accionarios de estas compañías, hoy bajo control de ENARSA. Para cada complejo se constituyeron sociedades específicas en las que el 98% del capital pertenece a ENARSA y el 2% a Nucleoeléctrica Argentina, estructuras que ahora se ofrecerán a capital privado nacional e internacional.
El llamado será sin precio base y se definió con un criterio competitivo y expeditivo. La intención oficial es atraer un número amplio de interesados y facilitar la comparación de ofertas bajo parámetros claros de operación, seguridad y desempeño económico.
Cómo será el concurso y los plazos
El Ministerio de Economía tendrá a su cargo la organización integral del procedimiento: publicación de pliegos, pautas de licitación, criterios de evaluación y el esquema remuneratorio aplicable. La convocatoria deberá ponerse en marcha dentro de los próximos 60 días, con anexos técnicos para garantizar comparabilidad y trazabilidad.
Los interesados contarán con instancias de información y, según el decreto, se habilitarán visitas a los perímetros de las concesiones para revisar instalaciones, inventarios y condiciones de explotación. Todo ello se enmarca en un proceso que pretende reforzar la seguridad jurídica y la calidad de la competencia.
Operación transitoria de las concesionarias vigentes
Mientras avanza la licitación, el decreto permite que las actuales operadoras sigan al frente de los complejos si envían una Carta de Adhesión en un plazo de cinco días. De optar por adherirse, podrán continuar hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta la adjudicación del concurso, lo que ocurra primero.
En caso de no adherirse, deberán igualmente garantizar el suministro eléctrico por un período no menor a 90 días. Las concesionarias en curso son:
- Orazul Energy Cerros Colorados (Cerros Colorados)
- Enel Generación El Chocón (El Chocón-Arroyito)
- AES Argentina Generación (Alicurá)
- Central Puerto (Piedra del Águila)
Condiciones y obligaciones para quien adhiera
El marco definido por el decreto exige a las empresas que se sumen al esquema el cumplimiento íntegro de los contratos de concesión vigentes, la aceptación de ajustes en la remuneración y la preservación de estándares de seguridad y mantenimiento.
- Constituir una garantía mínima de US$ 4.500.000 por cumplimiento.
- Abonar regalías a las provincias de Neuquén y Río Negro.
- Presentar inventarios detallados de bienes e instalaciones.
- Permitir visitas técnicas de los potenciales oferentes.
- Postergar la transferencia de determinados activos hasta la operación definitiva.
Provincias y control técnico del sistema
El esquema prevé coordinación con la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) y con el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) para la elaboración de pliegos y condiciones operativas. Estas instancias buscan reforzar la seguridad de presas, embalses y obras auxiliares.
En el frente territorial, se contempla la participación de Neuquén y Río Negro y el resguardo de sus intereses, incluido el pago de regalías y cánones vinculados al uso del agua. Las represas, concesionadas por 30 años en los noventa, vencieron en 2023 y desde entonces se encadenaron prórrogas transitorias para asegurar la continuidad del servicio.
El conjunto de estos activos aporta del orden de 4.170 MW de potencia instalada y ocupa un lugar clave en la matriz eléctrica patagónica. La entrada de nuevos operadores exigirá una transición ordenada para equilibrar inversión, seguridad y gestión de caudales, sin perder de vista el impacto regional.
El proceso abre la puerta a la participación privada en cuatro nodos estratégicos de generación, con reglas de continuidad, garantías y control técnico; el reto pasa por ejecutar una licitación exigente y transparente que mantenga el abastecimiento eléctrico, respete los compromisos con las provincias y atraiga propuestas solventes a corto plazo.
