La gestión de los residuos del olivar en la comarca de Baena ha llegado a un punto de no retorno que requiere soluciones urgentes. Durante las últimas décadas, el sector ha pasado de verter alpechines a los ríos a acumularlos en miles de balsas, pero el cambio en los sistemas de extracción de aceite ha generado un alperujo con una humedad tan alta que los métodos tradicionales de secado ya no dan abasto. Esta situación ha puesto sobre la mesa la necesidad de evolucionar hacia sistemas más modernos y sostenibles que permitan dar salida a miles de toneladas de subproductos sin comprometer la actividad de las almazaras locales.
En este contexto, la propuesta de Oleícola El Tejar, en alianza con Vorn Bioenergy y Greenar, se presenta como una tabla de salvación para evitar lo que muchos expertos ya califican como un inminente colapso industrial. La iniciativa busca transformar estos restos en energía limpia, concretamente en biometano, mediante un proceso que promete ser un referente de economía circular en toda Andalucía. Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de polémica, despertando un intenso debate entre la necesidad técnica de los agricultores y las preocupaciones ambientales de los vecinos de la zona.
Una respuesta técnica para evitar el cierre de cooperativas
El presidente de Oleícola El Tejar ha sido muy claro al explicar que las plantas de secado actuales están llegando a su límite operativo. Si no se ponen en marcha nuevas infraestructuras, el exceso de agua en los subproductos impedirá que las almazaras sigan recibiendo aceituna, lo que obligaría a dejar la cosecha en el campo en las próximas campañas. La futura planta de biogás no se plantea como un capricho empresarial, sino como una herramienta imprescindible para que el motor económico de Baena no se gripe por la acumulación de residuos que ya no se pueden gestionar como antes.
Desde el consorcio promotor se insiste en que el 85% de la materia prima que llegará a la instalación será exclusivamente alpechín y alperujo del propio sector olivarero. De esta forma, se quiere desmentir categóricamente que se trate de un vertedero de residuos urbanos. La tecnología que se pretende implantar ya se utiliza con éxito en países como Alemania, donde miles de plantas similares conviven con los núcleos urbanos sin generar problemas de salubridad o malos olores, gracias a que el proceso se realiza de forma totalmente hermética.
Tecnología punta y conexión a la red de gasoductos
El proyecto contempla una inversión importante no solo en la transformación del gas, sino también en su distribución. La empresa Nedgia Andalucía ya ha solicitado la declaración de utilidad pública para construir una tubería de algo más de un kilómetro que conectará la planta con el gasoducto existente. Esta obra, presupuestada en unos 437.000 euros, permitirá inyectar directamente el biometano en la red, convirtiendo un residuo problemático en un combustible que cumple con los mismos estándares de calidad que el gas natural convencional.
La infraestructura contará con sistemas de control de última generación para monitorizar en tiempo real la calidad del gas. Mediante el uso de cromatógrafos y analizadores, se asegura que solo el biometano que cumpla estrictos requisitos sea inyectado, garantizando la seguridad de todo el sistema. Además, la duración prevista para las obras de conexión es de apenas tres semanas, minimizando las molestias en el terreno y asegurando la restitución completa del paisaje vegetal tras la instalación de las tuberías de acero de alta presión.
Respaldo científico y beneficios medioambientales
La Universidad de Córdoba se ha convertido en un aliado clave para validar la viabilidad del proyecto. Investigadores del Grupo de Biocombustibles defienden que pasar de la combustión tradicional a la digestión anaeróbica es dar un salto tecnológico de gigante. No se trata solo de producir energía, sino de recuperar agua apta para el riego y generar digestatos, que son biofertilizantes de nueva generación que volverán a los campos de los propios olivareros, cerrando así el ciclo de la materia orgánica de forma eficiente.
Para tranquilizar a los habitantes de Baena, los técnicos han detallado que la planta utilizará sistemas de ultrasonidos y nanoburbujas para neutralizar cualquier posible emisión de olores. Asimismo, el impacto en el tráfico rodado será mínimo en comparación con una almazara convencional; mientras que estas pueden recibir cientos de camiones diarios en plena campaña, la planta de biogás apenas generará entre ocho y diez desplazamientos al día. Es una forma de profesionalizar la gestión de los subproductos sin saturar las carreteras locales.
El frente de oposición y las alegaciones municipales
A pesar de las ventajas expuestas, el proyecto se enfrenta a un muro de rechazo social e institucional. El Ayuntamiento de Baena, encabezado por su alcaldesa, ha presentado alegaciones técnicas y jurídicas contra la autorización ambiental. La principal preocupación radica en la protección del patrimonio arqueológico y el paisaje, además del temor de parte de la población a que una instalación de este calibre pueda afectar al turismo o a la calidad de vida. Colectivos como Ecologistas en Acción también han sido muy activos, presentando decenas de documentos para frenar lo que consideran una macroplanta con riesgos ambientales.
Esta controversia ha llevado al consistorio a plantear un Plan Especial de Regulación de Energías Renovables para poner orden en este tipo de instalaciones. Aunque la decisión final depende de la Junta de Andalucía, el volumen de alegaciones vecinales refleja un clima de desconfianza que los promotores intentan disipar con jornadas informativas y transparencia técnica. La asociación Iponubensis también ha dado la voz de alarma sobre posibles daños a yacimientos históricos, lo que añade una capa más de complejidad a la tramitación administrativa de la planta en la zona de Amarguilla.
La encrucijada en la que se encuentra Baena pone de relieve la dificultad de equilibrar el progreso industrial y la sostenibilidad ambiental en territorios con una fuerte herencia agrícola. El sector olivarero insiste en que no hay un plan B para gestionar los subproductos de forma viable a largo plazo, mientras que una parte de la ciudadanía reclama garantías absolutas de que su entorno no se verá alterado. La resolución de este conflicto marcará el camino de la transición energética en el corazón de Andalucía, donde la valorización de los restos del olivar parece ser el único camino para garantizar que el aceite de oliva siga siendo el motor de la comarca sin morir de éxito por sus propios residuos.