El debate sobre la fracturación hidráulica, conocida como fracking, vuelve a estar en el centro de la agenda energética mexicana. El comité de expertos convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum para evaluar su viabilidad está a punto de emitir su dictamen, aunque con un retraso de varias semanas debido a la ampliación del grupo de trabajo. La decisión final, que podría conocerse en las próximas semanas, determinará si México recurre a esta técnica para explotar sus yacimientos de gas no convencional.
El país se enfrenta a una paradoja: por un lado, la necesidad urgente de reducir su dependencia del gas natural importado de Estados Unidos, que cubre el 70% del consumo nacional; por otro, las advertencias de la comunidad científica sobre los riesgos ambientales y sanitarios del fracking. El comité, formado por especialistas de diversas instituciones académicas y centros de investigación, ha tenido que conciliar posturas enfrentadas, incluyendo a expertos que históricamente se han opuesto a esta técnica.
Un comité ampliado y un retraso en las conclusiones
El comité fue anunciado el pasado mes de abril con la participación de expertos de distintas instituciones académicas y centros públicos de investigación. Su objetivo era evaluar la viabilidad de aprovechar el gas no convencional sin comprometer el agua ni el equilibrio ambiental. Sin embargo, el proceso se ha alargado más de lo previsto. La presidenta Sheinbaum explicó que el equipo se amplió para incluir a personas que históricamente han expresado reservas sobre el fracking, así como a especialistas en energías renovables y eficiencia energética. Esta ampliación, aunque enriqueció el análisis, retrasó la entrega de los resultados, que inicialmente debían presentarse en junio.
Según Sheinbaum, el comité ya ha alcanzado acuerdos en la mayoría de los temas. Lo que falta es cerrar el escenario de crecimiento de la demanda energética y las fuentes que abastecerán al país entre 2035 y 2040. La mandataria se ha reunido con la secretaria de Energía, Luz Elena González, para revisar los avances, y ha adelantado que los resultados podrían darse a conocer en las próximas semanas. El informe final también contemplará la necesidad de realizar estudios complementarios a lo largo del año.
La presión de la comunidad científica y los riesgos ambientales
Mientras el comité ultima su dictamen, un grupo de 178 científicos y especialistas de México y otros 14 países ha hecho público un pronunciamiento dirigido a la presidenta Sheinbaum. En él, piden que se descarte la expansión del fracking y se aplique el principio precautorio ante los riesgos graves y potencialmente irreversibles. Los firmantes, que incluyen miembros del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), advierten que los impactos del fracking no son aislados, sino recurrentes y ampliamente documentados. Señalan que la técnica requiere grandes volúmenes de agua dulce, genera residuos de difícil manejo –algunos radiactivos– y produce emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero.
El pronunciamiento también alerta sobre los riesgos para la salud pública en comunidades cercanas a las operaciones de fracking, con asociaciones documentadas con cáncer, asma y otras enfermedades respiratorias, así como afectaciones cardiovasculares y neurológicas. En un país como México, con estrés hídrico creciente y conflictos por el acceso al agua, estos riesgos se agravan. Los científicos recomiendan que México siga el ejemplo de otros países que ya han prohibido el fracking y oriente su política energética hacia alternativas sostenibles.
Recomendaciones para una regulación más estricta
Ante la posibilidad de que el fracking acabe autorizándose, el comité también ha recogido propuestas para minimizar los riesgos. Entre ellas, la necesidad de adecuar la normatividad para la extracción de gas no convencional sin que suponga una carga regulatoria excesiva, y de implementar protocolos de seguridad y supervisión independiente. Estas medidas, según los expertos, son esenciales para garantizar que cualquier operación se realice bajo estrictos controles técnicos y ambientales.
La dependencia del gas importado es uno de los principales argumentos a favor del fracking. México importa el 70% del gas natural que consume, principalmente de Estados Unidos, y la necesidad de aumentar la producción nacional es urgente. La secretaria de Energía, Luz Elena González, ha señalado que el país debe incrementar su disponibilidad de gas con recursos propios. Sin embargo, la decisión final aún no está tomada y el gobierno espera el dictamen del comité para definir su postura.
El gobierno mexicano se encuentra ante una encrucijada. La urgencia de aumentar la producción de gas natural para reducir la dependencia de Estados Unidos choca con las demandas de la comunidad científica de evitar una ruta de alto riesgo ambiental y sanitario. El comité de expertos ha trabajado durante meses para conciliar ambas posturas, y su dictamen, que se espera en las próximas semanas, marcará el rumbo energético del país para las próximas décadas. Lo que está claro es que, sea cual sea la decisión, deberá ir acompañada de medidas de control y transparencia para minimizar los impactos.