En los últimos días, el fracking ha vuelto a ocupar un lugar central en las discusiones políticas y ambientales en Colombia. El Ministerio de Ambiente, en nombre del Gobierno nacional, ha presentado otra vez un proyecto de ley con el objetivo de prohibir de manera definitiva esta controversial técnica de extracción de hidrocarburos en el país. El debate no solo pone sobre la mesa cuestiones técnicas y legislativas, sino que también evidencia la creciente preocupación social y ambiental en torno a este método.
La propuesta de prohibición del fracking responde a una convicción institucional y a una demanda social cada vez más visible en los territorios afectados. Tanto representantes del Ejecutivo como de organizaciones sociales y ambientales coinciden en que la protección de los recursos naturales debe prevalecer frente a la explotación de yacimientos no convencionales.
Motivaciones de la iniciativa y respaldo ciudadano
La ministra de Ambiente, Lena Estrada, ha sido clara al destacar que la presión de las comunidades y la preocupación social han sido factores clave en la formulación del proyecto. Según Estrada, el borrador presentado en esta ocasión es prácticamente idéntico al que fue archivado el año anterior. La razón principal para mantenerlo tal cual radica en que ya ha sido ampliamente examinado por los congresistas, lo que permite avanzar con mayor agilidad en el proceso legislativo.
Estrada subrayó en declaraciones a medios nacionales que la propuesta no representa únicamente una apuesta gubernamental, sino que surge también del sentir de los sectores sociales y territoriales. De hecho, la ministra ha señalado que el proyecto “va a prohibir íntegramente el fracking”, reflejando una postura firme en defensa del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.
La iniciativa cuenta asimismo con el apoyo de figuras clave en el Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, y la bancada del Pacto Histórico han expresado su compromiso de impulsar el trámite legislativo, enviando incluso un mensaje de urgencia para evitar que la discusión se estanque, como ocurrió en el pasado.
Impactos ambientales y argumentación científica
Entre los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno y diferentes organizaciones ecologistas figura el uso desmesurado de agua en cada pozo de fracking, así como los posibles riesgos para la biodiversidad local. Un solo pozo, afirmó la ministra, puede requerir la cantidad de agua equivalente a quince piscinas olímpicas, lo que pone en entredicho la sostenibilidad del proceso en contextos de escasez hídrica.
Además, expertos y activistas ambientales han recordado que el fracking implica el uso de compuestos químicos que pueden contaminar los recursos hídricos subterráneos y superficiales. Según datos aportados por Greenpeace Colombia, la fractura de un pozo puede llegar a demandar más de 3,6 millones de galones de agua, exacerbando así la huella ambiental de la técnica.
Los estudios científicos realizados por la Universidad Nacional señalan, asimismo, la aparición de residuos tóxicos y radioactivos en el subsuelo después de procesos de fracturación. Se han identificado pruebas y reportes que documentan estos impactos, lo que refuerza la decisión gubernamental de fundamentar su proyecto de ley en evidencia verificable y no en simples percepciones.
La ministra Estrada también ha enfatizado en la necesidad de proteger hábitats sensibles, especialmente humedales y territorios habitados por comunidades que dependen directamente de estos ecosistemas. Proteger el “derecho al agua” y priorizar la vida humana y animal, asegura, es una decisión imprescindible en el actual contexto climático y ambiental.
Puntos clave del nuevo proyecto legislativo
El articulado del proyecto, que será tramitado inicialmente en la Comisión Quinta de la Cámara, propone la prohibición de la exploración y producción de hidrocarburos usando fracking en yacimientos no convencionales. Abarca formaciones como areniscas bituminosas, lutitas, hidratos de metano, gas en mantos de carbón, entre otros.
No obstante, la prohibición excluye la explotación en rocas que ya estén naturalmente fracturadas. Sin embargo, aclara que en cualquier caso queda vetado el uso de fracturamiento hidráulico multietapa en secciones horizontales.
Respecto a la reglamentación, está previsto que el Ministerio de Minas y Energía disponga de un año tras la promulgación de la ley para adaptar las definiciones y prohibiciones a nivel normativo, garantizando su implementación efectiva en todo el territorio nacional.
Una transición hacia fuentes de energía más limpias
La ministra de Ambiente también ha recordado que, paralelamente al debate sobre el fracking, Colombia ya está dando pasos hacia el desarrollo de fuentes de energía alternativas, como la solar. El objetivo es no solo reducir la dependencia de hidrocarburos de origen no convencional, sino también avanzar en una transición energética justa y sostenible que involucre a las comunidades y minimice el impacto ambiental.
Por su parte, la exministra Susana Muhamad sostuvo durante el trámite legislativo anterior que el país debería centrar sus esfuerzos en la descarbonización y la búsqueda de inversiones en ciencia y tecnología al servicio de fuentes menos contaminantes. Esta visión se alinea con la tendencia global de abandonar las técnicas de extracción intensivas en carbono y priorizar la sostenibilidad energética y ambiental.
La presión ciudadana, el respaldo científico y la determinación política convergen en Colombia en un momento clave para definir el futuro del fracking y, con ello, el modelo energético que pretende seguir el país. La discusión en el Congreso será decisiva para conocer si finalmente se adopta la prohibición total de esta técnica y se consolida la apuesta por energías limpias y la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades.