El debate sobre la apertura del mercado eléctrico en Costa Rica: retos, oportunidades y demandas empresariales

  • Costa Rica lleva más de 25 años debatiendo la apertura total de su mercado eléctrico.
  • Altos costes de la electricidad frenan la competitividad y atraen demandas de reforma de los empresarios.
  • La falta de competencia afecta a la inversión extranjera y al desarrollo del sector renovable.
  • Se analizan soluciones basadas en mayor participación privada y una gestión más eficiente de proyectos energéticos.

mercado eléctrico abierto en Costa Rica

En Costa Rica, la posible apertura del mercado eléctrico es un tema recurrente en la agenda política y económica. Desde hace más de dos décadas, distintos sectores de la sociedad han discutido la conveniencia de transformar el modelo actual, predominantemente estatal, hacia un esquema de mercado abierto que permita mayor competencia y dinamismo. Esta conversación gira, sobre todo, en torno al impacto que tendría en la competitividad del país, los costes de la energía y la atracción de inversiones.

Actualmente, la estructura eléctrica costarricense se centra en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como principal actor, con un papel dominante en la generación, transmisión y distribución. Sin embargo, los empresarios y asociaciones industriales han señalado que esta configuración ha dejado de responder a las necesidades actuales del país y supone una barrera para el crecimiento económico y la diversificación de fuentes renovables.

Una deuda histórica: el mercado eléctrico pendiente de abrirse

La idea de liberalizar el mercado eléctrico no es reciente. Desde los años 90 han existido propuestas en la Asamblea Legislativa para permitir una mayor presencia privada en la generación y comercialización, pero los intentos han resultado frustrados por debates políticos, protestas sociales y la protección del modelo estatal. Un episodio especialmente significativo se vivió en 2020, cuando la iniciativa conocida como «Combo del ICE» fue aprobada con el objetivo de fomentar la competencia en sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones, aunque finalmente la Sala Constitucional declaró ilegal varios apartados del proyecto y frenó los avances en materia eléctrica.

Mientras tanto, el país sí experimentó apertura y libre competencia en las telecomunicaciones, permitiendo que los usuarios eligieran entre varios operadores. Sin embargo, la reforma eléctrica permanece encallada, acumulando más de 25 años de debates sin que se haya materializado. Este retraso representa una oportunidad perdida para avanzar en el desarrollo de energías renovables y garantizar precios más competitivos frente a otros mercados.

Retos inmediatos ante el crecimiento de la demanda

Según análisis de la Cámara de Industrias de Costa Rica, se proyecta que la demanda de energía eléctrica aumentará en un 47% hacia 2040, una cifra que ilustra la necesidad de avanzar rápidamente en soluciones para evitar desabastecimientos, subidas de tarifas e incremento en el uso de fuentes contaminantes. El impacto de fenómenos climáticos como El Niño o La Niña, además del cambio climático global, añade presión a un sistema que requiere agilidad para adaptarse.

El principal argumento de quienes apoyan la apertura es que permitir la entrada de más actores privados facilitaría la inversión en proyectos de generación renovable, la planificación integrada y una gestión más eficiente de los recursos. Desde el sector empresarial consideran fundamental que los nuevos proyectos sean adjudicados mediante subastas competitivas, donde prime la capacidad de ofrecer energía a menores costes, en beneficio tanto de los consumidores como de la economía nacional.

El coste de la electricidad y su impacto en la inversión

Una de las preocupaciones centrales es el alto precio de la electricidad en el país. El coste medio para el sector industrial se sitúa en 13,8 centavos de dólar por kWh, más del doble que en Estados Unidos, donde ronda los 7,95 centavos por kWh. Esta diferencia ha sido señalada por la Asociación de Zonas Francas como un obstáculo importante para atraer empresas internacionales, sobre todo en el contexto actual, donde la relocalización industrial es prioridad para países como Estados Unidos.

La falta de competencia y la existencia de un modelo de «comprador único» –en el que solo el ICE puede adquirir la electricidad generada por privados y bajo condiciones restrictivas de escala– son aspectos criticados por el sector productivo, que ve cómo los sobrecostes se trasladan al consumidor y dificultan el desarrollo industrial.

Reclamos empresariales: eficiencia, transparencia y reformas

Los empresarios muestran su inquietud respecto a la eficiencia en la gestión de los proyectos energéticos estatales. En los últimos veinte años, varios proyectos encabezados por el ICE experimentaron retrasos y sobrecostes importantes, lo que resultó en un gasto adicional de casi 1.800 millones de dólares. Por ejemplo, el proyecto Reventazón duplicó su presupuesto inicial y otros, como el Diquís, fueron abandonados tras fuertes inversiones. Estos problemas alimentan la demanda de mayor apertura al capital privado y una comercialización que aproveche las infraestructuras públicas pero permita acuerdos libres entre empresas.

Representantes como Jorge Esteban Padilla (Matelpa) subrayan que el modelo estatal fue clave históricamente, pero el mercado y la tecnología han evolucionado. Insisten en que la generación y venta de electricidad debe estar abierta a empresas privadas sin restricciones, garantizando mayor eficiencia y tarifas más competitivas para todos los consumidores.

Cómo se compone actualmente el mix energético costarricense

En la actualidad, el país cuenta con una matriz energética mayoritariamente renovable. Según datos recientes, la hidroelectricidad aporta más del 57% de toda la energía generada, acompañada del geotérmico y eólico con más de un 11% cada uno. La energía térmica sigue representando cerca del 16%, mientras que el potencial solar aún es testimonial, con menos del 1% de la aportación total.

Entre los proyectos con mayor peso en la red nacional destacan iniciativas solares en Liberia, Nandayure, Abangares, Carrillo y Cañas, y parques eólicos en Tilarán y Bagaces. Son ejemplos de opciones que podrían multiplicarse si se facilitara la participación de más actores privados y se mejorara el sistema de subasta y adjudicación de contratos.

La visión política: propuestas y resistencia a la reforma

En el plano político, el tema de la apertura sigue generando división. Mientras algunas formaciones avanzan iniciativas para modernizar y armonizar el sector eléctrico, otras fuerzas han frenado la discusión o bloqueado la tramitación de proyectos de ley. Las posiciones se debaten entre proteger el empleo estatal y la visión pública del servicio, y la necesidad de ganar en competitividad y adaptabilidad.

El debate no solo se centra en quién debe gestionar el sistema eléctrico, sino también en cómo equilibrar el interés público con la eficiencia y la atracción de nuevas inversiones. Para algunos líderes políticos, la reducción de costes energéticos y la apertura del mercado son clave para reactivar la economía y mejorar el empleo, siempre con un marco de responsabilidad fiscal y transparencia.

La apertura del mercado eléctrico sigue ocupando el foco del debate nacional. Mientras tanto, la presión de empresarios e industriales por conseguir energía más barata, diversificada y sostenible choca contra las resistencias políticas y las dudas sobre el impacto social de una reforma de este calibre. El futuro del sector dependerá de la capacidad de encontrar una fórmula que combine eficiencia, competitividad y el compromiso con la sostenibilidad que caracteriza a Costa Rica.

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