El llamado impuesto del 7% a la generación eléctrica se ha colocado en el centro del debate energético español. Lo que nació como una herramienta fiscal, similar al impuesto al sol, para cuadrar las cuentas del sistema se ha convertido, según el sector renovable, en un freno para la electrificación y en un factor de desventaja frente a los países vecinos.
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) ha intensificado en los últimos meses sus reclamaciones para que el Gobierno suprima cuanto antes este gravamen. La organización sostiene que mantenerlo en el contexto actual de transición energética y reindustrialización lanza una señal equivocada a inversores, industrias y hogares que quieren apostar por la electricidad como vector energético principal.
Qué es el impuesto del 7% a la generación eléctrica y por qué se creó
El Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), conocido de forma informal como “impuesto del 7%”, grava los ingresos obtenidos por las empresas generadoras de electricidad en España. Se implantó hace algo más de una década, en plena etapa de déficit tarifario elevado en el sistema eléctrico, cuando los costes reconocidos superaban con creces los ingresos regulados.
En aquel momento, la idea del legislador fue que los productores de electricidad, incluidos los renovables, contribuyeran de forma directa a reducir ese agujero presupuestario. El tributo se aplicó de forma homogénea a todas las tecnologías, desde la nuclear y los ciclos combinados de gas hasta la eólica y la fotovoltaica.
Según recuerda APPA, ese contexto ha cambiado de manera notable: el déficit tarifario histórico está ya saneado y el foco se ha desplazado hacia la descarbonización, la electrificación de la demanda y la mejora de la competitividad industrial. Para la patronal renovable, seguir apoyando la estructura fiscal actual supone “arrastrar inercias de otra época” que no encajan con el modelo energético que se busca para las próximas décadas.
El IVPEE no actúa de forma aislada. Se suma a otros gravámenes como el Impuesto Especial sobre la Electricidad (5,11%), el IVA del 21% sobre la factura y distintos cánones y tasas autonómicas. El resultado, según los cálculos del sector, es que la electricidad soporta una presión fiscal que multiplica por cuatro la de algunos consumos fósiles como el gas, algo que choca con la necesidad de sustituir combustibles importados por energía eléctrica de origen renovable.
La posición de APPA Renovables: freno a la electrificación y a la competitividad
En sus comunicados más recientes, APPA Renovables ha reclamado la eliminación “inmediata” del impuesto del 7% por considerarlo incompatible con las prioridades energéticas y económicas del país. La asociación insiste en que la electrificación es “la vía más rápida y eficaz” para incorporar más renovables al mix y reducir la dependencia de combustibles fósiles, y que gravar precisamente esa generación va contra la lógica de la transición.
Su director general, José María González Moya, ha repetido una idea que se ha convertido casi en lema del sector: las renovables suponen aproximadamente el 25% del consumo energético final, pero representan ya más del 55% de la electricidad producida en España. Con ese punto de partida, argumenta, mantener una presión fiscal superior sobre la electricidad que sobre otros vectores energéticos desincentiva el cambio de gas, gasóleo o combustibles tradicionales hacia tecnologías eléctricas en hogares, industrias y transporte.
La patronal subraya además que el impuesto no solo impacta sobre los nuevos proyectos renovables, sino también sobre los que ya están en operación. Esto, a su juicio, aumenta la incertidumbre regulatoria, reduce márgenes y dificulta la toma de decisiones de inversión a largo plazo en tecnologías que deberían ser la columna vertebral del sistema.
Desde el punto de vista industrial, el mensaje es parecido: si la electricidad se encarece artificialmente con impuestos heredados, las empresas electrointensivas pierden competitividad frente a otras localizadas en países con menor carga fiscal, algo especialmente delicado en procesos de reindustrialización verde y atracción de nueva inversión.
Desventaja con Portugal y el efecto en el mercado ibérico MIBEL
El giro decidido de Portugal ha intensificado la presión sobre España. El país vecino ha optado por suprimir el gravamen equivalente al IVPEE, dejando de aplicar un recargo sobre la generación eléctrica que operaba de forma muy similar al español. Esta diferencia normativa se deja notar de manera especial en el Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), donde ambos sistemas eléctricos están estrechamente acoplados.
En un entorno de precios integrados, la existencia de un 7% adicional sobre la generación en un solo lado de la frontera implica, según APPA, una desventaja competitiva directa para la producción española, incluida la renovable. Las ofertas de las centrales ubicadas en España tienen que incorporar ese coste extra, mientras que las portuguesas no, lo que puede traducirse en distorsiones en las casaciones del mercado y en los flujos de electricidad entre ambos países.
La asociación recuerda además que, durante la pandemia, el impuesto español llegó a suspenderse temporalmente sin que se produjeran desequilibrios estructurales en el sistema. Ese precedente sirve al sector como argumento para defender que la fiscalidad puede rediseñarse sin poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema eléctrico, siempre que se planifique bien.
Desde la óptica del consumidor y de la industria, el temor de las empresas renovables es claro: si España mantiene una fiscalidad más alta que la de su entorno inmediato, las inversiones en nueva capacidad pueden dirigirse hacia otros mercados mejor posicionados, y el país desaprovecharía sus recursos solares y eólicos, que están entre los más competitivos de Europa.
Recomendaciones de la Comisión Europea y presión regulatoria desde Bruselas
Las reivindicaciones del sector renovable español se apoyan también en las orientaciones de la Comisión Europea. Desde Bruselas se viene instando de forma reiterada a los Estados miembros a reducir la carga fiscal que pesa sobre la electricidad, especialmente cuando procede de fuentes renovables, para acelerar la descarbonización y mejorar el poder adquisitivo de hogares y empresas.
En concreto, el programa comunitario Action Plan for Affordable Energy anima a revisar impuestos y tasas que penalicen el consumo eléctrico frente a otros combustibles. APPA subraya que, en el caso español, la estructura impositiva actual hace que la electricidad soporte una fiscalidad comparable a productos como el alcohol o el tabaco, algo difícil de justificar cuando se trata del vector energético llamado a liderar la lucha contra el cambio climático.
Las críticas no se dirigen solo al IVPEE. La patronal recuerda que el Impuesto Especial sobre la Electricidad nació en los años noventa vinculado en parte al carbón y que hoy desempeña sobre todo una función recaudatoria, ya desconectada de la realidad tecnológica del sistema. A ello se añaden distintos cánones sobre el uso del agua, el viento o el sol y tasas autonómicas de muy diversa naturaleza.
Desde el punto de vista comunitario, el mensaje general es que la fiscalidad debe alinearse con los objetivos climáticos: gravar más las emisiones y menos la electricidad limpia. En la práctica, esto supondría desplazar parte de la carga impositiva desde la generación y el consumo eléctrico hacia actividades con mayores impactos ambientales, algo que en España sigue pendiente de una reforma profunda.
Más renovables en el mix, pero poca electrificación del consumo final
Aunque España ha avanzado de forma notable en la incorporación de renovables al sistema eléctrico, el sector alerta de que esa evolución no se está trasladando con la misma fuerza al conjunto de la economía. En los últimos años, la generación renovable ha llegado a cubrir en torno a un 56-57% del mix eléctrico, incluyendo el autoconsumo, una cifra que sitúa al país en posiciones destacadas dentro de la Unión Europea.
Sin embargo, cuando se analiza el peso de la electricidad en el consumo total de energía, el porcentaje se mantiene atascado en torno al 25% desde hace dos décadas. Es decir, la producción eléctrica es cada vez más baja en emisiones, pero el uso de esa electricidad no termina de desbancar al gas, los derivados del petróleo u otros combustibles fósiles en sectores como el transporte, la climatización de edificios o determinados procesos industriales.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 marca un horizonte mucho más ambicioso: un 48% de renovables sobre el uso final de la energía y un 81% de generación eléctrica renovable en 2030. Para llegar a esos valores, APPA insiste en que no basta con seguir instalando potencia renovable; es imprescindible que los consumidores finales encuentren atractivo electrificar sus usos energéticos.
Desde la óptica del sector, cada euro adicional de fiscalidad que se carga sobre la electricidad dificulta que un hogar sustituya una caldera de gas por una bomba de calor, o que una empresa cambie un proceso térmico fósil por soluciones eléctricas. De ahí que la patronal considere el impuesto del 7% como un obstáculo directo a los objetivos del PNIEC y no simplemente como un instrumento recaudatorio más.
Restricciones de red, vertidos y señales de un sistema tensionado
La discusión sobre el impuesto se produce además en un contexto de saturación creciente de la red y desaprovechamiento de producción renovable. El sector apunta a que, en el último ejercicio, las restricciones de red prácticamente se han duplicado, hasta rondar el 3,2% de la energía generada, frente a cifras en torno al 1,6% de años previos.
Este aumento de limitaciones, combinado con una demanda que apenas crece y una capacidad de generación en expansión, se traduce en que se esté perdiendo cerca de un 18% del potencial renovable anual. En sistemas insulares como el canario, se han registrado incluso pérdidas superiores al 20% del producible en determinadas islas, lo que supone desaprovechar recursos limpios que ya están instalados y operativos.
Los mercados mayoristas también reflejan este desequilibrio con un número notable de horas en las que los precios se sitúan en niveles muy bajos, incluso cercanos a cero o negativos. En un año reciente, aproximadamente un 9% de las horas se registraron con precios en ese rango, algo que evidencia la dificultad de absorber toda la producción disponible en determinados momentos del día.
Paradójicamente, mientras se desperdicia parte de la generación renovable, la producción con combustibles fósiles ha repuntado, especialmente la de los ciclos combinados de gas, que han llegado a aumentar su actividad en torno a un 27% respecto al año anterior. Este repunte eleva las emisiones y presiona los precios al alza, en sentido contrario a lo que se persigue con la política climática europea.
Fiscalidad heredada y necesidad de reforma profunda
La combinación de un sistema eléctrico cada vez más renovable con una estructura impositiva diseñada para una realidad pasada ha llevado a APPA y a otras organizaciones a hablar de “inercias de décadas”, como las que rodean al impuesto al sol. El Impuesto Especial sobre la Electricidad, por ejemplo, nació como pieza parcial de un esquema vinculado a la minería del carbón y hoy sigue aplicándose con un tipo general del 5,11%, a pesar de que el carbón ha perdido casi todo su peso en el mix español.
Además, la recaudación de este impuesto está cedida en gran medida a las comunidades autónomas, lo que complica cualquier reforma integral. Cualquier cambio en el IVPEE o en el IEE debería tener en cuenta el impacto en las finanzas autonómicas y en la distribución de recursos entre territorios, un elemento que añade complejidad política a una reforma que, desde el punto de vista técnico, muchos expertos consideran deseable.
A esta capa fiscal se suman múltiples cánones sobre el uso del agua en centrales hidroeléctricas, tasas que gravan el aprovechamiento del viento o del sol y otros tributos locales y regionales. En conjunto, conforman un entramado que para el sector renovable resta parte de la competitividad natural que estas tecnologías han ganado gracias a su reducción de costes.
Desde la perspectiva de los agentes del mercado, la prioridad debería ser contar con un marco estable y coherente con los objetivos climáticos. Esto implica, en su opinión, desplazar la presión fiscal desde la generación limpia hacia actividades más intensivas en carbono, y simplificar el mosaico de impuestos y tasas que hoy pesan sobre la electricidad.
Seguridad del sistema, episodios críticos y señales para la inversión
El debate sobre la fiscalidad se cruza, además, con episodios recientes de tensión en el sistema, como el llamado “cero eléctrico” de abril de 2025, que puso sobre la mesa la importancia de contar con un marco regulatorio predecible y bien diseñado. A ojos de la industria renovable, penalizar fiscalmente la generación eléctrica en un momento en que se quiere atraer inversión masiva a nuevas instalaciones no ayuda a reforzar la seguridad de suministro.
Los operadores del sector recuerdan que España sigue incorporando grandes volúmenes de nueva capacidad renovable a un ritmo notable, pero que la demanda de electricidad no está creciendo al mismo paso. Esa brecha se traduce en un mercado volátil, con episodios de precios muy bajos, vertidos de energía y menor participación de algunas tecnologías renovables en los mercados de ajuste.
En este contexto, APPA insiste en que el país necesita señales fiscales y regulatorias claras que incentiven tanto la inversión en generación como en flexibilidad, almacenamiento y gestión de la demanda. Desde su punto de vista, mantener el impuesto del 7% envía una señal contradictoria: por un lado se pide más electrificación, y por otro se encarece la producción de la energía que debería alimentar esa electrificación.
Impacto potencial sobre consumidores, industria y transición energética
Aunque el IVPEE se aplica directamente sobre los ingresos de los generadores, su efecto no queda aislado en esa etapa de la cadena. El sector sostiene que, en la práctica, parte del coste del impuesto acaba trasladándose al precio mayorista, lo que termina repercutiendo en mayores costes para las comercializadoras y, en último término, en la factura de la luz de hogares y empresas.
Algunas estimaciones internas apuntan a que la supresión del impuesto podría reducir de forma apreciable los precios del mercado y facilitar una mayor exportación de electricidad hacia Francia y Portugal, aprovechando la competitividad de los recursos renovables españoles. Esa rebaja ayudaría a aliviar los costes energéticos de la industria y de los consumidores domésticos, siempre que no se compensara con nuevos gravámenes equivalentes.
Desde la óptica de la transición energética, el mensaje que envía el sector renovable es que no tiene sentido cargar de impuestos el vector energético que se quiere impulsar. Si se busca electrificar el transporte, la calefacción y parte de los procesos productivos, la coherencia exigiría aliviar la fiscalidad de la electricidad, especialmente cuando esta procede de fuentes sin emisiones.
Queda por ver cómo encaja esta demanda con las necesidades de financiación del Estado y de las comunidades autónomas. Cualquier reforma del IVPEE y de los impuestos asociados a la electricidad deberá contemplar mecanismos alternativos de recaudación o un rediseño del conjunto de tributos energéticos, algo que exigirá acuerdos políticos amplios.
El pulso en torno al impuesto del 7% a la generación eléctrica resume buena parte de las tensiones de la política energética actual: un sistema eléctrico que avanza hacia las renovables, una fiscalidad heredada de la era del déficit tarifario y una creciente presión para abaratar la electricidad y ganar competitividad sin poner en riesgo la estabilidad presupuestaria. La decisión sobre el futuro del IVPEE será, en buena medida, una prueba de hasta qué punto España está dispuesta a alinear su marco fiscal con los objetivos de electrificación y descarbonización que se ha fijado para esta década.
