Un proyecto para el almacenamiento geológico de CO2 en el Maestrazgo ha prendido la mecha del debate en Teruel. La iniciativa contempla inyectar grandes volúmenes de dióxido de carbono en formaciones profundas situadas bajo los municipios de Cantavieja, Mirambel, Tronchón, La Cañada de Benatanduz y Villarluengo, ocupando un ámbito de unas 13.534 hectáreas según los expedientes consultados.
La propuesta, impulsada por Iberia Decarb Hub Aragón (vehÃculo vinculado a Nexwell Power), se encuentra en fase de información pública tras la resolución firmada a mediados de julio y su posterior publicación en el BOA. En paralelo, distintas formaciones polÃticas y colectivos han explicitado sus reservas y rechazos, mientras que el Gobierno de Aragón asegura que el expediente se evaluará con escrupuloso rigor técnico y ambiental.
¿Qué propone exactamente el proyecto?
La empresa promotora plantea un almacenamiento permanente de CO2 en estructuras geológicas profundas, tras su transporte desde otras instalaciones mediante gaseoductos o camiones. La documentación divulgada cita una capacidad potencial en torno a 100 millones de toneladas, lo que lo situarÃa entre los mayores proyectos propuestos en España.
De acuerdo con la información tramitada, el área de estudio abarca 13.534 hectáreas y se centra en cinco términos municipales del Maestrazgo turolense. Aunque el ámbito administrativo está delimitado, algunos actores del territorio advierten que la afección podrÃa extenderse en el subsuelo a zonas colindantes si prosperase la iniciativa.
El plan forma parte de las tecnologÃas de captura y almacenamiento de carbono (CAC), un instrumento debatido en la transición climática que suscita partidarios y detractores en función de su aplicación concreta, su seguridad, sus costes y su encaje territorial.
Tramitación, plazos y controles
La Dirección General de EnergÃa y Minas ha dado publicidad a la solicitud de permiso de investigación, abriendo un plazo de dos meses para mejoras del solicitante, ofertas en competencia y oposiciones de terceros potencialmente afectados, tal como prevé la normativa aplicable.
Una vez resuelta la concurrencia, el posible permiso de investigación podrÃa extenderse hasta cinco años, periodo en el que la empresa deberÃa acometer estudios, catas y prospecciones bajo supervisión técnica y ambiental. Superada esa fase, la concesión para ejecutar el almacenamiento corresponderÃa al Ministerio para la Transición Ecológica, órgano que ostenta la última palabra.
El Ejecutivo aragonés ha remarcado que la tramitación responde a una obligación legal de admitir solicitudes y someterlas a procedimiento, y que cualquier decisión se apoyará en informes técnicos, con verificaciones exhaustivas del cumplimiento de la normativa medioambiental vigente.
Posición del Gobierno de Aragón
El presidente Jorge Azcón ha manifestado dudas sobre la idoneidad de ubicar un proyecto de estas caracterÃsticas en el Maestrazgo, aunque ha subrayado que corresponde a los técnicos y no a los polÃticos determinar su viabilidad. Ha prometido un análisis con «precaución absoluta» y una revisión meticulosa de requisitos; si las exigencias ambientales no se cumplen al detalle, ha dicho, el proyecto no saldrá adelante.
Por su parte, la vicepresidenta Mar Vaquero ha recordado que la solicitud está en exposición pública y que la Comunidad Autónoma actuará como guardiana del cumplimiento de la normativa. Ha insistido en mantener un diálogo permanente con los ayuntamientos del área afectada para garantizar que cualquier avance se haga con el mayor consenso posible.
Reacciones polÃticas y sociales en el territorio
El Partido Aragonés, con Alberto Izquierdo al frente, ha comunicado su oposición total y ha pedido al Gobierno autonómico que utilice todas las vÃas legales para posicionarse en contra del permiso de investigación. En sus declaraciones, Izquierdo sostiene que el proyecto no genera riqueza local y que supone introducir residuos gaseosos procedentes de otras comunidades.
Chunta Aragonesista también ha mostrado rechazo frontal. Su secretario territorial, Javier Carbó, ha alertado de riesgos de fugas y afecciones a acuÃferos y ecosistemas, y ha calificado la propuesta de cortoplacista por prolongar la dependencia de combustibles fósiles. Como alternativa, CHA plantea impulsar figuras de protección para las sierras orientales de Teruel y orientar el desarrollo hacia el ecoturismo y los servicios ambientales.
Desde el movimiento ciudadano Teruel Existe se prepara un paquete de alegaciones para poner a disposición de ayuntamientos, colectivos y particulares. Sus portavoces cuestionan la escalómetra del proyecto, la seguridad a largo plazo y el modelo de tramitación, y advierten del riesgo de convertir el Maestrazgo en un «territorio de sacrificio» ante macroproyectos industriales.
Entre los argumentos crÃticos se incluye que la sociedad promotora es un vehÃculo empresarial vinculado a un grupo energético extranjero y que el procedimiento, según denuncian, podrÃa apoyarse en la Ley de Minas para agilizar fases; un extremo que el colectivo considera inadecuado para una instalación industrial de estas caracterÃsticas.
Alcance y puntos sensibles señalados por el territorio
Los cinco municipios directamente referidos en el expediente son Cantavieja, Mirambel, Tronchón, La Cañada de Benatanduz y Villarluengo. Colectivos locales recalcan que, aunque las cuadrÃculas administrativas suman unas 13.534 hectáreas, en el subsuelo no hay fronteras, por lo que se pide estudiar con detalle posibles interacciones con términos colindantes.
Otra cuestión reiterada es la vÃa de tramitación. Portavoces crÃticos apuntan que, si el procedimiento se encuadra como actividad minera para el permiso de investigación, podrÃan reducirse consultas públicas en fases posteriores. Reclaman, por tanto, la máxima transparencia y que cualquier autorización futura pase por evaluaciones ambientales estrictas como industria en suelo no urbanizable.
Entidades sociales como la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel han celebrado la creciente coordinación institucional frente a este proyecto y recuerdan que argumentos de hipoteca territorial deben aplicarse también a otros macroproyectos previstos en la misma comarca, por su impacto paisajÃstico y socioeconómico.
¿Cómo puede participar la ciudadanÃa?
Quien se considere afectado dispone de un plazo de dos meses desde la publicación en el BOA para presentar alegaciones, proponer mejoras o concurrir con ofertas alternativas. Es el momento procesal clave para que vecindad, ayuntamientos y entidades hagan llegar sus observaciones y documentación de apoyo.
Las alegaciones pueden incorporar criterios técnicos (geologÃa, hidrogeologÃa, riesgos), consideraciones ambientales (biodiversidad, paisaje), y elementos socioeconómicos (modelo de desarrollo, compatibilidad de usos). Colectivos como Teruel Existe han anunciado que pondrán textos tipo a disposición de ayuntamientos y vecinos para facilitar la participación.
Tras la fase de información pública, si se otorga el permiso de investigación, comenzarÃa un periodo de estudios de hasta cinco años bajo control administrativo. En cualquier caso, el eventual permiso definitivo de almacenamiento corresponde al MITECO, con informes previos y condiciones estrictas.
El Maestrazgo se enfrenta a una decisión que combina ambición climática, seguridad ambiental y modelo territorial. La tramitación continúa por la vÃa técnica y legal, y las herramientas de participación de la comunidad trabajan para influir en el resultado. La elección que se haga impactará en la compatibilidad entre un gran almacenamiento de CO2 y la visión de futuro que la comarca desea para sà misma.
