La tramitación de permisos para construir nuevas líneas y subestaciones eléctricas se ha convertido en el gran tapón que condiciona el desarrollo de la red en España. Red Eléctrica de España (REE), integrada en Redeia, insiste en que no falta dinero ni capacidad técnica, sino autorizaciones administrativas para poder ejecutar la planificación prevista.
Según la compañía, el sistema eléctrico español acumula ya un volumen muy elevado de permisos de acceso y conexión tanto para nueva generación como para mayor demanda, una situación que pone de manifiesto la energía renovable desaprovechada por la red, pero una parte importante de esos proyectos no termina de materializarse por los plazos que conllevan las licencias de construcción y la tramitación ambiental. El resultado es un auténtico cuello de botella que ralentiza inversiones consideradas críticas para la transición energética.
REE apunta a los permisos como freno principal a la inversión
El consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino, ha reiterado en distintos foros sectoriales que Red Eléctrica no está destinando más recursos a nuevas infraestructuras simplemente porque “no tiene permisos para invertir más”. Es decir, el límite no lo marca la caja ni el músculo industrial, sino la velocidad a la que avanzan los expedientes administrativos.
El directivo insiste en que cualquier proyecto que ya cuenta con autorización de construcción se encuentra actualmente en fase de obra. Desde su punto de vista, esto demuestra que la compañía tiene capacidad para ejecutar la planificación en cuanto recibe luz verde por parte de las administraciones competentes, sin cuellos de botella internos ni financieros.
García Merino ha reclamado, además, que el debate público sobre la capacidad de la red se base en “datos concretos” y no en percepciones genéricas. A su juicio, con la configuración actual del mallado de transporte en España “no hay que hacer una subestación más ni un kilómetro de circuito más” para absorber la cartera de proyectos ya vinculada a la red, siempre que se respeten los criterios técnicos establecidos.
La dirección de REE subraya que el plan de inversiones del operador está directamente ligado a la Planificación Nacional Energética, un documento que define qué infraestructuras hay que construir y en qué plazos. La prioridad de la compañía, recalcan, es desplegar esa planificación “tan pronto como sea posible”, pero el ritmo depende en gran medida de la agilidad administrativa.
En este contexto, Redeia ha destacado que el último ejercicio fue un año récord de inversión en la red de transporte, con más de 1.500 millones de euros solo como operador del sistema (TSO). La empresa defiende que esta cifra demuestra su compromiso inversor y que la restricción es ajena a su capacidad de financiación.
Un atasco de permisos con 130 GW en generación y 20 GW en demanda
La presión sobre la red se refleja en los propios números que maneja el operador del sistema. En estos momentos existen permisos de acceso y conexión ya concedidos que suman aproximadamente 130 gigavatios (GW) de nueva generación eléctrica y 20 GW de demanda, cifras que se aproximan al tamaño del parque de generación actual en España.
Este volumen de proyectos con derechos de conexión ilustra hasta qué punto el sistema está tensionado por la irrupción masiva de renovables y por la electrificación de la economía. Sin embargo, contar con un permiso de acceso y conexión no equivale a que la instalación esté realmente construida y vertiendo energía a la red, ya que falta completar todo el ciclo de autorizaciones necesarias.
García Merino ha explicado que, con la red de transporte ya desplegada y la planificación vigente, la infraestructura existente puede asumir buena parte de esa nueva capacidad sin ampliaciones inmediatas, siempre y cuando se ejecuten las actuaciones previstas. Solo después, sostiene, llegará la necesidad de actualizar la planificación para responder a nueva demanda adicional.
En paralelo, el grupo recuerda que hay permisos firmes para incorporar hasta 20.000 megavatios (MW) adicionales de nueva demanda a las redes de transporte y distribución, en un contexto en el que el pico de consumo invernal ronda actualmente los 38.000-40.000 MW. Este margen indica que el sistema tiene recorrido para recibir nueva actividad industrial y electrificar consumos.
La lectura de REE es clara: el “embudo” no está en la disponibilidad de proyectos, ni en la disposición del operador a construir, sino en la tardanza en completar los permisos de construcción que convierten esos derechos sobre el papel en infraestructuras físicas conectadas a la red.
Plazos de obra frente a plazos de tramitación: dónde está el cuello de botella
Una de las comparaciones que más repite la dirección de Red Eléctrica es la que enfrenta los tiempos de obra con los tiempos de papeleo. Según García Merino, construir una subestación “normal” suele llevar alrededor de un año, mientras que levantar una línea de transporte de larga distancia puede requerir unos dos años de trabajo efectivo sobre el terreno.
La foto cambia radicalmente cuando se analiza la parte administrativa. El propio consejero delegado detalla que la tramitación de una subestación puede alargarse entre tres y seis años, mientras que una línea de media o larga distancia puede tardar “de seis a doce años” en obtener todas las autorizaciones necesarias. Es decir, los permisos pueden duplicar o incluso multiplicar por cinco el tiempo que lleva la obra.
En este escenario, Redeia insiste en que “no hay ningún tipo de restricción financiera ni de cadena de suministros” que impida ejecutar los proyectos. Tampoco identifican un problema de capacidad de ejecución interna, ya que el grueso de las actuaciones se realizan en plazos relativamente acotados una vez que la administración da su visto bueno definitivo.
El núcleo del problema, a juicio de la compañía, reside en que el operador se ve obligado a “pelear contra todo el proceso de tramitación”, que incluye múltiples informes sectoriales, evaluación ambiental, alegaciones, expropiaciones y otras fases sujetas a plazos que se encadenan. Aunque REE reconoce que estas garantías son necesarias, pide que el procedimiento se haga más predecible y ágil.
Por ello, la empresa se muestra receptiva a fórmulas como la introducción de “silencios positivos” o declaraciones responsables para determinadas fases de autorización, en línea con las propuestas que se están debatiendo a nivel europeo. La idea es que, si la administración no responde en un plazo determinado, el proyecto pueda avanzar, siempre con mecanismos de control posteriores.
Un debate europeo: redes, renovables y trámites en el punto de mira
La preocupación de Red Eléctrica no es un caso aislado dentro del continente. En la Unión Europea, el despliegue de redes de transporte y distribución se ha convertido en un tema prioritario ante el fuerte crecimiento de las renovables, la electrificación de la industria y el auge de los vehículos eléctricos, entre otros factores.
Un informe reciente del Parlamento Europeo sitúa la duración media total de los proyectos de redes de transporte en alrededor de una década, con más de la mitad de ese tiempo vinculada a permisos y procedimientos administrativos. Bruselas subraya que esta dinámica está ralentizando la integración de nueva capacidad renovable y el desarrollo de grandes consumidores eléctricos.
La Comisión Europea ha respondido con un paquete específico centrado en las redes, conocido como “Action Plan for Grids”, que identifica la tramitación como uno de los grandes cuellos de botella para alcanzar los objetivos climáticos y de competitividad industrial. El documento llama a simplificar procesos, acortar plazos y reforzar la coordinación entre países y administraciones.
Además, la propia Comisión ha presentado una propuesta normativa para acelerar los procedimientos de autorización, con plazos máximos más estrictos para determinados tipos de proyectos energéticos. El objetivo es reducir el coste de la energía, desbloquear inversiones y evitar que el retraso en las redes se convierta en el “talón de Aquiles” de la transición verde europea.
En este contexto, las demandas de REE encajan con un debate más amplio sobre cómo compatibilizar celeridad en las infraestructuras con la protección ambiental, la participación ciudadana y la seguridad jurídica. Los reguladores buscan el equilibrio entre garantizar un análisis riguroso de los proyectos y evitar que los expedientes se eternicen durante años.
España, renovables al alza y una red bajo presión
El cuello de botella de permisos llega en un momento en el que España se ha consolidado como uno de los mercados renovables más dinámicos de Europa. La Península Ibérica, según Redeia, afronta “una oportunidad única” para liderar la transición energética gracias a la abundancia de recursos eólicos y solares y a las decisiones adoptadas en años anteriores.
En la actualidad, cerca del 70% de la capacidad instalada en el sistema eléctrico español corresponde ya a tecnologías renovables. En 2025, alrededor del 55% de la demanda eléctrica se cubrió con este tipo de generación, lo que refleja un avance sostenido hacia un modelo más descarbonizado y menos dependiente de combustibles fósiles.
La calidad de las infraestructuras de transporte y de la operación del sistema ha permitido integrar aproximadamente el 97% de la energía renovable disponible, una cifra que REE suele poner como ejemplo de la solidez técnica de la red española. Para la compañía, este dato demuestra que los refuerzos acometidos en los últimos años han contribuido a aprovechar casi toda la producción verde que llega a la red.
El despliegue renovable también tiene un reflejo directo en los precios. García Merino ha señalado que el precio medio de la electricidad en España se situó recientemente en torno a 65 euros por megavatio hora (MWh), uno de los niveles más bajos de Europa. Países como Alemania registraron valores cercanos a los 90 euros/MWh, lo que, según el operador, envía una señal de competitividad clara al tejido industrial ibérico.
Todo este proceso se produce, sin embargo, sobre una red que empieza a mostrar tensiones en ciertos nudos y corredores clave, especialmente allí donde coinciden mucha nueva generación renovable y fuerte demanda industrial. De ahí que resulte tan crítico acelerar la ejecución de las infraestructuras previstas, sin perder de vista las exigencias ambientales y sociales.
A medida que crece la electrificación de sectores como el transporte, la climatización o algunos procesos industriales, la necesidad de reforzar y modernizar la red de transporte gana peso. Para los actores del sector, lo que ocurra con los plazos de permisos en los próximos años puede marcar la diferencia entre aprovechar la ventaja competitiva actual o quedarse rezagados frente a otros países europeos.
Todo apunta a que el gran desafío para España y para la Unión Europea no es tanto diseñar nuevas infraestructuras o encontrar financiación, sino desatascar el cuello de botella de permisos en la red eléctrica para que los proyectos pasen del papel al terreno en tiempos razonables. El equilibrio entre agilidad administrativa, protección ambiental y participación ciudadana será clave para que las inversiones en redes acompañen el ritmo de las renovables y la electrificación, manteniendo al mismo tiempo la seguridad de suministro y la competitividad económica.
