El desarrollo de la energía fotovoltaica en España continúa su avance, convirtiéndose en uno de los motores principales de la transformación energética. El país ha logrado cifras récord en capacidad instalada y superficie ocupada por parques solares, mientras que el interés tanto de particulares como empresas sigue en ascenso. Sin embargo, este crecimiento está acompañado de desafíos regulatorios, nuevas dinámicas en el uso del territorio y la necesidad de mantener el impulso para alcanzar los objetivos a medio plazo marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Durante los últimos años, la instalación de sistemas solares fotovoltaicos ha experimentado una aceleración muy significativa, especialmente en áreas menos pobladas conocidas como la ‘España vaciada’. Lugares como Teruel, Zamora, Cuenca, Palencia y Ciudad Real destacan por su protagonismo en la expansión de la red fotovoltaica, concentrando ya la mitad de toda la superficie dedicada a este tipo de energía en el país. Este fenómeno representa un impulso importante de las energías renovables en zonas tradicionalmente agrícolas o de baja densidad demográfica, fomentando nuevas oportunidades económicas y de empleo en entornos rurales.
La fotovoltaica crece en zonas rurales y cambia el uso del suelo
En solo cuatro años, la superficie dedicada a instalaciones solares ha pasado de unas 20.000 a más de 49.000 hectáreas, según datos oficiales. En provincias como Zamora o Teruel, el incremento ha sido exponencial: en Zamora se multiplicó por ocho entre 2022 y 2023, y en Teruel por once desde 2016. Sevilla, por su parte, lidera la estadística con casi 6.000 hectáreas ocupadas. Estos números evidencian que la energía solar fotovoltaica se ha convertido en opción preferente para aprovechar grandes extensiones de terreno, desplazando en algunos casos actividades agrícolas previas.
El cambio de uso afecta sobre todo a suelos agrícolas de secano, que representan el 47% de la superficie ocupada por placas solares. Casi 19.000 hectáreas han pasado del cereal y otros cultivos tradicionales a la producción de energía renovable. Este fenómeno plantea debates sobre la transformación del paisaje rural y el equilibrio entre producción agraria y generación eléctrica, aunque también trae consigo inversiones y rentas para territorios tradicionalmente afectados por el despoblamiento.
El autoconsumo solar mantiene cifras altas, aunque con menor aceleración
El autoconsumo fotovoltaico sigue sumando instalaciones tanto en el ámbito residencial como industrial y comercial. A finales de 2024, España contaba con 8.137 MW de potencia de autoconsumo, de los cuales 1.182 MW se incorporaron solo durante ese año. Sin embargo, los datos del primer trimestre de 2025 muestran un descenso del 17% en el ritmo de crecimiento respecto al año anterior. Esta ralentización es especialmente notable en las instalaciones industriales, y se asocia a la mayor complejidad y tiempo de maduración que requieren estos proyectos respecto a los residenciales.
Las previsiones indican que, para cumplir los objetivos de 2030 establecidos por el PNIEC, el país necesita instalar al menos 1.810 MW de autoconsumo solar cada año, prácticamente duplicando el ritmo actual. Para lograrlo, expertos del sector apuntan a la necesidad de facilitar la tramitación administrativa, aumentar la proporción variable en la factura eléctrica para incentivar el ahorro, y establecer incentivos fiscales, así como eliminar barreras normativas tanto en la tramitación como en el acceso a la red.
Comunidades energéticas y autoconsumo colectivo: tendencia al alza, pero con retos
En paralelo, el modelo de comunidades energéticas y autoconsumo compartido está ganando peso en el sector renovable español. Estas fórmulas permiten que barrios, municipios o colectivos se agrupen para beneficiarse de la generación y uso compartido de energía solar. En 2024 había ya 659 comunidades energéticas constituidas en el país, lo que supone un aumento del 44% respecto al año anterior y el 8% de todos los municipios españoles cuentan al menos con una. Sin embargo, todavía existe una brecha importante entre el número de comunidades creadas y las instalaciones realmente en funcionamiento: ocho de cada diez no tienen aún generación activa.
La falta de un marco regulatorio específico y las dificultades administrativas siguen siendo los principales obstáculos para que este tipo de iniciativas se expandan y maduren. Así lo subrayan representantes del sector y expertos, que piden una legislación clara y procesos más ágiles para activar el potencial de estas comunidades, especialmente en el ámbito del autoconsumo colectivo y la posibilidad de compartir excedentes energéticos entre varios usuarios.
