El biometano, ese gas renovable obtenido de residuos orgánicos, está viviendo un momento decisivo en España. Mientras la primera instalación andaluza ya ha empezado a inyectar su producción en la red gasista, decenas de proyectos se encuentran en distintas fases de tramitación, pero no sin generar una fuerte contestación social. Desde Andalucía hasta Castilla y León, las plataformas vecinales se multiplican para frenar unas infraestructuras que, según sus promotores, son clave para la economía circular y la descarbonización.
El debate está servido. Por un lado, las empresas defienden que estas plantas convierten purines, alperujo y otros desechos en energía limpia, reducen emisiones y crean empleo. Por otro, los colectivos críticos alertan de posibles olores, riesgos para los acuíferos y un impacto directo en la calidad de vida de los municipios cercanos. Esta tensión se ha convertido en un tema recurrente en muchas comunidades autónomas, con ayuntamientos que empiezan a tomar medidas para frenar su implantación.
Andalucía estrena su primera planta operativa
La compañía sevillana AGR Biogás ha puesto en marcha en La Calahorra (Granada) la primera planta de biometano de Andalucía, que ya inyecta gas a la red de distribución. Tras una inversión de 25 millones de euros, la instalación tiene capacidad para tratar 104.000 toneladas anuales de residuos agroganaderos, como gallinaza, purín porcino, alperujo y lactosuero, y producirá 58 GWh al año, equivalente al consumo de 11.000 hogares. Además, evita la emisión de 23.000 toneladas de CO2 anuales y genera una treintena de empleos directos e indirectos.
El proceso consiste en la fermentación anaeróbica del material orgánico en digestores herméticos, seguido de un tratamiento de upgrading que purifica el biogás hasta convertirlo en biometano con calidad de gas natural. La conexión a la red se ha realizado a través de un ramal de 13 kilómetros del gasoducto Huércal Overa–Guadix–Baza, con un mecanismo de flujo inverso. La planta cuenta con el certificado ISCC que verifica su sostenibilidad y huella de carbono.
Nuevos proyectos en tramitación
Mientras tanto, la lista de proyectos pendientes no deja de crecer. En Badajoz, la empresa Desarrollos Bioenergéticos de Extremadura ha solicitado la autorización ambiental integrada para una planta que tratará 100.000 toneladas anuales de alperujo y hojas de olivo. En Karrantza (Vizcaya), Verdalia Bioenergy planea una instalación que procesará 130.000 toneladas de recursos agroganaderos y producirá 75 GWh anuales, con una inversión que creará medio centenar de empleos durante la construcción y diez fijos a partir de 2027. También hay iniciativas en Calamocha (Teruel), Villacastín (Segovia) o la comarca de Talavera de la Reina, entre otras.
Todos estos proyectos coinciden en su apuesta por tratar residuos orgánicos locales para generar gas renovable, lo que, según los promotores, resuelve un problema histórico de gestión de purines y estiércoles. La producción prevista se inyectará en la red de gasoductos existente, sin almacenamiento en las plantas, y se complementará con sistemas para producir biometano y desodorización en varias fases, como filtros de carbón activo o biofiltros.
La oposición vecinal se organiza
Sin embargo, la implantación de estas infraestructuras está chocando con una creciente movilización ciudadana. En Calamocha, la plataforma Stop Biogás Jiloca ha presentado alegaciones y recogido firmas, alertando de la proximidad al casco urbano y de los olores que podría generar. En Valverde del Majano (Segovia), la Plataforma Ciudadana ha convocado una concentración para este jueves, con el respaldo unánime de la Corporación Municipal. En Castilléjar (Granada), la asociación “Castilléjar se mueve” ha aprovechado el Abrazo al Agua para denunciar el riesgo para los acuíferos. En Villacastín, la oposición socialista ha impulsado una petición en Change.org con más de 700 firmas.
Los argumentos recurrentes incluyen el temor a la contaminación del suelo y el agua, el incremento del tráfico de camiones y el impacto en la salud. En Talavera, SOS Talavera y Comarca ha pedido medidas urgentes ante el avanzado trámite de la planta próxima a Cazalegas, que ya cuenta con declaración de impacto ambiental favorable. En Karrantza, la plataforma Stop Biogas Karrantza Bizirik también ha pedido su rechazo, pese a que la empresa asegura que el sistema es totalmente cerrado y estanco.
Medidas administrativas y respuesta municipal
Ante esta presión, algunos ayuntamientos están reaccionando. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha iniciado la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal para suspender cautelarmente la concesión de licencias a este tipo de plantas. También se ha solicitado un informe técnico que sirva de soporte. En otros municipios, como Villacastín, el alcalde se muestra favorable a la instalación si cumple la legalidad, mientras que la oposición busca paralizarla por vía administrativa y contenciosa.
La tramitación de estos proyectos depende de las comunidades autónomas, que deben emitir la autorización ambiental integrada y la declaración de impacto ambiental. El procedimiento suele incluir un periodo de información pública en el que los ciudadanos pueden presentar alegaciones, y es precisamente en esa fase donde se concentran las protestas contra el biogás en España. La falta de confianza en los estudios de olores y la cercanía a núcleos urbanos son los puntos más conflictivos.
En el plano europeo, el biometano ya cuenta con más de 1.600 plantas operativas, principalmente en Francia, Alemania, Italia y Dinamarca. En España, apenas hay una veintena en funcionamiento, y la producción anual ronda los 410 GWh, un 0,12% del consumo de gas. Sin embargo, el sector prevé un crecimiento exponencial si se resuelven los obstáculos sociales y administrativos.
Por último, cabe destacar que la expansión del biometano no se detiene: AGR Biogás mantiene una cartera de más de veinte proyectos en todo el país, y otras compañías como Redexis o Moeve también impulsan iniciativas. Aunque la oposición vecinal puede retrasar o incluso frenar algunas instalaciones, la tendencia hacia una economía más circular y la necesidad de reducir emisiones apuntan a que estas plantas serán cada vez más habituales. La clave estará en encontrar un equilibrio entre el desarrollo energético y la protección del entorno, algo que exige diálogo y transparencia por ambas partes.
