La transición energética ha puesto al biogás en el punto de mira como una solución para aprovechar residuos orgánicos y generar energía renovable. Sin embargo, su despliegue en el territorio español no está exento de polémica. Mientras las administraciones impulsan esta tecnología con ayudas y planes ambiciosos, varios municipios muestran su rechazo frontal a los proyectos por los posibles riesgos ambientales y sanitarios. La tensión entre la necesidad de descarbonizar y la defensa del entorno se ha convertido en una constante.
El caso más reciente es el de la planta experimental inaugurada por el IRTA en Constantí (Tarragona), que se presenta como un hito por ser la primera gestionada por un instituto público de investigación. Pero a la vez, en puntos como Alloza, Calamocha, Badajoz o Arenas de Cabrales, las plataformas vecinales han logrado paralizar o cuestionar los proyectos. Esta dicotomía refleja un debate de fondo: ¿dónde y cómo deben instalarse estas infraestructuras?
La apuesta institucional por el biogás
El centro IRTA Mas Bové, en Constantí, ha puesto en marcha una instalación que convierte los purines de cerdo y gallinaza de su propia granja en biogás, fertilizantes y agua recuperada. Este proyecto, que ha costado más de 660.000 euros, genera anualmente 96.697 metros cúbicos de biogás, equivalente al consumo energético de 165 hogares. Además, produce 1.262 toneladas de fertilizantes y 3.816 metros cúbicos de agua para riego. La instalación está diseñada para que el sector agroalimentario realice pruebas piloto y valide nuevas tecnologías, como la producción de biometano.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la Generalitat, que aprobó en 2024 un plan para desplegar el biogás en Cataluña. El objetivo es alcanzar una producción de 2 TWh anuales en 2030, lo que supondría el 8% del consumo de gas de la comunidad. Para ello, se han destinado 46 millones de euros en ayudas durante 2024 y otros 25 millones en la convocatoria de este año. La administración defiende que la digestión controlada de deyecciones ganaderas reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y evita la contaminación de suelos y acuíferos.
La oposición vecinal en varias comunidades
Frente a esta visión institucional, las plataformas vecinales de Teruel, Badajoz y Asturias han alzado la voz contra proyectos que consideran invasivos y peligrosos. En Alloza, el plan contempla tratar 150.000 toneladas de residuos agrícolas y ganaderos al año, pero los vecinos temen que la planta acabe recibiendo residuos de otras regiones si no hay suficiente materia prima local. Además, la zona está declarada vulnerable a la contaminación por nitratos, por lo que una aplicación masiva de digestato podría comprometer los acuíferos y la calificación ecológica de los cultivos.
En Calamocha y Fuentes Claras, la plataforma Stop Biogás Jiloca denuncia que las instalaciones se ubicarían a menos de un kilómetro de los cascos urbanos, incumpliendo las distancias recomendadas en otras regiones como Castilla-La Mancha, donde se exigen 4.000 metros. También alertan de la acumulación de plantas en una misma comarca y de la falta de participación pública. En Badajoz, los afectados por la creciente oposición a las plantas de biogás proyectada en la finca Rocilla señalan que las viviendas más cercanas están a solo 1.800 metros y que los camiones de residuos aumentarían el tráfico y el riesgo de accidentes.
Un debate sobre regulación y futuro
Los argumentos de los opositores no se centran en el rechazo a la tecnología, sino en la falta de una ordenación territorial específica. Piden reglas claras sobre distancias mínimas, límites de concentración de plantas, controles de olores y gestión del digestato. En Arenas de Cabrales, la asociación local asegura que la planta de biogás en Arenas de Cabrales estaría a 190 metros de un camping y en las proximidades del río Cares, dentro de la Red Natura 2000. El Ayuntamiento y el Principado defienden el proyecto, pero los vecinos han recogido más de 12.000 firmas en contra.
Desde el IRTA se insiste en que la experimentación es necesaria para mejorar el proceso y reducir los impactos. La planta de Mas Bové servirá como laboratorio a escala real para probar tecnologías emergentes y formar a técnicos. Sin embargo, los colectivos vecinales recuerdan que en Aragón ya existen casos de plantas con malos olores documentados, como en Loporzano, Tierz o Quicena. Exigen que la planificación vaya por delante de la inversión, no al revés.
El futuro del biogás en España dependerá de encontrar un equilibrio entre la necesidad de aprovechar residuos y la protección del medio rural. Mientras las administraciones ven en esta tecnología una oportunidad para reducir emisiones y generar empleo, los vecinos piden más transparencia y una participación real. El ejemplo catalán demuestra que la investigación puede avanzar, pero sin una regulación común, el conflicto seguirá estando presente en muchos territorios.
