El biogás se ha convertido en uno de los temas más candentes de la actualidad energética en España. Mientras que en unos territorios se impulsan proyectos para producir energía renovable a partir de residuos agrícolas y ganaderos, en otros la ciudadanía se moviliza para frenar la instalación de macroplantas que consideran una amenaza para su salud y el entorno. Este artículo recoge las principales noticias relacionadas con el biogás en el país, desde la polémica en el Aljarafe sevillano hasta las ayudas de la Generalitat para plantas de menor escala.
La información que aquí se presenta ha sido contrastada a partir de múltiples fuentes, incluyendo anuncios oficiales, declaraciones de administraciones locales, organizaciones agrarias y plataformas ciudadanas. El objetivo es ofrecer una visión equilibrada de un sector que promete beneficios ambientales y económicos, pero que también genera un creciente rechazo social en numerosos municipios.
Macroplantas de biogás: la oposición ciudadana se extiende
Uno de los focos de mayor tensión se encuentra en el Aljarafe sevillano, donde la Junta de Andalucía ha abierto el trámite de información pública para una macroplanta de biogás y biometano con capacidad para tratar hasta 140.000 toneladas anuales de residuos. El proyecto, ubicado en Benacazón, ha provocado la reacción de los ayuntamientos de Bollullus de la Mitación, Aznalcázar y Pilas, que han presentado alegaciones. Entre las principales quejas destacan la proximidad a Doñana (a solo 240 metros de la Reserva de la Biosfera), la omisión de la urbanización La Juliana en los estudios de impacto y las dudas sobre la calidad de la documentación presentada por la promotora. Vecinos y colectivos han creado la plataforma Stop Biogás Aljarafe-Doñana y están organizando una campaña masiva de alegaciones antes del 13 de julio.
En la provincia de Burgos, el proyecto de una planta de biogás en Lerma también ha salido a información pública. La instalación, promovida por Enerth Investments SL, ocuparía 39 hectáreas y pretende gestionar 199.500 toneladas anuales de purín de cerdo, estiércol y otros residuos para producir biometano, digestato y electricidad. Se ubicaría a 4,3 kilómetros del casco urbano de Lerma y a 2,3 kilómetros de la zona de especial protección Riberas del río Arlanza. El plazo para presentar alegaciones finaliza el 7 de agosto. En la misma comarca se prevén hasta cuatro plantas similares más.
En Cataluña, la plataforma Pobles Vius denuncia que la planta de biogás proyectada en la Sentiu de Sió no puede iniciar las obras porque carece de las licencias necesarias. La empresa Sentiu Bioenergy, del fondo Copenhagen Infrastructure Partners, afirma que empezará a construir en 2026, pero los vecinos aseguran que ni el Ayuntamiento de Bellcaire d’Urgell ni el de la Sentiu de la Sió han otorgado los permisos. Además, la Dirección General de Carreteras no ha aceptado el acceso previsto desde la C-53, y hay tres contenciosos en marcha. La plataforma prepara movilizaciones y una consulta ciudadana.
El sector agrario y la investigación apuestan por el biogás
Frente a la contestación social, las principales organizaciones agrarias y cooperativas defienden el biogás como una herramienta clave para la economía circular. Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, junto a Asaja, COAG y UPA, han mostrado su apoyo a los proyectos de biogás y biometano, especialmente en el olivar andaluz. Argumentan que estos permiten valorizar subproductos como el alperujo y el alpechín, transformándolos en energía renovable y fertilizantes orgánicos. En la provincia de Córdoba, donde ya hay tres plantas operativas y casi una veintena en tramitación, las organizaciones subrayan la «doble ventaja» de gestionar residuos y generar ingresos adicionales para agricultores y ganaderos.
En el plano científico, la Universidad de Jaén y la empresa Genia Bioenergy han firmado un acuerdo para estudiar el potencial agronómico del digestato, el material sólido resultante de la digestión anaerobia. La investigación, de 18 meses de duración, se centrará en aplicar este residuo como enmienda orgánica en suelos de olivar, con el objetivo de mejorar su contenido de materia orgánica y fertilidad. Los ensayos se realizarán en fincas reales dentro del proyecto europeo Soil O-live, y los investigadores destacan que el digestato es un producto estable, sin olor y seguro, que puede cerrar el ciclo de nutrientes en el campo.
Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha anunciado una nueva línea de ayudas de 25 millones de euros para impulsar la construcción de plantas de biogás de pequeña escala. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, explicó que los proyectos subvencionados no podrán gestionar más de 150.000 toneladas de deyecciones al año y que estas deberán proceder de explotaciones situadas a un máximo de 35 kilómetros. La iniciativa busca fomentar plantas locales, adaptadas al territorio, y dar prioridad a los ganaderos. Como ejemplo, citó la planta de Alcarràs Bioproductors, que ya ha recibido 3,7 millones en ayudas y que, según Ordeig, ha permitido liberar 3.000 hectáreas de terreno donde antes se vertían purines.
La realidad del biogás en España es, por tanto, dual. Por un lado, la oposición ciudadana a las macroplantas crece en el Aljarafe, Burgos y Lleida, con alegaciones, movilizaciones y recursos judiciales. Por otro, el sector agrario, las universidades y los gobiernos autonómicos apuestan por esta tecnología como una vía para descarbonizar la economía, valorizar residuos y generar empleo rural. La clave parece estar en el tamaño y la ubicación: mientras las grandes instalaciones generan rechazo, las iniciativas locales y de menor escala, como las que promueve Cataluña, encuentran un mayor respaldo social. El debate, lejos de cerrarse, seguirá marcando la agenda energética y territorial del país.
