El futuro del biodiésel en Argentina está en juego. El Senado de la Nación tiene sobre la mesa un proyecto de ley que promete reordenar el mercado de los biocombustibles, pero que ha desatado una batalla campal entre las pequeñas y medianas empresas del interior y las grandes corporaciones aceiteras y petroleras. En el centro de la disputa está el porcentaje de mezcla obligatoria con el gasoil, un número que define la supervivencia de decenas de plantas y la dirección de la transición energética del país.
La iniciativa, impulsada por la senadora Patricia Bullrich y respaldada por el Ejecutivo, plantea un cambio profundo en las reglas del juego. Se pasaría del actual 7,5% de biodiésel en el gasoil al 10%, pero con una apertura a la libre competencia que hoy no existe. Las pymes regionales, que abastecen casi todo el mercado interno, ven en este movimiento una sentencia de muerte. Las grandes cámaras, por el contrario, lo consideran un paso necesario para modernizar el sector y aprovechar las oportunidades de exportación.
Un proyecto que busca cambiar las reglas
El expediente S-809/26, presentado por Bullrich, propone un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, reemplazando la ley vigente desde 2021. El texto contempla elevar la mezcla obligatoria de biodiésel del 7,5% al 10% en el plazo de un año tras su entrada en vigor, y también aumentar el corte de bioetanol en las naftas del 12% al 15%. Pero el punto más polémico es la eliminación del sistema de cupos y precios regulados, que sería sustituido por un esquema de paridad de importación y un mercado electrónico de comercialización.
Además, se autoriza a las refinerías de petróleo a realizar coprocesamiento de materias primas vegetales y a computar ese volumen dentro del corte obligatorio. Esta medida ha sido duramente criticada por las pymes, que la interpretan como una puerta de entrada para que las grandes petroleras se queden con una porción del mercado sin pasar por las plantas tradicionales. El proyecto también permitiría que las grandes aceiteras integradas, que hoy exportan la mayor parte de su producción, puedan abastecer el mercado interno.
Las pymes alertan por su supervivencia
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) ha levantado la voz con datos contundentes. El sector está integrado por 25 plantas distribuidas en cinco provincias (Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis), que dan empleo a cerca de 9.500 trabajadores y facturan alrededor de US$1.000 millones al año. Estas empresas, que dependen de la compra de aceite de soja como materia prima, se verían obligadas a competir con compañías que producen su propio aceite, una asimetría que consideran insalvable en igualdad de condiciones.
Según Cepreb, el coprocesamiento permitido a las refinadoras reduciría el mercado efectivo para los productores independientes a cerca del 7%, a pesar de que el corte nominal sea del 10%. Además, el artículo 38 del proyecto establece una transición que iría reduciendo la participación asegurada de las pymes desde el 5% del corte hasta desaparecer por completo a finales de 2030. A partir de enero de 2031, todo el mercado quedaría abierto a la libre competencia, sin ninguna protección para las empresas regionales.
El director ejecutivo de Cepreb, Federico Martelli, no se mordió la lengua: «La propuesta de ley de Patricia Bullrich está hecha a medida de las aceiteras y contra las pymes». Su crítica se centra en que el proyecto no contempla una segmentación por regionalidad y que la apertura total favorecería la concentración en cinco o seis grandes jugadores, poniendo a las pymes en riesgo, desarticulando la red industrial del interior productivo.
Las grandes cámaras piden más ambición
En la vereda opuesta, la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) y la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) han salido a respaldar el proyecto y a pedir que se vaya aún más lejos. Luis Zubizarreta, presidente de CARBIO, aseguró que «vemos viable subir el corte al 12,5% dado que hoy existen precios competitivos contra el gasoil importado». Para el directivo, un mayor uso de biodiésel no solo reduciría la dependencia de las importaciones de combustible, sino que también generaría un efecto positivo en las exportaciones de aceite de soja, ya que un mayor consumo interno impulsaría los precios internacionales.
Las entidades destacan que el sector viene realizando inversiones durante décadas y que genera más de 30.000 puestos de trabajo. Zubizarreta también subrayó que la apertura a la libre competencia a partir de 2030 es un plazo razonable y que no supondría un sacrificio fiscal para el Estado, sino todo lo contrario: «todo aumento de biodiésel redundaría en mejoras de precios para las exportaciones de aceite de soja». En cuanto a las críticas de las pymes, el titular de CARBIO aclaró que no han alcanzado acuerdos formales con ningún sector, pero que alientan el diálogo permanente y confían en que el Senado sea el ámbito para encontrar soluciones regulatorias.
Esta postura coincide con la de CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que emitieron una comunicación conjunta para instar al Senado a tratar el proyecto cuanto antes. La expectativa del sector es que el nuevo marco legal permita combinar la competencia con la inversión y la creación de empleo, sin dejar de lado los beneficios para el consumidor final.
Una alternativa para repartir el mercado
Ante el avance del proyecto, Cepreb ha presentado una propuesta alternativa que busca un equilibrio. La idea es elevar el corte obligatorio al 12,5%, pero dividiendo el mercado en tres segmentos para que las pymes puedan competir en igualdad de condiciones. Un 5% estaría reservado para las plantas regionales ubicadas a más de 80 kilómetros del puerto de General San Martín, un 2,5% para las empresas no integradas del polo rosarino, y el 5% restante quedaría abierto a la libre competencia, incluyendo a las grandes aceiteras. En todos los casos, la asignación se haría mediante licitaciones, con precios determinados por el mercado, pero dentro de grupos de empresas con estructuras productivas comparables.
La propuesta no implica mantener los cupos fijos actuales, sino establecer una competencia real entre actores similares. Según Cepreb, este esquema permitiría incorporar a las grandes compañías al mercado interno, pero sin sacrificar la presencia industrial de las provincias. La entidad también aclara que no existe un acuerdo con las demás cámaras del sector sobre esta alternativa, pero insiste en que es la única forma de garantizar la supervivencia de las pymes y, con ellas, de las economías regionales.
El debate, por tanto, no es solo sobre un porcentaje. Está en juego el modelo de desarrollo: si se apuesta por la concentración en grandes grupos exportadores o si se preserva una red de plantas que genera arraigo y trabajo en el interior. Las audiencias en el Senado han mostrado posiciones irreconciliables, y el tiempo corre.
Mientras tanto, el sector sigue operando con el corte del 7,5% y con la incertidumbre de no saber cuándo ni cómo se resolverá la nueva ley. Las pymes reclaman que se escuchen sus números: las 25 plantas producen alrededor de 900.000 toneladas anuales, y un incremento al 12,5% generaría una demanda adicional de 600.000 toneladas, suficiente para llenar su capacidad sin forzar cierres. Las grandes cámaras, por su parte, insisten en que sin una apertura total el país perderá oportunidades de inversión y exportación en un mercado global cada vez más competitivo.
La decisión que tomen los senadores en las próximas semanas marcará el rumbo de una industria clave para la transición energética argentina. No se trata solo de cumplir con estándares ambientales, sino de definir quiénes participarán en el negocio y con qué reglas. La pelota está en el tejado del Congreso.
