La localidad cordobesa de Baena se encuentra en un momento de gran agitación social y administrativa debido a la proyección de una planta de biogás de gran envergadura en sus tierras. Vecinos y colectivos locales han expresado su inquietud por lo que consideran una amenaza potencial para el equilibrio ambiental de un municipio que vive, respira y siente por y para el olivar, motor indiscutible de su economía y cultura.
Ante este panorama, el consistorio baenense ha decidido mover ficha de forma contundente para salvaguardar los intereses de la comunidad. La alcaldesa, María Jesús Serrano, ha dejado claro que la prioridad absoluta es garantizar la salud y la calidad de vida de los habitantes, evitando que decisiones externas puedan comprometer el futuro del entorno natural y económico del pueblo, sin que por ahora exista ninguna licencia de obras concedida.
Un muro de alegaciones técnicas frente a la planta
El Ayuntamiento de Baena ha anunciado que presentará una batería de alegaciones jurídicas y técnicas contra la Autorización Ambiental Integrada que actualmente tramita la Junta de Andalucía. No se trata de una pataleta sin fundamento, sino de un análisis concienzudo de los posibles impactos en el paisaje y la salubridad que esta industria podría acarrear. Entre los puntos calientes que preocupan a los servicios municipales destacan los malos olores, el notable aumento del tráfico de camiones pesados por caminos rurales y la gestión de los residuos que entrarían en la planta.
Desde el equipo de gobierno se insiste en que, aunque la decisión ambiental está en manos de la administración autonómica, el Ayuntamiento no se va a quedar de brazos cruzados. Se busca que cualquier proyecto de este calibre cumpla con los máximos niveles de exigencia y control, pues se teme que la llegada de desechos de otros municipios transforme el modelo productivo local en un esquema industrial intensivo que no encaja con la filosofía de economía circular de proximidad que se pretende fomentar en la comarca.
Reparto de competencias y seguridad jurídica
Es importante entender que el proceso está en una fase de tramitación y que la última palabra en materia ambiental la tiene la Junta de Andalucía. Sin embargo, la alcaldesa ha recordado que el municipio mantiene sus propias competencias urbanísticas intactas, lo que significa que no se dará luz verde a ningún movimiento sin contar con informes favorables y sin haber escuchado a todos los sectores implicados. La transparencia se ha convertido en el eje central de esta gestión para evitar que la ciudadanía se sienta desplazada de las decisiones que afectan a su territorio.
La regidora ha hecho un llamamiento a la calma, asegurando que se trabajará con rigor para que los intereses generales de Baena prevalezcan sobre cualquier iniciativa empresarial. El objetivo es que los vecinos tengan la certeza de que su Ayuntamiento actúa como un filtro de seguridad, analizando cada detalle del expediente ambiental que ha estado en exposición pública para que nadie pueda decir que se ha mirado para otro lado ante un asunto de tal relevancia.
La voz del pueblo: propuesta de consulta popular
Por otro lado, el grupo GRODEN-Ecologistas en Acción ha decidido elevar el tono de la participación ciudadana solicitando formalmente una consulta popular. Esta organización considera que, dada la trascendencia económica y territorial del proyecto, deberían ser los propios baenenses quienes se pronuncien en las urnas sobre si desean o no la instalación de la planta de biogás. Para ello, han registrado una propuesta de acuerdo que busca obtener el visto bueno del Gobierno central para celebrar este referéndum local.
Los ecologistas defienden que Baena es un referente olivarero y que cualquier industria que ponga en riesgo la calidad de los acuíferos o el paisaje agrícola debe contar con una legitimidad social incuestionable. No se oponen al biogás como tecnología, sino al modelo de gran capacidad que podría traer residuos de fuera, rompiendo el equilibrio del ecosistema local. Según el colectivo, una consulta de este tipo reforzaría la transparencia institucional y ayudaría a reducir la conflictividad social por macroplantas de biogás que ha generado el anuncio del proyecto.
Ordenación del futuro energético en suelo rústico
Como medida preventiva y de futuro, el Ayuntamiento ha iniciado la redacción de un Plan Especial de Regulación de Energías Renovables. La idea es dejar de ir a remolque de los proyectos que presentan las empresas y empezar a planificar con criterios claros y objetivos dónde y cómo pueden instalarse este tipo de actividades. Este instrumento urbanístico aportará seguridad jurídica tanto a los inversores como a los vecinos, estableciendo zonas de exclusión donde el valor paisajístico o agrícola sea intocable.
Este nuevo plan no se hará a puerta cerrada, sino que contará con un proceso participativo abierto a colectivos sociales, organizaciones agrarias y empresarios. Se trata de diseñar un modelo de desarrollo sostenible y compatible con la protección del olivar tradicional. Con esta herramienta, Baena pretende tomar las riendas de su ordenamiento territorial, asegurando que la transición energética sea una oportunidad de mejora y no un foco de problemas para quienes viven del campo.
La situación actual en Baena refleja un compromiso firme por parte de las instituciones y las asociaciones civiles para velar por un crecimiento equilibrado. A través de la presentación de alegaciones fundamentadas, la propuesta de una consulta popular y la creación de una normativa urbanística específica, se busca blindar la identidad agrícola y la salud pública frente a proyectos industriales que generan incertidumbre. El futuro de la planta de biogás queda ahora supeditado a la resolución de la administración autonómica y a la firmeza de un municipio que exige ser escuchado antes de que se tome cualquier decisión irreversible sobre su entorno natural.