Durante muchÃsimo tiempo se nos ha vendido la economÃa circular como la panacea para arreglar el desastre ambiental y, al mismo tiempo, mantener la maquinaria económica en marcha. La idea es sencilla sobre el papel: dejar de tirar cosas, alargar la vida útil de los productos y rediseñar todo para que los materiales vuelvan al ciclo. Estas propuestas han calado hondo en las normativas de la Unión Europea, convirtiéndose en el corazón del Pacto Verde y de la nueva hoja de ruta industrial, basándose en la terminologÃa esencial sobre economÃa circular y sus claves.
Sin embargo, hay una pregunta que suele quedar en el tintero y que es fundamental: ¿esta circularidad beneficia a todo el mundo o solo a unos pocos? Hasta ahora, el enfoque ha sido muy técnico, centrándose en la eficiencia y los procesos, pero olvidando que lo circular no es sinónimo de justo. Si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de que la transición verde acabe perpetuando las mismas desigualdades de siempre o, peor aún, desplazando los problemas hacia los territorios más vulnerables.
El giro hacia la justicia social en la circularidad
Para que este cambio sea real, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha sugerido que la justicia social no sea un parche, sino el eje central. Esto implica dejar de mirar solo los números y empezar a analizar quién se lleva los beneficios y quién se queda con la parte mala del reparto. Para entenderlo mejor, se proponen tres dimensiones esenciales que deben guiar cualquier polÃtica.
En primer lugar, la justicia distributiva analiza cómo se reparten las cargas y las ganancias. No puede ser que el Norte Global disfrute de tecnologÃas limpias mientras el Sur Global soporta la contaminación de la minerÃa. Luego está la justicia procedimental, que básicamente pide que haya transparencia y que la gente pueda participar de verdad en las decisiones. Y finalmente, la justicia de reconocimiento, que busca dar visibilidad a esos grupos que siempre han sido ignorados, como los recolectores informales o las comunidades indÃgenas.
No podemos olvidar que la economÃa circular no ocurre en el aire; está ligada a factores como la clase social, el género o el estatus migratorio. Aquà es donde entra la interseccionalidad, ya que las barreras se acumulan y hacen que algunas personas tengan mucho más difÃcil acceder a las oportunidades de los llamados empleos verdes y su impacto real en el trabajo.
Análisis de sectores crÃticos: BaterÃas, Plásticos y Textiles
Si queremos ver dónde aprieta la tuerca, hay que mirar las cadenas de valor. El caso de las baterÃas es muy clarificador. Con el auge de los coches eléctricos, la demanda de litio y cobalto se ha disparado. Aunque la UE tiene reglamentos estrictos para asegurar la sostenibilidad, la realidad en paÃses como la República Democrática del Congo o Chile es otra: trabajo infantil y expoliación de tierras.
En el sector de los plásticos, el problema es el llamado «colonialismo de residuos». Muchos paÃses desarrollados exportan sus desechos a regiones con infraestructuras deficientes, trasladando la toxicidad a comunidades marginadas. Además, los recicladores informales, que son los que realmente hacen el trabajo sucio, suelen ser estigmatizados y excluidos de los nuevos sistemas formales de reciclaje de plásticos en España y el mundo.
Por su parte, la industria textil es el ejemplo perfecto de exceso. El fast fashion ha creado un ciclo de consumo frenético donde la ropa termina en vertederos como el desierto de Atacama. La transición circular aquà no puede ser solo crear telas nuevas, sino cambiar el modelo de producción, abordando los desafÃos y regulaciones de los residuos textiles para que las trabajadoras del Sur Global cobren salarios dignos y no se sigan destruyendo ecosistemas enteros.
Herramientas para un cambio real y equitativo
Para que esto no se quede en buenas intenciones, hacen falta palancas polÃticas fuertes. Por un lado, están las medidas obligatorias, como prohibir la destrucción de ropa no vendida o limitar la importación de residuos. Estas normas son vitales para poner freno a las prácticas comerciales abusivas que externalizan los costes ambientales.
Por otro lado, existen los incentivos no obligatorios, como las subvenciones al ecodiseño o las ayudas para fomentar la reparación. Pero ojo, que si estas ayudas no se gestionan bien, acabarán en el bolsillo de las empresas que ya tienen poder, dejando fuera a los pequeños talleres y emprendedores locales.
Es fundamental crear indicadores sociales que midan el éxito de estas polÃticas. No basta con saber cuántas toneladas de plástico se han reciclado; necesitamos saber si ha mejorado la salud laboral o si se ha reducido la brecha de género en el sector. La transparencia total de la cadena de valor es la única forma de garantizar que nadie esté siendo explotado en el camino hacia la sostenibilidad.
Lograr que la circularidad sea justa requiere que dejemos de verla como un reto puramente tecnológico y empecemos a tratarla como un compromiso ético. Solo si se integran los derechos humanos, el respeto a los saberes ancestrales y una redistribución real de la riqueza, podremos decir que estamos construyendo un modelo que regenera el planeta sin dejar a nadie tirado en el camino.
