En Alcoy y otras localidades de la provincia de Alicante ha salido a la luz un caso que pone el foco en la gestión irregular de decenas de toneladas de ropa usada. Un empresario, que aseguraba dedicarse a la compra, venta y exportación de textiles, habría utilizado naves industriales y parcelas alquiladas como vertederos improvisados para deshacerse de grandes cantidades de prendas.
La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a un varón de 39 años como presunto responsable de esta trama, en la que se investiga no solo una posible estafa económica a particulares, sino también el impacto sobre el entorno. El caso ha despertado preocupación en la zona, tanto por el perjuicio causado a los dueños de las propiedades afectadas como por el coste ambiental y económico de retirar todos esos residuos textiles.
Un supuesto empresario textil que convirtió naves en vertederos
La investigación se originó en Orihuela, cuando el propietario de una nave industrial y una parcela anexa denunció ante la Policía que su inquilino había dejado de pagar el alquiler y había desaparecido sin dar explicaciones. Este arrendatario se presentaba como un profesional del sector textil, dedicado a la compra y venta de ropa y a su exportación, lo que en un primer momento inspiró confianza al dueño del inmueble.
Tras varios meses sin recibir las mensualidades pactadas y sin lograr contactar con el inquilino, el propietario decidió acudir personalmente a la nave. Al llegar, se encontró con que sus instalaciones, en lugar de albergar una actividad empresarial legítima, estaban llenas de montones de prendas tiradas sin orden por el suelo y en los alrededores.
Los agentes señalan que tanto la nave como la parcela se estaban empleando como vertedero incontrolado de prendas textiles, con grandes pilas de sacos y fardos de ropa acumulados al aire libre. Lejos de gestionarse adecuadamente, los residuos permanecían expuestos, con el consiguiente riesgo para el medio ambiente y para la propia seguridad de las instalaciones.
Según relató el denunciante, no tardó en comprobar que camiones de gran tonelaje acudían a su parcela para descargar allí enormes cantidades de ropa usada, siempre por indicación del arrendatario. En lugar de tratarse de una operativa de reciclaje controlada, lo que se estaba produciendo era un simple abandono de residuos textiles en terrenos alquilados.
Las pesquisas policiales han permitido averiguar que el detenido presuntamente se ofrecía a terceras personas o empresas como gestor de ropa usada, cobrándoles por hacerse cargo de su recogida y reciclaje. Sin embargo, en lugar de canalizar esos residuos hacia instalaciones autorizadas, lo que hacía era ir acumulándolos en diferentes naves industriales y parcelas arrendadas, que convertía de facto en depósitos irregulares.
Estafa a propietarios y clientes del supuesto servicio de reciclaje
El caso no se limita al perjuicio ambiental o al abandono de ropa. La Policía Nacional atribuye al detenido presuntos delitos de estafa y daños, ya que habría engañado tanto a los propietarios de las naves que alquilaba como a quienes contrataban sus servicios de gestión de textiles usados.
Por un lado, los dueños de los inmuebles, como el afectado de Orihuela, dejaron de percibir las rentas acordadas y se encontraron con sus propiedades saturadas de residuos textiles, con el consiguiente problema para poder volver a utilizarlas o arrendarlas. Además, deberán afrontar los costes y las gestiones para la retirada de la ropa acumulada si no se logra repercutirlos al presunto responsable.
Por otro lado, al menos dos personas más de la zona habrían sido estafadas por el mismo individuo, al que pagaron por un servicio de transporte y tratamiento de ropa usada que nunca se realizó conforme a la normativa. En lugar de un circuito de reciclaje, lo que había detrás era una operativa de abandono de residuos para ahorrarse los gastos de su correcta gestión.
La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer más perjudicados, ya sea propietarios de terrenos y naves que fueron utilizados como puntos de vertido, o empresas y particulares que confiaron en este supuesto gestor de textiles pensando que su ropa tendría un destino sostenible y regulado.
Un coste de retirada que ronda los 120.000 euros
Durante las diligencias, los agentes recopilaron información sobre el coste real que supone el tratamiento regulado de este tipo de residuos textiles. Las empresas autorizadas para gestionar ropa usada cobran, según los datos recabados, entre 100 y 200 euros por tonelada, dependiendo del tipo de prenda, del estado en que se encuentre y del proceso que deba seguir (reutilización, reciclaje de fibras, valorización, etc.).
A ello se suma el gasto derivado del transporte en camión desde las naves y parcelas afectadas hasta las plantas de tratamiento. Cada vehículo de gran capacidad puede suponer alrededor de 1.000 euros por trayecto, entre combustible, personal, carga, descarga y otros costes logísticos asociados.
El propietario de la nave de Orihuela, basándose en la cantidad de ropa acumulada en sus terrenos, ha calculado que harían falta más de 50 camiones para vaciar por completo la parcela y trasladar todo el material textil a instalaciones adecuadas. Teniendo en cuenta estas cifras, la retirada y tratamiento de los residuos podría alcanzar unos 120.000 euros en total.
Ese volumen de ropa, que se ha descrito como decenas de toneladas, no solo implica un gasto económico considerable, sino también una complejidad logística importante: clasificación de las prendas, separación de materiales, identificación de lo reutilizable frente a lo que debe reciclarse o eliminarse, así como la coordinación con plantas autorizadas en la Comunidad Valenciana u otras zonas de España.
Detención en Alcoy y posible delito medioambiental
Tras las pesquisas iniciales en Orihuela, los investigadores siguieron el rastro del sospechoso hasta Alcoy (Alicante), donde finalmente fue localizado e identificado. Según la información difundida por la Policía Nacional, el detenido también habría desarrollado en esta ciudad la misma actividad ilícita: alquiler de espacios industriales para acumular ropa usada sin tratamiento alguno.
Una vez confirmada su identidad y su presunta implicación en los vertidos, los agentes procedieron a su arresto. El hombre fue detenido por su supuesta participación en estafa y daños patrimoniales, al haber ocasionado un grave perjuicio económico a los arrendadores de las naves y a quienes confiaron en él como gestor de residuos textiles.
Además, la investigación no se limita a los aspectos patrimoniales. Los agentes no descartan imputarle también un delito contra el medio ambiente, dado el potencial impacto de estas enormes cantidades de ropa abandonada sobre el suelo, el subsuelo y el entorno cercano. La acumulación prolongada de textiles puede favorecer la proliferación de plagas, la emisión de malos olores y la degradación de materiales sintéticos que acaban liberando microplásticos y otras sustancias contaminantes.
Tras la práctica de las diligencias policiales pertinentes, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alcoy, que deberá determinar las medidas a adoptar y la calificación definitiva de los hechos, en coordinación con la Fiscalía y los organismos competentes en materia medioambiental.
Este caso ha puesto sobre la mesa los riesgos de una mala gestión de la ropa usada en España y la Unión Europea, donde cada vez se generan más residuos textiles y se insiste en la necesidad de reforzar los controles, fomentar el reciclaje responsable y evitar que decenas de toneladas de prendas terminen en vertederos ilegales como los detectados en Alcoy y Orihuela.
