Desguace clandestino en la Ribera Alta: residuos peligrosos y graves infracciones ambientales

  • La Guardia Civil destapa un desguace clandestino en un polígono industrial de la Ribera Alta con residuos peligrosos mal gestionados.
  • En la nave se localizaron disolventes corrosivos e inflamables, neumáticos fuera de uso y vehículos desguazados sin descontaminar.
  • El responsable, un joven de 26 años de nacionalidad rumana, carecía de licencias, seguros y documentación ambiental obligatoria.
  • Se han remitido actas de denuncia a la Conselleria de Medio Ambiente y al Ayuntamiento, solicitando el cese inmediato de la actividad.

desguace clandestino en la Ribera Alta con residuos peligrosos

Un almacén-desguace clandestino ubicado en un polígono industrial de la Ribera Alta (València) ha quedado en el punto de mira de las autoridades tras detectarse una actividad de gestión de residuos peligrosos completamente al margen de la normativa. La Guardia Civil ha propuesto una sanción y ha solicitado al ayuntamiento del municipio el cese de la actividad por el riesgo que suponía para el entorno y la seguridad de las personas.

La intervención se puso en marcha después de que un vecino diera la voz de alarma sobre continuos movimientos de camiones y almacenaje de sustancias sospechosas en el interior de una nave industrial. A partir de ese aviso, los agentes iniciaron una investigación que ha destapado un escenario con graves deficiencias en materia de seguridad, gestión de residuos y cumplimiento de la legislación ambiental vigente en la Comunitat Valenciana.

Un aviso ciudadano destapa la actividad clandestina

La actuación comenzó el pasado 28 de febrero, cuando agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Carlet se desplazaron hasta el polígono industrial señalado por el vecino. Al llegar, comprobaron la salida de un tractocamión con semirremolque desde la nave investigada, lo que confirmó el intenso movimiento de mercancías que se venía observando en la zona.

Tras las primeras comprobaciones, los agentes verificaron que la empresa de transporte vinculada a los vehículos estaba constituida en Rumanía y no figuraba debidamente registrada ni habilitada para operar en España. Este detalle encendió aún más las alarmas, al apuntar a una posible operativa transfronteriza de residuos sin control administrativo ni trazabilidad.

Ante la sospecha de que pudieran estar cometiéndose infracciones medioambientales de especial gravedad, se solicitó el apoyo de una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Alzira, especializada en la supervisión de este tipo de actividades. A partir de ese momento se llevó a cabo una inspección detallada del interior de la nave.

En el interior del almacén, los agentes localizaron un importante volumen de materiales y sustancias químicas que, a primera vista, apuntaban a una operativa de desguace y gestión de residuos completamente irregular. La magnitud del hallazgo llevó a documentar minuciosamente cada elemento con el fin de remitir un informe completo a las autoridades competentes.

Recipientes con disolventes corrosivos e inflamables sin protección

Uno de los puntos que más preocupación generó entre los investigadores fue la presencia de grandes recipientes llenos de disolventes altamente corrosivos e inflamables. Estas sustancias, por su peligro potencial, requieren un almacenamiento sometido a estrictas condiciones técnicas y de seguridad, algo que en la nave brillaba por su ausencia.

Los envases se encontraban apilados de manera precaria, sin bandejas de contención ni cubetos que evitaran la dispersión del producto en caso de vertido o rotura. Además, los agentes constataron que los recipientes no estaban ubicados en zonas habilitadas para sustancias peligrosas, lo que aumentaba exponencialmente el riesgo de incendio, explosión o contaminación del suelo.

A esta situación se sumaba la ausencia total de extintores operativos y sistemas de extinción de incendios en la instalación. La nave no contaba con medios de respuesta rápida en caso de que se produjera un incidente, ya fuera un fuego originado por los disolventes o un derrame incontrolado.

Los agentes del Seprona también señalaron la falta de mecanismos y equipos destinados a contener o controlar posibles derrames, como materiales absorbentes, sistemas de drenaje adecuados o planes de emergencia. En la práctica, cualquier fuga podía acabar afectando al suelo de la nave y, potencialmente, a la red de saneamiento o al subsuelo de la zona industrial.

Esta combinación de productos peligrosos, falta de medidas de protección y almacenamiento negligente llevó a los investigadores a calificar el lugar como una instalación de alto riesgo tanto para el medio ambiente como para la seguridad de los trabajadores y de las empresas colindantes.

Neumáticos fuera de uso y vehículos sin descontaminar

Además de los disolventes, la inspección sacó a la luz un importante volumen de neumáticos al final de su vida útil almacenados sin control. Los agentes comprobaron que estos residuos no respetaban las condiciones de gestión ni las medidas de seguridad exigidas por la normativa estatal que regula los neumáticos fuera de uso.

Los neumáticos aparecían amontonados sin orden ni sistemas de prevención de incendios, lo que en caso de fuego podría originar una densa humareda tóxica y un episodio de contaminación de larga duración. Este tipo de residuos requiere una gestión específica, con operadores autorizados y trazabilidad hasta su reciclaje de neumáticos.

Durante la actuación, la Guardia Civil también localizó dos vehículos desguazados con matrícula extranjera que no habían sido descontaminados. Antes de proceder al desmontaje y reciclaje de un automóvil, la normativa obliga a retirar correctamente aceites, combustibles, baterías, líquidos y otros componentes peligrosos, un proceso que aquí se había ignorado por completo.

La presencia de estos coches en proceso de desguace, sin las medidas de seguridad necesarias ni la intervención de un centro autorizado, refuerza la tesis de que la nave se utilizaba como desguace clandestino y punto de tratamiento de residuos sin autorización. Todo ello se realizaba al margen de los registros oficiales de gestores de residuos de la Comunitat Valenciana.

Los agentes documentaron fotográficamente tanto los neumáticos como los vehículos para incorporarlos a las actas de denuncia elevadas a las administraciones competentes, a fin de que puedan valorarse las sanciones correspondientes y las posibles medidas de reparación ambiental.

Falta total de licencias, seguros y documentación ambiental

En paralelo a la inspección física de la nave, la Guardia Civil requirió al responsable del establecimiento que aportara toda la documentación que acreditara la legalidad de la actividad: licencias municipales de apertura, autorizaciones ambientales, pólizas de seguro de responsabilidad civil, contratos de gestión de residuos y certificados de la empresa de transporte.

El encargado, un hombre de 26 años y nacionalidad rumana, no pudo entregar ninguno de esos documentos en el momento de la inspección ni en los días posteriores. Hasta la fecha, no se ha acreditado la existencia de permisos válidos ni de inscripción como gestor autorizado o centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil.

Esta ausencia de papeles constituye una infracción muy grave de la Ley 5/2022, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana. Dicha norma exige que toda actividad relacionada con la recogida, almacenamiento o tratamiento de residuos esté sujeta a autorización y cumpla unos requisitos técnicos y administrativos estrictos.

Asimismo, la nave vulneraba la Ley 6/2014, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, que fija el marco general para el funcionamiento de instalaciones potencialmente contaminantes. La falta de licencia ambiental y de controles periódicos sitúa a este tipo de negocios en una situación de absoluta irregularidad.

A lo anterior se suma el incumplimiento de la normativa estatal sobre gestión de neumáticos fuera de uso y descontaminación de vehículos, lo que agrava aún más el expediente sancionador y puede conllevar penalizaciones económicas significativas si las autoridades determinan la existencia de múltiples infracciones acumuladas.

Intervención del Seprona y traslado del caso a Medio Ambiente

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet y de la Patrulla del Seprona de Alzira, que han coordinado sus actuaciones para documentar con detalle todas las irregularidades observadas en la nave de la Ribera Alta. Su trabajo ha permitido elaborar un informe completo sobre la situación del desguace clandestino.

Tras finalizar la inspección, la Guardia Civil procedió a levantar diversas actas de denuncia dirigidas a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, órgano competente en materia de residuos y autorizaciones ambientales en la Comunitat Valenciana. También se remitieron los informes al ayuntamiento de la localidad donde se ubica la nave.

En la documentación trasladada a las administraciones se detalla la naturaleza y volumen de los residuos peligrosos hallados, el estado de los neumáticos almacenados, la presencia de vehículos sin descontaminar y la completa carencia de medidas de prevención de incendios y de protección frente a posibles vertidos.

Los agentes han subrayado, asimismo, el papel esencial del aviso ciudadano, que permitió detectar a tiempo una actividad industrial clandestina de alto riesgo en plena comarca de la Ribera Alta. Sin esa colaboración, la acumulación de residuos y sustancias peligrosas podría haber seguido creciendo sin control durante más tiempo.

Ahora serán la Conselleria y el Ayuntamiento quienes, a la vista de las actas y de la gravedad de los hechos, deberán determinar las sanciones económicas, las órdenes de clausura y las medidas de restauración ambiental que correspondan, incluyendo la correcta gestión de los residuos acumulados en la nave.

El caso del desguace clandestino en la Ribera Alta pone de relieve la importancia de vigilar las actividades industriales que operan al margen de la normativa ambiental, tanto por el impacto que pueden tener sobre el territorio como por el riesgo que suponen para la seguridad de los trabajadores y de los vecinos. La combinación de sustancias peligrosas, neumáticos fuera de uso y vehículos sin descontaminar, todo ello sin licencias ni medidas de protección, ilustra hasta qué punto este tipo de instalaciones clandestinas pueden convertirse en un foco de problemas si no se actúa con rapidez y firmeza.

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