En Cataluña, la desalinización cobra un papel estratégico clave en la gestión del agua incluso después de haber dejado atrás una de las sequías más graves de las últimas décadas. Aunque las reservas de los embalses internos han alcanzado un destacado 80% de su capacidad y los acuíferos han comenzado a recuperarse, el Govern ha optado por no bajar la guardia ante la posibilidad de que se repitan episodios de escasez hídrica acentuados por los efectos del cambio climático.
Actualmente, las plantas desalinizadoras catalanas continúan operando a un ritmo elevado, concretamente al 75% de su capacidad máxima, una cifra que supera lo previsto en el actual Plan Especial de Sequía aprobado en 2020. Esta política responde a una visión a largo plazo para anticiparse a futuras crisis de agua y reducir la dependencia de la meteorología.
Motivos para mantener la desalinización en primera línea
Fuentes de la Agencia Catalana del Agua (ACA) explican que uno de los objetivos prioritarios es preservar los embalses y permitir la recuperación de acuíferos estratégicos como el del delta del Llobregat, que todavía no han vuelto a sus niveles óptimos. Mantener las desalinizadoras funcionando ayuda a evitar el agotamiento rápido de las reservas acumuladas, especialmente durante periodos de mayor consumo en verano.
Además, hay un compromiso de reducir la dependencia de los embalses del Ter, Sau y Susqueda para abastecer a Barcelona, lo cual forma parte de los acuerdos vigentes entre administraciones. Todos estos elementos contribuyen a un modelo hídrico basado en la resiliencia y la anticipación ante posibles sequías.
Nuevas infraestructuras y planes de futuro
El Govern catalán se ha propuesto en cinco años que el 70% de la demanda de agua pueda cubrirse con fuentes que no dependan de la lluvia. Para lograrlo, se implementará un plan integral que incluye la ampliación de la desalinizadora de La Tordera (que comenzará sus obras a finales de verano tras un acuerdo con el Estado) y la creación de una nueva planta en Foix. Ambas instalaciones se pondrán en marcha durante la primera mitad de 2029.
Junto con la desalinización, el plan contempla medidas como la regeneración de agua, mayor eficiencia en redes y el aprovechamiento de nuevas cuencas como la del Besòs, con el objetivo de incrementar en 280 hectómetros cúbicos la disponibilidad total de recursos hídricos.
Esta estrategia se fundamenta en el diagnóstico de expertos, quienes alertan sobre la desertificación de la región mediterránea y un descenso esperado en el caudal de los ríos de hasta un 20% para 2050.
Debate social y medioambiental
No toda la sociedad aplaude la apuesta por la desalinización como base estructural del nuevo modelo hídrico. Organizaciones ecologistas como Aigua és Vida advierten del alto consumo energético y posibles aumentos en el costo del agua, además del impacto ambiental de la gestión de salmuera. Consideran que este recurso debería usarse solo en situaciones de emergencia y sugieren limitar su consumo en los sectores principales responsables de la contaminación y el gasto.
Desde la ACA, en cambio, se defiende la política actual y se afirma que el coste de la desalinización ya está incluido en la tarifa. Además, aseguran que no se han detectado efectos medioambientales negativos significativos. La salmuera se vierte a varios kilómetros mar adentro bajo estrictos controles para minimizar impactos en los ecosistemas marinos.
La experiencia de las últimas sequías y las proyecciones climáticas refuerzan la convicción del ejecutivo catalán de que adoptar un enfoque preventivo y menos dependiente de la climatología es imprescindible. La desalinización se consolida, así, como uno de los pilares del nuevo y ambicioso modelo hídrico en Cataluña.