El escĆ”ndalo salpica a la estatal boliviana YPFB. El Viceministerio de Transparencia ha presentado dos denuncias penales por un presunto daƱo econĆ³mico de mĆ”s de 870 millones de bolivianos (unos 75 millones de dĆ³lares) vinculado a la Planta de BiodiĆ©sel I, ubicada en Santa Cruz. La trama, segĆŗn las autoridades, se fraguĆ³ en 2024 con la modificaciĆ³n exprĆ©s del reglamento de garantĆas de YPFB RefinaciĆ³n para beneficiar a un proveedor de aceite crudo de soja.
Los hechos salieron a la luz este miĆ©rcoles en una rueda de prensa ofrecida por el viceministro Yamil GarcĆa, quien detallĆ³ que la investigaciĆ³n se centra en dos contratos firmados con la empresa Agroindustrial del Este ā Indueste S.R.L. por un valor conjunto de 1.057 millones de bolivianos. De esa cantidad, se desembolsaron anticipos equivalentes al 75% del total, pero la compaƱĆa incumpliĆ³ sus obligaciones y no se exigieron las garantĆas habituales para recuperar el dinero.
Un agujero millonario en la planta de biodiƩsel
El viceministro explicĆ³ que, segĆŗn la normativa, en este tipo de contrataciones deberĆan existir al menos dos garantĆas: una de cumplimiento del contrato, equivalente al 7% del valor, y otra para cubrir el anticipo entregado. Sin embargo, en este caso no se exigiĆ³ ninguna de las dos, lo que permitiĆ³ que la empresa recibiera los fondos sin ningĆŗn respaldo. La maniobra, segĆŗn la denuncia, se gestĆ³ en una reuniĆ³n del directorio de YPFB RefinaciĆ³n celebrada el 2 de abril de 2024, donde se aprobĆ³ una modificaciĆ³n del reglamento de garantĆas para incluir excepciones a los proveedores de aceite crudo de soya.
La modificaciĆ³n eliminĆ³ la exigencia de la garantĆa por correcta inversiĆ³n del anticipo y, para contratos superiores a un millĆ³n de bolivianos, sustituyĆ³ la garantĆa de cumplimiento por una simple retenciĆ³n. Tres dĆas despuĆ©s, el 5 de abril, se comunicĆ³ la adjudicaciĆ³n a Indueste; el 8 de abril se firmĆ³ el contrato y al dĆa siguiente comenzaron los desembolsos. āEn menos de una semana, YPFB configurĆ³ este esquema para entregar mĆ”s de 870 millones sin una sola garantĆaā, denunciĆ³ GarcĆa.
Las irregularidades en la contrataciĆ³n
El caso no se limita a la falta de garantĆas. Las autoridades tambiĆ©n han seƱalado que la planta de biodiĆ©sel I arrastra un sobreprecio de unos 10 millones de dĆ³lares en su construcciĆ³n, y que las primeras operaciones dejaron un agujero econĆ³mico considerable. SegĆŗn el informe, la empresa Indueste solo cumpliĆ³ con cerca del 20% de la producciĆ³n comprometida, y cuando se intentĆ³ ejecutar las garantĆas, se descubriĆ³ que los dos terrenos ofrecidos como respaldo eran pequeƱas propiedades agrarias, inembargables por mandato constitucional.
Ante el incumplimiento, se acordĆ³ la rescisiĆ³n de uno de los contratos y la devoluciĆ³n de 336,4 millones de bolivianos, pero el dinero nunca llegĆ³. El viceministro subrayĆ³ que āde principio a fin han concurrido una serie de hechos sistemĆ”ticamente realizados para beneficiar a una empresa con mĆ”s de 870 millones de bolivianos que no han retornado nunca al patrimonio de YPFBā. AdemĆ”s, se ha detectado que el anterior directorio de YPFB RefinaciĆ³n aceptĆ³ esos terrenos como garantĆa, pese a que las normas exigen boletas o pĆ³lizas.
Denuncias y consecuencias
El Viceministerio de Transparencia ha presentado dos denuncias ante el Ministerio PĆŗblico por presuntos delitos de corrupciĆ³n, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconĆ³mica. Los denunciados son 14 personas, entre ellas el representante legal de Indueste, varios socios de la empresa, y funcionarios y exfuncionarios de YPFB RefinaciĆ³n, incluyendo a los gerentes de las Ć”reas comercial, jurĆdica y solicitante. Dos de los implicados ya se encuentran con detenciĆ³n preventiva, mientras que otros tres tienen medidas sustitutivas.
La investigaciĆ³n, que comenzĆ³ hace unos 20 dĆas, ha recibido cerca de 60 denuncias relacionadas con el sector de hidrocarburos, de las cuales el 60% corresponden a YPFB y el 40% a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El Gobierno ha habilitado una lĆnea de WhatsApp para que los ciudadanos puedan reportar mĆ”s casos de corrupciĆ³n. Mientras tanto, el viceministro GarcĆa ha asegurado que se buscarĆ” el resarcimiento econĆ³mico a favor del Estado mediante medidas cautelares reales.
Este nuevo escĆ”ndalo se suma a las crĆticas que ya pesaban sobre la gestiĆ³n de la planta de biodiĆ©sel, que fue impulsada por el expresidente Luis Arce y que, segĆŗn los denunciantes, no ha operado a plena capacidad. La falta de transparencia en la contrataciĆ³n y la rapidez con la que se realizaron los pagos han generado un profundo malestar en la opiniĆ³n pĆŗblica boliviana, que ve cĆ³mo los recursos destinados a la producciĆ³n de biocombustibles terminan en manos de empresas privadas sin control.
La situaciĆ³n ha puesto en el punto de mira a la direcciĆ³n de YPFB RefinaciĆ³n durante el gobierno de Arce, y se espera que la FiscalĆa amplĆe la investigaciĆ³n a otros funcionarios que participaron en la elaboraciĆ³n de informes tĆ©cnicos y legales. Mientras tanto, el daƱo econĆ³mico de 870 millones de bolivianos sigue sin recuperarse, y el Estado boliviano se enfrenta a un nuevo caso de corrupciĆ³n que mancha la imagen de la industria de los biocombustibles en el paĆs.
En definitiva, la denuncia del Viceministerio de Transparencia ha destapado una trama de corrupciĆ³n en la planta de biodiĆ©sel de YPFB que ha costado al Estado mĆ”s de 870 millones de bolivianos. La modificaciĆ³n irregular del reglamento de garantĆas, la falta de control en los desembolsos y la posterior imposibilidad de ejecutar las garantĆas han dejado un agujero difĆcil de tapar. Con 14 personas denunciadas y dos detenidas, la justicia boliviana tendrĆ” que determinar responsabilidades, mientras la ciudadanĆa exige que se recupere el dinero y se depuren las responsabilidades polĆticas.