La futura planta de biogás proyectada en El Cubo de la Tierra del Vino se ha convertido en el nuevo foco de una polémica territorial y ambiental en la provincia de Zamora. La asociación vecinal Pueblos Sanos ha llevado al caso ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tras constatar movimientos de maquinaria y operarios en la parcela donde está prevista la instalación.
El punto más delicado del conflicto es que, según denuncian los colectivos ciudadanos, el proyecto aún no cuenta con la Autorización Ambiental Integrada, un trámite imprescindible para iniciar cualquier obra de este tipo. Mientras, fuentes cercanas a la empresa promotora aseguran que las labores realizadas se limitan a estudios previos del terreno y niegan que se trate del arranque de la construcción de la planta.
Denuncia de Pueblos Sanos ante el Seprona
La asociación Pueblos Sanos, integrada en la federación Zamora en Pie, ha interpuesto formalmente una denuncia ante el Seprona al tener conocimiento de que en la finca donde se proyecta la planta de biogás de El Cubo del Vino se estaban desarrollando trabajos con maquinaria pesada y presencia de operarios. Según relatan, fueron varias las personas que advirtieron estos movimientos y dieron la voz de alarma.
Para el colectivo vecinal, el elemento clave es que el procedimiento administrativo todavía no ha concluido y, por tanto, el proyecto carece de la Autorización Ambiental Integrada que otorga la Junta de Castilla y León. Desde su punto de vista, cualquier intervención que pueda interpretarse como el inicio de las obras vulneraría la normativa que regula este tipo de infraestructuras industriales.
Pueblos Sanos subraya en sus comunicados que la empresa promotora estaría “arriesgándose” al hacer trabajos sobre el terreno sin tener la seguridad de que el proyecto recibirá el visto bueno definitivo de la administración autonómica. A su entender, esa actitud incrementa la sensación de inseguridad entre los vecinos, que llevan meses planteando objeciones al expediente de la planta.
La denuncia ha sido acompañada por referencias a otras instalaciones de biogás promovidas por las mismas compañías en la provincia, lo que, según la asociación, dibuja un patrón de expansión rápida de proyectos de biometano, con un grado de contestación social creciente.
La versión de la empresa: estudios geotécnicos, no inicio de obra
Frente a las sospechas de la asociación, fuentes conocedoras del proyecto defienden una versión muy distinta. Sostienen que las labores observadas en la parcela de El Cubo del Vino no pueden interpretarse de ninguna manera como el comienzo de la construcción de la planta de biometano.
Según estas fuentes, lo que se ha llevado a cabo son trabajos de geotecnia para tomar muestras del suelo y analizar sus características, un tipo de actuación que se realiza de manera habitual en grandes proyectos industriales y que, explican, se prolongó aproximadamente durante una semana.
Una vez finalizados esos estudios, añaden, la finca habría sido devuelta a su estado previo, sin estructuras permanentes, ni cimentaciones, ni obras de urbanización del terreno. Aseguran también que la empresa no iniciará la fase de construcción en sentido estricto hasta disponer de la licencia urbanística y del resto de permisos exigidos por la normativa vigente.
Esta interpretación, más alineada con los meros preparativos técnicos, choca con la preocupación de los colectivos vecinales, que consideran que cualquier movimiento significativo de maquinaria puede simbolizar un “punto de no retorno” en la tramitación de la planta, pese a que la administración todavía no haya culminado su evaluación.
Quién promueve la planta y qué características tiene el proyecto
La futura instalación de El Cubo del Vino está impulsada por la empresa Biorig (Biorig Energy Cubo del Vino), la misma que promueve otros proyectos de biogás en San Cebrián de Castro y Villardondiego, también en la provincia de Zamora. Estas iniciativas se enmarcan en la apuesta general por el biometano como vector energético renovable vinculado al aprovechamiento de residuos agroganaderos.
El proyecto de El Cubo del Vino contempla la construcción de una planta de valorización de residuos destinada principalmente a la producción de biometano. Entre los sustratos previstos destacan el purín de porcino, estiércol de vacuno, paja de maíz y gallinaza, con una capacidad de tratamiento que, según la documentación tramitada, podría rondar las 198.000 toneladas anuales de materias primas de origen local.
La administración autonómica, a través de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, emitió en diciembre una resolución favorable a la evaluación de impacto ambiental y al proyecto técnico. No obstante, esta resolución ha sido objeto de recurso y de solicitud de revocación por parte de la asociación, que considera que no se han valorado adecuadamente todos los condicionantes, en especial los relacionados con el agua y el planeamiento urbanístico.
El diseño de la planta se presenta por sus impulsores como una oportunidad para gestionar residuos ganaderos de manera más eficiente, reducir emisiones difusas y generar gas renovable aprovechable en la red o en usos industriales. Sin embargo, para los colectivos vecinales de la zona, el tamaño del proyecto y su cercanía a núcleos habitados genera dudas sobre los posibles impactos en la calidad de vida y en el entorno.
Alegaciones, dudas ambientales y afección al agua
Uno de los frentes más activos en la tramitación ha sido el de las alegaciones presentadas por Pueblos Sanos y otras plataformas. Estas organizaciones han registrado numerosos escritos en los que señalan lo que consideran “graves irregularidades” del expediente y piden revisar de arriba abajo la autorización ambiental.
Entre los puntos que más inquietud generan se encuentra la ubicación de parte de la planta sobre un curso intermitente de agua, identificado por la asociación como el “barranco del Hoyo”. Según sostienen, esta circunstancia incrementaría el riesgo de afecciones a las aguas superficiales y subterráneas, especialmente en episodios de lluvias intensas, y podría entrar en conflicto con la normativa hídrica.
Pueblos Sanos insiste en que, a día de hoy, no se ha ofrecido una respuesta convincente a estas objeciones dentro del expediente administrativo, ni por parte de la administración autonómica ni por parte de la promotora. Reclaman, por ello, una revisión detallada de los informes hidrológicos y una mayor transparencia sobre cómo se gestionarán los efluentes líquidos y los digestatos.
Además del factor agua, las alegaciones apuntan a otras cuestiones, como la posible incompatibilidad con el planeamiento urbanístico, la proximidad a viviendas y explotaciones agrícolas, o las emisiones de olores y ruidos que podrían derivarse del funcionamiento diario de la planta. El colectivo sostiene que la suma de estos elementos debería haber conducido a una evaluación más restrictiva.
Un conflicto que implica a varios pueblos de la zona
La oposición al proyecto no se limita al término municipal de El Cubo del Vino. La asociación Pueblos Sanos agrupa a vecinos de El Cubo de Tierra del Vino, Maderal, Cuelgamures, Fuentespreadas, Villamor y Argujillo, lo que refleja que la preocupación por la planta trasciende las fronteras administrativas del municipio donde se emplazaría.
Para este colectivo, la planta de biogás se percibe como un elemento que puede alterar el modelo de vida de varias localidades del entorno, tanto por el tráfico de camiones de residuos como por el miedo a olores persistentes o a posibles problemas de salud pública. En su discurso público, insisten en que no se trata de una oposición a las energías renovables en sí mismas, sino a proyectos que consideran mal ubicados o sobredimensionados para el territorio.
La asociación recuerda también que el director general de Biorig participó en una charla en Zamora para explicar las supuestas ventajas del biogás, un acto en el que inicialmente estaba prevista la presencia del presidente de la Diputación y del consejero de Medio Ambiente de la Junta. Para los colectivos críticos, este tipo de eventos refuerza la sensación de que existe una sintonía estrecha entre instituciones y promotores, mientras que las inquietudes locales quedan en segundo plano.
En paralelo, plataformas provinciales como Stop Biogás Zamora o Pueblos Vivos han venido alertando del crecimiento acelerado de proyectos de biometano en diferentes municipios y reclaman una ordenación más coordinada a nivel autonómico, que tenga en cuenta la capacidad de carga de las comarcas rurales y la opinión de las poblaciones afectadas.
El precedente de Peleas de Abajo y el debate sobre las sanciones
Uno de los argumentos más repetidos por Pueblos Sanos y por otras asociaciones es el precedente de la planta de biogás de Peleas de Abajo, también en la provincia de Zamora. En aquel caso, la empresa promotora Norton Dos Ibérica, participada por San Gregorio, fue denunciada por la plataforma Stop Biogás Zamora por realizar movimientos de tierras y vallados sin contar con la licencia correspondiente.
Esa actuación derivó en un expediente sancionador que concluyó con una multa económica. La sanción, inicialmente de 35.000 euros, fue finalmente rebajada a 21.000 después de que la compañía reconociera que había iniciado la obra sin disponer de todos los permisos. Para los colectivos ciudadanos, esa cuantía resulta insuficiente como medida disuasoria ante potenciales incumplimientos de la ley.
Tanto Pueblos Sanos como Pueblos Vivos sostienen que decisiones así pueden generar entre las empresas la impresión de que comenzar trabajos sin autorización tiene consecuencias asumibles desde el punto de vista financiero, lo que, a su entender, fomenta comportamientos de “hechos consumados” a la espera de que la administración regularice después la situación.
En este contexto, la denuncia sobre El Cubo del Vino se enmarca en un clima de desconfianza hacia la capacidad de la administración para controlar de manera rigurosa el cumplimiento de la normativa ambiental y urbanística, especialmente cuando se trata de inversiones catalogadas como estratégicas o vinculadas a la transición energética.
Tramitación administrativa y próximos pasos
Mientras continúa el debate público, el proyecto de planta de biogás de El Cubo del Vino sigue su curso en la vía administrativa. La resolución favorable de impacto ambiental ya emitida es un hito relevante, pero la instalación aún necesita completar varios trámites clave, entre ellos la concesión definitiva de la Autorización Ambiental Integrada y la licencia de obras por parte del ayuntamiento correspondiente.
Desde el entorno de la empresa se insiste en que no se iniciará ninguna construcción efectiva sin contar con todos los permisos y que actuaciones como los estudios geotécnicos son habituales y necesarias para dimensionar adecuadamente la infraestructura. Por su parte, las organizaciones vecinales reclaman que se extremen las precauciones y se vigile cualquier movimiento que pueda interpretarse como obra adelantada.
La denuncia presentada ante el Seprona abre la puerta a que la Guardia Civil investigue sobre el terreno qué tipo de trabajos se han realizado exactamente en la parcela y si se ajustan a la normativa previa al inicio formal de las obras. En función de las conclusiones, podrían adoptarse medidas adicionales o archivarse la queja si se confirma que todo se ha ceñido a los márgenes permitidos.
En un escenario en el que la implantación de plantas de biogás se está multiplicando en distintas comarcas de España, lo que suceda en El Cubo de la Tierra del Vino será observado de cerca tanto por otras comunidades rurales que afrontan proyectos similares como por las administraciones responsables de compatibilizar la expansión de las energías renovables con la protección del medio ambiente y el respeto a la normativa.
El caso de la planta de biogás de El Cubo del Vino ilustra cómo un proyecto de energía renovable puede convertirse en un foco de tensión cuando la tramitación, la comunicación con los vecinos y el rigor en el cumplimiento de permisos se perciben como insuficientes. Entre denuncias ante el Seprona, alegaciones por posibles afecciones hídricas, precedentes de sanciones consideradas leves y la defensa de la empresa de que solo se han hecho estudios técnicos previos, el futuro de la instalación seguirá marcado por el cruce de informes, recursos y decisiones administrativas que deberán aclarar si la planta acaba levantándose y bajo qué condiciones.
