La situación en el tramo final del río grande de Andalucía ha llegado a un punto de no retorno para las autoridades locales. El consistorio de Sanlúcar de Barrameda ha decidido pasar a la acción legal de forma contundente ante lo que consideran una amenaza directa para su entorno natural y su sustento económico. A través de una denuncia formal ante la Fiscalía de Medio Ambiente, se ha solicitado que se inicien diligencias de investigación y se apliquen medidas cautelares urgentes para frenar los vertidos que bajan desde las explotaciones mineras situadas en Aznalcóllar y Gerena, en la provincia de Sevilla.
En este escenario de incertidumbre, la alcaldesa Carmen Álvarez ha dejado claro que el equipo de Gobierno no se va a quedar de brazos cruzados mientras el estuario corre peligro. No es un tema nuevo, pues desde hace tiempo se vienen produciendo reuniones y movilizaciones en Cádiz y Sevilla donde colectivos como la Cofradía de Pescadores o la plataforma ‘Salvemos el Guadalquivir’ han dado la voz de alarma. El Ayuntamiento ha querido dar este paso al frente para defender no solo la biodiversidad, sino también la imagen de una zona ribereña que vive de cara al río y que no puede permitirse un golpe patrimonial de esta envergadura.
Un frente común por la salud del estuario y Doñana
La denuncia presentada no se anda con chiquitas y pone el foco en la necesidad de esclarecer si las minas de Aznalcóllar y Gerena están soltando sustancias contaminantes de forma ilegal. Se trata de un espacio de un valor ecológico incalculable, ya que el Guadalquivir es el vecino directo de Doñana y cualquier alteración en sus aguas afecta a todo el ecosistema. La preocupación es máxima porque se teme que la actividad minera termine pasando factura a la salud pública y al medio ambiente, incurriendo potencialmente en delitos contra la administración y el patrimonio natural.
El apoyo social a esta causa ha sido masivo en los últimos meses, culminando con la manifestación multitudinaria del pasado mayo en Sanlúcar. Este respaldo ciudadano ha servido para que las instituciones locales sientan que el pueblo está muy quemado con la gestión que se está haciendo del río. La alcaldesa recuerda que el Guadalquivir es el corazón de actividades agrícolas y turísticas clave, y que cualquier sospecha de contaminación ilegal pone en riesgo miles de puestos de trabajo y la propia supervivencia de las especies que habitan en estas aguas tan especiales.
El respaldo científico tras la denuncia municipal
No se trata solo de una percepción política o social, ya que la denuncia se apoya en datos técnicos bastante preocupantes. Un equipo de investigación de las universidades de Cádiz y Sevilla publicó recientemente un diagnóstico actualizado sobre la presencia de metales en el estuario. Aunque los niveles detectados todavía no han cruzado la línea roja de los umbrales de toxicidad internacional, los índices de riesgo ecológico pintan un panorama bastante feo con situaciones de riesgo moderado y considerable en puntos específicos del cauce, lo que justifica la intervención de la Fiscalía.
Resulta llamativo que, a pesar de estas advertencias científicas, las alegaciones presentadas previamente por el Ayuntamiento de Sanlúcar al proyecto minero hayan caído en saco roto. La Junta de Andalucía decidió hacer oídos sordos a estas reclamaciones desestimándolas por completo, lo que ha obligado a la administración local a buscar amparo en la justicia ordinaria. La meta es que se investigue a fondo si se están cumpliendo las normativas de vertidos y, sobre todo, que se garantice que el desarrollo de la minería de metales críticos no se haga a costa de destrozar un entorno que es de todos.
El impacto económico es otro de los pilares que sostiene esta batalla legal, especialmente si miramos hacia el puerto de Bonanza. Esta infraestructura es actualmente el segundo motor pesquero de Andalucía, y cualquier sombra de duda sobre la calidad del agua del Guadalquivir podría hundir la reputación de sus capturas. Por eso, el consistorio insiste en que proteger el río es, en realidad, proteger el pan de muchas familias sanluqueñas que dependen de que el estuario siga siendo una fuente de vida saludable y productiva.
La movilización institucional busca, en última instancia, que se adopten medidas preventivas antes de que el daño sea irreversible para la biodiversidad y la economía local. El Ayuntamiento de Sanlúcar mantiene su compromiso de seguir trabajando codo con codo con los investigadores y los colectivos sociales para salvaguardar un patrimonio natural que es el alma de la comarca y que no puede verse comprometido por intereses ajenos a la sostenibilidad del territorio.