La discusión sobre si alargar la vida de las nucleares más allá de 2035 debe quedarse en papel mojado o convertirse en una decisión de política energética real ha ganado peso en las últimas semanas, situando a la energía nuclear en el centro del debate. El cambio de contexto desde que se pactó el calendario de cierre y el frenazo en el despliegue de renovables y almacenamiento han reabierto un debate que afecta de lleno a la competitividad de la industria española.
Un informe elaborado por Monitor Deloitte, bajo el título «La contribución de la energía nuclear a la competitividad industrial en España», sitúa este asunto en el centro de la estrategia energética, destacando el papel de los reactores nucleares.
Un sistema eléctrico muy distinto al de 2019
Cuando en 2019 las empresas propietarias de las centrales y Enresa pactaron el calendario de cierre escalonado entre 2027 y 2035, el escenario energético era otro. El socio del área de Energía de Monitor Deloitte, Laureano Álvarez, remarca que el sistema al que se pensaba llegar difiere bastante del que finalmente se está configurando, con renovables y almacenamiento avanzando por debajo de lo previsto y un entorno geopolítico mucho más inestable.
El estudio recuerda que el plan actual contempla el apagado progresivo de todas las centrales, con Almaraz como primer hito y un horizonte final en 2035 para el resto del parque. Sin embargo, las compañías han empezado a mover ficha y ya han planteado prorrogar Almaraz hasta 2030, a la vista de las necesidades del sistema y de la propia industria electrointensiva.
La patronal CEOE ha aprovechado la presentación del informe para enmarcar la cuestión en un contexto de fuerte competencia internacional, descarbonización acelerada y necesidad de contar con energía asequible y estable. En este escenario, la duda ya no es solo si se cumple el calendario marcado, sino si tiene sentido económico y técnico prescindir de la nuclear justo cuando se refuerza su valor estratégico.
El documento de Deloitte sostiene que la realidad actual obliga a revisar las hipótesis del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que se apoyaba en un gran salto de demanda eléctrica y un fuerte despliegue de almacenamiento que todavía no se ha materializado. Cerrando las nucleares al ritmo previsto, advierte, habría que recurrir mucho más al gas para cubrir los huecos, con el consiguiente impacto en precios y emisiones.
Impacto económico: 1.400 millones al año y 15 €/MWh menos
El corazón del informe está en los números. La consultora calcula que alargar la vida operativa del parque nuclear más allá de 2035 permitiría un ahorro directo de unos 1.400 millones de euros anuales para la industria española, básicamente por la reducción del coste de la electricidad frente al escenario de cierre.
En el mercado mayorista, la presencia continuada de generación nuclear firme y con costes relativamente estables se traduciría, según Deloitte, en una rebaja de unos 14 euros por megavatio hora (MWh) en 2035 respecto al escenario en el que las plantas ya estuvieran apagadas. A este efecto se suma un euro adicional por MWh vinculado al menor coste futuro de tecnologías como las baterías, que tendrían más tiempo para abaratarse.
Esta combinación llevaría la bajada total estimada hasta los 15 €/MWh, una diferencia nada menor para un tejido industrial que ya soporta una factura energética de en torno a 15.500 millones de euros al año. Tomando como referencia 2019, los costes se dispararon más de un 100% en 2022 y se mantuvieron un 40% por encima de aquel nivel en 2023, reflejando una volatilidad que ha hecho mucho daño a las cuentas de resultados.
De media, la energía representa aproximadamente el 25% del beneficio operativo de las empresas industriales. En sectores electrointensivos como la metalurgia, la química, la cerámica o el papel, el peso es todavía mayor. El informe estima que la extensión de la vida de las nucleares podría traducirse en un ahorro equivalente a entre un 6% y un 24% del beneficio neto de estos subsectores, lo que da idea de la relevancia de la decisión.
Además de abaratar el precio de la electricidad, mantener la generación nuclear reduciría la necesidad de servicios de ajuste del sistema, esos mecanismos que se activan para equilibrar oferta y demanda cuando hay mucha penetración de tecnologías intermitentes. Aunque el estudio no pone una cifra cerrada a este concepto, sí señala que el ahorro potencial es «importante» y que reforzaría la estabilidad del sistema en momentos de tensión.
La nuclear como energía de base para la industria
Más allá de los cálculos económicos, Monitor Deloitte subraya que la nuclear encaja especialmente bien con el perfil de consumo industrial, continuo y de larga duración. En 2024, esta tecnología aportó alrededor del 20% de la electricidad generada en España, con más de 7.700 horas equivalentes de funcionamiento, muy por encima de muchas tecnologías renovables.
Este funcionamiento prácticamente ininterrumpido se ajusta a la perfección a los procesos productivos que superan las 6.000 horas anuales de operación, frecuentes en grandes plantas metalúrgicas, químicas, cementeras o del sector papelero. Para estas compañías, disponer de una fuente de energía en base, predecible y poco expuesta a las oscilaciones diarias del mercado es casi una cuestión de supervivencia competitiva.
A nivel territorial, el estudio señala que el consumo eléctrico industrial se concentra en gran medida en Cataluña, País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana, que reúnen cerca del 60% de la demanda industrial total. En paralelo, comunidades como Extremadura o Cantabria, con consumos por debajo de la media, prevén fortes incrementos de demanda asociados a nuevos proyectos industriales y a la electrificación de procesos.
En este contexto, la prolongación del parque nuclear se presenta como una forma de asegurar potencia firme en las zonas con clústeres electrointensivos y de facilitar el desarrollo industrial en regiones que están apostando por atraer nueva actividad. Sin esa base estable, advierte el informe, sería más complicado sostener precios competitivos y evitar episodios de tensión en la red.
La consultora remarca además que la nuclear actúa como un “seguro” frente a la volatilidad. Durante la crisis energética de 2022, la operación continuada de las centrales españolas contribuyó a amortiguar el impacto de la escalada del gas y, según las estimaciones, evitó costes adicionales de unos 5.000 millones de euros para el conjunto del sistema eléctrico; sobre este punto pueden verse análisis centrados en Almaraz ante su cierre.
Tiempo extra para el almacenamiento y las redes
Uno de los argumentos más repetidos en el informe es que extender la vida de las nucleares daría margen para desplegar el almacenamiento eléctrico y reforzar las redes con un ritmo más realista. La idea de fondo es que las baterías y otras soluciones de almacenamiento acabarán jugando un papel clave, pero todavía necesitan años de maduración tecnológica y abaratamiento.
Deloitte calcula que, si se dispone de ese tiempo adicional gracias a la operación prolongada de las centrales, el sistema podría beneficiarse de unos 1.400 millones de euros anuales de ahorro en inversiones futuras en tecnologías de almacenamiento, una vez que estas hayan reducido sus costes. Esa cifra se traslada en el análisis a aproximadamente 1 €/MWh de ahorro añadido en el precio de la electricidad.
En la práctica, la nuclear se concibe como un puente entre el sistema actual y uno futuro mucho más renovable, donde el almacenamiento y la gestión de la demanda tengan un papel protagonista. Acelerar el cierre de las centrales sin que ese puente esté bien construido implicaría, según el estudio, una mayor dependencia del gas y una exposición más alta a episodios de precios extremos.
El documento también pone el acento en que, con la demanda eléctrica creciendo menos de lo previsto y una penetración renovable todavía lejos de lo planificado, no se dan las condiciones técnicas que se asumían cuando se aprobó el calendario de apagón nuclear. De ahí que la consultora plantee abiertamente la necesidad de replantear los plazos, al menos hasta que el despliegue de tecnologías de respaldo vaya cumpliendo los objetivos.
Desde la perspectiva de la patronal, no se trata de frenar la transición energética, sino de evitar un salto al vacío que pueda encarecer el recibo de la luz y deteriorar la competitividad industrial justo en plena carrera global por atraer inversiones verdes.
Beneficios climáticos: 14 millones de toneladas de CO2 menos
En el plano medioambiental, el informe de Monitor Deloitte insiste en que la extensión de la vida útil del parque nuclear sería compatible con los objetivos climáticos y, de hecho, ayudaría a alcanzarlos. La razón es simple: si la nuclear sale del sistema demasiado rápido, gran parte de esa energía tendrá que ser sustituida, al menos a corto y medio plazo, por centrales de ciclo combinado de gas.
Las estimaciones de la consultora apuntan a que, manteniendo abiertas las nucleares más allá de 2035, se evitaría la emisión de unos 14 millones de toneladas de CO2 anuales en 2035. Esa cifra refleja el volumen de emisiones que, de otro modo, tendrían que asumir las tecnologías fósiles para suplir la generación que hoy proporcionan los reactores. Para más contexto sobre el impacto ambiental de la energía nuclear pueden consultarse estudios específicos.
Además, al tratarse de una fuente que produce de forma constante y desestacionalizada, la nuclear contribuye a estabilizar el sistema en momentos de baja producción renovable, como ciertos periodos de invierno con poco sol y viento irregular. En esas situaciones, tener una base nuclear operativa reduce la necesidad de poner en marcha centrales de gas a precios elevados.
El informe subraya que, durante la crisis energética de 2022, esta capacidad de generación estable fue clave para contener la volatilidad en el mercado eléctrico, evitando picos de precios todavía más acusados. A juicio de los autores, esa experiencia debería servir como aviso de lo que podría ocurrir si el sistema prescinde de golpe de una quinta parte de su generación sin contar con un respaldo equivalente.
Los defensores de la prolongación insisten en que la nuclear ya ha sido reconocida por la Unión Europea dentro de la taxonomía como una tecnología que puede considerarse baja en carbono en determinados supuestos, lo que refuerza el argumento de que puede convivir con el despliegue de renovables en la senda hacia la neutralidad climática.
Fiscalidad, rentabilidad y estabilidad regulatoria
Si los números parecen avalar la extensión de la vida de las centrales, el gran escollo está en el terreno empresarial y regulatorio. Desde Foro Nuclear se advierte de que, con el actual esquema de impuestos y tasas, la prórroga es complicada. El presidente de la asociación, Ignacio Araluce, ha denunciado en varias ocasiones una especie de «asfixia impositiva» sobre la nuclear que, en determinados momentos, hace que las plantas operen con una rentabilidad muy ajustada.
Entre los elementos que pesan en esa ecuación figuran distintos tributos estatales y autonómicos, así como las aportaciones a Enresa para la gestión de residuos y desmantelamientos. Las empresas reclaman un marco más predecible y unos niveles fiscales que permitan retribuir las inversiones necesarias para mantener las centrales en condiciones de seguridad durante más años.
El mensaje de las propietarias de las centrales es que están dispuestas a acometer las inversiones que exige la extensión de la vida útil —que suelen ser menores que construir nueva potencia equivalente—, pero siempre que exista un entorno que garantice una rentabilidad razonable y estabilidad regulatoria. Cambiar las reglas cada pocos años, advierten, dificulta tomar decisiones de largo plazo en un sector que planifica con décadas de antelación.
Araluce ha llegado a señalar que “las empresas no se pueden lanzar a la piscina si se cambian las reglas del juego continuamente”, aludiendo a la necesidad de acuerdos claros y duraderos. En su opinión, no hay un problema de falta de competitividad tecnológica de la nuclear en sí misma, sino de cómo se configura su entorno fiscal y normativo.
El caso de Almaraz se ve como un ejemplo especialmente delicado: la compra de combustible y la planificación de las recargas exigen tomar decisiones con varios años de margen. Si no se clarifica a tiempo el horizonte de funcionamiento, el cierre puede acabar siendo irreversible por pura cuestión técnica, incluso aunque exista voluntad política posterior de dar marcha atrás.
Posición de la CEOE: neutralidad tecnológica y datos sobre la mesa
La patronal empresarial se ha implicado de lleno en este debate. Durante la presentación del informe, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, insistió en que el futuro del parque nuclear español no debería decidirse desde planteamientos ideológicos, sino a partir de análisis rigurosos sobre costes, competitividad y seguridad de suministro.
Garamendi defendió la neutralidad tecnológica como principio básico, recalcando que «todas las energías son necesarias» si se quiere garantizar un suministro seguro y asequible. En sus palabras, la organización no se declara «ni de las renovables, ni del gas, ni de las nucleares», sino partidaria de contar con todas las opciones disponibles siempre que contribuyan a precios razonables y a los objetivos climáticos.
El presidente de la CEOE recordó que, para muchas industrias, la energía supone ya una cuarta parte de su beneficio operativo, por lo que cualquier incremento de costes se traduce de manera directa en pérdida de competitividad frente a otros países. Renunciar a la nuclear sin tener garantizado un reemplazo igual de estable y barato, advirtió, podría jugar en contra de la industria española respecto a competidores como Francia o Estados Unidos, que han optado por prolongar y en algunos casos reforzar su parque nuclear.
En la clausura del acto, Garamendi conectó este debate con episodios recientes de tensión en el sistema eléctrico, mencionando apagones y periodos de precios elevados como ejemplo de lo que ocurre cuando falta generación firme. A su juicio, prolongar la vida de las nucleares contribuye a que el precio de la energía sea “razonable” para empresas y hogares, además de dar tiempo para seguir desplegando renovables y almacenamiento con menos sobresaltos.
Desde Foro Nuclear, Ignacio Araluce calificó de «sentido común» aprovechar instalaciones que ya están amortizadas, que generan alrededor del 20% de la electricidad del país y que ayudan a reducir emisiones. También apuntó que la percepción social hacia esta tecnología está cambiando, algo que, en su opinión, debería ser tenido en cuenta por los responsables políticos cuando tomen decisiones sobre el calendario de cierre o su posible revisión.
Con todos estos elementos sobre la mesa —ahorro de costes, impacto climático, seguridad de suministro, fiscalidad y competitividad industrial—, el debate sobre alargar la vida de las nucleares más allá de 2035 se ha convertido en una de las grandes encrucijadas de la política energética española, donde las próximas decisiones marcarán tanto la estructura del sistema eléctrico como la capacidad de la industria para seguir compitiendo en un entorno global cada vez más exigente.
