La ciudad colombiana de Santa Marta se ha convertido en estos días en el epicentro político y científico del debate sobre cómo dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón. Allí se ha celebrado la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, una cita que ha reunido a delegaciones de más de 50 países, miles de participantes y una intensa presencia de movimientos sociales.
Durante casi una semana, gobiernos, expertos y organizaciones han intentado responder a una pregunta que llevaba años flotando en el aire: cómo planificar, financiar y ejecutar una salida ordenada de los combustibles fósiles sin hundir las economías y garantizando justicia social. El resultado es un proceso aún incipiente, pero con decisiones que apuntan a un cambio de fase en la diplomacia climática.
Un proceso político nuevo: la salida de los fósiles al centro de la agenda
La Conferencia de Santa Marta nace precisamente de la percepción de que el Acuerdo de París dejó un vacío importante: fija objetivos de reducción de emisiones, pero no define de forma clara cómo se debe ir cerrando la extracción y el uso de combustibles fósiles. Ese hueco ha sido el punto de partida del encuentro colombiano.
Según relatan organizaciones como Ecologistas en Acción o la Alianza por el Clima, más de 50 gobiernos han situado por primera vez la salida de los combustibles fósiles en el centro explícito de la agenda global. No se trata solo de hablar de renovables o eficiencia, sino de poner fecha y forma al declive del petróleo, el gas y el carbón.
Este espacio se plantea como complementario a las negociaciones formales de la ONU, pero con un margen político distinto: menor presencia de grandes productores reticentes y más protagonismo de países dispuestos a asumir compromisos. La ausencia de potencias como Estados Unidos, China o Arabia Saudí ha dejado una coalición de países que, pese a no ser los mayores emisores, representan más de la mitad del PIB mundial y una porción relevante de la demanda energética.
La propia ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, que ha presidido las conversaciones, lo resumió asegurando que los países presentes «han decidido no resignarse a una economía construida sobre la destrucción de la vida». El mensaje político es claro: la transición energética ya no puede quedarse en eslogan, tiene que traducirse en decisiones concretas.
Durante seis días, las delegaciones han discutido cómo descarbonizar sus balanzas comerciales, reformar sistemas fiscales y reorientar el comercio y la inversión para hacer posible esa salida ordenada de los fósiles. El resultado no es aún un tratado, pero sí una base de trabajo para los próximos años.
El Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET)
Uno de los principales frutos de la cumbre ha sido la creación del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET), concebido como una herramienta técnica para ayudar a los países a diseñar hojas de ruta realistas y compatibles con el límite de 1,5 ºC del Acuerdo de París.
Según el Ministerio de Ambiente colombiano y organizaciones como WWF, este nuevo panel tendrá la tarea de identificar opciones concretas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, analizar las barreras legales, financieras y políticas que frenan la descarbonización y proponer soluciones adaptadas a los distintos contextos nacionales.
El SPGET se inspira parcialmente en el funcionamiento de órganos como el comité británico sobre cambio climático, pero incorpora una característica clave: una fuerte representación de países del Sur Global y de pequeños Estados insulares como Tuvalu o Vanuatu, que viven la crisis climática como una amenaza inmediata y no como un horizonte lejano.
Su misión será explicar de forma muy concreta cómo abandonar el petróleo, el gas y el carbón sector por sector y país por país, con objetivos y plazos compatibles con los escenarios que mantienen la temperatura dentro del umbral de seguridad. Todo ello, insisten sus impulsores, debe hacerse blindando el trabajo científico de presiones políticas y económicas.
La estructura del panel se definirá entre esta primera conferencia y la siguiente, y se plantea como “abierta y flexible”, de forma que los países puedan sumarse o liderar iniciativas específicas con el respaldo de la comunidad científica. Se espera que sus análisis alimenten tanto las decisiones nacionales como los debates de las próximas cumbres climáticas.
Hojas de ruta, barreras legales y finanzas: el núcleo del debate
Más allá de la creación del SPGET, la cumbre ha acordado tres grandes líneas de trabajo para orientar el proceso. La primera, quizá la más visible, es el diseño de hojas de ruta nacionales para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, con calendarios y metas sectoriales.
Aunque cada país partirá de una situación distinta, la idea compartida es que estas hojas de ruta deben ser integrales: no pueden quedarse en objetivos de los ministerios de medio ambiente, sino implicar a haciendas, energía, industria, trabajo y planificación económica. Se trata de evitar cierres bruscos como el que vivió la propia Santa Marta con el cierre de dos minas de carbón sin planificación previa.
Una segunda línea se centra en desmantelar las barreras legales y financieras que hoy protegen al negocio fósil. Entre ellas, los tratados de inversión que blindan a las grandes empresas y permiten demandar a los Estados que intentan legislar a favor del clima, o los elevados niveles de endeudamiento que empujan a muchos países a seguir explotando combustibles para pagar su deuda externa.
En tercer lugar, el proceso apunta a la transformación de la oferta y la demanda. No basta con que los consumidores reduzcan el uso de combustibles fósiles si, al mismo tiempo, se sigue ampliando la infraestructura de extracción y transporte. De ahí la referencia recurrente al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que propone frenar la expansión de nuevos proyectos.
Los debates también han abordado el papel de los subsidios fósiles y los ingresos públicos asociados al sector, especialmente en América Latina. Casos como el de Colombia, donde las ayudas a los combustibles han crecido de forma notable en los últimos años, evidencian la dificultad de compatibilizar la protección social a corto plazo con una senda de descarbonización creíble.
Apoyo europeo, papel de España y presiones sobre el Gobierno
Europa ha tenido una presencia destacada en Santa Marta. Catorce países de la Unión Europea, entre ellos España, han firmado una declaración conjunta en la que expresan su “firme apoyo” al proceso y valoran el liderazgo de Colombia y Países Bajos como coanfitriones de la conferencia.
En ese documento, los gobiernos europeos subrayan que la salida progresiva de los combustibles fósiles reduce vulnerabilidades económicas y geopolíticas, al disminuir la exposición a la volatilidad de los precios, a los conflictos internacionales y a las crisis energéticas que se han vivido en los últimos años.
La delegación española ha tenido un protagonismo especial. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha participado en el segmento de alto nivel defendiendo que avanzar en la transición energética es avanzar en soberanía, reducir dependencias y evitar futuras “guerras fósiles”.
Aagesen ha destacado, además, la puesta en marcha de grupos de trabajo específicos sobre financiación, comercio y hojas de ruta para el abandono progresivo de los fósiles. Y ha insistido en que lo ocurrido en Santa Marta supone “pasos concretos” para llegar a las próximas cumbres climáticas con un impulso político renovado.
En paralelo, España y Colombia han aprovechado la conferencia para renovar su Memorando de Entendimiento en materia de transición energética, reforzando la cooperación en energías renovables, movilidad sostenible y financiación climática. Una alianza que busca acelerar la descarbonización de ambas economías y compartir experiencias regulatorias y tecnológicas.
Sin embargo, el apoyo exterior no ha evitado que las organizaciones ecologistas españolas incrementen su presión sobre el Gobierno. Voces como las de WWF, Greenpeace o Ecologistas en Acción reclaman un plan estatal con objetivos claros, plazos definidos, impuestos a la industria fósil y fin de las subvenciones que siguen sosteniendo el modelo actual.
Tratado vinculante o compromisos voluntarios: el gran pulso diplomático
Uno de los debates de fondo que ha atravesado la conferencia es el dilema entre avanzar hacia un instrumento internacional vinculante para regular la producción de combustibles fósiles o seguir basándose en compromisos voluntarios y declaraciones políticas.
Varias organizaciones de la sociedad civil, junto con expertos legales y climáticos, sostienen que la única vía coherente con el derecho climático internacional es un tratado que obligue a mantener buena parte de las reservas fósiles bajo tierra. Sin esa herramienta, advierten, existe el riesgo de que las promesas se queden en “papel mojado”.
De momento, la conferencia se ha limitado a reconocer políticamente la necesidad de ese nuevo instrumento, sin fijar un calendario ni un mandato de negociación formal. Para sectores ecologistas, se trata de un avance insuficiente; para muchos gobiernos, supone un primer paso realista en un contexto geopolítico especialmente tenso.
Representantes de plataformas como la Campaña por un Tratado de Combustibles Fósiles interpretan el contexto actual como una señal clara de cambio: la transición más allá de los fósiles se da por inevitable, y el verdadero pulso se centra en cómo garantizar que sea justa, gradual y equitativa.
El secretario general adjunto de la ONU para la Acción Climática, Selwin Hart, ha recordado en Santa Marta que “todos los indicadores climáticos están en rojo” y que el elemento común sigue siendo la quema de combustibles fósiles. Un recordatorio de que, al margen de los ritmos diplomáticos, el reloj climático no se detiene.
La próxima parada: Tuvalu 2027 y la conexión con las COP
Para dar continuidad al proceso, los países participantes han acordado celebrar una segunda conferencia a comienzos de 2027 en Tuvalu, que estará copresidida por este pequeño Estado insular del Pacífico e Irlanda. El traslado del epicentro del debate a una nación especialmente vulnerable pretende enviar un mensaje simbólico y político potente.
Entre ambas citas se creará un grupo internacional de coordinación encargado de tejer alianzas, evitar duplicidades con otras iniciativas y preparar el contenido de las futuras conferencias. En este grupo figuran países como Reino Unido, Dinamarca, Brasil, Francia o las Islas Marshall, junto con los coanfitriones Colombia, Países Bajos, Tuvalu e Irlanda.
Los resultados del proceso de Santa Marta se compartirán con la Presidencia de la COP30, que deberá integrarlos en su hoja de ruta, y se alinearán con la Agenda de Acción de la COP31, prevista en Turquía. La intención es que lo discutido en este foro no quede en paralelo a la Convención Marco de la ONU, sino que alimente de forma directa los balances globales del Acuerdo de París.
En particular, se espera que los trabajos científicos y políticos del SPGET contribuyan al segundo Balance Global, el mecanismo que cada cinco años evalúa si el mundo está o no en trayectoria compatible con el objetivo de 1,5 ºC. De confirmarse, la Cumbre de Santa Marta se consolidaría como una plataforma relevante dentro del complejo entramado de la gobernanza climática.
Organizaciones como la Alianza por el Clima ven en esta continuidad una oportunidad para evitar que el proceso se reduzca a una mera “recogida de impresiones”. El verdadero examen, advierten, llegará cuando haya que presentar pruebas concretas de implementación en Tuvalu y en las próximas COP.
Movilización social y pueblos indígenas: justicia climática en primera línea
Mientras se desarrollaban las sesiones oficiales, Santa Marta ha acogido también una Cumbre de los Pueblos que ha reunido a comunidades indígenas, organizaciones internacionales, movimientos juveniles y colectivos sociales de varios continentes. Su objetivo: situar la justicia climática en el centro de la discusión.
En esa cumbre paralela se aprobó una declaración que vincula la crisis climática con dinámicas de capitalismo, colonialismo y militarismo, y reclama que los países del Norte Global reconozcan y asuman su deuda ecológica con las regiones más afectadas por el calentamiento.
Las movilizaciones en las calles, bajo lemas como “futuro libre de combustibles fósiles”, han querido recordar a los gobiernos que la salida de los fósiles no es opcional, sino una condición de supervivencia. La cuestión, apuntan portavoces de plataformas como Gas No Es Solución, es cómo asegurar que esa transición sea rápida y al mismo tiempo justa.
Las demandas de la sociedad civil se han articulado en torno a tres ejes principales: eliminación progresiva de los combustibles fósiles, financiación efectiva para los países en desarrollo y reconocimiento de la deuda ecológica de las economías históricamente más contaminantes.
En este contexto han tenido una presencia muy visible los pueblos indígenas de África, América, Asia y Oceanía, que han insistido en que sus territorios no pueden seguir siendo zonas de sacrificio para la extracción de recursos. Representantes amazónicos, andinos y de otros pueblos han reclamado mantener los combustibles fósiles y otros recursos bajo tierra y apostar por modelos de desarrollo alternativos.
Durante la pre-asamblea de pueblos, la exigencia ha sido clara: proteger los territorios indígenas frente a la extracción de petróleo, gas, carbón y minerales, garantizar la consulta previa real y respetar a las comunidades como legítimas dueñas de sus tierras. Un mensaje que varios líderes han llevado después al segmento de alto nivel de la conferencia.
Dimensión latinoamericana y experiencias en transición justa
Latinoamérica ha llegado a Santa Marta con una doble cara: por un lado, una fuerte dependencia de las rentas fósiles; por otro, un enorme potencial de energías renovables y de nuevas cadenas de valor vinculadas a minerales críticos como el litio o el cobre.
Los datos de reservas y subsidios muestran el tamaño del reto. La región concentra una parte significativa del petróleo y del gas mundial, y países como Colombia han incrementado de forma notable sus subsidios a los combustibles en los últimos años, situándolos cerca del 2 % del PIB, según plataformas de seguimiento energético.
Frente a ello, el proceso latinoamericano en torno a Santa Marta propone tres grandes componentes para una transición justa. En primer lugar, una reconversión laboral con derechos, que no se limite a cambiar de oficio, sino que garantice protección social, pensiones y negociación colectiva a los trabajadores de las industrias fósiles.
En segundo lugar, una diversificación de los ingresos fiscales a través de impuestos al carbono, gravámenes a los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles y una eliminación progresiva de los subsidios, empezando por aquellos que favorecen principalmente a grandes consumidores industriales.
El tercer componente se centra en desarrollar cadenas de valor ligadas a la economía limpia. La región, que hoy exporta la mayoría de sus minerales sin procesar, aspira a generar más empleo y riqueza local vinculando la extracción a la fabricación de componentes para tecnologías renovables y almacenamiento de energía.
Experiencias como la de Santa Marta, donde el cierre abrupto de minas de carbón provocó una crisis económica local, se han puesto como ejemplo de lo que ocurre cuando la transición no se planifica. Hoy, comunidades, trabajadores y universidades de la zona experimentan con nuevos medios de vida que buscan demostrar que otra economía es posible si se hace de forma ordenada.
Ciencia, conocimiento local y bienestar en el centro de la transición
La dimensión científica de la cumbre no se ha limitado al anuncio del SPGET. Previamente se organizó una preconferencia académica en la que investigadores de distintos países, junto a comunidades locales, debatieron cómo colocar la evidencia científica y otros saberes en el núcleo de las decisiones públicas.
Desde el Ministerio de Ambiente de Colombia se ha subrayado la importancia de integrar el conocimiento académico con otras formas de conocimiento, incluidas las cosmovisiones indígenas y comunitarias. El objetivo es que las políticas no se diseñen de espaldas a quienes viven en los territorios afectados.
En estos debates ha cobrado fuerza la idea de que la transición energética debe poner el bienestar en el centro. No se trata solo de reducir emisiones, sino de mejorar la salud, la calidad de vida y la equidad en el acceso a oportunidades, evitando que la transición profundice desigualidades ya existentes.
Los portavoces académicos expondrán estas conclusiones ante los responsables políticos de más de 50 países durante el segmento de alto nivel, en presencia de figuras como el presidente colombiano Gustavo Petro y diversos ministros de clima y energía, entre ellos la responsable española de Transición Ecológica.
Para buena parte de la comunidad científica y de la sociedad civil, el gran reto ahora es que estas recomendaciones no se queden en documentos de referencia, sino que moldeen presupuestos, regulaciones y decisiones de inversión en los próximos años.
La Cumbre de Santa Marta deja tras de sí una sensación agridulce: por un lado, el lanzamiento de un proceso político y científico que por fin aborda de frente la salida de los combustibles fósiles; por otro, la ausencia todavía de compromisos jurídicamente vinculantes, calendarios cerrados y financiación suficiente. Entre ambos polos se jugará gran parte de la política climática de la próxima década, con España y la Unión Europea llamadas a reforzar su papel si quieren que la transición sea, además de inevitable, rápida, justa y creíble.