La situación ambiental en la región de Moquegua ha llegado a un punto crítico que ha obligado a la presidencia del Consejo de Ministros a retomar con urgencia las mesas de diálogo para abordar la crisis. La contaminación por metales pesados en la cuenca del río Coralaque no es moco de pavo; afecta no solo al ecosistema local, sino también a la salud y al sustento económico de miles de familias que dependen del agua para sus cultivos y ganado.
Recientemente, el Ejecutivo se ha desplazado hasta la zona para intentar calmar las aguas, nunca mejor dicho, presentando una serie de compromisos que buscan mitigar el impacto de los vertidos. Aunque se han puesto cifras importantes sobre la mesa, el ambiente entre los vecinos y las autoridades locales sigue estando bastante caldeado, ya que consideran que las soluciones definitivas se están dilatando demasiado en el tiempo mientras el daño ambiental sigue avanzando sin freno.
Compromisos financieros y técnicos sobre la mesa
El Ministerio de Energía y Minas ha confirmado que dispone de una partida de 25 millones de soles para poner en marcha un plan de intervención directa en la cuenca. Este dinero se destinará a proyectos que ya cuentan con expedientes técnicos avanzados, centrados principalmente en el tratamiento de aguas contaminadas y la conducción de caudales que no deben entrar en contacto con las zonas mineras para evitar que se acidifiquen.
Dentro de este plan de choque, se contempla la mejora del pH del río Margaritani y la instalación de una planta de tratamiento de aguas ácidas. Según los informes técnicos, se espera que varios de estos expedientes estén listos antes de que acabe el mes de junio, lo que permitiría agilizar los trámites burocráticos mediante una norma de excepción que facilite la ejecución de las obras de emergencia en este territorio tan castigado.
El malestar local y las dudas sobre los plazos
A pesar de estos anuncios oficiales, no todo el mundo está dando saltos de alegría en la región. Muchos representantes locales han recibido con escepticismo la noticia de que el grueso de la inversión para proyectos agrarios se ha programado para el 2027. Esto ha sentado como un jarro de agua fría, ya que para esas fechas el actual Gobierno ya no estará en funciones, lo que genera una incertidumbre política que los vecinos no están dispuestos a pasar por alto.
El alcalde de San Cristóbal-Calacoa llegó incluso a abandonar la sesión de diálogo, calificando las promesas como un brindis al sol. Para los afectados, que se hable de estudios y de recursos a largo plazo mientras su ganado sigue muriendo y sus tierras pierden fertilidad, suena a excusa. Tampoco ayudó mucho el anuncio de la donación de 12 toneladas de arroz y material de abrigo, una medida que algunos sectores consideran insuficiente ante la magnitud de una emergencia ambiental que dura ya más de una década.
Otras inversiones estratégicas para Moquegua e Ilo
Para tratar de ofrecer una visión más amplia del desarrollo regional, el Gobierno ha puesto el foco en otras infraestructuras clave que también son muy demandadas. En julio se entregará el expediente técnico para la carretera Moquegua-Omate-Arequipa, una vía fundamental para la conectividad del sur. Además, se ha priorizado la construcción de un espigón rompeolas en la provincia de Ilo, buscando potenciar la actividad portuaria y comercial de la zona como motor económico alternativo.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo ha anunciado una inyección de más de 4 millones de soles para fomentar el empleo temporal a través de programas de intervención inmediata. Estas medidas buscan dar un respiro económico a los distritos de Quinistaquillas, Matalaque, Chojata y La Capilla, que son algunos de los más golpeados por la degradación de sus recursos naturales debido a la actividad de la unidad minera Florencia-Tucari, la cual seguirá bajo la lupa de los organismos de fiscalización ambiental.
La recuperación total de la cuenca del río Coralaque se perfila como un reto de largo aliento que requiere no solo una fuerte inversión económica, sino una vigilancia constante para asegurar que las empresas cumplan con los estándares de seguridad. El éxito de estos acuerdos dependerá de que las promesas de remediación ambiental se traduzcan en obras tangibles en el corto plazo, logrando que el agua vuelva a ser una fuente de vida y no un riesgo constante para los habitantes de Moquegua.