La COP30 celebrada en Belém (Brasil) se ha convertido en un espejo incómodo de las tensiones que atraviesan hoy la política climática internacional. En pleno corazón de la Amazonía, con casi todos los países del mundo representados, la cita que debía marcar un giro decisivo hacia la descarbonización ha terminado dejando la sensación de oportunidad desaprovechada.
Entre discursos solemnes, llamados a la justicia climática y nuevas iniciativas sectoriales, lo que más ha pesado es el bloqueo en torno a los combustibles fósiles, la falta de ambición real en mitigación y la creciente desconexión entre los datos científicos y lo que los gobiernos están dispuestos a firmar. La cumbre se cierra con avances simbólicos, especialmente en salud, pero con una brecha evidente entre palabras y hechos.
COP30 en la Amazonía: simbolismo alto, avances limitados
La elección de Belém como sede no era casual: se trataba de llevar la diplomacia climática al centro de la Amazonía, uno de los ecosistemas clave para estabilizar el clima mundial, y dar más voz a los pueblos indígenas y a las comunidades más vulnerables. Sin embargo, el intento de convertir ese simbolismo en decisiones vinculantes se ha quedado corto.
Según distintas voces expertas, la conferencia ha evidenciado que las diferencias geopolíticas y los intereses energéticos de las grandes potencias siguen marcando el ritmo. Países productores de petróleo y gas, economías con fuerte dependencia fósil y bloques regionales fragmentados han logrado rebajar, matizar o eliminar cualquier referencia contundente a la reducción drástica de combustibles fósiles en los textos finales.
El escenario político tampoco ayudaba: la ausencia de la delegación federal de Estados Unidos, algo inédito en la historia de las COP, junto con la no presencia de los máximos dirigentes de China e India, alimentó la sensación de que el clima ha perdido prioridad en la agenda de algunas de las economías más contaminantes del planeta.
El resultado final es un paquete de decisiones que, pese a recoger avances en temas como transición justa, adaptación y nuevas estructuras de implementación, no define una hoja de ruta clara para abandonar el petróleo, el gas y el carbón. Para una cumbre que llegaba con el mandato de acelerar la acción tras el Acuerdo de París, el listón ha quedado visiblemente por debajo de las expectativas científicas.
Esta distancia creciente entre lo que la ciencia reclama y lo que la diplomacia firma es vista por diversos analistas como un obstáculo estructural de la gobernanza climática actual: los espacios de sociedad civil, la llamada “zona verde” de las COP, discuten soluciones ambiciosas, mientras que en la “zona azul” de negociación formal prevalece la realpolitik de los Estados.
Una oportunidad estratégica desaprovechada para Europa y España
Para la Unión Europea y, en particular, para España, Belém se presentaba como una ocasión de consolidar un liderazgo climático que fuera más allá de su territorio, reforzando puentes con América Latina y el Caribe. Desde la firma del Protocolo de Kioto, la UE ha intentado proyectarse como referente global en descarbonización, con políticas como el Pacto Verde Europeo.
Sin embargo, el contexto internacional ha cambiado radicalmente respecto a los años en que se sellaron Kioto o el propio Acuerdo de París. Las tensiones geopolíticas, la carrera por la soberanía energética y la rivalidad tecnológica entre grandes potencias complican cualquier intento de mantener un liderazgo normativo fuerte sin un respaldo político y financiero mucho más contundente.
Desde el Parlamento Europeo, algunas voces, como la eurodiputada Lidia Pereira, han llegado a calificar la COP30 de “fracaso” en términos de ambición y urgencia. El acuerdo final apela a que cada país reduzca el uso de combustibles fósiles, pero sin incluir un calendario preciso ni un compromiso inequívoco de eliminación progresiva, lo que para buena parte de la delegación europea resulta claramente insuficiente.
Si la UE y países como España quieren seguir siendo creíbles, los próximos años exigirán reforzar aún más los planes internos de descarbonización —acelerando renovables, almacenamiento, eficiencia y electrificación— y, al mismo tiempo, aumentar las contribuciones al financiamiento climático y a la transferencia tecnológica con América Latina y otras regiones vulnerables. De lo contrario, las apelaciones europeas al liderazgo verde corren el riesgo de percibirse como incoherentes.
En este contexto, la cumbre ha dejado la impresión de que existe un “vacío estratégico” de liderazgo global: no hay una potencia o coalición capaz de marcar el rumbo con suficiente fuerza como para desbloquear el debate sobre el fin de la era fósil, y eso deja la puerta abierta a un escenario de avances parciales, pero descoordinados.
La ciencia levanta la voz: emisiones récord y clima extremo
Mientras la negociación avanza a trompicones, los indicadores de la crisis climática siguen en dirección opuesta. Los datos más recientes muestran que la concentración de CO2 en la atmósfera alcanzó alrededor de 423 ppm en 2024, frente a las 400 ppm de 2015, y muy lejos de los niveles preindustriales, cuando apenas se situaba en torno a las 280 ppm.
Las emisiones globales de gases de efecto invernadero también han marcado un nuevo máximo, con unas 57,7 GtCO2eq en 2024. De esa cifra, la parte más voluminosa procede de la quema de combustibles fósiles en energía, transporte e industria, que ronda las 40 GtCO2eq. En la práctica, esto significa que, pese a una ligera desaceleración en algunos sectores, el mundo sigue utilizando más carbón, petróleo y gas cada año.
La demanda global de energía no deja de crecer y, según estimaciones recientes, se situó en torno a los 450 exajulios en 2024. Lo más preocupante es que en torno al 80 % de esa energía aún proviene de combustibles fósiles, un porcentaje que, pese a las sucesivas COP, apenas ha variado en décadas.
Este uso intensivo de energía fósil mantiene el efecto invernadero en desequilibrio y explica que la temperatura media del planeta haya seguido aumentando. Los últimos años se han acercado peligrosamente al umbral de 1,5 ºC respecto a la era preindustrial, con registros anuales que rondan ya los 1,4 ºC. Es decir, estamos prácticamente rozando el límite más exigente del Acuerdo de París.
El llamado presupuesto de carbono para no superar de forma significativa los 1,5 ºC se está agotando a gran velocidad. Algunos cálculos sitúan en torno a 170 GtCO2eq las emisiones restantes compatibles con ese objetivo, lo que, al ritmo actual, supondría apenas unos pocos años de margen. Para el objetivo de limitar el calentamiento a 2 ºC, el presupuesto rondaría las 1.044 GtCO2eq, lo que, de mantenerse las tendencias, podría agotarse hacia mediados de siglo, mucho antes de 2100.
Lo que dicen los datos del planeta: océanos, glaciares y eventos extremos
Los informes más recientes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dibujan un cuadro preocupante de la salud física del planeta. Los océanos siguieron absorbiendo calor y elevando su nivel en 2024, mientras que la criosfera —la parte helada de la superficie terrestre— continúa perdiendo masa a un ritmo alarmante.
Los glaciares retroceden año tras año y el hielo marino antártico ha marcado algunas de sus extensiones mínimas más bajas desde que hay registros. Estos cambios no son solo indicadores ambientales: condicionan la disponibilidad de agua dulce, el nivel del mar y, en consecuencia, la seguridad de millones de personas en zonas costeras.
A la vez, se multiplican los fenómenos meteorológicos extremos. Solo en 2024 se contabilizaron más de 150 eventos sin precedentes a escala global, entre ciclones, inundaciones, olas de calor y sequías extremas. Muchos de ellos han provocado pérdidas económicas cuantiosas, graves impactos en la producción de alimentos y millones de desplazamientos forzados.
La OMM alerta de que estos episodios no son una anomalía pasajera, sino la nueva normalidad de un clima desestabilizado por la acción humana. Sin una reducción rápida y sostenida de las emisiones, el planeta seguirá batiendo récords de calor y las catástrofes climáticas serán cada vez más frecuentes y severas.
La metáfora que utilizan algunos expertos es la de un organismo enfermo: la Tierra estaría mostrando “signos vitales” en alarma, desde el calentamiento de los océanos hasta la pérdida de hielo y la intensificación de los eventos extremos. Si no se atienden esas señales con políticas robustas, la situación puede volverse ingobernable en pocas décadas.
Salud en el centro: el Belém Health Action Plan
En medio de este panorama inquietante, uno de los movimientos más relevantes de la COP30 ha sido la centralidad inédita de la salud en las negociaciones. Por primera vez desde que se celebran estas cumbres, la dimensión sanitaria no se ha tratado como un asunto secundario, sino como un eje estructural de la acción climática.
La presidencia brasileña, junto con la Organización Mundial de la Salud y expertos internacionales, impulsó el llamado Belém Health Action Plan, un marco que busca orientar a los países en la construcción de “sistemas de salud resilientes frente al cambio climático”. La idea es que los ministerios de sanidad dejen de ser meros “invitados” y pasen a desempeñar un papel protagonista en la respuesta climática.
En España, la valoración de este giro ha sido especialmente seguida por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Su presidente, Manuel Herrera, ha destacado que situar el vínculo entre clima y salud en el centro de la agenda es un reconocimiento de que la crisis climática es también una emergencia sanitaria de primer orden, no solo un problema ambiental o económico.
SESPAS subraya que la evidencia científica más reciente pinta un cuadro muy preocupante. El informe “The 2025 Lancet Countdown on health and climate change”, publicado pocos días antes de la cumbre, señala que 12 de los 20 indicadores que miden los riesgos sanitarios ligados al clima han alcanzado niveles sin precedentes, desde la mortalidad por calor hasta la expansión de enfermedades infecciosas.
Según este análisis, se estiman alrededor de 546.000 muertes anuales asociadas al calor, un aumento superior al 60 % en comparación con los años noventa. Los grupos de mayor riesgo —personas mayores de 65 años y bebés menores de un año— sufren ahora entre tres y cuatro veces más días de calor extremo que en las últimas décadas del siglo XX.
Impacto sanitario del cambio climático: incendios, sequías y enfermedades
El informe del Lancet y otras fuentes científicas dibujan un escenario en el que la salud pública se ve afectada por múltiples frentes. En 2024, aproximadamente el 60 % de la superficie terrestre experimentó episodios de sequía extrema, mientras que cerca del 64 % registró un aumento notable de lluvias intensas, con impactos directos en la agricultura, el suministro de agua y la infraestructura.
El humo derivado de los incendios forestales relacionados con el clima habría causado en torno a 154.000 muertes en 2024, especialmente en regiones con largas temporadas de fuego y sistemas sanitarios menos preparados. La contaminación por partículas finas se suma así a otros factores de riesgo derivados del calentamiento.
A ello se añade la expansión de enfermedades infecciosas como el dengue, la leishmaniasis o diversas patologías transmitidas por garrapatas, que encuentran condiciones más propicias en temperaturas más altas y patrones de lluvias alterados. Regiones de Europa, incluida España, están empezando a registrar casos autóctonos de enfermedades antes asociadas casi exclusivamente a zonas tropicales.
Para SESPAS y otros actores sanitarios europeos, la conclusión es clara: los sistemas de salud deben adaptarse con rapidez, reforzando la vigilancia epidemiológica, preparando planes de respuesta frente a olas de calor, inundaciones y olas de contaminación, e incorporando el criterio climático a la planificación de infraestructuras y recursos humanos.
Sin embargo, Manuel Herrera advierte de que, pese a los avances de la COP30 en el plano discursivo, el progreso es todavía demasiado lento para responder a la magnitud de la emergencia climática. La brecha entre el conocimiento científico y lo que se pacta en las mesas de negociación sigue siendo, en sus palabras, “persistente”.
Las sombras del Paquete de Belém y el bloqueo fósil
El llamado Paquete de Belém incluye puntos que, sobre el papel, podrían considerarse históricos: referencias a la transición justa, compromisos de financiación para la adaptación, reconocimiento del riesgo de superar temporalmente el umbral de 1,5 ºC y nuevos mecanismos de coordinación global a través de la Agenda de Acción Climática Global (GCAA).
Este nuevo marco de implementación se organiza en varios ejes temáticos —emisiones, alimentación, ecosistemas, infraestructuras, desarrollo y efectos transversales— y prevé un plan en cuatro fases: coordinación, medición, distribución y escalabilidad. En teoría, se trata de pasar de las declaraciones generales a acciones más concretas y evaluables.
No obstante, organizaciones científicas y entidades como SESPAS ponen el foco en lo que no aparece en los documentos: no hay mención explícita a la eliminación de los combustibles fósiles. La presión de los estados petroleros y de otros grandes productores habría conseguido frenar cualquier alusión directa al fin del petróleo, gas y carbón.
Esta omisión resulta especialmente llamativa cuando incluso informes de Naciones Unidas, como los del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), advierten de que, con los compromisos actuales, el planeta se encamina hacia un calentamiento de hasta 3,1 ºC respecto a los niveles preindustriales, muy por encima de los objetivos de París.
En este contexto, el mensaje político que queda tras Belém es ambiguo: por un lado, se reconoce la necesidad de acelerar la descarbonización y construir economías bajas en carbono; por otro, se evita señalar de forma inequívoca el papel del carbón, el petróleo y el gas en la raíz del problema, lo que deja margen a interpretaciones laxas y a una prolongación de la dependencia fósil.
El triángulo imposible: política, ciencia y clima extremo
Varios analistas describen la situación actual como un choque de tres trenes que circulan a velocidades muy distintas. El primero es el de la acción de los Estados y de la economía global, que avanza con pasos tímidos y, en muchos casos, insuficientes para cumplir los compromisos de París.
El segundo tren es el de los avances científicos, impulsados por organismos como el IPCC, que detallan con creciente precisión qué recortes de emisiones serían necesarios para mantenernos cerca de los 1,5 ºC o, al menos, por debajo de los 2 ºC. Las trayectorias que propone la ciencia implican reducciones rápidas y profundas, especialmente en esta década.
El tercer tren, quizá el más inquietante, es el del clima extremo, cuyos efectos se están acelerando incluso más rápido de lo que muchos modelos anticipaban. Cada año aparecen nuevos récords de calor, incendios más devastadores, inundaciones inesperadas y sequías prolongadas que afectan de lleno a la seguridad alimentaria y al acceso al agua.
La dificultad reside en que la velocidad de la política es muy inferior a la de la ciencia, y la del clima extremo parece haberse desbocado. Si esta brecha continúa ampliándose, el margen de maniobra se reducirá notablemente y los objetivos del Acuerdo de París quedarán en entredicho, sobre todo para las generaciones más jóvenes que vivirán de lleno los impactos hacia mediados de siglo.
Algunos expertos se preguntan ya si realmente estamos a tiempo de reconducir la situación o si, por el contrario, el retraso acumulado en la acción climática hará que los escenarios más optimistas resulten inalcanzables, obligando a adaptaciones cada vez más costosas y desigualitarias.
Equilibrios imposibles: fin de los fósiles y justicia social
Uno de los grandes nudos que ha vuelto a aflorar en la COP30 es la dificultad de conciliar la eliminación rápida de los combustibles fósiles con las necesidades de desarrollo de amplias regiones del planeta. Muchos países en desarrollo reclaman energía fiable y asequible para extender servicios básicos como la electricidad, el agua potable o el saneamiento a poblaciones que aún carecen de ellos.
La cuestión es cómo avanzar hacia un mundo sin carbón, petróleo ni gas sin agravar las desigualdades económicas y sociales. La llamada “justicia climática” exige que los países históricamente más responsables de las emisiones asuman un peso mayor en la financiación de la transición y en la transferencia de tecnología.
Sin embargo, los recortes en cooperación internacional y las tensiones geopolíticas han reducido el espacio para acuerdos ambiciosos en esta materia. Los compromisos financieros siguen por debajo de las necesidades estimadas y, en muchos casos, no se acompañan de marcos regulatorios claros que den confianza a los inversores.
Al mismo tiempo, sectores estratégicos como la industria pesada, la agricultura o el transporte siguen sin disponer, a gran escala, de alternativas plenamente maduras y asequibles a los combustibles fósiles. Aunque existen soluciones tecnológicas prometedoras, su despliegue masivo tropieza con barreras de coste, infraestructura y estabilidad política.
En este contexto, algunos expertos insisten en que el debate sobre la salida de los fósiles debe ir acompañado de una conversación franca sobre los escalones intermedios de la transición energética, incluyendo el papel que puedan jugar otras fuentes como la energía nuclear o el hidrógeno líquido, siempre bajo estrictos criterios de seguridad y aceptación social.
Un formato en cuestión y un liderazgo por definir
La experiencia de Belém ha reabierto otra cuestión de fondo: si el formato actual de las COP es suficiente para encarar una crisis de esta magnitud. Con casi 200 países alrededor de la mesa, intereses energéticos y económicos muy dispares, y reglas que exigen, en la práctica, un consenso casi unánime, cada cumbre corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de diplomacia simbólica más que en un espacio de decisiones transformadoras.
Algunos analistas consideran que, sin cambios profundos en la arquitectura internacional —desde la distribución de recursos financieros y tecnológicos hasta los incentivos que guían las decisiones de los Estados—, las COP pueden acabar institucionalizando la inacción, repitiendo año tras año declaraciones de buena voluntad que apenas se traducen en políticas sobre el terreno.
Belém deja, por tanto, un balance ambiguo: por un lado, confirma que la emergencia climática y la salud han escalado a lo más alto de la agenda global; por otro, deja claro que el poder geoeconómico real sigue marcando unos límites muy estrechos a lo que se está dispuesto a firmar.
El gran reto para los próximos años será comprobar si la combinación de avances parciales —como el Belém Health Action Plan, la Agenda de Acción Climática Global o los compromisos de transición justa— es capaz de traducirse en cambios tangibles en emisiones, salud y bienestar, o si quedará diluida entre intereses contrapuestos y plazos cada vez más ajustados.
De momento, la sensación general tras la COP30 es que el mundo se está moviendo, pero todavía a una velocidad muy inferior a la que exige la ciencia; que hay más conciencia y mejor diagnóstico, pero falta coraje político para enfrentar de frente la era fósil y abordar las desigualdades que condicionan cualquier solución duradera.
