Las plantas de biogás y biometano proyectadas en Navarra se han convertido en uno de los focos de debate más intensos en la comunidad foral, con movilizaciones vecinales, recogidas masivas de firmas y peticiones formales de paralización de proyectos concretos. En distintos puntos del territorio, como Viana, Los Arcos, Cintruénigo, Rada o Mélida, crece la preocupación por el impacto potencial de estas infraestructuras sobre la salud, el medio ambiente y el modelo de vida rural.
Mientras las empresas promotoras y las administraciones defienden el papel del biogás y el biometano en la transición energética, una parte significativa de la ciudadanía navarra cuestiona la dimensión y localización de algunos proyectos, que perciben como una posible “conversión del territorio en un vertedero energético”. Este choque de visiones ha desembocado en protestas, alegaciones y un debate abierto sobre cómo se debe implantar y regular este tipo de plantas.
Presión vecinal sobre los proyectos de biogás en Viana, Los Arcos y Cintruénigo
La Coordinadora de Plataformas Vecinales Stop Biogás de Navarra, que agrupa a los colectivos ciudadanos de Viana, Los Arcos y Cintruénigo, ha dado un paso más en su oposición dirigiéndose directamente a la sede de la empresa promotora. Representantes de la coordinadora entregaron en las oficinas de Biogas Power Generation, en Logroño, una carta en la que reclaman de forma tajante la paralización de los proyectos de plantas de biogás previstos en estos tres municipios.
En el escrito, las plataformas exigen que la compañía “cese en su intención de desarrollar los proyectos” que impulsa a través de sus filiales B.Power Gen II SLU, B.Power Gen XI SLU y B.Power Gen XV SLU. Estas sociedades son las encargadas de tramitar las instalaciones en los términos municipales de Viana, Los Arcos y Cintruénigo, lo que ha generado una fuerte contestación vecinal desde las primeras fases de planificación.
La coordinadora subraya que su demanda no se basa solo en un rechazo simbólico, sino en un respaldo ciudadano cuantificable. Según detallan, han logrado reunir más de 10.000 firmas en las localidades directamente afectadas, una cifra que, a su juicio, refleja una oposición amplia, organizada y con un alto grado de información sobre las implicaciones de estos proyectos industriales.
Para los colectivos vecinales, estas firmas son “la expresión contundente de una voluntad social mayoritaria y consciente”, que no quiere ver cómo su entorno rural se transforma en un polo de concentración de residuos y emisiones vinculadas a la producción de gas renovable. Consideran que la empresa no puede pasar por alto que, más allá de las autorizaciones administrativas, “la licencia social para operar” les habría sido ya denegada por la población local.
En este contexto, las plataformas acusan a Biogas Power Generation de incurrir en una quiebra de los principios de responsabilidad social corporativa (RSC) si decide proseguir con la tramitación pese al rechazo articulado en la zona. Aseguran que seguir adelante con los proyectos, ignorando las alegaciones y las protestas, vulneraría el respeto al entorno, a la ciudadanía y a unos mínimos de ética empresarial que, a su entender, deberían guiar la actuación de cualquier compañía del sector energético.
Impacto en la vida rural y advertencias sobre los riesgos percibidos
Los vecinos que acudieron a entregar la carta en Logroño insisten en que las decisiones corporativas no son abstractas, sino que se traducen en efectos concretos sobre sus pueblos. Subrayan que de las plantas de biogás dependen cuestiones tan sensibles como la calidad del agua, el estado de la tierra y el futuro del modelo agrario y ganadero que vertebra buena parte de la economía local en Viana, Los Arcos y Cintruénigo.
Desde la coordinadora se advierte de que, si la empresa persiste en su hoja de ruta, la ciudadanía afectada les hará responsables de los posibles daños ambientales, sociales y económicos que puedan derivarse de la puesta en marcha de estas infraestructuras. Esta advertencia se acompaña de un compromiso explícito de explorar todas las vías disponibles para tratar de detener los proyectos.
En la carta remitida a Biogas Power Generation, los colectivos vecinales señalan que están dispuestos a utilizar “todos los recursos legales a su alcance” con el fin de impedir la ejecución de las plantas de biogás propuestas. Esta estrategia pasa por presentar alegaciones, recurrir a instancias administrativas y, llegado el caso, acudir a los tribunales para defender lo que consideran su derecho a decidir sobre el futuro de su tierra.
El mensaje que trasladan es que el territorio donde se pretende instalar las plantas “no es un espacio vacío”, sino un entorno habitado, trabajado y defendido por quienes viven allí todo el año. Para estas plataformas, cualquier proyecto industrial de gran escala debe tener en cuenta no solo los requisitos técnicos y medioambientales, sino también la opinión y el consentimiento de la población afectada.
La polémica en torno a las plantas de biogás en Navarra se inserta, además, en un debate más amplio a nivel europeo sobre el desarrollo de las energías renovables de origen orgánico. Aunque la normativa comunitaria impulsa el uso de biogás y biometano para reducir emisiones, en la práctica se abren interrogantes sobre la concentración de instalaciones en zonas concretas, la gestión de residuos y la compatibilidad con los usos agrícolas tradicionales.
Rechazo vecinal a la macroplanta de biometano de Rada y movilización en Mélida
La controversia sobre las plantas de biogás en Navarra no se limita a Viana, Los Arcos y Cintruénigo. En la Ribera navarra, el proyecto de una macroplanta de biometano en Rada ha provocado una respuesta similar, especialmente en el municipio vecino de Mélida, que teme las posibles afecciones sobre su entorno y la salud de sus habitantes.
En Mélida, la plataforma vecinal local ha conseguido reunir en la plaza del pueblo a unas 300 personas en una concentración celebrada el pasado 30 de diciembre a las 20.00 horas. Durante la protesta, los asistentes corearon consignas contra la instalación de la planta de biometano y reclamaron que se tenga en cuenta el impacto global del proyecto sobre todos los municipios cercanos, no solo sobre el término municipal de Rada.
Esta movilización fue el punto álgido de una serie de iniciativas informativas y organizativas impulsadas por la plataforma en colaboración con el Ayuntamiento de Mélida. Días antes, el 21 de diciembre, se había celebrado una asamblea abierta en la que participaron alrededor de 350 personas, lo que da una idea del interés y la inquietud social que despierta el proyecto de la macroplanta en toda la zona.
En aquella asamblea se explicó al vecindario la situación de la moratoria vigente sobre nuevas instalaciones de este tipo en Navarra y se ofrecieron detalles sobre el estado concreto del proyecto de Rada. El objetivo era que los asistentes conocieran de primera mano en qué punto se encuentra la tramitación y cuáles son las posibles consecuencias en términos de emisiones, tráfico de camiones, olores y afección paisajística.
Al término de la concentración en Mélida, una representante de la plataforma leyó un comunicado en el que agradecía la amplia participación y subrayaba la preocupación existente por las posibles repercusiones sobre la salud y el desarrollo futuro del municipio. En ese mensaje se instaba tanto al Ayuntamiento de Rada como al Gobierno de Navarra a revisar a fondo la iniciativa y a suspender la implantación de la macroplanta mientras no se despejen las dudas planteadas por la ciudadanía.
Moratoria, comisión tripartita y batalla jurídica en Navarra
El caso de la planta de biometano de Rada se enmarca en un contexto regulatorio en plena definición, marcado por la existencia de una moratoria autonómica que afecta a este tipo de infraestructuras. Durante las asambleas informativas, se ha insistido en que el Gobierno de Navarra debe poner en marcha una comisión tripartita encargada de redactar una normativa específica para la implantación y funcionamiento de las plantas de biogás y biometano en la comunidad.
Esta comisión, en la que previsiblemente participarán representantes del Ejecutivo foral, de los sectores implicados y de los municipios, tendrá la tarea de definir criterios claros sobre ubicación, dimensionamiento e impacto de las instalaciones. La intención es evitar un desarrollo desordenado y reducir la conflictividad social asociada a la llegada de nuevas plantas a determinadas comarcas rurales.
Mientras se clarifica el marco regulatorio, tanto la plataforma vecinal de Mélida como el propio Ayuntamiento han decidido reforzar su estrategia con la contratación de servicios jurídicos especializados. El encargo a estos equipos es estudiar en detalle la documentación del proyecto de Rada, comprobar su encaje en la normativa vigente y analizar posibles alegaciones y recursos legales que puedan presentarse en defensa de los intereses locales.
Según se ha trasladado a los vecinos, el trabajo jurídico se centra en revisar a fondo los efectos ambientales y sanitarios asociados a la macroplanta, así como su compatibilidad con el planeamiento urbanístico y las directrices ambientales de la comunidad foral. Se trata de identificar cualquier aspecto que pudiera justificar la revisión, modificación o incluso paralización del proyecto.
Además de la vía legal, en las reuniones vecinales se ha acordado impulsar distintas acciones durante 2026 para mantener informada a la población y visibilizar el rechazo social a la ampliación de este tipo de instalaciones sin un consenso previo. Entre las medidas previstas figuran nuevas concentraciones, campañas de información y coordinación con otras plataformas de Navarra que comparten preocupaciones similares sobre los proyectos de biogás.
La situación de las plantas de biogás en Navarra refleja un escenario en el que la transición energética convive con un fuerte debate social sobre el modelo de desarrollo rural, la participación ciudadana y el reparto de cargas ambientales. Las plataformas de Viana, Los Arcos, Cintruénigo, Rada y Mélida han logrado colocar en la agenda pública cuestiones como la licencia social, la responsabilidad empresarial y la necesidad de una regulación clara, mientras las administraciones trabajan en nuevas normas y las empresas valoran cómo responder a una contestación vecinal que, por el momento, no parece remitir.
