En los últimos años, la expansión de las plantas de biogás está generando un notable debate en España. Mientras administraciones públicas, empresas y asociaciones del sector defienden estas instalaciones como una pieza clave en el proceso de transición energética, cada vez más colectivos vecinales y partidos políticos locales expresan sus dudas y preocupaciones sobre el posible impacto ambiental, social y sanitario de estos proyectos.
La utilización del biogás como fuente de energía renovable ha cobrado relevancia en todo el país, especialmente ante la necesidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles y cumplir con los objetivos de descarbonización. Sin embargo, la ubicación de estas plantas, sus dimensiones y el tipo de residuos que procesan han llevado a la aparición de plataformas ciudadanas y a la petición de mayores controles y estudios sobre los efectos reales que pueden acarrear en entornos habitados.
El biogás: oportunidad para la transición energética y el desarrollo rural
El biogás se obtiene a partir de la descomposición anaerobia de residuos orgánicos, como purines, estiércol o restos agrícolas, generando un gas compuesto mayoritariamente por metano y dióxido de carbono. Se trata de una tecnología que permite transformar residuos en energía útil, contribuyendo así al modelo de economía circular y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Las asociaciones empresariales del sector energético, como la APPA Renovables, enfatizan que potenciar el biogás y el biometano es prioritario para España. A día de hoy, solo el 0,15% del gas consumido en nuestro país proviene de fuentes renovables, pese a que el potencial para producir biogás a partir de recursos disponibles es considerablemente alto. El sistema español, según subrayan expertos, sigue dependiendo en gran medida de combustibles fósiles y la penetración de estas alternativas renovables resulta insuficiente para lograr los objetivos climáticos marcados para la próxima década.
Desde el sector defienden que la implantación de plantas de biogás impulsa la economía rural, crea empleo cualificado, permite valorizar residuos agroganaderos y favorece una agricultura sostenible. Además, parte del digestato obtenido tras la producción de biogás puede emplearse como fertilizante natural, cerrando el ciclo de materiales y minimizando residuos.
Preocupaciones vecinales y riesgos asociados
No obstante, el desarrollo de nuevas plantas no está exento de controversia. En varias comunidades autónomas han surgido plataformas vecinales que reclaman una mayor distancia entre las instalaciones y los núcleos urbanos, así como una evaluación más exhaustiva de sus impactos ambientales y sociales.
En lugares como el municipio de Guía, en Gran Canaria, la propuesta de una planta de biogás a escasos 500 metros de viviendas, colegios y residencias de mayores ha desatado una intensa oposición vecinal. Las principales preocupaciones giran en torno a la emisión de olores desagradables, el incremento del tráfico de camiones, posibles filtraciones de gases tóxicos como el metano y el efecto negativo sobre la calidad de vida. Los testimonios recogidos en otras poblaciones españolas que ya conviven con este tipo de instalaciones alertan de episodios de malos olores y molestias constantes.
Por su parte, representantes políticos y miembros de asociaciones señalan que, aunque los promotores aseguren que se han adoptado medidas para evitar emisiones, el nivel de control y supervisión no siempre es el adecuado. También se alerta del riesgo de que la implantación de una planta sirva de precedente para futuras industrias similares o macrogranjas ganaderas en la zona.
Adaptación de los proyectos: el ejemplo de Hazas de Cesto y medidas correctoras
La presión social y la sensibilidad medioambiental han obligado en ocasiones a revisar y modificar los proyectos iniciales. En localidades como Hazas de Cesto (Cantabria), las administraciones autonómicas y los técnicos han exigido a la promotora importantes mejoras: reducir el tamaño de la planta, invertir en procesos más seguros, garantizar que los residuos se acumulen únicamente en tanques cerrados, implementar sistemas avanzados de tratamiento de olores y reducir el impacto ambiental.
La administración pública ha destacado que los últimos proyectos se tramitan bajo un escrutinio técnico riguroso y con un mayor volumen de alegaciones ciudadanas que deben ser consideradas antes de conceder la autorización. Además, se ha duplicado la inversión prevista para asegurar que los residuos tratados sean exclusivamente de origen ganadero, como purines y estiércol, y que las operaciones se desarrollen en ambientes cerrados, limitando así las emisiones no deseadas.
Normativas, moratorias y el reto de la convivencia
En algunos municipios, el debate sobre la adecuación urbanística y la protección del entorno ha llevado a la adopción de moratorias que suspenden temporalmente la autorización de nuevas plantas de biogás, mientras se revisan los planes urbanísticos y se evalúan los riesgos y beneficios de estas infraestructuras.
Ayuntamientos como el de Barbastro han iniciado procesos para detener nuevas autorizaciones hasta contar con un marco regulador más claro y adaptado a la situación actual. La postura predominante es que cualquier avance en energías renovables debe realizarse con criterios de ordenación, participación social y protección de la calidad de vida de los habitantes.
En Cataluña, la evaluación de impacto ambiental para la planta de La Sentiu de Sió ha reconocido que, aunque las tecnologías de filtrado y diseño pueden reducir el impacto, existe un riesgo de generación de olores molestos que podría afectar a las zonas habitadas cercanas. Por ello, la administración solicita estudios de dispersión de olores y medidas correctoras en caso de incidencias.
El despliegue de nuevas plantas de biogás en España continúa, pero en medio de un intenso debate social y político sobre sus beneficios, riesgos y la necesidad de equilibrar innovación energética y bienestar ciudadano. La presión vecinal, la exigencia de procedimientos ambientales rigurosos y la demanda de una regulación específica reflejan la complejidad de transformar la gestión de residuos en fuente de energía sin menoscabar la calidad de vida o afectar el entorno natural.
