La Contraloría de Bogotá ha iniciado un proceso de responsabilidad fiscal en torno al proyecto eólico Windpeshi, ubicado en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia. El caso ha ganado relevancia pública porque, pese a la inyección de cuantiosos recursos, el parque nunca llegó a ponerse en marcha y permanece suspendido de forma indefinida.
El organismo de control sostiene que podría haberse producido un detrimento patrimonial de 313.276 millones de pesos, ligado a la participación del Distrito Capital en Enel Colombia S.A. E.S.P. Aunque el proyecto se encuentra fuera de Bogotá, el posible impacto sobre fondos públicos distritales ha llevado a abrir una investigación formal para aclarar qué ocurrió con la planificación, la ejecución y las decisiones tomadas en este desarrollo renovable.
Un proyecto eólico estratégico que se quedó a medio camino
Windpeshi fue concebido como un parque eólico clave para el desarrollo energético de La Guajira, región que se ha posicionado como uno de los grandes polos de la energía renovable en Colombia y, por extensión, en el contexto latinoamericano. La idea era aprovechar el potencial del viento para sumar nueva capacidad de generación limpia dentro de la transición energética.
Sin embargo, según la información recopilada por la Contraloría, el avance real del proyecto quedó muy por debajo de lo previsto. A marzo de 2022, la obra registraba un progreso del 29,6 %, cuando el cronograma establecía que debería rondar el 33,7 %. Esa brecha, aunque pueda parecer moderada sobre el papel, era un síntoma de que las actividades no iban al ritmo pactado en los contratos.
Las auditorías practicadas por el ente de control apuntan a retrasos significativos en la obtención de licencias y permisos, tanto de carácter ambiental como social, que terminaron impactando la ejecución. Estos cuellos de botella administrativos no solo ralentizaron la construcción, sino que además habrían disparado los costes asociados, alargando tiempos y generando sobrecargos operativos.
El resultado fue que, lejos de entrar en fase comercial, el proyecto acabó en un punto muerto. En mayo de 2023, Windpeshi fue suspendido de manera indefinida sin haber alcanzado su operación. A esa fecha, únicamente se habían construido 7 de las 41 cimentaciones previstas para los aerogeneradores, lo que da una idea de lo incipiente que era todavía la infraestructura física del parque.
Otro elemento que ha llamado la atención de la Contraloría es la situación de los equipos. De acuerdo con los informes, los aerogeneradores y demás componentes adquiridos no habían sido instalados en el sitio de obra ni se encontraban en funcionamiento. Es decir, se habrían adquirido activos y realizado desembolsos importantes sin que la inversión se tradujera en un servicio efectivo de generación eléctrica.
El foco de la Contraloría: recursos públicos y presunto daño patrimonial
El núcleo del caso se encuentra en la vinculación de recursos públicos distritales al proyecto, a través de la participación accionaria del Distrito Capital en Enel Colombia S.A. E.S.P. Esa conexión es la que justifica que la Contraloría de Bogotá, pese a tratarse de un parque situado en La Guajira, asuma competencias para revisar lo ocurrido.
Según el organismo de control, la cifra del presunto detrimento patrimonial se sitúa en 313.276 millones de pesos. Esa suma se asocia a recursos comprometidos en un proyecto que, a día de hoy, no presta el servicio para el que fue diseñado. En la práctica, se trataría de inversiones que no han generado retorno ni en términos económicos ni en términos de energía suministrada al sistema.
La Contraloría hace especial hincapié en la relación entre los recursos ejecutados y los resultados obtenidos. Para el ente fiscalizador, el problema no es únicamente el retraso de las obras, sino el hecho de que la suspensión indefinida de Windpeshi ha dejado equipos parados, cimentaciones incompletas y una infraestructura que no produce electricidad. Desde la óptica del control fiscal, esa desconexión entre gasto y resultado es la que podría configurar un daño al patrimonio público.
El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, sintetizó la preocupación institucional al recordar que se trata de un caso en el que se comprometieron recursos considerables sin que el proyecto alcanzara el propósito previsto. La frase condensa el sentido de la investigación: se busca aclarar cómo un parque llamado a reforzar la transición energética ha terminado sin operar, pese a que ya se habían desembolsado cantidades significativas de dinero.
De momento, la apertura del proceso de responsabilidad fiscal no implica una sanción definitiva ni un pronunciamiento concluyente sobre la culpabilidad de personas o entidades. Se trata de una etapa inicial de carácter investigativo, en la que se recopilarán documentos, se analizarán decisiones y se escucharán a los implicados para determinar si hubo o no afectación real al erario y quiénes serían los eventuales responsables.
Gestión del proyecto, licencias y decisiones bajo la lupa
Dentro de la investigación, uno de los puntos más sensibles es el de la gestión integral del proyecto Windpeshi: cómo se diseñó, cómo se programó su ejecución y qué decisiones se tomaron cuando empezaron a evidenciarse los retrasos y los problemas de licenciamiento. La Contraloría pretende reconstruir esa cadena de decisiones para evaluar si se actuó con la diligencia debida.
Los informes elaborados hasta ahora señalan que la obtención tardía de licencias ambientales y sociales tuvo un impacto directo sobre el cronograma de la obra. En proyectos de energía eólica y, en general, de infraestructura energética, la coordinación entre permisos, obras civiles y montaje de equipos suele ser determinante para evitar sobrecostes y conflictos con las comunidades del entorno.
En este caso, los retrasos habrían desencadenado una cascada de efectos negativos: incremento de costes, paralización de actividades y acumulación de equipos sin uso. Todo ello habría contribuido a que, llegado mayo de 2023, la alternativa elegida fuese la suspensión indefinida del parque, sin una fecha clara de reactivación ni un horizonte cierto de entrada en operación.
El organismo de control ha indicado que centrará parte de su análisis en quiénes participaron en la planeación y ejecución de Windpeshi. Es decir, se revisarán las actuaciones de directivos, gestores de proyecto, contratistas y demás actores involucrados, tanto dentro de la empresa como en las entidades que intervinieron en los procesos de autorización, supervisión y seguimiento.
También se examinará la pertinencia de las compras realizadas para el parque, especialmente en lo que respecta a equipos que, pese a haber sido adquiridos, no se han puesto en funcionamiento. Esta situación plantea interrogantes sobre la forma en que se tomaron las decisiones de inversión y sobre los mecanismos previstos para asegurar que los activos adquiridos se integraran efectivamente al proyecto.
Un caso que reabre el debate sobre el control fiscal en las renovables
El proceso abierto por la Contraloría de Bogotá en torno a Windpeshi va más allá de un conflicto puntual y se inserta en un debate más amplio sobre el control fiscal de los grandes proyectos de energía renovable. La experiencia colombiana, con La Guajira como epicentro de desarrollos eólicos, resulta de interés para otros entornos, incluido el europeo, donde la apuesta por las renovables también exige una supervisión rigurosa del uso de fondos públicos.
En países de la Unión Europea y en España, el despliegue de parques eólicos y fotovoltaicos se ha acelerado gracias a fondos públicos, subvenciones y marcos regulatorios de apoyo. Casos como el de Windpeshi funcionan como advertencia de lo que puede ocurrir cuando la planificación, los permisos y la ejecución no avanzan de forma coordinada y transparente, a pesar de que haya financiación disponible.
La lección que se desprende de este tipo de investigaciones es que la transición energética no solo depende de la tecnología o de la disponibilidad de recursos naturales, sino también de la solidez de las instituciones encargadas de controlar cómo se utilizan los recursos económicos. En contextos donde hay participación de capital público, la exigencia de rendición de cuentas se hace aún más intensa.
En el ámbito europeo, donde se supervisa de cerca el uso de fondos comunitarios en proyectos verdes, existe un interés creciente por evitar que proyectos inacabados o mal gestionados deriven en pérdidas para el contribuyente. El caso colombiano se suma a otros episodios internacionales que sirven de referencia para ajustar normativas, fortalecer mecanismos de control y reforzar la transparencia en toda la cadena de desarrollo de la infraestructura renovable.
Para Bogotá y para las instituciones de control, Windpeshi se ha convertido en un ejemplo de alto impacto económico y simbólico. Un parque que debía contribuir a diversificar la matriz energética y apoyar compromisos climáticos ha terminado, por ahora, como un proyecto detenido, con infraestructuras incompletas y un expediente abierto por posible afectación al patrimonio público.
Mientras avanza el proceso de responsabilidad fiscal, quedará por ver si la investigación confirma la existencia de un daño patrimonial y, en su caso, qué medidas se adoptan para resarcir al erario y corregir las fallas detectadas. Por ahora, el caso deja sobre la mesa una combinación incómoda: inversiones cuantiosas, obras a medio hacer, equipos sin uso y la necesidad de revisar con lupa cómo se gestiona la financiación pública en proyectos que, al menos sobre el papel, estaban destinados a impulsar la energía limpia.
