Veintiocho años después del histórico vertido minero de Boliden en Aznalcóllar, la estampa de los ríos que rodean la zona dista mucho de ser la de un entorno plenamente recuperado. Nuevas imágenes difundidas por Greenpeace muestran filtraciones de aguas azul turquesa desde la corta minera hacia el río Agrio y el Guadiamar, conectando de nuevo este viejo problema con el curso bajo del Guadalquivir.
Lejos de tratarse de un episodio aislado, las organizaciones ecologistas sostienen que el impacto del desastre de 1998 sigue muy presente y que podría ir a más si prosperan los planes de reabrir grandes explotaciones mineras en la cuenca. La combinación de pasivos mineros sin resolver, proyectos de vertido masivo y un estuario ya muy presionado ha encendido todas las alarmas entre colectivos científicos y conservacionistas.
Filtraciones ácidas desde la corta de Aznalcóllar
Las nuevas imágenes presentadas en Sevilla muestran cómo el agua embalsada en la corta de Aznalcóllar, donde se almacenan los lodos tóxicos del vertido de 1998, se filtra a través de la roca y llega hasta los cauces del Agrio y el Guadiamar. El característico color azul turquesa del agua es, según Greenpeace, un síntoma claro de drenaje ácido con alta carga de metales pesados.
Estas filtraciones no son una novedad absoluta, pero sí un recordatorio de que el problema no está cerrado. La organización ecologista denuncia que el agua cargada de metales pesados está alcanzando el Guadalquivir, lo que supone un riesgo continuado para los ecosistemas fluviales y los usos económicos asociados al estuario.
El reciente tren de borrascas que ha barrido Andalucía ha empeorado la situación. Las fuertes lluvias han incrementado el volumen de agua acumulada en la corta y han favorecido la movilización de contaminantes, arrastrando parte de esos lixiviados hacia los ríos cercanos, como muestran los episodios de contaminación en ríos. Los episodios meteorológicos extremos actúan como catalizador de un problema crónico que se mantiene latente desde finales de los años noventa.
Aunque la mina no se encuentra actualmente en explotación, Greenpeace recuerda que la gestión de los pasivos mineros recae sobre la empresa adjudicataria de la explotación, el Grupo México a través de Minera Los Frailes. La compañía defiende que su proyecto de reapertura incluirá la regeneración de estos pasivos y permitirá eliminar el foco de contaminación, pero los ecologistas desconfían de que la solución pase por ampliar la actividad minera.
Un modelo minero en expansión en plena cuenca del Guadalquivir
El debate llega en un momento en el que la minería vuelve a ganar protagonismo en Andalucía. La Junta de Andalucía ha dado luz verde a la reapertura de la mina de Aznalcóllar a manos del Grupo México y su filial Los Frailes, en un contexto marcado por la búsqueda de materias primas estratégicas para la industria europea.
Según la documentación criticada por los ecologistas, el proyecto de Aznalcóllar contempla el vertido de unos 85.520 millones de litros de aguas con metales pesados a lo largo de más de 18 años. Estas descargas se realizarían mediante una tubería de unos 30 kilómetros que desembocaría en el estuario del Guadalquivir, parte de ellas procedentes del vaciado de las cortas que almacenan los lodos del accidente de 1998.
Para Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra y SEO/BirdLife, el plan supone un “atropello ambiental” e incurre en graves deficiencias jurídicas y técnicas. Las organizaciones han presentado un recurso de alzada en el que piden que se anule la resolución que autoriza la explotación, al considerar que la declaración de impacto ambiental está desfasada y no incorpora la mejor evidencia científica disponible.
La polémica no se limita a Aznalcóllar. A escasos kilómetros, la mina de Cobre Las Cruces, que ha operado desde 2009 como explotación a cielo abierto, planea reconvertirse en un proyecto de minería subterránea. Este cambio de modelo incluye un vertido adicional de unos 32.760 millones de litros de aguas con metales pesados durante 14 años, con punto de descarga previsto en La Algaba, también en el área del Guadalquivir.
Greenpeace califica de “temeridad inaceptable” que se avale la continuidad de estos proyectos apoyándose en una Declaración de Impacto Ambiental con más de una década de antigüedad. La organización insiste en que ya se ha demostrado una correlación entre la actividad de Cobre Las Cruces y el incremento de la toxicidad en el estuario, y alerta de que seguir por esa senda podría convertir al río en una “alcantarilla minera”.
Efectos sinérgicos sobre Doñana y la Red Natura 2000
Más allá de las cifras de volumen vertido, los ecologistas ponen el foco en la suma de impactos. Según sus cálculos, la combinación de los vertidos proyectados en Aznalcóllar y Cobre Las Cruces dejaría “tocado de muerte” al Guadalquivir, al no tenerse en cuenta adecuadamente los efectos sinérgicos de ambos proyectos sobre el mismo sistema fluvial.
Los puntos de vertido y las áreas de influencia están vinculados a la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir, integrada en la Red Natura 2000. Hábitats de importancia comunitaria y especies protegidas del estuario y su entorno verían incrementada la presión, sumándose al deterioro que ya sufre el Parque Nacional de Doñana por la sobreexplotación de acuíferos, la agricultura intensiva y la crisis climática.
En este escenario, el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, aprobado en 2024, obliga a los Estados miembros a restaurar al menos el 20 % de los ecosistemas antes de 2030. España llega a esta cita con solo un 9 % de sus hábitats en buen estado, según recuerdan las organizaciones firmantes. La lectura que hacen los colectivos ecologistas es clara: antes que asumir nuevos impactos a gran escala, debería aplicarse con rigor el principio de no deterioro y priorizar la recuperación de las zonas ya dañadas.
Desde el punto de vista de los defensores del medio ambiente, la política actual de autorizaciones de vertido en la cuenca alta y media del Guadalquivir no encaja con los objetivos europeos de restauración ecológica. La crítica se extiende a la forma en que se están valorando los riesgos acumulativos, tanto para los espacios protegidos como para las comunidades que dependen del río.
Contaminantes en peces, mariscos y arrozal
Las advertencias de Greenpeace y otros colectivos se apoyan en distintos trabajos científicos elaborados por equipos de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada. Estos estudios han detectado niveles de plomo por encima de los límites de la Unión Europea en albures, un pez muy consumido en los pueblos ribereños del Guadalquivir y clave en la pesca local.
En el caso de las galeras, un crustáceo muy apreciado en la gastronomía del litoral andaluz, los análisis han constatado presencia de arsénico en valores cercanos al máximo permitido por la normativa europea. Los investigadores advierten de que, si se materializan los planes de vertido masivo, la carga de metales pesados podría multiplicarse por diez en el estuario.
Las consecuencias no solo afectarían a estas especies concretas. Los informes científicos apuntan a la necesidad de evaluar también el estado de otros recursos pesqueros de gran importancia económica y cultural, como la acedía, el cangrejo rojo, la gamba o los langostinos que se capturan en la desembocadura del Guadalquivir. La bioacumulación de metales pesados en la cadena trófica podría repercutir en la salud humana y en la reputación de los productos locales.
El sector agrario tampoco quedaría al margen. Las marismas del Guadalquivir albergan el mayor arrozal de España, con más de 36.000 hectáreas de cultivo que dependen directamente del agua del río; por ello la gestión de envases de fitosanitarios resulta fundamental. El arroz es especialmente propenso a acumular arsénico en sus tejidos, por lo que un aumento sostenido de este metal pesado en el sistema fluvial podría comprometer tanto la producción como su comercialización.
Para Greenpeace, las autorizaciones de vertido concedidas por la Junta de Andalucía no reflejan adecuadamente esta “realidad científica crítica” y pasan por alto los riesgos a medio y largo plazo para la seguridad alimentaria, el empleo agrario y la economía de los pueblos marismeños.
Un río que actúa como depósito de tóxicos
Una de las claves del problema reside en la propia dinámica hidrológica del Guadalquivir, que exige medir los microplásticos en sus ríos. Lejos de funcionar como un simple canal que evacúa agua hacia el Atlántico, el estuario se comporta como un gran depósito donde se acumulan sustancias tóxicas. Varios estudios señalan que la presa de Alcalá del Río actúa como un “fondo de saco” que frena el empuje de las mareas hacia el interior.
Este efecto limita la circulación de agua y obliga a que muchos de los sedimentos cargados de metales pesados decanten y se asienten en el lecho del río. A ello se suma el llamado “tapón salino” en la desembocadura, una barrera natural generada por el encuentro de agua dulce y salada que dificulta aún más la salida de contaminantes al mar abierto.
El resultado es que los metales pesados no se diluyen y dispersan fácilmente en el océano, sino que se adhieren a las partículas en suspensión y acaban integrándose en los lodos del estuario. Desde ahí, pasan a la red trófica y pueden reactivarse en episodios de crecida, arrastrándose hacia el Golfo de Cádiz e incluso hacia el mar de Alborán.
Cuando se producen episodios de lluvia intensa o desembalses significativos desde la presa de Alcalá del Río, parte de esos lodos contaminados se remueven y son transportados río abajo, aumentando puntualmente la exposición de la fauna marina y de los recursos pesqueros. Esta dinámica convierte cualquier incremento en los aportes de metales pesados en un problema acumulativo y de difícil reversión.
El peso del desastre de 1998 en el debate actual
La discusión sobre los nuevos proyectos mineros está inevitablemente marcada por la memoria del accidente de Aznalcóllar de abril de 1998, considerado uno de los peores desastres ambientales de la historia reciente de España. La rotura de la balsa de residuos de Boliden-Apirsa liberó unos siete millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas que arrasaron el corredor verde del Guadiamar.
El vertido afectó a unos 80 kilómetros de cauce fluvial y contaminó alrededor de 4.600 hectáreas de cultivos, obligando al cierre de caladeros de pesca y provocando una grave crisis socioeconómica en la comarca. Se contabilizaron unas 30 toneladas de fauna muerta y se registraron acuíferos con altos niveles de contaminación, mientras miles de personas perdían su trabajo de forma directa o indirecta.
Las estimaciones de la época señalaron pérdidas económicas cercanas a los once millones de euros, sin contar los costes ambientales a largo plazo ni el deterioro de la imagen de la zona. Una parte significativa de los lodos recogidos tras la catástrofe fue precisamente almacenada en las cortas mineras de Aznalcóllar, las mismas que hoy siguen siendo fuente de drenaje ácido hacia los ríos cercanos.
Organizaciones como Greenpeace insisten en que este precedente debería bastar para extremar la precaución con cualquier nuevo proyecto en la cuenca. Su mensaje es que la región no puede permitirse otro episodio de contaminación masiva y que la prevención resulta mucho más eficaz —y barata— que la reparación a posteriori.
Reivindicaciones ecologistas y llamada a la movilización
Ante el escenario descrito, Greenpeace ha reclamado la paralización inmediata de las autorizaciones de vertido vinculadas a Aznalcóllar y Cobre Las Cruces, así como la declaración de una moratoria para nuevas prospecciones mineras que puedan afectar a la cuenca del Guadalquivir.
La organización propone la creación de un grupo técnico-científico independiente que evalúe el impacto acumulativo de los distintos proyectos, integre las evidencias científicas más recientes y proponga alternativas que compatibilicen la actividad económica con la protección de los ecosistemas fluviales.
Desde el movimiento ecologista se insiste también en la necesidad de reforzar la vigilancia sobre la calidad del agua, los sedimentos y la fauna del estuario, así como de garantizar la transparencia de la información disponible para la ciudadanía. Colectivos sociales y sectores productivos ligados al río —como la pesca, el turismo de naturaleza y el propio arrozal— son señalados como actores clave para exigir cambios.
La figura del coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, ha adquirido relevancia en este debate al poner voz a la petición de que la sociedad “aprenda de los errores del pasado” y no repita un modelo de desarrollo que ya demostró sus límites hace casi tres décadas. Su llamamiento se dirige tanto a la ciudadanía como a las administraciones y a las empresas, con el objetivo de abrir un diálogo profundo sobre qué tipo de minería y de gestión del agua se quiere para la región.
El pulso entre proyectos mineros, protección ambiental y defensa de los usos tradicionales del Guadalquivir sigue abierto cuando han pasado casi treinta años del desastre de Aznalcóllar. Las nuevas filtraciones, los datos científicos sobre metales pesados y las grandes cifras de vertido previstas han devuelto al primer plano un conflicto en el que se cruzan intereses económicos, obligaciones europeas de restauración y la necesidad de salvaguardar un río del que dependen miles de familias en Andalucía.
