El Gobierno de Colombia abrió a comentarios públicos dos borradores de resolución para renovar la forma de calcular el Ingreso al Productor (IP) del etanol carburante y del biodiésel. La iniciativa, anunciada en Bogotá el 1 de octubre de 2025, es impulsada por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía.
El propósito central es alinear los precios internos con referencias internacionales mediante la adopción del precio de paridad, incorporando costos logísticos y arancelarios; con ello se busca reducir distorsiones, mejorar la competitividad y contener la presión fiscal sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Cambios propuestos para el etanol carburante
Hasta ahora, el IP del etanol se calculaba a partir del valor del azúcar como materia prima. Según el Ejecutivo, ese enfoque dejó de representar la dinámica global y abrió una brecha frente a la paridad de importación, en especial respecto al etanol de maíz procedente de Estados Unidos.
Con la actualización, el cálculo tomaría como base el precio de paridad del etanol en mercados de referencia, al que se añadirían los costos de transporte, seguros y aranceles aplicables. La expectativa oficial es que el IP se acerque a los niveles internacionales y limite oportunidades de arbitraje o importaciones especulativas.
Ajustes previstos para el biodiésel
En biodiésel, la metodología vigente se apoya en el aceite crudo de palma como referencia. El Gobierno propone migrar hacia un esquema de paridad de importación, de nuevo con ajustes por logística y aranceles, de forma que el valor reconocido al productor refleje mejor los precios externos. El impulso global del biodiesel también condiciona estas decisiones.
El planteamiento busca dar señales de mercado claras y predecibles para la cadena de suministro, al tiempo que corrige desajustes internos que se han acumulado con el paso de los años. La fijación de precios del biodiésel es un elemento clave en esa transparencia.
Calendario, participación y mesa de trabajo
Los textos normativos estarán disponibles para comentarios durante 15 días hábiles. Las autoridades convocarán una mesa de trabajo el 14 de octubre con participación de los ministerios de Minas y Energía, Hacienda, Agricultura y Ambiente para revisar aportes y acordar una metodología basada en costos reales de producción.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, subrayó que la reforma pretende equilibrar el mercado, proteger el bolsillo de los consumidores y fortalecer la competitividad del sector, insistiendo en que el diálogo con gremios, sindicatos y demás actores será determinante.
Motivaciones y efectos esperados
Tras más de dos décadas con un esquema anclado a materias primas específicas, la revisión persigue mayor transparencia en la formación de precios y una convergencia con referencias internacionales que reduzca la presión sobre el FEPC.
En el caso del etanol, el desfase frente a productos importados —como el etanol de maíz con subsidios en su país de origen— ha amplificado la diferencia con la paridad de importación; el rediseño del IP aspira a cerrar esa brecha.
En términos prácticos, el cambio no elimina la producción nacional ni su rol en la mezcla de combustibles, sino que redefine cómo se reconoce su precio para que corresponda a condiciones de competencia más abiertas y comparables.
Con este paquete regulatorio, el Ejecutivo pretende actualizar una arquitectura de precios desfasada, ordenar el mercado y sintonizarlo con el entorno internacional, mientras recoge comentarios y construye consensos antes de la adopción definitiva.
