Hace apenas unos años, los Certificados de Ahorro Energético (CAE) eran algo casi reservado a especialistas y departamentos técnicos. Hoy, el sistema se ha convertido en una de las palancas clave de la eficiencia energética en España, movilizando inversiones, cambiando decisiones de compra y abriendo un nuevo mercado en torno al ahorro de energía.
La lógica es sencilla pero muy potente: cada kWh de energía final ahorrado, siempre que pueda demostrarse y verificarse correctamente, puede convertirse en un certificado negociable. Esos certificados se venden a los sujetos obligados que deben cumplir los objetivos de ahorro fijados por la normativa estatal y europea, generando un retorno económico para quien acomete las mejoras.
Un sistema CAE en plena expansión
El Sistema de Certificados de Ahorro Energético, regulado en España por el Real Decreto 36/2023 y desarrollado por la Orden TED/815/2023, ha pasado en muy poco tiempo de ser un marco regulatorio nuevo a convertirse en una herramienta operativa de gran alcance. En su corta vida ya ha impulsado más de 18.000 actuaciones de eficiencia energética, canalizando un ahorro acumulado superior a 7,5 TWh y evitando la emisión de alrededor de 2 millones de toneladas de CO₂.
En términos de volumen, el salto ha sido notable: de unos 12 GWh certificados en 2023 se ha pasado a cerca de 1.900 GWh en 2024 y a un registro de unos 5.790 GWh en el último ejercicio analizado. Este incremento muestra cómo el sistema va encontrando su sitio entre empresas, administraciones y agentes energéticos, que ya lo consideran un mecanismo estable para financiar mejoras y reducir riesgos frente a los vaivenes del precio de la energía.
La diversidad de actuaciones también ha ido en aumento. Más de la mitad del ahorro certificado procede de actuaciones singulares de gran envergadura, con fuerte peso del sector industrial, mientras que el resto se apoya en actuaciones estandarizadas frecuentes en el ámbito residencial y terciario: rehabilitaciones de envolventes térmicas, sustitución de calderas por bombas de calor, mejoras en climatización, variadores de velocidad en motores o cambios de vehículos de combustión por eléctricos, entre otras.
El sistema ha canalizado ya ingresos superiores a los 230 millones de euros hacia los propietarios iniciales del ahorro, con un precio medio percibido que se sitúa en el entorno de 115-140 €/MWh. Este flujo económico ha sido clave para que muchos proyectos de eficiencia, en especial en pymes y sectores intensivos en energía, pasen de ser una buena idea sobre el papel a inversiones realizables en la práctica.
El papel de la industria y el transporte en los ahorros certificados
El reparto sectorial del ahorro muestra un , que concentra en torno al 57% del total certificado, con algo más de 3.300 GWh equivalentes. La razón está en el elevado potencial de mejora de procesos térmicos y eléctricos, la recuperación de calor residual, la climatización eficiente y la modernización de equipos productivos, actuaciones que además suelen tener efectos duraderos sobre el consumo.
El sector transporte ha ganado protagonismo y ya representa aproximadamente un 26-27% del ahorro, con más de 1.500 GWh. La incorporación de vehículos eléctricos, la optimización de rutas, la conducción eficiente y la monitorización avanzada mediante telemetría están empezando a reflejarse en la generación de CAE, abriendo la puerta a que las flotas profesionales puedan rentabilizar mejor sus esfuerzos en reducción de combustible.
Un caso ilustrativo es el de Transnaba, empresa española de transporte nacional e internacional. Gracias a la mejora de la eficiencia energética de su flota mediante soluciones de telemetría, la compañía logró demostrar un ahorro superior a 1.000 litros de diésel al año por cada uno de los 61 vehículos analizados. Estos datos permitieron de más de 50.000 euros a través de los CAE, importe que llegó en apenas cuatro meses desde el inicio de los trámites.
Para conseguirlo, Transnaba trabajó estrechamente con la plataforma Webfleet, utilizando informes detallados de consumo, rankings de conducción y análisis del estilo al volante para optimizar el uso del combustible. Este enfoque no solo se tradujo en menores emisiones y menor gasto en gasóleo, sino también en la monetización directa de los ahorros, que se convirtieron en una fuente adicional de ingresos para la empresa.
El impacto del sistema CAE no se limita a la industria pesada o el transporte de larga distancia. Sectores como el agropecuario empiezan a incorporar medidas como bombeos más eficientes, mejora de aislamientos en granjas o modernización de salas de conservación de productos. Se trata de instalaciones de menor tamaño, pero con un efecto acumulativo relevante cuando se analizan a escala regional.
Administraciones públicas: el ejemplo del Servicio Aragonés de Salud
El marco regulador español permite también que las Administraciones Públicas certifiquen y comercialicen los ahorros generados en sus propias infraestructuras. El Servicio Aragonés de Salud (SALUD), dependiente del Gobierno de Aragón, se ha situado entre los organismos pioneros en este ámbito.
Tras la primera subasta de Certificados de Ahorro Energético realizada por el organismo, el SALUD ha ingresado 48.482,18 euros (IVA incluido), correspondientes a la monetización de un ahorro energético final certificado de 310.604 kWh. El ingreso se produjo el 10 de febrero de 2026 y está vinculado a una subasta adjudicada en noviembre de 2024, tramitada desde la Dirección del Área de Obras, Instalaciones y Equipamientos.
La operación se ha encuadrado en el esquema regulado por el Real Decreto 36/2023 y la Orden TED/815/2023, que permiten a los entes públicos transformar sus ahorros en ingresos adicionales. Estos recursos pueden reinvertirse en nuevas actuaciones de eficiencia energética y en la mejora de las infraestructuras sanitarias, cerrando un círculo virtuoso: se reduce el consumo, baja el gasto corriente y, además, se obtienen fondos para seguir modernizando los edificios.
El SALUD no se ha quedado en una experiencia aislada. La rehabilitación energética del Hospital de Barbastro está ya en fase final de generación de certificados, paso previo a su monetización en el sistema CAE. Paralelamente, el contrato de rehabilitación del Centro de Salud Fuentes Norte incorpora como criterio de adjudicación la oferta económica vinculada a la venta futura de los CAE que se generen con el proyecto, integrando así el valor del ahorro desde la fase de diseño y licitación.
Este enfoque introduce la eficiencia energética como criterio estructural en la contratación pública, de forma que los ahorros no se consideran un simple efecto colateral, sino un activo que se puede planificar, medir y rentabilizar. Para el sistema sanitario aragonés, esta estrategia supone reforzar su sostenibilidad económica y ambiental, alineándose con los objetivos nacionales y europeos de descarbonización.
Un mercado emergente con cientos de actores
La puesta en marcha del sistema CAE ha dado lugar a un nuevo ecosistema económico y profesional, en el que participan fabricantes de equipos, distribuidoras, ingenierías, consultoras, empresas de servicios energéticos, plataformas digitales y entidades financieras, entre otros. Más de están ya implicados en la identificación, diseño, implementación, verificación y comercialización de proyectos de ahorro.
Desde el punto de vista de la tramitación, en 2025 se gestionaron casi 4.000 solicitudes de emisión de certificados. De ellas, unas 2.464 fueron favorables, mientras que aproximadamente 265 resultaron desfavorables y 110 se desestimaron. Estas cifras señalan que el sistema es exigente con la calidad de la documentación y de los cálculos presentados, y que los proyectos deben estar bien fundamentados técnica y metodológicamente.
En lo relativo al tipo de solicitante, algo más de la mitad del ahorro certificado (en torno al 56%) procede de sujetos delegados, mientras que alrededor del 44% se atribuye a sujetos obligados. Este equilibrio refleja un mercado dinámico en el que conviven grandes compañías energéticas con pymes especializadas, consultoras y otros intermediarios que apoyan a los titulares finales de las instalaciones.
Geográficamente, las actuaciones se distribuyen por todo el país, pero se observa una mayor concentración de proyectos en Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña, regiones con más densidad empresarial y una trayectoria más larga en proyectos de eficiencia. Esta realidad plantea el reto de extender el conocimiento del sistema CAE a territorios menos activos, acompañando con capacitación técnica y difusión para que nadie se quede atrás.
El desarrollo de este mercado ha impulsado también la creación de empleo cualificado en ingeniería, auditoría energética, análisis de datos, verificación y gestión de proyectos. Empiezan a consolidarse clústeres regionales y herramientas digitales que facilitan la trazabilidad de los certificados, la agregación de proyectos pequeños y el cálculo del retorno económico potencial para empresas y administraciones.
Verificación y rigor técnico: la base de la confianza
Para que el sistema CAE funcione con credibilidad, resulta imprescindible que los ahorros de energía estén correctamente medidos, documentados y verificados. Aquí entran en juego las empresas verificadoras acreditadas por ENAC, que actúan como tercera parte independiente examinando datos de consumo, métodos de cálculo y coherencia técnica de cada proyecto.
Estas entidades, como por ejemplo Dekra Certificación u otras firmas acreditadas, se encargan de asegurar que los ahorros declarados responden a reducciones reales de consumo, y no a cambios de actividad, errores de medición o supuestos poco sólidos. Su labor es clave para que el sistema mantenga su integridad y para que tanto los sujetos obligados como los delegados confíen en el valor de los certificados que compran y venden.
Sin esta capa de verificación independiente, el riesgo de inflar cifras o contabilizar ahorros poco justificables sería mayor, lo que podría erosionar la aceptación social del sistema. Por eso, muchas de las recomendaciones formuladas desde el sector insisten en reforzar las metodologías de cálculo, mejorar las guías técnicas y asegurar que los criterios se apliquen con la misma exigencia en todo el territorio.
La importancia de “medir para poder mejorar” ha sido subrayada por representantes de la Plataforma Tecnológica Española de la Eficiencia Energética (PTE‑ee) y por responsables de energía en grandes compañías. El consenso es amplio: solo con datos fiables, comparables y trazables es posible convertir la innovación en resultados tangibles que se traduzcan en CAE, ingresos y reducción de emisiones.
En paralelo, el uso de tecnologías de monitorización, telemetría y gestión avanzada de datos, como las plataformas aplicadas en flotas de transporte o en procesos industriales, se está consolidando como un aliado imprescindible para acelerar la verificación y demostrar el ahorro de manera casi inmediata.
Foros, cursos y jornadas: aprender a manejar el sistema CAE
El despliegue del sistema CAE ha venido acompañado de un intenso esfuerzo formativo y de divulgación para dar a conocer su funcionamiento. Asociaciones sectoriales como ANESE y ENERCLUB (El Club de la Energía) organizan periódicamente cursos especializados, como la quinta edición del programa “Certificados de Ahorro Energético – CAEs”, prevista para los días 5 y 6 de marzo.
Estos cursos abordan desde los fundamentos legales, económicos y técnicos del sistema hasta los aspectos fiscales, regulatorios y de negocio. A lo largo de varias jornadas, expertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), sujetos obligados, delegados, intermediarios, verificadores y usuarios finales comparten experiencias reales y analizan los cambios introducidos en los primeros años de aplicación.
La acogida de este tipo de formación ha sido notable: cerca de 250 profesionales han pasado ya por estas ediciones, lo que refleja el interés creciente por entender con detalle cómo se generan, verifican y monetizan los CAE. El objetivo no es solo explicar la norma, sino ofrecer herramientas prácticas para evaluar correctamente los criterios de elegibilidad y evitar errores que puedan llevar a la desestimación de expedientes.
Además de la formación generalista, se celebran encuentros sectoriales que ponen el foco en la aplicación de los CAE como palanca de competitividad. Uno de ellos tuvo lugar en el Castillo de Monte la Reina, en Castilla y León, bajo el título “Innovación, Sostenibilidad y Eficiencia Energética”. Empresas, administraciones y centros tecnológicos debatieron allí sobre cómo integrar la eficiencia en la estrategia empresarial y convertir la obligación regulatoria en oportunidad de negocio.
En esta jornada se destacó el papel de los CAE para monetizar inversiones en eficiencia, reducir costes estructurales y aumentar la resiliencia frente a la volatilidad de los precios energéticos. Representantes de asociaciones como A3E, consultoras especializadas y bodegas de la región compartieron casos prácticos en los que la medición rigurosa y la planificación de proyectos han permitido aprovechar al máximo el sistema.
“Trashumancia de los CAE” y la extensión territorial del sistema
En Castilla y León, el ciclo de encuentros denominado “Trashumancia de los CAE” está acercando este instrumento a un mayor número de organizaciones. Estas sesiones, impulsadas junto con la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E) y financiadas en el marco del programa Centr@tec4 del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL), han pasado ya por León y Valladolid y prevén nuevas convocatorias en Salamanca.
El enfoque es eminentemente práctico: se explican las ventajas de participar en el sistema CAE, se muestran casos de éxito en sectores como el agroalimentario y se detalla cómo estructurar proyectos para que puedan ser certificables. La idea es que tanto grandes industrias como pymes y cooperativas vean el ahorro energético no solo como un gesto ambiental, sino como un activo económico gestionable.
En estos foros se insiste en que la sostenibilidad ya influye en la competitividad y en las decisiones de inversión. Empresas como ACOR, Cascajares o Cobadu han compartido cómo la eficiencia energética se ha incorporado a su estrategia, combinando digitalización, optimización de procesos y planificación a largo plazo. Los CAE se convierten así en un complemento que ayuda a financiar parte de esas inversiones.
La medición detallada de consumos y ahorros se ha revelado como un factor determinante. Directivos de estas compañías han señalado que medir “más y mejor” facilita la implantación de proyectos, la evaluación de su impacto y la preparación de expedientes CAE robustos. Esta cultura del dato está penetrando poco a poco en empresas de distinto tamaño y perfil, cambiando la manera en que se toman decisiones sobre equipamientos, procesos y tecnologías.
La combinación de tradición e innovación, especialmente visible en sectores como el vitivinícola o el agroalimentario, muestra que es posible mantener la identidad productiva mientras se mejoran los indicadores energéticos y ambientales, aprovechando las oportunidades de financiación asociadas al sistema CAE.
Ajustes necesarios: propuestas para un sistema más ágil
El rápido crecimiento del sistema CAE también ha puesto de manifiesto retos operativos y administrativos que conviene abordar para evitar cuellos de botella. El Foro CAE 2026, celebrado en enero, ha servido como espacio de análisis crítico sobre el funcionamiento real del modelo tras tres años de vigencia normativa en España.
En este encuentro, en el que participaron representantes del MITECO y gestores autonómicos, la Asociación Nacional de Sujetos Delegados para los Certificados de Ahorro Energético (ASDAE) expuso una hoja de ruta con diez propuestas clave. La asociación defiende una postura constructiva: el sistema funciona, pero necesita ajustes para ganar velocidad, reducir incertidumbres y ofrecer una experiencia más sencilla a empresas y administraciones.
Entre las medidas planteadas destaca la mejora de la plataforma digital del Ministerio, a fin de evitar problemas técnicos recurrentes a la hora de subir documentación y tramitar expedientes. También se propone establecer plazos máximos de resolución y que el silencio administrativo pueda, en determinados supuestos, operar a favor del solicitante, evitando bloqueos prolongados que dificultan la planificación financiera de los proyectos.
Otro punto central es la homogeneización de criterios entre comunidades autónomas en lo referente a inspecciones, interpretación de metodologías y documentación exigida. Para ello, ASDAE sugiere la creación de un grupo de expertos que resuelva dudas técnicas con rapidez y con un enfoque único para todo el país, reduciendo duplicidades y diferencias que hoy generan inseguridad jurídica.
La lista de recomendaciones se completa con la necesidad de explicar las normas mediante guías claras, promover una mayor participación de los ayuntamientos ofreciendo ejemplos replicables y garantizar que el sistema sea accesible para actores de todos los tamaños. La meta es que el modelo resulte transparente, predecible y con un rigor técnico incuestionable, sin transformarse en una carrera de obstáculos administrativos.
Datos, digitalización y foco en el ciudadano
En las mesas de debate del Foro CAE 2026, los gestores autonómicos coincidieron en señalar que la falta de recursos y de automatización puede ralentizar la tramitación. De ahí la insistencia en aprovechar la tecnología para organizar mejor los datos y agilizar la verificación de ahorros.
El uso de herramientas digitales que permitan comparar consumos antes y después de las actuaciones, así como compartir información entre regiones, se ve como un elemento decisivo para escalar el sistema. Cuanto más estandarizados y accesibles sean los datos, más sencillo será evaluar resultados, detectar buenas prácticas y replicarlas en otros proyectos.
Una de las experiencias que mejor funciona, según se destacó en el Foro, son las llamadas “fichas de ahorro” dirigidas al ciudadano. Se trata de actuaciones sencillas y bien definidas, como cambiar ventanas, mejorar la climatización o sustituir equipos ineficientes, que el usuario final puede entender con facilidad. Cuando los procedimientos son simples y directos, la acogida es muy positiva y el volumen de solicitudes aumenta.
El reto ahora es trasladar esa misma agilidad a proyectos industriales y de mayor escala, manteniendo el nivel de exigencia técnica. Para ello, resulta imprescindible contar con sistemas de información interoperables, automatizar tareas repetitivas y reforzar la coordinación entre los distintos niveles de la administración.
Desde el MITECO, responsables como Guillermo López Alonso han puesto en valor el esfuerzo colectivo de administraciones, empresas y asociaciones, señalando que España empieza a ser vista como un referente internacional en la implantación de sistemas de certificados de ahorro. La labor de organizaciones como ASDAE se considera esencial para seguir detectando áreas de mejora y consolidar un modelo estable a largo plazo.
El avance de los Certificados de Ahorro Energético en España muestra que la eficiencia energética ha dejado de ser una declaración de intenciones para convertirse en un activo económico, ambiental y competitivo. Administraciones como el Servicio Aragonés de Salud, empresas de transporte, industrias agroalimentarias y organizaciones de toda la cadena de valor están utilizando el sistema CAE para financiar proyectos, reducir su exposición a los costes energéticos y disminuir emisiones. Al mismo tiempo, la experiencia acumulada ha puesto sobre la mesa la necesidad de simplificar trámites, armonizar criterios y reforzar la calidad de los datos y de la verificación. Si estas mejoras se materializan, el sistema CAE tiene margen para seguir creciendo, expandirse territorialmente y consolidarse como una pieza central de las políticas de descarbonización y de la modernización del tejido productivo en España.
